“Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”
Antonio Machado
Una vez ganada la guerra civil, el franquismo tomó una decisión brutal, apropiarse de los hijos de muchas mujeres republicanas presas, muertas o a punto de ser condenadas a muerte. La fundamentó en perversas teorías psicologistas: considerando a los marxistas “psicópatas antisociales”, “segregarlos de sus madres desde la infancia ahorraría una plaga a la sociedad”. Dicho y hecho, miles de familias fueron privadas de la patria potestad, que se endosó al Estado. Decenas de miles de niños, quizá centenares de miles, fueron “resocializados” en orfanatos creados al efecto y, eventualmente, entregados en adopción borrando todos los datos de su familia de origen. Todo se legisló, urdiéndose una pesada trama burocrática y pseudoasistencial.
En España, aún hoy día, poco se conoce sobre el asunto, memorablemente narrado en el libro Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Es una novela inusual, que combina elementos ficcionales con una formidable investigación. Prado es novelista, ensayista, poeta, periodista. Hasta letrista, colaboró en las letras de las canciones del último disco de Joaquín Sabina. El año pasado presentó Mala gente... en la Feria del Libro de Buenos Aires. En varias entrevistas, burla burlando, dijo que una de sus finalidades era aliviar de culpas a los argentinos: “Quiero contaros que vuestra dictadura no inventó nada”.
Ironías (y diferencias de implementación) aparte, bastante de eso hay. La violación de derechos humanos es una constante expandida en varias latitudes, potenciada en el siglo XX. También el surgimiento de una justicia universal que saltea fronteras para impedir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
Baltasar Garzón fue pionero en esa brega, aunque no su inventor. Para el movimiento de derechos humanos argentino, las causas abiertas por ese magistrado fueron un catalizador, un impulso llegado de ultramar que revitalizó la gesta contra la impunidad en nuestro territorio.
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Hiperactivo y bastante solitario, Garzón encarnó una proeza persiguiendo a represores de este rincón del mundo. Contaba con pocos “fierros”, siendo apenas juez de primera instancia. Pero su tarea movilizó a víctimas, organizaciones nobles y militantes, abogados tan comprometidos como creativos. Ese inesperado colectivo litigó en España, abriendo ventanas en la formidable lucha de los movimientos de derechos humanos argentinos.
En un alarde de coraje y prepotencia de trabajo, Garzón arrestó a Augusto Pinochet en Londres, tras escribir sus fundamentos con la sola cooperación de un empleado de su juzgado en una noche febril.
Las réplicas primeras de los gobiernos argentino y chileno fueron deplorables. Por acá, bajo el mandato de dos presidentes argentinos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, brotó un nacionalismo de opereta, pretendiendo poner fronteras al derecho de gentes. Entre tanto, se glorificaba la globalización y se permitía el despliegue irrefrenable de los mercados del mundo. Los flujos financieros no requerían pasaporte ni aduana, pero eso sí: la Argentina devino un aguantadero para represores genocidas. Para colmo de inconsecuencias, se lo justificaba con una retórica chauvinista que apestaba a naftalina. Y a complicidad.
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Los escenarios han cambiado, en España y en Argentina. Tras vicisitudes (y con enormes bretes aún) se abrieron procesos por los crímenes de la dictadura. En su patria, Garzón está siendo asediado por una avanzada de la derecha, que tiene aliados transversales en cierta sedicente progresía. Como explicó con minucia y garbo el colega Martín Granovsky el domingo pasado en Página/12, el señor juez no se privó de nada. Puso en el banquillo a los criminales sudamericanos, a la ETA, a los GAL prohijadas por Felipe González, a terroristas islámicos. En los últimos tiempos pateó dos hormigueros domésticos. Uno fue la corrupción del Partido Popular, consagrada en el apodado caso Gürtel que está hoy día a punto caramelo, enlodando a la flor y nata del centroderecha hispano.
