Pa qué sirven los milicos

Cartas retorcidas

Búsqueda 8 de abril 2010

La propuesta del presidente Oscar Arias para eliminar el Ejército (I)




Señor Director
Dijo que no pretendió irrespetar la soberanía de nuestro país, pero el Sr. Oscar Arias intervino en
nuestros asuntos proponiendo la abolición de nuestro ejército. Hizo unas cuantas consideraciones y enumera argumentos vacíos de contenido, como suele suceder cuando estos "tontos útiles" incursionan en estos asuntos tan delicados. Pretende, siguiendo el razonamiento marxista, hacernos creer que los ejércitos de estos países, incluyendo el nuestro, se levantaron en armas contra sus pueblos para perseguir a personas que sólo pensaban distinto, desconociendo la existencia de movimientos subversivos que deseaban tomar el poder por las armas, reconocido por sus propios documentos y objetivos, con las consecuencias de miles de muertos, destrucción y sociedades fracturadas por el resto del tiempo.
Lamento decirle al Sr. Arias que gobiernos legítimos y elegidos democráticamente, dieron la orden de intervenir a sus Fuerzas Armadas para poder enfrentar a estos movimientos, con el mandato tremendo en algunos casos de aniquilar, dicho esto textualmente y con las consecuencias que tan contundente orden conlleva, para terminar o combatir a los iniciadores de estas contiendas. Ni una sola mención a todo esto, sólo deja traslucir que los ejércitos integrados por mandos salvajes se dedicaron a martirizar
a nuestros países, catalogándolos de enemigos de la paz, el progreso y todo lo bueno de este mundo.
Pero qué singular este personaje, que olvida y desconoce, por lo menos en lo que nos toca, la rica, valiente y gloriosa historia de nuestros antepasados, incluyendo en su insulto a nuestro Gral. Artigas primer jefe y fundador del Ejército Nacional.
Nos aconseja también, que no tiene sentido contar con el ejército, ya que nuestros vecinos son más poderosos y numerosos. A los argentinos y brasileros, para que desmantelen sus ejércitos, seguramente les sugerirá que contra EE.UU. no les conviene pelear ya que es mucho más poderoso, y a los americanos les hablará de los extraterrestres para que se deshagan de su ejército, supongo. Si esto fuera así, nunca podríamos haber enfrentado a los españoles, portugueses, ingleses, ya que eran mucho mejor preparados y equipados que nuestros pobres e iletrados gauchos. Sin embargo, la historia es contundente y las páginas de gloria, que este señor desconoce, no se hubieran escrito. En los tiempos modernos siguen pasando cosas similares. Don Arias hubiera recomendado a Vietnam o a Afganistán que no se metieran con americanos y rusos, allí tenemos a la vista lo acontecido, la guerra es caprichosa e ilógica a veces. Lo seguimos viendo más que en directo hoy en día, cuando potencias con todo su poderío, tecnología, espías, satélites y demás no pueden derrotar a unos pobres tipos vestidos con túnicas largas, barbas espesas y casi descalzos que saltan de montaña en montaña a lomo de burro, no es sólo armas y apretar botones para ganar la guerra. No pasa sólo por contar con todo ese poder para ganar una guerra, según pregona don Arias recomendando abolir ejércitos, y montar como en su país una simple guardia nacional, la cual está tan armada como un ejército, pretendiendo engañar a los incautos de siempre que repiten "hay que hacer como Costa Rica".
El asunto es bastante más complejo; nuestro ejército es la última defensa que tiene el país para recurrir cuando la suerte está echada, lo vemos cuando nos tocan algunas catástrofes y se debe llamar a una organización que tiene los medios y la gente para actuar en esas circunstancias, lo vivimos cuando en el pasado reciente el Parlamento votó el estado de guerra interno, debido a que la Policía se desbordó ante el exceso de los tupamaros, interviniendo las Fuerzas Armadas como último recurso. Lo pide tanta gente hoy, cuando la delincuencia y la inseguridad han conquistado la calle con tanta impunidad.
Nuestro presidente contestó, pero no acertó. Seguramente habló para la tribuna apelando a sus dichos que intentan generar simpatía, diciendo que las precisaba para combatir la pobreza. Muy noble su objetivo, pero para eso tampoco están; el Estado no les da armas, equipos e instrucción a nuestros soldados para combatir la pobreza.
Están integradas por gente muy humilde y a veces pobre, lo cual es una vergüenza y esa situación deberá cambiar, pero para aquella tarea el presidente dispone de un ministerio específico que su fuerza política creó. Las Fuerzas Armadas podrán colaborar, como históricamente lo han hecho, pero no como cometido principal. Desde el fondo de la historia nuestro ejército ha sido humilde, en sus integrantes, con el mismo tipo de gente fiel con la que contaban nuestros proceres, humilde en equipos
y dimensiones, pero ha demostrado coraje, valentía y amor por la patria que le ha permitido sortear tantas dificultades, ser reconocido en el mundo por su intervención en misiones de paz en tantos lugares del planeta. Deberá también olvidar a estos personajes que pasean por el mundo dando cátedra sobre temas que ignoran.. Habría que avisarle, ya que no lo debe de saber, que el día que nos quedemos sin soldados pelearemos con perros cimarrones...
Sin otro particular, saluda cordialmente,
Daniel García
C.I. 1.509.149-6


