El atento observador francés

Los fusilados de Soca










Archivos de inteligencia de Francia registran la represión uruguaya, muerte de Trabal y los fusilados en Soca

La República. Jueves 13 de noviembre de 2008

Por Roger Rodríguez






El coronel Ramón Trabal, cuyo asesinato ocurrió en París y nunca fue aclarado, y el general chileno Carlos Prats, ambos asesinados en 1974, fueron advertidos por la inteligencia francesa, que también recabó información de los fusilamientos en Soca.





Los archivos galos se mantienen bajo el rótulo de Secreto ante las vinculaciones de Francia con las dictaduras del Cono Sur. Francia fue un atento testigo de la represión en la región.

Familiares de las víctimas de Soca no descartan reclamar a París la apertura de toda la documentación sobre el caso. En los archivos confidenciales de los servicios de inteligencia de Francia, consta abundante información sobre el asesinato del coronel uruguayo Ramón Trabal y el caso de los cinco tupamaros que, como supuesta represalia por aquel homicidio, fueron ejecutados y sus cuerpos arrojados en las cercanías de la ciudad de Soca en diciembre de 1974, según se desprende de una investigación realizada por LA REPUBLICA. Una serie de documentos, artículos de prensa y testimonios recogidos en la indagación, confirman que el método represivo creado por Francia en Argelia, fue enseñado a los militares latinoamericanos y aprendido y aplicado por los represores uruguayos desde antes y durante la dictadura militar (1973-1985), a la vez que los servicios de inteligencia franceses se constituían en atentos observadores de lo que en la región ocurría. Fuentes de inteligencia uruguaya que estuvieron vinculadas a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) indicaron a LA REPUBLICA que sus despachos sobre actividades represivas en los años de la dictadura eran informados, además de a los mandos militares y policiales, a tres embajadas: la de Estados Unidos, la de Francia y la de Alemania. En París, la abogada Sophie Thonon Wesfreid, una de las impulsoras del juicio internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet, señaló a LA REPUBLICA que los archivos franceses están fuertemente guardados, en especial todo lo relacionado con la guerra en Argelia la vinculación de Francia con las dictaduras del cono sur de América en el marco de la guerra fría. La indagación permitió confirmar que en 1974, tanto el coronel Ramón Trabal, como el general chileno Carlos Prats (asesinado el 28 de setiembre en Buenos Aires), fueron advertidos por servicios de inteligencia de Francia y de Alemania sobre la existencia de un complot para matarlos. En ambos casos el presagio se confirmó y el origen de la información francesa se conserva en los archivos confidenciales. Un ex funcionario de la embajada uruguaya en París en aquel año, también admitió que existió aquella advertencia, tras la cual el coronel Trabal se mantenía armado y en alerta, y según el informante, la diplomacia gala estuvo muy preocupada por lo ocurrido con los cinco uruguayos que días después fueron ejecutados en la localidad de Soca. Los archivos también registrarían sus indagaciones al respecto. Los familiares de las víctimas de Soca no descartarían iniciar una acción ante el gobierno francés para que se desclasifique toda la documentación relacionada con los fusilamientos y con la propia muerte de Ramón Trabal a efectos de entregar esos archivos a la jueza penal de 7º turno, Graciela Gatti, quien junto a la fiscal Ana María Telechea indagan el caso en el marco del expediente contra el dictador Juan María Bordaberry.


La Escuelita de Argelia

En el año 2003, un documental de la periodista francesa Marie-Monique Robín, titulado "Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa", dejó en evidencia que Francia había colaborado en la formación de los torturadores de las dictaduras de Sudamérica. El filme emitido aquel 1º de setiembre en el Canal Plus de París provocó una fuerte polémica, ante las evidencias y confesiones que contenía el documental. Entre los entrevistados por Robín, se incluía al ex dictador Benito Bignone, los generales argentinos Díaz Bessone y Reinaldo Harguindeguy y al general chileno Manuel Contreras, quienes justificaron la tortura practicada. Pero el eje del documental era el general francés Paul Aussaresses, quien se vanaglorió de haber enseñado los métodos practicados por Francia en Argelia, a los represores de las dictaduras latinoamericanas. En 2001, el octogenario general Aussaresses había publicado el libro "Servicios Especiales, Argelia 1955-1957" en el que confesó los crímenes contra la humanidad cometidos en Argelia, junto al teniente coronel Roger Trinquier, a las órdenes del general Jacques Massu, con quien no solo perfeccionaron los sistemas de tortura, sino que también habrían inaugurado los "vuelos de la muerte". Los instructores franceses se instalaron en Buenos Aires desde 1960, para enseñar sus métodos en la Escuela Superior de Guerra Argentina, donde militares uruguayos y del resto de la región fueron a realizar cursos. Los franceses se retiran del cono sur a mediados de los sesenta, cuando Estados Unidos impone sus propios instructores en represión en el marco de la Guerra Fría. El general Aussaresses, agregado militar en Washington, fue instructor de la School of América en Fort Bragg y luego "docente" de la Escuela de Guerra de Brasil en la ciudad de Manaos, según confirmaron fuentes brasileñas a LA REPUBLICA. En ambos "centros de estudios" recibieron instrucción decenas de oficiales de las fuerzas armadas uruguayas. El filme "La Batalla de Argel" del italiano Guillo Pontecorvo era exhibido como un ejemplo de lo que se debía hacer en la tortura.


