Base naval con nombre de asesino

Piden que Base naval de La Paloma deje de llevar el nombre de "un integrante de los escuadrones de la muerte."


Rocha al dìa.24 Mayo 2019

Por tercer año consecutivo el Plenario Marìa Romana de La Paloma recordò el pasado 20 de mayo la 24ª edición de la "marcha del silencio".

Pero con el objetivo de que "el silencio no debe hacernos callar los gritos de denuncia que debamos realizar" el plenario intersindical local reclama que el apostadero naval de La Paloma deje de llevar el nombre de "un integrante de los escuadrones de la muerte."

"El 5 de Junio de 1973, veintidós días antes de aquel 27 de junio cuando se dio el Golpe de Estado, un Decreto le puso nombre de un integrante de los Escuadrones de la Muerte al Apostadero Naval de La Paloma. Los escuadrones eran grupos paramilitares integrados por militares, policías y civiles, con el solo propósito de secuestrar, torturar y asesinar."expresan en una proclama los integrantes del plenario. Para hacer más legal aquella aberración,señala la proclama " el 13 de setiembre de 1994 el Parlamento uruguayo le otorgó por Ley el nombre de Capitán de Corbeta Ernesto Moto Benvenuto a la Base Naval de nuestra Ciudad. Hoy, a días de esos cuarenta y seis años de aquel Decreto, y a unos pocos meses de los veinticinco años de aquella nefasta Ley, el Plenario María Romana, vuelve a señalar su absoluto rechazo a esa infame designación. "

Se señala ademàs que estaràn trabajando "para que se hagan cargo quienes deban hacerlo, y para ello será necesario el imprescindible apoyo de la comunidad de La Paloma. Sin ustedes no será posible hacer fuerte la voz que diga:contra la impunidad de ayer y de hoy. No queremos más la Base Naval con nombre de un asesino."

Asociados para detener, torturar y matar

Según el fiscal Perciballe resulta ostensible que el grupo conformado en el entorno de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), de los que participaran los imputados mencionados y los fallecidos Ernesto Motto, Oscar Delega, Jorge Nader, Hugo Campos Hermida, Víctor Castiglioni, Armando Acosta y Lara, Walter Machado, Angel Closas Cuevas, José Pedro Macchi, “entre otros, se asociaron con un palmario fin delictuoso (detener, torturar y dar muerte o hacer desaparecer a miembros periféricos de la organización guerrillera, así como hostigar mediante atentados al entorno de aquella) contando con la participación directa de y/o la aquiescencia de las jerarquías del Ministerio del Interior”.

Sostiene el representante del ministerio público sobre esta “gavilla, que pese a ser integrada principalmente por agentes del Estado, operaban flagrantemente al margen del control jurisdiccional, luego del control del poder punitivo de aquél, contando a su vez con el asesoramiento y respaldo de los servicios de seguridad e inteligencia extranjeros que se encontraban operando en Uruguay, así como de los servicios de igual índole de los países limítrofes”. Agrega que “dicha banda adquirió un grado de permanencia y de organización, con un claro perfeccionamiento de roles a cumplir, una inequívoca distribución de tareas entre íncubos y súcubos con un fin común, el enfrentar por medios delictivos la creciente incidencia del MLN Tupamaros en la vida política, que per se permiten colegir que tal conducta es pasible de ser elencada en la figura prevista en el artículo 150 del Código Penal”.

Sobre los asesinatos de los jóvenes Manuel Antonio Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez González, el fiscal sostiene que resulta diáfano que “nos enfrentamos a homicidios muy especialmente agravados por las circunstancias agravantes”. Precisa que “huelga subrayar que las muertes de los jóvenes militantes políticos se vio contextualizada por una grave sevicia (art. 312 numeral 1º) por parte de sus ejecutores, quienes ostensiblemente actuaron con un ‘propósito más feroz que en otros crímenes, pues no se contentan con extinguir la vida del enemigo, sino que quiere hacerlo sufrir más acabadamente antes que muera’… y… ‘aunque el más grave de todos los males sea el de recibir la muerte, es indudable que este mal se agrava a causa de los dolores físicos que acompañan de modo violento al pensamiento de atroces suplicios, el temor de los ciudadanos, ante la previsión de que posiblemente se repita delito tan grande, se hace mayor, y así el daño mediato es más intenso'”

Percibale subraya que “resulta a su vez palmario, que dichos homicidios igualmente se ven agravados por ser perpetrados inmediatamente después de haberse cometido otro delito, ora para ocultar el propio delito, ora para suprimir sus indicios o la prueba, ora para asegurarse la impunidad o procurársela a alguno de los integrantes de la patota.

Habida cuenta que las deleznables muertes acaecen luego de que los jóvenes fueran ilegalmente privados de su libertad y en su caso torturados por sus ejecutores”.

El fiscal fundamenta que el caso del Escuadrón de la Muerte no está comprendido dentro de la Ley de Caducidad, en la medida que los hechos investigados acontecieron entre los años 1971 y 1972, en pleno período democrático.

Por ello, aún cuando no se acepte que el delito de desaparición forzada sea permanente y que por tanto al día de hoy se sigue perpetuando (posición sostenida por el fiscal) lo cierto es que si se parte de que la dictadura o en palabras de la Ley “el período de facto” comenzó el 27 de junio de 1973, los maleficios que nos convocan son pasibles de ser juzgados y eventualmente condenados.

El fiscal también señaló que esos crímenes son imprescriptibles en cuanto se trata de delitos de lesa humanidad.

Miembros del Escuadrón, según Bardesio*

Carlos Pirán, subsecretario de Interior.
Armando Acosta y Lara, subsecretario de Interior.
Subcomisario Raúl La Paz, nexo entre la dnii y la Embajada de Estados Unidos.
Inspector Víctor Castiglioni, director de la dnii.
Capitán de marina Ernesto Motto, de inteligencia de la Armada.
Alberto Sosa González, funcionario del Ministerio del Interior.
Hernán Silvera Techera, policía.
Óscar Rodao, policía.
Estanislao Lamenta, funcionario del Ministerio del Interior.
Comisario Hugo Campos Hermida, jefe del Departamento 5 de Investigaciones.
Comisario Macchi, jefe del Departamento 6.
Coronel aviador Walter Machado, enlace entre la Policía y las Fuerzas Armadas.
Oficial inspector Pedro Fleitas, dnii.
Santiago de Brum Carvajal, ministro del Interior.
Brigadier Danilo Sena, ministro del Interior.
Julio Vigorito, subsecretario de Interior.
Inspector Jorge Grau Saint Laurent, director de la Oficina de Estadística y Contralor de Información.
Ángel Crosas Cuevas, médico paraguayo.
Miguel Sofía, integrante de la jup.
Subcomisario Óscar Delega, funcionario del Departamento 5.
Walter Werner Machado, policía.
Capitán Mario Risso, jefe de inteligencia de la Armada.
Capitán Pedro Antonio Matto.
General Juan Pedro Ribas.
Nelson Benítez, policía.
Capitán de navío Jorge Nader.
Nelson Bardesio, funcionario de las Fuerzas Conjuntas.