La propuesta del presidente Oscar Arias para eliminar el Ejército (II)
Señor Director:
¿Necesita Uruguay Fuerzas Armadas? Un debate que no pertenece exclusivamente a los políticos. En el mes de abril de 2010 el presidente de Costa Rica envió una carta a su homólogo uruguayo, José Mujica, recomendando a Uruguay seguir los pasos del país centroamericano y abolir el Ejército. En la misiva el costarricense Oscar Arias se pregunta y pregunta ¿para qué quiere un país como Uruguay un ejército? En realidad, muchos uruguayos se hacen la misma pregunta desde el fin de la dictadura militar y este tema, como muchos otros, requiere de una discusión pública en la que no sólo tienen que participar los políticos sino toda la población. Brindaré mi opinión en un debate que deviene necesario y que Uruguay se merece y tiene que llevar a cabo, quizás, para comenzar de una buena vez a elaborar su pasado reciente. Como otros Estados de la región, Uruguay sigue inmerso en un proceso de transición en relación a los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar.
La justicia de transición abarca todas aquellas etapas llevadas a cabo por el Estado para la revisión y corrección de las graves violaciones contra los derechos humanos acontecidas en un período de tiempo anterior. La justicia de transición se apoya en tres objetivos que a modo de pilares que sostienen la misma estructura interactúan y obligan a encontrar soluciones de "política real" (Realpolitik) en una cuestión de justicia propia del Estado de derecho (Rechtstaat). Estos objetivos son: conocimiento de la verdad, reparación de las víctimas y justicia que no impida la reconciliación (como se dijera por parte de Aylwin en la transición chilena, "en la medida de lo posible" o como se puede interpretar hoy luego de las transiciones de Sudáfrica o Guatemala y se discute en la actualidad en Colombia, justicia por medio de "oír a las víctimas" o de una "Comisión para la Verdad"). La transición uruguaya hasta el presente se puede dividir en tres períodos bien claros entre 1985-2000 (amnistía y olvido absoluto),2000-2005 (intento fallido de reconciliación y conocimiento de la verdad) y finalmente, a partir de 2005 asistimos a una etapa de persecución penal. Sobre este tema se puede consultar mi análisis sobre la transición uruguaya en AMBOS/MALARINO/ELSNER(Eds), Jusf/'c/a de transición. Con informes de América Latina, Alemania, Italia y España, Konrad Adenauer Stiftung/Georg-Áugust-Universitát Góttingen, Montevideo, 2009, pp. 391-414, así como en Transition through consultation: the Uruguayan experience, que se puede visitar en internet en el sitio: http://www.law.qub.c.uk/schools/SchoolofLaw/Researc/lnstituteofCriminologyandCriminalJustice/Research/BeyondLega lism/filestore/ Filetoupload,158483.en.pdf.). En Uruguay ninguna de las alternativas puestas en práctica ha sido satisfactoria para cerrar la transición. La mejor muestra de ello es la eterna discusión sobre la "derogación" o "anulación" de una ley de amnistía declarada inconstitucional, pero que ha sido por dos veces respaldada por la soberanía popular.
Lo cierto es que Uruguay no ha comenzado todavía a elaborar su pasado. A este proceso de "elaboración" de una etapa traumática de la corta vida de la República no han colaborado los intentos de "memoria histórica" realizados hasta el presente, en tanto tienen todos un sesgo de parcialidad que impide ver lo sucedido objetiva y desapasionadamente. La guerrilla uruguaya tuvo mucha responsabilidad en la ascención de los militares al poder (entre otras cosas, le sirvió de excusa), y por ello algunos de forma individual han reconocido su error (véase el caso del actual presidente del Uruguay, José Mujica). Los militares, sin embargo, siguen apegados a un "silencio institucional"
monolítico, que los aleja del seno de la sociedad uruguaya que no reconoce en esos represores ni a los "salvadores de la patria" ni a los "forjadores de la orientalidad" sino a auténticos "terroristas de Estado" que junto a sus aliados civiles impusieron mediante el terror una "seguridad para el desarrollo".
Quienes emprendieron el camino individual de pedir públicamente disculpas han sufrido el desprecio de sus pares, o el asedio de una justicia penal que recogió las "confesiones" como pruebas condenatorias (con algún sesgo de venganza, al menos, en estos casos de reconocimiento público y mea culpa). Los juicios penales contra los militares y civiles que ocuparon los más altos cargos durante la dictadura (Bordaberry, Blanco, Gregorio Álvarez) y contra los terroristas de Estado que ocuparon cargos intermedios militares y/o ejecutaron materialmente los crímenes (miembros de la OCOA, algunos policías), no han sido el medio más adecuado para lograr los objetivos de la justicia de transición.
