viernes, 1 de agosto de 2008

Una dupla de terror


Enviado por: Antonio Viana


Nuevos testimonios incriminan a Gavazzo y Álvarez. Ahora se sabe que Gregorio Álvarez y José Nino Gavazzo torturaron a un dirigente tupamaro para averiguar el paradero de Washington Barrios e indagar sobre la actividad y conexión internacional de Zelmar Michelini y Enrique Erro. En paralelo, la justicia tomó en sus manos el documento que BRECHA reveló en su edición anterior.
Por:Walter Pernas


El ex jefe de la División de Ejército 4 de Minas Gregorio Álvarez torturó e interrogó en mayo de 1974 al dirigente tupamaro Antonio Viana Acosta, para saber el paradero y las vinculaciones en Argentina del militante del MLN Washington Barrios, así como de los legisladores Zelmar Michelini y Enrique Erro, según relató a BRECHA el propio torturado, quien logró sobrevivir, aunque con secuelas permanentes, al horror de aquellos años.
Viana, detenido en Argentina y trasladado ilegalmente a Uruguay, sostuvo además que el entonces segundo jefe del Departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID), José Nino Gavazzo, también lo interrogó en sesiones de torturas, en las que “estaba desesperado por saber dónde estaba Washington Barrios”.
Todo esto, agregó, “se da en el marco de una arremetida contra la Junta de Coordinación Revolucionaria que comenzaba a funcionar como órgano de denuncia hacia el exterior”.
El ex dirigente del MLN informó de esta situación al juez Luis Charles y a la fiscal Mirtha Guianze –que investigan la desaparición forzada de Barrios– y les aportó un documento del Departamento 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (dnii) que confirma la coordinación represiva conjunta entre Uruguay y Argentina y el operativo de su traslado ilegal desde Buenos Aires a Montevideo.
Pero el expediente penal se nutrirá de mayor información documental. A pedido de la Fiscalía, el juez Charles procurará obtener oficialmente el informe de inteligencia militar, revelado por BRECHA la semana pasada, que comprueba la responsabilidad de Gavazzo en la represión regional, institucionalizada luego como Operación Cóndor.
El magistrado librará oficios a los ministerios de Defensa y e Interior a fin de que ubiquen y envíen el documento a la sede penal. Se trata del memorándum I-08/975, firmado y sellado por el propio Gavazzo como “el jefe del Departamento III P.O.E del SID” y enviado a la Junta de Comandantes en Jefe de la época.
El documento describe detalladamente las actividades regionales de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), integrada por el MLN, el argentino Ejército Revolucionario del Pueblo, el chileno Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el boliviano Ejército de Liberación Nacional. Gavazzo menciona a los principales dirigentes y militantes tupamaros en la JCR, y admite estar al tanto de la detención en Argentina de un grupo de “entre 20 y 25 tupamaros”, algunos de ellos hoy desaparecidos o muertos.
Según fuentes de la investigación, el juzgado cuenta con testimonios y documentación que confirman la detención y desaparición de Barrios en el marco de los operativos contra la JCR.

VUELO ILEGAL
Viana fue detenido el 24 de febrero de 1974 en Buenos Aires por “efectivos militares uruguayos y argentinos”; fue torturado en la azotea del edificio donde vivía y trasladado a la Superintendencia de Seguridad Federal, según consta en el libro A todos ellos, de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Viana relata que “en diferentes interrogatorios a los que fui sometido en Buenos Aires, se insistió en mi integración al eje erp-MLN. También querían que les proporcionase direcciones de locales de funcionamiento conjunto del erp y del MLN”.
El dirigente fue trasladado a Villa Devoto, de allí a la cárcel de Caseros, después regresado a la superintendencia y luego se instrumentó su traslado clandestino.
Al llegar a Uruguay, Viana fue traslado a la Jefatura de Policía de Montevideo y luego al Departamento número 4 de la dnii, “a cargo del comisario Raúl Benítez Chaves”. Justamente ese funcionario policial es el firmante del documento que Viana aportó a la sede penal, y al que accedió BRECHA.
Es un memorándum enviado por Benítez al jefe del Batallón de Infantería número 12, de Rocha, donde sería traslado el detenido, oriundo de ese departamento. Ese nuevo destino de Viana está relacionado con la documentación que se le incautó al dirigente: listas con nombres de funcionarios de las Fuerzas Conjuntas uruguayas, que incluían militares y policías que residían en el departamento de Rocha.
El informe señala que “a solicitud de ocoa (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) se requiere información oficial a las autoridades argentinas sobre el hecho que nos ocupa”. Y añade que “posteriormente una comisión de funcionarios de este país (Uruguay) concurrió a la ciudad de Buenos Aires, recibiendo de las autoridades argentinas materiales que le fueron incautados a Viana Acosta”.
Naturalmente, no menciona el operativo conjunto de detención y tortura, pero confirma el traslado ilegal.

