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De: morrisproducciones
Uribe ha triplicado las ejecuciones: Al menos 535 colombianos fueron asesinados por Ejército y policía desde 2007
Aporrea/ inSurGente. - El Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos, que agrupa a 187 organizaciones sociales y de derechos humanos, publicó este jueves el informe “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable” (2007 – 2008). Los datos que arroja esta investigación, que recoge solamente una pequeña parte -la que ha sido posible documentar- de la real dimensión de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, son aterradores: “Entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día víctima de una ejecución extrajudicial.
Los datos que arroja esta investigación, que recoge solamente una pequeña parte -la que ha sido posible documentar- de la real dimensión de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, son aterradores:
“Entre el 1º de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día
victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el periodo comprendido entre el 1º de Julio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002 (en el cual se registraron 669 casos, es decir, una persona cada tres días).
El informe destaca que “en el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71% en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de “seguridad democrática” promovida por el Gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002. Así, entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”.
"Limpieza social" contra jóvenes marginados
“El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, expresó el 9 de septiembre pasado que había “una importante reducción de casos” de ejecuciones extrajudiciales, según las cuales, durante lo corrido del año sólo habrían ocurrido 25 casos. Los hechos posteriores de Soacha y Ciudad Bolívar y los que se evidenciaron a partir de esta situación en distintas regiones del país, han mostrado no sólo que esta práctica atroz permanece y se extiende de manera sistemática a nivel nacional, sino que también se presentan nuevos patrones y modalidades que buscan ocultar o encubrir la comisión de los mismos y mantenerlos en silencio, con el fin de asegurar la impunidad de sus responsables. La desaparición forzada de jóvenes socialmente marginados y su desplazamiento a distintas regiones, donde posteriormente son ejecutados, ha puesto en evidencia la existencia de redes macabras al interior de las Fuerzas Armadas, para cometer estas violaciones”.
Los nuevos patrones de comisión de las ejecuciones extrajudiciales, que la Coordinación
Colombia-Europa-Estados Unidos venía registrando, y que se pusieron en evidencia a partir
de los casos denunciados sobre la desaparición y ejecución de los jóvenes de Soacha, han
buscado dificultar la posibilidad de que estos hechos sean conocidos y denunciados: la
selección de las víctimas entre los estratos socialmente marginados de la población, el
traslado de las víctimas a lugares alejados para ser ejecutados en zonas donde nadie pueda conocerlos y reclamarlos, su entierro en fosas comunes, de forma anónima y la ausencia de un registro confiable y actualizado de las personas que la Fuerza Pública reporta como “muertas en combate”, no pretenden más que mantenerlos en el silencio y dificultar el hecho de que la sociedad, y mucho menos las instancias judiciales, puedan conocer lo que está ocurriendo.
Ante la agudización de la situación económica y la falta de alternativas de integración para una ciudadanía plena con derechos, la “limpieza social” se constituye en el destino de una gran cantidad de jóvenes de los sectores más excluidos y marginados de la sociedad, que terminan siendo presa fácil de quienes hacen méritos con la destrucción de la vida de las personas más vulnerables de la sociedad.
Nuevos patrones
A partir de los casos denunciados en varias regiones del país -jóvenes de Soacha-, se han detectado nuevos patrones tales como los siguientes:
1. Selección de las víctimas entre los sectores más marginados de diferentes ciudades, especialmente entre jóvenes sin alternativas, propensos a aceptar ofertas de traslado “voluntario” a cambio de propuestas económicas diversas (legales o ilegales);
2. El traslado de las víctimas a lugares en donde su ejecución no despierte reclamos por parte de la población y en donde una vez ejecutados no puedan ser reconocidos ni reclamados por nadie;
3. La presencia de reclutadores profesionales (a veces militares o policías, según se ha denunciado) encargados de atraer a las futuras víctimas;
4. La presentación de las víctimas, ya no tanto como miembros de organizaciones guerrilleras, sino como extorsionistas, delincuentes comunes o miembros de las “bandas criminales emergentes”.
5. Persistencia de personal uniformado en realizar las primeras diligencias, la inspección de la escena del crimen y el levantamiento de los cadáveres, y de la jurisdicción penal militar en mantener la competencia en la investigación de estos hechos. Se han vuelto frecuentes los “dobles procedimientos” en casos en que aparentemente se permite que los casos sean llevados por la justicia ordinaria pero continúan simultáneamente llevándose en la jurisdicción penal con otro procedimiento, ubicado muchas veces en ciudades alejadas una de otra, impidiendo el derecho de defensa y propiciando así la impunidad.
El Plan Colombia y las ejecuciones extrajudiciales
“Durante este período, Norte de Santander y Antioquia son los dos departamentos con mayor número de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, representando la cuarta parte de los casos registrados. Detrás de estos departamentos se encuentran Meta, Huila, Putumayo, Cauca, Arauca, Caquetá y Casanare”.
“Resulta preocupante constatar que estas regiones, prácticamente, coinciden con las
regiones en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia, y son,
con alguna excepción, departamentos en donde se viene implementando la Doctrina de Acción Integral a través de la implementación de los denominados Comandos de Coordinación de Acción Integral”.
Responsables
“El Ejército Nacional es la institución de la Fuerza Pública mayormente señalada como
responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. De los 535 registros de
entre enero de 2007 y junio de 2008, el Ejército Nacional aparece como
responsable del 93,7% de los casos (con 443 víctimas). En 7 de los casos se
denunció que el Ejército habría actuado de manera conjunta o coordinada con grupos
paramilitares, en hechos ocurridos durante el 2007. Dos casos más de actuación conjunta o
coordinada de Fuerza Pública y paramilitares, se denunciaron en el primer semestre, lo
que demuestra que los vínculos de la Fuerza Pública con los paramilitares todavía
subsisten, en ocasiones, para la comisión conjunta de estas violaciones.
A la Policía Nacional se le atribuye la responsabilidad en el 5,1% de los casos, con 24
denuncias durante este período, en tanto que la Armada Nacional sería responsable del
1,3% de las denuncias, con 6 casos. Preocupa, sin embargo, que para el 2008 la Policía
Nacional aumenta el porcentaje de presunta responsabilidad en estos hechos. La utilización
de disparos de armas de fuego y de armamento no convencional (proyectiles con esquirlas
y balas “recalzadas”), para reprimir protestas sociales por parte de la Policía Antidisturbios
(ESMAD), tal y como se comprobó en la represión a las marchas indígenas, podría
propiciar el aumento de muertes intencionales por parte de esta institución.
Clamor internacional
La gravedad de las violaciones a los derechos humanos por la fuerza pública colombiana es inocultable, y la preocupación ha sido expresada por la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma Organización de las Naciones Unidas.
En su último informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció “la
persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública,
fundamentalmente del ejército”, señalando además que “algunas características comunes a
los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la
escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones
hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones
adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos, revelan que podrían estar
motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza
pública de obtener -a partir de dichos resultados- una serie de beneficios y
reconocimientos”.
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