Jubilaciones de los viejitos

12.265 pesos es el salario mínimo nacional


El exorbitante gasto fiscal por jubilaciones de FF.AA

Gregorio Álvarez recibió una jubilación de $172.647 hasta su muerte, mientras que otros militares retirados procesados cobran más de $100.000


Hasta que murió en diciembre, el ex dictador Gregorio Álvarez cobraba una jubilación de $ 172.647 como consecuencia del grado de teniente general (retirado) que ostentaba y de que el Ministerio de Defensa no recurrió a ningún mecanismo jurídico que le permitiera recortar las retribuciones económicas de ese ni de otros militares retirados que fueron procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

El Ministerio reveló el monto exacto de jubilaciones que se les paga o se les pagó a seis militares detenidos por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura. La pasividad más alta, $ 172.647,26, corresponde a Álvarez, que falleció el 28 de diciembre con el grado máximo dentro de la institución, equiparable hoy al grado de general de Ejército que ostenta el comandante en jefe, Guido Manini Ríos.

La última jubilación de Álvarez está actualizada al 31 de diciembre de 2016 y no es la única que supera los $ 100.000: a la misma fecha los coroneles retirados Jorge Silveira, José Araújo Umpiérrez y Juan Carlos Gómez recibieron $ 128.744, $ 118.278 y $ 112.744 mensuales, respectivamente. Por su parte, el teniente coronel (retirado) José “Nino” Gavazzo tiene una pasividad mensual de $ 68.348.

Los datos fueron divulgados a Búsqueda por el Ministerio de Defensa luego de un pedido de acceso a la información realizado el año pasado. En una resolución del 17 de enero firmada por el ministro Jorge Menéndez, se explica que “corresponde tener presente que determinados datos personales de funcionario público deben considerarse públicos, pues emanan de la naturaleza misma de la función que cumple”. En este caso, además, “se trata de ingresos que se pagan con fondos públicos, por lo que corresponde acceder a lo solicitado”, añade la resolución, que se basó en un informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

En el pedido se requerían datos referentes a las jubilaciones y pensiones de ocho militares procesados con prisión por delitos cometidos durante 1973 y 1985: Gregorio Álvarez, Jorge Silveira, José Araújo Umpiérrez, Juan Carlos Gómez, José Nino Gavazzo, Carlos Calcagno, José Nelson Chialanza y Ernesto Soca. Se pretendía saber si obtenían algún tipo de pasividad, a cuánto ascendían sus ingresos por este rubro y si dentro de sus potestades la cartera había recortado, suprimido o modificado en algo esos ingresos.

En setiembre, Defensa respondió que sí existían retribuciones y que las mismas “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”. Sin embargo, se negó a entregar el número exacto de las jubilaciones amparándose en que son de carácter confidencial, ya que refieren al patrimonio de las personas. La Unidad de Acceso a la Información Pública no compartió ese argumento y en diciembre planteó a través de un informe que el monto de las jubilaciones fuera divulgado. “Los datos están disponibles como consecuencia del vínculo existente entre la persona que cumple determinada función pública —en este caso es la defensa nacional— en determinado organismo público dentro de la estructura del Estado. En resumen: se trata de ingresos de funcionarios públicos que se pagan con fondos públicos”, afirmó la Unidad.

Complejo cálculo.

Luego de la intervención de la Unidad de Acceso, el Ministerio cedió y proporcionó la información. Las pasividades de Carlos Calcagno y José Nelson Chialanza no fueron reveladas pues ambos ya habían fallecido al momento del pedido, en 2013 y 2014, respectivamente. Por su parte, la jubilación del sargento retirado Ernesto Soca es de $ 24.245, un monto muy por debajo del de los otros militares procesados, ya que es soldado y no oficial.

Las jubilaciones militares son un complejo cálculo que se basa en los años de servicio, la edad, porcentajes de aporte diferenciado y que incluye una tasa de reemplazo singular. “No existe normativa que regule la suspensión de haberes de retiro a las personas que cumplen pena de penitenciaría como en el caso de los titulares citados cuando revistan en calidad de retirados”, argumentó la Asesoría Jurídica del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en la respuesta de setiembre del 2016 al pedido de información que realizó Búsqueda.