Los agentes franceses

En febrero de 2007, el ex jefe de operaciones navales de la marina argentina, Luis María Mendía, declaró ante el juez federal Sergio Torres, que indagaba los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que debían ser llamados a testificar la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita) y el ex presidente francés Giscard D'Estaing, porque ambos estaban implicados en aquella represión. En una estrategia de defensa similar a la que días antes había utilizado el ex capitán Alfredo Astiz, Mendía dijo que el gobierno de Francia, su embajador Francoise de la Gosse, el primer ministro Pierre Massmer, como la periodista Marie Monique Robín debían testificar, al igual que el ex agente Bertrand de Parseval, a quien los dos torturadores acusaron de participar en el secuestro de las monjas francesas por las que los condenaron. Bertrand de Parseval, había pertenecido en su juventud al ultraderechista Ejército Secreto de Francia, opuesto a la independencia de Argelia y colaborador de la represión francesa en el país africano. Miembros del grupo se radicaron en Argentina en los años sesenta y colaboraron con la Triple A y la Operación Cóndor, según publicó el diario La Jornada de México. Más allá de la argucia judicial de Astiz y Mendía, una serie de elementos evidencian que Francia había vuelto a instalar sus bases operativas en el Río de la Plata a principios de los años setenta. El 15 de abril de 1974 el gobierno francés envió al coronel Robert Servant como jefe de misión a una oficina instalada en el piso 12 del Estado Mayor del Ejército. Desde allí, el gobierno francés supo todo lo que ocurría en la región. Robert Servant, amigo personal del general Reynaldo Bignone, era un veterano de la guerra de Indochina y responsable de las torturas a los simpatizantes del Frente de Liberación Nacional de Argelia, según un artículo del legislador y periodista argentino Pedro Pesatti, quien sostiene que el agente francés trabajó "a la par" de los represores argentinos hasta octubre de 1976, cuando abandonó el país. El semanario parisino Le Point agrega que Servant no reportaba con la embajada francesa sino a la Secretaría General de la Defensa, dependiente del flamante primer ministro Jacques Chirac, que había asumido luego que ese 19 de mayo D'Estaing le ganara las elecciones a Francois Mitterrand. Servant, también mantenía contacto con el jefe de los servicios secretos regional, capitán Pierre Latanne, que a su vez daba cuentas al entonces agregado militar francés en Brasilia: el propio general Paul Aussaresses.

