El embajador George que envió Trump y el comandante Feola
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Reconocimiento a los 61 oficiales uruguayos graduados del International Military Education and Training Program del año 2019.
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Futuro inmediato
Amistad asi de grande
Gestos textuales Fotos de la embajada de USA
Buenas migas
Los vínculos militares del embajador de los Estados Unidos Kenneth George.
7 febrero, 2020
La banalización en torno al terrorismo de Estado, a veces
premeditada, a veces espontánea, cumple un papel fundamental en el
mantenimiento de la impunidad.
Lo que es excepcional e inadmisible se
vuelve “normal”. Cuando un abogado de derechos humanos reitera la lentitud de
la justicia –velocidad de babosa, se dijo– para cuestionar la paralización
durante años de un expediente judicial en el que aparecen acusados violadores
de los derechos humanos, esa paralización se asume como normal. Cuando se acusa
a la Suprema Corte de Justicia de permitir las escandalosas triquiñuelas de los
abogados de los terroristas de Estado para dilatar los juicios, el silencio
inmutable de los honorables magistrados se asume como normal. Cuando un
periodista informa sobre el juicio por difamación impulsado por Miguel Sofía y
presenta a este miembro del Escuadrón de la Muerte como un “empresario de las
comunicaciones”, se olvida que se está refiriendo a un acusado del asesinato de
Manuel Ramos Filippini (en la tarde de ayer se archivó la denuncia y Sofía
regresó a la cárcel).
Cualquier delincuente que haya cometido un homicidio y
siga prófugo desencadena reclamos imperiosos, críticas a la acción policial y,
por supuesto, referencias a los responsables de la “inseguridad”. Pero no
provoca la misma reacción saber que asesinos seriales de víctimas que
previamente fueron torturadas, y en algunos casos, violadas, andan sueltos por
la calle, o prófugos en santuarios brasileños o españoles, o viviendo en
“prisión domiciliaria”; no genera ninguna reacción, ninguna alarma. Eso es
banalización, una manera de apostar a que las prácticas de terrorismo de
Estado, verdaderas pústulas que infectan la sociedad, y cuya cirugía resulta
imperiosa para el tejido social, simplemente se olviden. Esta forma de dar
vuelta la página, “dejar que la biología resuelva el problema”, no es inocente,
beneficia a los directos responsables, y actúa a favor de las corrientes
políticas conservadoras que manejan el terrorismo de Estado como última carta
bajo la manga.
CURSO SOBRE MISIONES DE PAZ. En los últimos días
aparecieron otros ejemplos de banalización. El flamante embajador de los
Estados Unidos, Kenneth George –empresario del petróleo, designado por
Donald Trump y vecino y amigo de George W Bush–, ha estado activo en sus
vínculos con militares. En octubre, a poco de asumir, presidió, en la
sede de la embajada, un curso sobre misiones de paz, al que
concurrieron, además de militares de otros países, los generales
uruguayos Marcelo Montaner y Mario Stevenazzi, y el coronel Pablo
Caubarrere.
Actual jefe del Estado Mayor de la Defensa, Montaner es
considerado “un oficial de extrema confianza” de Guido Manini Ríos, el
líder de Cabildo Abierto.
Fue jefe de la División del Ejército II y de
la III y comandante en jefe del Ejército de modo accidental cuando el
gobierno pasó a retiro al general Manini Ríos, a raíz de sus
apreciaciones sobre la justicia en el documento que daba cuenta de la
resolución del tribunal de honor en el que José Nino Gavazzo confesó
haber desaparecido a Roberto Gomensoro. En su interinato en la
comandancia del Ejército, Montaner permitió que Guido Manini, ya
destituido, usara el canal de Youtube del Ejército para difundir el
famoso mensaje al personal militar. Por esto, Montaner fue sancionado
con tres días de arresto. El general ya había cobrado notoriedad en
2018, durante otra ausencia de Manini, cuando como comandante autorizó a
la banda del Ejército a que ejecutara la “Marcha tres árboles”, emblema
del Partido Nacional, en el cierre de la Rural del Prado. La presencia
del general Montaner en el curso dictado en la embajada de Estados
Unidos responde a la misión de paz que él dirigió en el Congo.
OTROS ENCUENTROS. El embajador George protagonizó
más recientemente otros dos encuentros militares. Uno de ellos, en un
acto vinculado a un programa de cooperación, cuyos detalles no fueron
dados a conocer, aun cuando se informó que allí “hubo un representante
del ministro” de Defensa, José Bayardi. El otro episodio estuvo referido
a la entrega de una condecoración al general Alejandro Salaberry,
presumiblemente, antes de que pasara a retiro el 31 de enero. La
ceremonia habría estado motivada en su desempeño como agregado militar
en Washington en 2017. Salaberry ostenta inequívocos signos de adhesión a
la impunidad: en diciembre de 2014, como director general de los
Servicios de las Fuerzas Armadas, fue uno de los altos oficiales que
cargaron el féretro del general Miguel Dalmao (primer general en
actividad procesado por crímenes de la dictadura, en este caso por el
asesinato de Nibia Sabalsagaray) desde la entrada del cementerio de Soca
hasta el panteón. Durante el sepelio, el general retirado Wile
Purtscher pronunció un discurso en el que afirmó, entre otras cosas, que
Dalmao “fue asesinado por la democracia, asesinado por los derechos
humanos, asesinado por una arpía justicia que está desvirtuada por
aspectos personales, ambiciones a futuro e hinchada de venganza”.