Los juicios penales han servido para acallar el sentimiento de impunidad que pendía como una espada de Damocles sobre las cabezas de todos los uruguayos y provocar un "efecto de justicia" que parcialmente sirva para reparar a las víctimas, aunque no sean aptos para conocer la verdad. Como cualquier estructura mafiosa los militares siguen apegados a la ley de la omertá de la que un decreto del ex presidente Vázquez expresamente los liberó. En todas las causas penales abiertas, los militares, que fueron "amos y señores de la vida o la muerte de los prisioneros políticos", no recuerdan o niegan cualquier tipo de vínculo con las violaciones de los derechos humanos, o inverosímilmente declaran un propósito de salvar las vidas de uruguayos de los centros de reclusión clandestinos argentinos a cambio de dinero (paradigmática es la declaración de Gavazzo en el proceso que lo condenó en el Juzgado Letrado Penal de 19o Turno).
Las Fuerzas Armadas no han reconocido los errores cometidos en el pasado ni han pedido perdón público a toda la sociedad uruguaya, víctima directa o indirecta del terrorismo de Estado. Este desprecio insensible hacia la verdad y la reconciliación de los uruguayos, sin embargo, no puede estar presente al momento de discutir sobre la necesidad que tiene Uruguay de contar con un Ejército o con Fuerzas Armadas profesionales. Obviando esta situación contraria a la imagen de los militares en el seno de la sociedad uruguaya, el debate debería concentrarse en la auténtica necesidad que tiene el país de contar con unas Fuerzas Armadas "tradicionales". En ese sentido, y recurriendo a un discurso "igualador", el presidente Mujica ha sido muy claro en que los militares deberían cumplir con más funciones sociales, porque de algún modo -como gran parte de la sociedad-están compuestas por "pobres".
Mujica, además, ha manifestado su deseo de que los "viejos represores" esperen la condena pública y la mácula social (y cumplan la merecida pena) en la "soledad de sus domicilios" y no en centros de detención que los vuelve sospechosamente víctimas cuando se trata de victimarios (que de nada se arrepienten). Mujica ha marcado el camino de la reconciliación de la sociedad uruguaya con "sus militares", buscando aspectos de unión o inclusión. Estas propuestas del presidente (que padeció en carne propia la insufrible tortura y aparece hoy como un actor fundamental para la elaboración del pasado en Uruguay), sin embargo, no son del agrado de algunos actores sociales que con atinado oportunismo se proclaman públicamente como defensores de los Derechos Humanos y "cazadores de terroristas de Estado". El jefe del nuevo gobierno ha señalado que la verdadera "batalla" que debe dar el Uruguay es contra el crimen organizado y sus distintas manifestaciones (lavado de dinero, corrupción, tráfico de drogas, etc.) y para llevar a cabo esta lucha real y cotidiana el Uruguay no tiene una Policía adecuada. Esta lucha requiere de unos pocos aviones y barcos, y en su caso armas y coches blindados, que no demandan un gran presupuesto al Estado. En los tiempos actuales de integración regional y de creación de "Fuerzas Armadas regionales", ningún motivo tiene un Estado pequeño y dador de servicios como Uruguay para mantener unas Fuerzas Armadas nacionales tradicionales. El Ejército uruguayo es un gran colaborador de la comunidad internacional a través de los "cascos azules", función que por otra parte podría mantener una pequeña fracción para continuar prestando "colaboración" a la ONU en diversos Estados, de donde extrae una buena parte de ingresos para su presupuesto.Las Fuerzas Armadas deberían procurar la mayor parte de su presupuesto fuera de fronteras, que es adonde cumplen su más importante función.
En ese sentido, uno de los temas a debatir tiene que concentrarse en la necesidad de contar con unas Fuerzas como las actuales, si las funciones que concentran su atención (y las que les demandará el gobierno en el futuro) bien podrían ser llevadas a cabo por una Policía militarizada (al estilo de Costa Rica o Panamá), que cumpla con la función básica de prevención del crimen a nivel nacional. En realidad, no creo que Oscar Arias necesite hacer "mandados" para ningún Estado en particular, sino que está convencido que Costa Rica y Uruguay son dos de los Estados que mejor se adecúan a una política social de integración y no de "defensa nacional". El debate nacional, entonces, no debería polarizarse sino darse entre tres opciones: manutención, desaparición o transformación de las Fuerzas Armadas. Quizás este debate pueda servir para la definitiva elaboración del pasado en Uruguay y para la construcción de un futuro de integración social.

Pablo Galain Palermo
Doctor Europeo en Derecho. Investigador del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional Freiburg, Alemania



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