Un colono establecido hace siete años en un predio otorgado por
el Instituto Nacional de Colonización (INC) presentó ayer una denuncia
ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH), ya que permanece “sin agua y sin alambrado perimetral” desde
que se instaló, así como “sin vivienda”. Aunque consiguieron una
financiación desde España para construir casas, denuncia que el INC
“nunca firmó la autorización” que se necesitaba para la llegada de los
fondos. Gustavo Delfín y su familia viven junto a otros dos colonos en
una parte del vivero Alejandro Gallinal, ubicado en Toledo (kilómetro 21
de la ruta 6), “pegado a la Escuela Militar”, en el departamento de
Canelones. Esa parte del predio “fue cedida en comodato” al INC por la
Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP), propietaria del vivero. En 2009 el instituto otorgó en
arrendamiento la tierra a Delfín, que se encontraba ocupando un predio
de una empresa de transporte de carga en Rincón del Cerro, Montevideo,
desde 2002, junto a otros “15 emprendimientos”, ocupación que era
conocida con el nombre de Comuna Tierra. “El vivero es patrimonio
nacional, tiene una UTU, un museo y se pueden articular propuestas
productivas, sociales, cultural y medioambientales”, dijo el colono. Sin
embargo, agregó que la propuesta productiva que le presentaron al INC,
denominada Caprinocultura agroecológica, y que preveía producir quesos
de cabra, no la pudieron llevar adelante debido a la falta de agua. “En
2015 llegamos a tener 80 cabras, pero hay un tema de higiene y
salubridad. Nos conectamos a la bomba de agua del vivero, pero el vivero
la prende para nosotros cada cuatro días. El resto del tiempo tenemos
que acarrear bidones”, explicó Delfín.
El otro punto de la denuncia tiene que ver con la no autorización por parte del INC para la construcción de viviendas en el predio. “Un grupo de Extensión de la Facultad de Arquitectura [Diseño y Urbanismo] de la Universidad de la República hizo los planos de las viviendas para las tres familias, y se había conseguido una financiación para la construcción mediante el Programa Uruguay Integra [iniciativa para promover la cohesión territorial que financiaban la Unión Europea y el Estado uruguayo y ejecutaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto], con un dinero de España. Ese fondo precisaba el permiso del instituto, pero no conseguimos la firma”, dijo el colono. Delfín sostuvo que las autoridades del momento le dijeron que el INC “no estaba para construir viviendas”. El colono contó que se construyó él una vivienda precaria, que tiene residencia en el predio y que en 2011 decidió dejar de pagarle al INC “para comprar cosas para construir y producir”.
Ayer, la familia entregó la documentación a una abogada y una licenciada en Trabajo Social, funcionarias de la INDDHH. Delfín aclaró que lo que más le importa “es lo que viene para adelante”; “mis gurises empiezan facultad, no hay necesidad de tratarnos mal. Ahora, en el campo, con los adelantos que hay, no se puede estar pasando así”, concluyó.
Por su parte, la directora del INC, Jacqueline Gómez, dijo a la diaria que todavía no conoce la denuncia que el colono presentó ante la INDDHH, pero sí está al tanto de cómo el grupo accedió al predio: “Accedieron como el grupo Comuna Tierra; en el corto plazo el proyecto no funcionó, por lo que se tomaron decisiones para ver si se podía trabajar por separado con los colonos, y así llevaron adelante la propuesta por la cual accedieron los que están ahora. Tenían una renta que pagar, pero pagaron el primer tiempo y después ya no cumplieron”. Gómez informó que el 28 de diciembre, después “de algunas dificultades con el manejo de la bomba de agua que gestionan los funcionarios del MGAP”, se colocaron caños para que llegaran al predio, “se hicieron las conexiones, se colocaron las llaves de paso y distribución de agua, pero en una de las viviendas se compró un tanque para un depósito, que no se pudo colocar porque no se tenía la seguridad de que la infraestructura aguantase”. “Están todas las conexiones, pero hay que hacer una torre para poner el tanque, para dar mayor presión. Está resuelto y son inversiones del INC, a pesar de que no son tierras del instituto. Los colonos lo podían haber hecho con recursos propios, porque cuando se trata del agua o del alambrado perimetral los gastos se descuentan de las rentas, ya que el INC considera que es una mejora que queda en el predio”, explicó.
El otro punto de la denuncia tiene que ver con la no autorización por parte del INC para la construcción de viviendas en el predio. “Un grupo de Extensión de la Facultad de Arquitectura [Diseño y Urbanismo] de la Universidad de la República hizo los planos de las viviendas para las tres familias, y se había conseguido una financiación para la construcción mediante el Programa Uruguay Integra [iniciativa para promover la cohesión territorial que financiaban la Unión Europea y el Estado uruguayo y ejecutaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto], con un dinero de España. Ese fondo precisaba el permiso del instituto, pero no conseguimos la firma”, dijo el colono. Delfín sostuvo que las autoridades del momento le dijeron que el INC “no estaba para construir viviendas”. El colono contó que se construyó él una vivienda precaria, que tiene residencia en el predio y que en 2011 decidió dejar de pagarle al INC “para comprar cosas para construir y producir”.
Ayer, la familia entregó la documentación a una abogada y una licenciada en Trabajo Social, funcionarias de la INDDHH. Delfín aclaró que lo que más le importa “es lo que viene para adelante”; “mis gurises empiezan facultad, no hay necesidad de tratarnos mal. Ahora, en el campo, con los adelantos que hay, no se puede estar pasando así”, concluyó.
Por su parte, la directora del INC, Jacqueline Gómez, dijo a la diaria que todavía no conoce la denuncia que el colono presentó ante la INDDHH, pero sí está al tanto de cómo el grupo accedió al predio: “Accedieron como el grupo Comuna Tierra; en el corto plazo el proyecto no funcionó, por lo que se tomaron decisiones para ver si se podía trabajar por separado con los colonos, y así llevaron adelante la propuesta por la cual accedieron los que están ahora. Tenían una renta que pagar, pero pagaron el primer tiempo y después ya no cumplieron”. Gómez informó que el 28 de diciembre, después “de algunas dificultades con el manejo de la bomba de agua que gestionan los funcionarios del MGAP”, se colocaron caños para que llegaran al predio, “se hicieron las conexiones, se colocaron las llaves de paso y distribución de agua, pero en una de las viviendas se compró un tanque para un depósito, que no se pudo colocar porque no se tenía la seguridad de que la infraestructura aguantase”. “Están todas las conexiones, pero hay que hacer una torre para poner el tanque, para dar mayor presión. Está resuelto y son inversiones del INC, a pesar de que no son tierras del instituto. Los colonos lo podían haber hecho con recursos propios, porque cuando se trata del agua o del alambrado perimetral los gastos se descuentan de las rentas, ya que el INC considera que es una mejora que queda en el predio”, explicó.
>>> ANP mensaje de la Mesa Nacional de Colonos del Uruguay
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