En la respuesta enviada el 17 de enero, la Secretaría de Estado volvió a informar que las retribuciones “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”.

Existe un mecanismo jurídico que permite al Ministerio de Defensa impulsar la quita de hasta dos tercios de la jubilación de militares retirados: la convocatoria a un Tribunal de Honor que juzgue el accionar de estos oficiales retirados (Búsqueda Nº 1.883).

En otros organismos del Estado la situación es diferente. Cuando un policía retirado es procesado, por ejemplo, la suspensión de su jubilación es automática, explicaron fuentes del Ministerio del Interior. En esos casos la familia del involucrado puede hacer un trámite ante la Caja Policial para demostrar que depende de esos ingresos para subsistir y así lograr que se restituya el pago. Indispensable.

Las jubilaciones militares son objeto de debate en el ámbito político. En 2016, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto para los militares retirados. Además, anunció que elaboraría una propuesta para reformar el deficitario Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En 2015, el Ministerio de Economía había autorizado una partida de U$S 344 millones para hacer frente a las obligaciones de la caja militar.

Pese a que Economía consideraba la reforma como “impostergable”, el proyecto nunca fue presentado al Parlamento, mientras que el nuevo impuesto tampoco fue creado. El Movimiento de Participación Popular fue uno de los que trancó la iniciativa legal porque considera que los dos temas deben ser tratados en conjunto.

“Discriminatorio”, “injusto” y “estigmatizante” fueron las palabras usadas por el general del aire (retirado) José Bonilla para definir los planes del Poder Ejecutivo, que obtuvieron un rechazo general por parte de los militares retirados.

Consultado por Búsqueda la semana pasada, el ministro Danilo Astori sostuvo que los cambios a las jubilaciones militares es “uno de los primeros temas” a discutir durante el 2017.

Sobre la reforma de la caja militar, dijo que hay varios Ministerios trabajando en el tema y que no depende solo de su Secretaría de Estado. “Hemos venido avanzando, tenemos un esbozo de propuesta que a la brevedad va a llegar al Parlamento, como a la brevedad esperamos que se apruebe la prestación pecuniaria, para que los pasivos aporten a la reforma de su propia Caja”, explicó.

La aprobación del nuevo impuesto no será sencilla. El Frente Amplio perdió su mayoría en la Cámara Baja y el diputado que abandonó la coalición de izquierda, Gonzalo Mujica, anunció que no está dispuesto a votarlo. Además, los legisladores de la oposición consultados por el oficialismo plantearon que la medida es inconstitucional y adelantaron que no la acompañarán.

Consultado al respecto, Astori dijo que “el Poder Ejecutivo no proyecta cambiarlo”. Y añadió: “La aprobación del tributo es fundamental, por razones fiscales y por la necesidad de reformar la Caja”.

---

La reforma de la Caja Militar es una de las medidas que el gobierno pretende implementar para disminuir el gasto público. En la presentación que el ministro de Economía, Danilo Astori, y su equipo hicieron ayer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados quedó de manifiesto las condiciones de retiro "particulares" que tienen los militares.

Si bien los montos y edades de retiro promedio varían significativamente en función del grado y de la causal jubilatoria, en el documento que acompañó la presentación quedó claro que tanto los oficiales y jefes así como los oficiales superiores se retiran con una jubilación que supera ampliamente tanto el promedio de jubilaciones del Banco de Previsión Social (BPS) como el tope fijado.

El promedio de jubilaciones en el BPS está por debajo de los $20.000 mientras que el tope establecido supera los $50.000. La gráfica que presentó Economía diferencia entre tres jerarquías: el personal subalterno, los oficiales y jefes y los oficiales superiores. Asimismo, dentro cada una de estas categorías jerárquicas diferencia entre quienes hacen un retiro voluntario y quienes se retiran de forma obligatoria por haber llegado a la edad máxima para ejercer la función.