El antecedente del Cóndor

A principios de 1974, represores de las dictaduras de Chile, Uruguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires con el subjefe de la Policía Federal Argentina, comisario Alberto Villar (uno de los fundadores de la Triple A), con quien coordinaron la creación de una central de informaciones común contra los "marxistas" y una fuerza especial "antiexiliados" que pudiera operar más allá de los fronteras, en lo que constituye una antecedente de lo que luego se conocería como el Plan Cóndor, según reveló en 1975 la publicación "El Auténtico" cuyo director Miguel Ángel Zavala Rodríguez sería asesinado por la dictadura argentina un año después. A partir de esa reunión, tres años antes del golpe de Estado en Argentina, el Departamento de Asuntos Exteriores (DAE) de la superintendencia de seguridad de la Policía Federal argentina pasó a ocuparse del seguimiento y detención de los extranjeros requeridos por las dictaduras vecinas. Las operaciones las hacía la propia Triple A, donde ya actuaba Aníbal Gordon, quien fue enlace con los chilenos que asesinaron al general Carlos Prats en setiembre de 1976 y desde entonces era el nexo de los represores uruguayos en Buenos Aires. En febrero de 1974, una patota ingresó a la fuerza al local que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados tenía en la calle Fray Cayetano del barrio Flores. El asalto fue inicialmente impedido por policías uniformados, pero cuando éstos se retiran, el lugar fue cercado por civiles armados, algunos de ellos uruguayos (se señala al comisario Hugo Campos Hermida), que finalmente ingresan al local a culatazos. Cuatro refugiados, dos chilenos y dos uruguayos, fueron secuestrados y luego liberados por gestiones de ACNUR. El 24 de junio de 1974, otra patota de represores argentinos y uruguayos, también entró a la fuerza en un local de la calle México en Buenos Aires, donde estaba reunido un grupo de exiliados uruguayos al cumplirse un año del golpe de Estado. Fueron detenidas y fichadas 101 personas. Muchos de ellos sería luego secuestrados y están hoy desaparecidos. En el operativo estuvo al mando el subcomisario Alberto Villar. Los exiliados uruguayos permanecieron detenidos por casi un mes, durante el cual fueron interrogados en la Super Intendencia de la Policía Federal, donde les hicieron registro dactiloscópico y les tomaron fotos. El abogado Leandro Despoui presentó un Habeas Corpus por todo el grupo acusado de "alterar el orden". Los hombres permanecieron presos en la cárcel de Villa Devoto y las mujeres en la prisión de San Miguel. El caso fue denunciado por la publicación "Noticias" y los detenidos, que estuvieron a punto de ser trasladados a Usuaia, fueron liberados una noche de julio. La mayoría de los liberados pasó a una situación de clandestinidad. Uno de ellos pudo confirmar que el teléfono de su casa en Montevideo estaba "pinchado" ya que luego de una llamada sus familiares fueron amenazados y uno, hasta torturado en Inteligencia Policial.


Las víctimas de 1974

A principios de 1974, el general Gregorio Alvarez dejó el Estado Mayor Conjunto y pasó a la División Ejército IV. Lo sucedió en el ESMACO el coronel (PAM) José Cardozo, quien también ocupó la secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). El general Julio César Vadora fue designado agregado militar en Estados Unidos y el coronel Ramón Trabal fue enviado a la agregaduría en París, de donde no regresaría. El presidente Juan María Bordaberry realiza entonces dos reuniones presidenciales: el 12 de febrero se encuentra con el mandatario argentino Juan Domingo Perón y el 16 de marzo, durante los actos de asunción en Brasil del general Ernesto Geisel, se reúne con el general Augusto Pinochet, en lo que se constituye en el primer encuentro regional de dictadores, al que también asiste el boliviano general Hugo Banzer. A su regreso, Bordaberry confirma como comandantes con los grados de Teniente General a Hugo Chiappe Posse (que en marzo sería desplazado por el general Vadora, quien el siguiente 4 de setiembre se reuniría con el propio general Geisel), como Brigadier General a José Pérez Caldas (a quien subrogaría el Brigadier Dante Paladini) y como vicealmirante a Víctor González Ibargoyen. A partir de entonces, la represión se incrementó dentro y fuera de fronteras. En Uruguay, desaparecen José Arpino Vega, Eduardo Pérez Silveira y Olivar Laura Sena Rodríguez, y matan a Aldo Perrini Gualo, Julio Larrañaga, Silvia Reyes, Laura Raggio, Diana Maidanick, Ricardo Alberto Blanco, Víctor Hugo Padilla, Nybia Sabalzagaray, Idilio De León Bermúdez, Iván Morales y Gilberto Coghlan. Uno de los grupos que fue particularmente reprimido en ese año fue el Partido Comunista Revolucionario (PCR). En junio de 1974 fueron detenidos ocho de sus militantes (tres de ellos en Argentina) y en el mes de diciembre fueron apresados otros 39 simpatizantes, entre ellos Luis Eduardo González González detenido el 13 de diciembre, muerto en la tortura y desaparecido, a quien el general Esteban Cristi denunció como fugado. Documentos desclasificados muestran hoy que la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) daba cuenta desde el 15 de enero de 1974 de las actividades del PCR en Buenos Aires, donde se le implicaba en la formación de la Unión Artiguista Libertadora (UAL). Otro documento firmado por el Mayor Ernesto Rama, entonces jefe de operaciones de OCOA, hacía referencia a los militantes PCR en Argentina. En ese período, en Argentina fueron asesinados Guillermo Jabif, Daniel Banfi, Luis Latrónica, Raúl Parachnik y Raúl Feldman, y fueron desaparecidos Washington Barrios y Natalio Dergan, a la vez que Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanel, fueron trasladados a Uruguay y fusilados en Soca como supuesta represalia por el homicidio del coronel Ramón Trabal en París.