En 2018, el general Salaberry fue designado miembro
del tribunal de alzada que estudió el trámite del tribunal de honor sobre
Gavazzo. Junto con los generales Claudio Romano y Carlos Sequeira, Salaberry
dictaminó el pase a reforma de Gavazzo por no haber comunicado la inocencia del
coronel Juan Carlos Gómez, que había sido procesado por la desaparición de
Gomensoro. Pero el tribunal de alzada no consideró un deshonor que Gavazzo haya
sido el autor confeso de la desaparición del prisionero. El oficial, que ahora
es condecorado por Estados Unidos, se salvó de la destitución solicitada por el
presidente Tabaré Vázquez debido a que la oposición, particularmente los
blancos, negaron sus votos para ello. Salaberry permaneció en actividad hasta
el término de su mandato como general.
Estas actividades del diplomático estadounidense
parecen estar en sintonía con el propósito expresado por el subsecretario para
Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale, quien, tras una reunión con el
presidente electo, Luis Lacalle Pou, razón casi exclusiva de su viaje relámpago
a Montevideo, afirmó, según una entrevista concedida a Búsqueda, que hay
áreas en las que la “cooperación” entre Uruguay y Estados Unidos aumentará una
vez que Lacalle Pou asuma el gobierno
.
DE PUMBA. La banalización de los crímenes del
terrorismo de Estado y sus métodos alcanzan en ocasiones ribetes
grotescos. Hace unos días, en el programa Verano Chaná
de Difusora Soriano –dirigido por el ex candidato a intendente por ese
departamento Carlos Navarro Cordero–, uno de los panelistas, Felipe
Gutiérrez, propuso aplicar la “mano dura, la pesada”, para resolver los
problemas de la inseguridad en las calles. “¿Usted está proponiendo que
regresen los militares?”, se le preguntó. “¡Cómo no! –respondió–. Y una
retroexcavadora para enterrar a todo el bichicomaje, para adentro nomás.
Así, pumba.” De la misma forma, cierta superficialidad para tratar los
delitos de lesa humanidad o la búsqueda de los desaparecidos, establecer
la verdad y reclamar justicia puede atentar contra los objetivos
propuestos.
Hace algunas semanas una columna de opinión firmada
por la historiadora Fabiana Larrobla afirmaba que a partir de la decisión
política de traspasar el cometido de búsqueda desde el Grupo de Trabajo por
Verdad y Justicia a la Institución Nacional de Derechos Humanos (incluida la no
contratación del equipo de historiadores) implicaría que “las investigaciones
que se realizan sobre detenidos desaparecidos, fallecidos y asesinados
políticos por responsabilidad del Estado […] serán suspendidas”. La afirmación
fue publicada el mismo día en que el equipo del Giaf
retomaba las excavaciones en predios militares.
Algo similar ocurrió con el anuncio de que el Estado
había enviado a la Corte de Roma, donde se tramita el llamado “juicio del
Cóndor”, una documentación que probaría la participación del teniente de navío
Jorge Tróccoli –procesado por la desaparición de prisioneros de origen
italiano– en la desaparición de la maestra Elena Quinteros, cuya captura dentro
de los jardines de la embajada venezolana provocó una seria y prolongada crisis
diplomática. En esa oportunidad, Quinteros fue devuelta al 300 Carlos, el
siniestro centro clandestino de detención que funcionó en un galpón del predio
militar compuesto por el Regimiento de Caballería número 13 y el Servicio de
Materiales y Armamento. Según el documento, Tróccoli, que operaba en la Armada
y que en 1977 fue responsable de la inteligencia de Fusileros Navales (Fusna), participó del secuestro.
Pero el abogado Pablo Chargoñia, que impulsa en la
justicia uruguaya el caso de Quinteros, formuló públicamente un reproche al
gobierno porque ese documento enviado a Roma no fue comunicado al juez de la
causa ni al fiscal especial para delitos de lesa humanidad. De hecho, al
afirmar que nadie conoce el texto del documento, implícitamente puso en duda la
confirmación de la participación de Tróccoli en ese caso. La única referencia
que se conocía era la afirmación del capitán de navío retirado Alex Lebel,
quien en un tribunal de honor aseguró que la camioneta con la que se trasladó a
Quinteros pertenecía al Fusna.
Esas declaraciones de Lebel ya habían sido entregadas al abogado italiano que
representa a las víctimas uruguayas, y, hasta donde se sabe, los funcionarios
del Grupo de Trabajo que digitalizaron el archivo del Fusna no habían hallado nuevos materiales sobre la
participación de Tróccoli, cuya responsabilidad en la guerra sucia está
suficientemente probada.
viernes, 7 de febrero de 2020
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