GAVAZZO Y ÁLVAREZ
“Llegado al batallón fui conducido al S2 de la unidad, y desde la plaza de armas arrastrado de los cabellos. Desde ese momento fui torturado física y psicológicamente: plantones con las piernas y brazos abiertos durante días,
alternando con las sesiones de inmersión de la cabeza dentro del agua hasta comenzar el principio de asfixia, shocks eléctricos en todas partes del cuerpo”, relata Viana en A todos ellos.
A ese cuartel llegó Gavazzo para torturar al detenido. Fue en los últimos días del mes de abril de 1974. “En la sesión de tortura, Gavazzo me decía:
‘Ya cayeron los de la Técnica, así que cantá dónde está Washington Barrios’; yo negaba todo pero la verdad es que además no conocía a ese compañero”, recordó Viana a BRECHA.
El grupo de Técnica –en el MLN y en la JCR– se encargaba de obtener y elaborar la documentación para los guerrilleros. Barrios integraba ese grupo que en Uruguay fue desarticulado con allanamientos en Malvín y con los asesinatos de Brazo Oriental, el 21 de abril de 1974, donde murieron acribilladas Silvia Reyes (esposa de Barrios), Laura Raggio y Diana Maidanick, en un operativo en el que participaron Gavazzo, Juan Modesto Rebollo y Jorge Silveira, entre otros militares.
Barrios había viajado a Buenos Aires un día antes de la masacre de Brazo Oriental. Pero Viana no sabía nada. Las negativas del dirigente enfurecieron a Gavazzo: “Me cerró una puerta en los dedos y me los quebró”, recuerda. El detenido fue enviado a un cuartel de Lavalleja: “En el Batallón de Infantería número11 fui torturado nuevamente, al punto que sufrí traumatismo de cráneo y fisura de rodilla”.
En ese estado lo recibió Gregorio Álvarez, entonces jefe de la División de Ejército 4 de Minas. “El Goyo Álvarez pidió que me colocaran la capucha, para que no lo identificara, pero yo estaba preparado. Con los días había podido descoserle el forro y con una pajita pude agujerear toda la capucha.
Así lo pude ver”, explicó Viana.
Y añadió: “Me colgaron del techo y Álvarez me interrogaba a fustazo limpio: ‘Dónde está Washington Barrios, sabemos que estaba contigo en Buenos Aires’”. Pero además le preguntaba por dos figuras políticas de la izquierda.
“‘¡Qué está haciendo la Regional 1 (Buenos Aires), cómo interactúa Zelmar Michelini con la regional, qué hace (Enrique) Erro’, me preguntaba. Yo negué todo conocimiento. Y Álvarez dijo que conmigo había que adoptar ‘otra solución’, naturalmente, la muerte”.

Una chicana que dilata las extradiciones
El lunes 3 de julio la cancillería uruguaya enviará a Buenos Aires, por valija diplomática, los exhortos librados por el juez penal Juan Carlos Fernández Lechini en relación con los pedidos de extradición de los militares José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Ricardo Arab y el ex policía Ricardo Medina, solicitados por el juez federal Guillermo Montenegro, que investiga la participación de uruguayos en el Plan Cóndor y en especial el secuestro y desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, desaparecida en Uruguay a fines de 1976.
Los exhortos, tres en total, solicitan de los jueces federales de tercero y séptimo turno de lo criminal, y eventualmente de la autoridad judicial que corresponda, que se informe si los uruguayos cuya extradición se solicita fueron indagados o enjuiciados en Argentina, si fueron detenidos o citados a declarar y si sus causas fueron archivadas o desarchivadas.
Con estos pedidos, el juez uruguayo, en previsión de que eventualmente fuera acusado de no dar las debidas garantías del proceso, accedió a una solicitud de la defensa de los extraditables, que en los hechos dilata la ejecución de las extradiciones. La “chicana” de la defensa de Gavazzo y compañía no contó con la aprobación de la fiscal Ana María Telechea.
Fuentes de la cancillería informaron a BRECHA que los exhortos llegarán a la embajada uruguaya en Argentina el mismo lunes y que inmediatamente los documentos serán derivados a la cancillería argentina, para que ésta los eleve a los respectivos magistrados.



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