El personal subalterno está dentro de los parámetros de los montos de todo el país. Aquellos que se retiran de forma voluntaria alcanzan el promedio general del BPS y quienes lo hacen de manera obligatoria lo superan, aunque sin llegar al tope establecido.

El caso de los oficiales y jefes ya es distintivo. El retiro voluntario de quienes están comprendidos en esta categoría supera el tope, alcanzando prácticamente los $60.000 pesos, mientras que la jubilación obligatoria promedio de oficiales y jefes llega a los $90.000 aproximadamente.

En tanto, los oficiales superiores llegan a cobrar $120.000 en promedio cuando se retiran por edad, mientras que perciben alrededor de $80.000 cuando lo hacen antes de llegar a esta instancia.

De esta forma oficiales y jefes, y oficiales superiores superan largamente el promedio de haberes de retiro del país y superan con un margen significativo los topes.

El Poder Ejecutivo pretende gravar las jubilaciones castrenses más altas. El impuesto, que reducirá en un 10% la transferencia que realiza Rentas Generales a la caja militar, será progresivo para las jubilaciones castrenses más altas y se regirá por el mismo mínimo no imponible vigente para el IASS.

Edad de retiro

El otro factor que justifica las "condiciones particulares" del retiro militar refiere a la edad en la que los militares se jubilan. La edad de retiro promedio actual es 49 años; 47 cuando el retiro es voluntario y 51 cuando es obligatorio.

En promedio, el personal subalterno se retira con 44 años cuando lo hace de forma prematura y con 50 cuando llega al límite de edad. Oficiales y jefes lo hacen con 49 y 54 respectivamente, mientras que oficiales superiores se retiran con 53 y 57 en cada uno de los casos mencionados.

Proyecto avanzado

El gobierno ya tiene "muy avanzada" la reforma de la caja de jubilaciones militares y la enviará al Parlamento a fines de julio, dijo a El Observador la senadora Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular) la semana pasada. La reforma que se planea aplicar en esa caja apunta directamente a desestimular el retiro de los militares –mayormente del personal superior- que alentados por un régimen jubilatorio que los rige desde 1974, les permite, según el rango, irse de los cuarteles con 20 años de servicio y con menos de 50 años de vida.

El suculento aporte de Rentas Generales

El estado pagó el 85% de los casi $16.000 millones que sumó los egresos y financiamiento al Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) en 2015, mientras que un 15% correspondieron a los aportes personales y patronales. Ese 85% equivale a unos US$ 400 millones. En los últimos diez años la asistencia financiera proveniente de Rentas Generales a la Caja Militar aumentó en un 89%, según Economía.

Viernes 27 • Enero • 2017

Ministerio de Defensa apura conformación de tribunales de honor para quitar jubilación a militares procesados

Con miras a poder corregir las elevadas jubilaciones que cobran muchos militares retirados procesados por delitos cometidos durante la dictadura, el Ministerio de Defensa Nacional ratificó que reactivará la conformación de sus tribunales de honor "lo más rápidamente posible".
José Ignacio Korzeniak, director de Asuntos Jurídicos de la cartera, dijo al diario La República que “no hay ningún mecanismo para impedir que [estos militares] cobren sus jubilaciones. La única forma de modificar esto es que los Tribunales se integren y se expidan rápidamente con fallos condenatorios; no hay otra forma”.
Korzeniak también dijo que se revisará la normativa actual, de 1974, para que estos tribunales se expidan “lo más rápidamente posible” cuando se trate de causas vinculadas a violaciones de derechos humanos. Según recordó, en enero de 2014 el entonces presidente José Mujica y el ministro de aquel entonces, el difunto Eleuterio Fernández Huidobro, habían logrado la conformación de un tribunal de honor para el dictador Gregorio Álvarez, pero este falleció antes de que el tribunal se expidiera.
Según agregó, la lentitud de estos procedimientos “ha generado una reflexión dentro del Ministerio en el sentido de ver la regulación y ver si no ha llegado el momento de revisar el decreto-ley del año 1974 y el decreto que reglamenta los tribunales de Honor”, para así buscar la forma de que estos tribunales "funcionen lo más rápidamente posible cuando se trata de causas de violaciones a los derechos humanos”.