Además, consistente con su prédica para otras comarcas, Garzón interpretó que la Ley de Amnistía de su país no ampara los delitos contra la humanidad, imprescriptibles e imperdonables por vía de pretensas leyes. Develar los crímenes del franquismo fue un reto al silencio y a las componendas de décadas. Una coalición amplia y mediocre busca revancha: quiere juzgar al juzgador, condenarlo penalmente, privarlo de su cargo. Esa pelea está desplegándose y la solidaridad internacional tiene algo que hacer. Desde estas pampas, sumarse es un deber de gratitud.
La batida contra Garzón no es, tan solo, un ajuste de cuentas personal. Frena las causas contra los crímenes del franquismo. Los corsi y ricorsi de la historia validan la movida que se hará mañana, de la que se da cuenta en la nota central de estas páginas. La doctrina que ha recorrido el mundo se postulará ante los tribunales locales, a quienes se recabará que apliquen la ley universal.
Carlos Slepoy, el abogado argentino que representó a muchas víctimas en España, definió lo que se viene como “una devolución a Garzón”. Abrir los tribunales argentinos para evitar la inmunidad de crímenes afrentosos es un rizo de la historia, también un modo justo de pagar una deuda. ¿Encontrarán los demandantes un magistrado de la talla de Baltasar Garzón? Parece muy difícil, aun tomando en cuenta su personalismo y algunos errores, propios de quien hace tanto.
¿Encontrará el reclamo, al menos, jueces que se hagan cargo de lo que es legal y digno? No es seguro, no es imposible, sería justo y necesario.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-143798-2010-04-13.html
No tiene perdón
Piden investigar presunta sustracción de bebé en noviembre de 1973
La Justicia recibirá hoy una denuncia penal por la presunta sustracción y desaparición de bebé en la dictadura. La madre, ex "correo" del MLN-T, comparecerá personalmente a radicar la denuncia.
Mauricio Pérez
Cementerio del Norte. La versión sobre la muerte nunca fue aceptada por la madre.
Las interrogantes sobre el destino del bebé aún persisten y un informe del Hospital Pereira Rossell las acentúan.
Una ex "correo" del MLN-T presentará hoy ante la Justicia una denuncia penal por "la presunta sustracción" de su hijo, cuando era bebé de un día, ocurrida durante la dictadura, en atención de las interrogantes aún latentes sobre su destino. La denuncia patrocinada por el abogado Oscar López Goldaracena solicita investigar la "presunta sustracción" del niño y proceder a su búsqueda, o "en subsidio y para el caso en que realmente hubiese fallecido como indicó la versión oficial, se determinen las circunstancias de dicha muerte, su lugar de enterramiento y dónde se encuentran sus restos".
"Estaba sano"
Mary Elena Gil Rodríguez era militante del Frente Amplio (FA) y "correo" del MLN cuando en 1973 el ex dictador Juan María Bordaberry lideró el golpe de Estado junto a la cúpula militar de la época. La joven tenía 20 años y vivía frente a la Brigada de Caballería Nº9. En atención de su militancia fue detenida en reiteradas oportunidades "a punta de fusil", mientras "allanaban la casa y amenazaban a mi familia". "Las Fuerzas Conjuntas ingresaban a cualquier hora, revolvían y tiraban los muebles apuntando con sus armas mientras me llevaban detenida al 9º de Caballería. Luego, como no encontraban pruebas, me liberaban". Entre el 27 de junio y noviembre de 1973 fue detenida varias veces pese a su "estado de gravidez", expresa la denuncia, a la cual accedió LA REPUBLICA.
"El 13 de noviembre de 1973, estando cursando el octavo mes de embarazo comencé a sentir contracciones. Concurrí al centro de asistencia médica (...), del cual era socia, pero como no tenía paga la cuota del parto no me atendieron, derivándome al Hospital Pereira Rossell, donde en horas de la tarde fui ingresada por Urgencia de puerta de maternidad. Me examinaron y quedé internada".