La conexión Viana-Barrios

Dos testimonios permiten demostrar hoy que en aquellos primeros meses de la dictadura uruguaya ya se utilizaban los métodos criminales que luego se perfeccionarían desde 1976 cuando, con el golpe en Argentina, el Plan Cóndor implicó a todas las dictaduras de la región: Antonio Viana Acosta sobrevivió a su traslado ilegal a Uruguay, al igual que Julio Abreu, quien había sido detenido y traído junto a los fusilados de Soca. Viana Acosta, en entrevista con LA REPUBLICA, narró que trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social argentino, que dirigía José López Rega. El 21 de febrero lo detuvieron miembros de la patota del comisario Alberto Villar, jefe de la Triple A. Lo llevaron a Coordinación Federal ("Coordina") donde fue torturado por los uruguayos Víctor Castiglioni, Hugo Campos Hermida, Manuel Cordero, José Gavazzo, Sergio Coubarrere (que viajaba periódicamente por la empresa Arco) y Carlos Calcagno, quienes ya operaban en Argentina. Permaneció en la cárcel de Devoto, hasta que por un hábeas corpus presentado por abogados enviados por Zelmar Michelini, terminó siendo "blanqueado" y trasladado a Aeroparque por el jefe de interrogadores Juan Carlos Lapuyole ("El francés"), quien lo hizo abordar el vuelo 158 de Pluna (que piloteaba un oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya), para llevarlo a Montevideo donde lo aguardaba personal de inteligencia policial. Antonio Viana fue llevado en abril al Batallón Nº 12 de Rocha, donde ya había estado preso antes de radicarse en Argentina. Allí volvió a torturarlo el oficial Pedro Enrique Buzó y el mayor José Gavazzo, quien lo interrogó particularmente sobre Washington Barrios, de quien pocos días antes habían sido asesinadas su esposa Silvia Reyes (19) y sus amigas Laura Raggio (19) y Diana Maidanick (21). Terminó en la sede de la División Ejercito IV en Minas, donde el propio "Goyo" Alvarez lo interrogó a punta de fusta sobre Washington Barrios. Viana fue finalmente procesado en octubre de 1974 y recluido en el Penal de Libertad hasta 1981. Su testimonio confirma hoy un nexo entre sus captores y torturadores con las muertes de Reyes, Raggio y Maidanick y el caso de Washington Barrios, quien fue detenido el 17 de setiembre de 1974 en Córdoba, permaneció preso en "Coordina" y llevado a La Plata, antes de ser entregado a los uruguayos en febrero de 1975, cuando desapareció y según un parte policial "se dio a la fuga". Pudo haber sido trasladado a Uruguay.


El testimonio de Abreu

El 7 de noviembre de 2005, LA REPUBLICA publicó el testimonio de Julio Abreu, un uruguayo que por 30 años había mantenido en silencio la verdad de los ocurrido con los cinco uruguayos cuyos cuerpos aparecieron fusilados en la localidad de Soca el 21 de diciembre de 1974, solo horas después que se produjera el asesinato del coronel Ramón Trabal en Paris. Julio Abreu narró entonces (y ratificó semanas atrás ante la justicia) que fue secuestrado el 8 de noviembre de aquel año en Buenos Aires junto a Floreal García, su esposa Mirtha Hernández, el pequeño Amaral García (quien permanecería desaparecido diez años en Argentina), Héctor Brum y su esposa María de los Ángeles Corbo (embarazada) y Graciela Estefanel, con quienes fue trasladado ilegalmente a Montevideo por vía aérea. Abreu, señaló entonces tres lugares donde permanecieron recluidos en Argentina, que según identificó a LA REPUBLICA el informante que aportó los datos que permitieron encontrar al niño Simón Riquelo y denunciar el "segundo vuelo" de Orletti, se tratarían de la Brigada de San Justo, la sede de Coordinación de la Policía Federal y un sitio de Campo de Mayo donde había casas rodantes, iguales a las que describe su testimonio. El sobreviviente confirma que entre noviembre y diciembre de 1974 la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) ya estaba operando en el traslado ilegal de opositores secuestrados en Argentina. Y de aquel "vuelo cero", aunque le habían inyectado un somnífero, pudo recordar un avión con asientos de a dos ("como un ómnibus") y que alguien con acento uruguayo se sentó a su lado le preguntó su nombre y datos personales. El testimonio de Abreu coincide con el de Antonio Viana Acosta, también trasladado por vía aérea en junio de 1974 y determina nuevas preguntas para el comandante en jefe de la aviación, brigadier general (av) Enrique Bonelli, quien luego de confirmar los vuelos de Orletti en 1976 al presidente Tabaré Vázquez, aseguró que no había registros de posteriores traslados. Bonelli no dijo si había datos anteriores a los traslados de Orletti. Abreu señala que en Montevideo, los seis secuestrados fueron llevados a la Casona de Punta Gorda, donde fueron torturados hasta que un día a fines de diciembre, sacaron a los cinco militantes tupamaros del lugar y no volvió a verlos. "Bueno ya los matamos, están todos muertos estos comunistas", oyó decir a su regreso al oficial que se los había llevado. A Abreu lo soltaron bajo amenaza de muerte luego de "pasearlo" en un avioneta (varios traslados posteriores serían en una aeronave similar a la que describe) para fingir que recién lo estaban trayendo desde Buenos Aires. Tiempo después comprendió que era el único sobreviviente de los fusilados de Soca, pero ante la amenaza mantuvo su silencio hasta otorgar la entrevista a LA REPUBLICA.


Trabal y Prats, "advertidos"

El asesinato del agregado militar uruguayo, coronel Ramón Trabal, en Paris el 19 de diciembre de 1974, implicó en Francia una exhaustiva investigación de la policía y, particularmente, de los servicios de inteligencia franceses que conocían en profundidad la interna militar y las implicancias del "combate a la subversión" que se producía en aquellos días en Uruguay. Mediante los despachos de su embajada en Montevideo y a través de otros agentes que reportaban al coordinador regional Pierre Latanne, el Estado francés sabía mucho de lo que entonces ocurría en la región, donde defendía sus intereses políticos y comerciales. En Uruguay, la empresa Le Gaz Integral, fue la única que se presentó a la licitación para una nueva planta de gas en junio de 1974, y se le adjudicó ese diciembre. Un ex funcionario de la embajada uruguaya en Paris, confirmó a LA REPUBLICA que el coronel Ramón Trabal supo con antelación que dos sicarios habían llegado a Francia con el objetivo de matarlo. La información le fue brindada por los servicios secretos franceses que llegaron a ofrecerle una custodia personal que el militar uruguayo rechazó porque consideraba que si atentaban contra su vida los custodias también serían muertos. El testigo, que trabajaba junto al embajador Jorge Barreiro, el primer secretario Domingo Schipani y el funcionario Gonzalo García Lagos, cuando el homicidio del agregado militar uruguayo, sostiene que Trabal estaba "paranóico" en aquellos últimos días de su vida, en los que llegaba a encerrarse en su despacho con un arma cargada en su mano, desde que fue advertido por los "servicios" franceses. La "represalia" con los cinco fusilados en Soca luego de la muerte de Trabal, también habría sido objeto de investigación de los agentes franceses, quienes habrían indagado razones y orígenes de ambos atentados. Parte de ese material estaría incluido en las reservadas actas que el poder judicial francés mantiene archivadas, a las que solo pueden acceder familiares de las víctimas, según se indicó en París a LA REPUBLICA. Paralelamente, en la sentencia por el asesinato del general chileno Carlos Prats en la que el juez Alejandro Solís Muñoz impuso una condena de cadena perpetua al jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), general Manuel Contreras, constan los testimonios de Carlos Altamirano Orrego y Manuel Bernardo Valenzuela Béjar, quienes sostienen que la inteligencia de Francia y Alemania les advirtieron del atentado. El general Prats, comandante en jefe del Ejército chileno durante el gobierno de Salvador Allende, fue finalmente asesinado el viernes 28 de setiembre, cuando el agente norteamericano Michael Townley, al servicio de la DINA (creada en junio de 1974) colocó una bomba debajo de su auto en el garaje de su casa de Malbía 3305. Los restos del auto, de Prats y de su esposa Sofía Cuthbert quedaron esparcidos en un radio de 50 metros. Este año, el embajador de Francia en Buenos Aires, Frédéric Du Laurens entregó una serie de documentos desclasificados por el gobierno francés sobre la situación de los exiliados argentinos en París entre 1976 y 1983, en una pomposa ceremonia en la que los archivos galos fueron recibidos por el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. "Es un principio", confió a LA REPUBLICA una fuente de esa secretaría. "Mi país apoyó la lucha por los Derechos Humanos en diferentes parte del mundo, en diferentes oportunidades, en particular bajo el manto de Naciones Unidas. El compromiso de la Argentina y de mi país permitió finalizar la convención sobre desaparición forzada de personas que es un paso enorme para promocionar y defender los Derechos Humanos en países golpeados por el terrorismo de Estado", dijo entonces el embajador francés.




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