"A las 10.35 de la mañana del 14 de noviembre de 1973 nació mi hijo Roberto Lezue Gil, llorando y vivo. El médico lo revisó y dijo que era un bebé sano, que 'estaba bien' y que pesaba 2,150 kg, normal para ocho meses de embarazo. Me indicó que lo amamantara", dice la denuncia.
"Luego del parto, nos llevaron a sala a mí y al bebé. Le cambié los pañales, le puse un conjunto amarillo que tenía preparado y comencé a amamantarlo. Mi bebé tomó pecho y se durmió. Desde la hora de su nacimiento hasta la tarde, mi hijo siempre estuvo conmigo, sano y sin ningún síntoma de anormalidad".
Sin embargo, durante la ronda de "nursery" de la tarde "me dijeron que se lo tenían que llevar a control porque era prematuro. Yo les respondí que el médico ya lo había controlado (...). Me contestaron que 'era la regla', que lo llevarían al Centro de Prematuros y que después me lo traerían para amamantarlo", narra la denuncia.
"A la noche, como no me lo traían, pedí para ver a mi hijo y darle pecho. Me dijeron que le estaban dando 'glucolín' y que lo estaban controlando. Luego me dijeron que yo tenía que descansar porque estaba débil. Me dieron una medicina con la que me sentí 'dopada'".
"A la mañana del día siguiente, 15 de noviembre de 1973, pedí que me llevaran a darle pecho, que quería ver a mi bebé". "Las enfermeras me dijeron que ellas lo estaban controlando porque tenía problemas respiratorios. Yo les contesté que cuando se lo llevaron estaba bien (...). Insistí en verlo pero no me dejaron. Nunca más lo vi. Un rato después me dijeron que había muerto. No me dejaron verlo ni enterrarlo", expresa la denuncia.
Grandes interrogantes
El padre del niño tampoco pudo ver a su hijo. "Habiendo pedido autorización especial por el nacimiento de su hijo, fue al Hospital donde le dijeron que al bebé se lo habían llevado al Centro de Prematuros en la calle Cerro Largo. Concurrió al mismo y vio a nuestro bebé, vivo y sin problemas". "Al día siguiente, cuando regresó para verlo, le dijeron que el bebé había fallecido y que ya lo habían enterrado 'porque no había vivido veinticuatro horas'. No le dejaron reconocer el cuerpo", señala la denuncia.
"Siempre me pregunté: ¿Cómo pudo ser que ni al padre ni a mí nos hayan dejado ver a nuestro hijo 'muerto', ni acompañarlo en el entierro? ¿Cómo pudo ser que ni yo ni el padre hubiéramos tenido que firmar nada para los trámites de entierro? ¿Cómo pudo ser que no nos dieran 'algo' donde constara que nuestro hijo había muerto y adónde lo habían enterrado? Me quedó la sospecha de que me habían robado a mi bebé", expresa.
La insistencia de los padres posibilitó la obtención del nicho donde habría sido enterrado: tubular Nº 3663 del Cementerio del Norte. Sin embargo, el nombre del niño no se encuentra en los registros de necrópolis de la Intendencia de Montevideo (IMM), y la tumba "estaba vacía".
"En la administración me dijeron que ningún niño con el nombre de Roberto Lezué Gil había sido enterrado en el Cementerio del Norte en esa fecha. Fui varias veces al Registro Civil a pedir su partida de defunción pero no la encontraban (...). Comencé a sentir terror por mí y por mi familia".
"Tendrá presente la Sede que todos los indicios obtenidos hasta el momento estarían corroborando que mi hijo me fue sustraído cuando era un bebé de un día, pudiendo estar involucrado el aparato represivo de la dictadura". Ante esto, "la presente denuncia tiene por objeto determinar las responsabilidades penales del caso (en relación con su sustracción y supresión de identidad) y ubicar el paradero de mi hijo quien hoy tendría 37 años de edad", culmina el texto.
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