>>>¿Quién es el Coronel Eduardo Ferro?
La Justicia declaró el pasado lunes el cierre de fronteras y la detención para el exmilitar.
>>> Prontuario: Eduardo Ferro, Torturador Impune
Plenaria Memoria y Justicia
Prontuario de un Torturador
Divorciado.
C.I. 1.113. 451 -7.
Alias: "Oscar", "Guillermo" "El Toto".
Nació en Montevideo el 10 de abril de 1947. Gran parte de su adolescencia y juventud transcurrió en la zona de El Prado.
Último domicilio conocido: Barrio Pinares, calle OCTANTE 29 S/N - COD.POSTAL 32113
En 1964 ingresó al ejército como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después realizó un curso en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y dependiente del Ejército de los EE.UU. De los datos biográficos consignados en el libro "A todos ellos - Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos", surge que en 1967 Ferro egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo.
En 1975, ya en dictadura, pasa a desempeñar "tareas" en el Organismo
Coordinador de Operaciones Antisubersivas (O.C.O.A.) y en el centro clandestino de detención y torturas ubicado en los fondos del Batallón Nº 13 de Montevideo, llamado "300 Carlos". Esta dependencia clandestina e ilegal funcionó antes en una casa ubicada frente a la rambla de Punta Gorda y allí también estuvo Ferro.
En el año 1977 operó en Argentina. En noviembre de 1978, otra vez en el marco del Plan Cóndor, participó del secuestro de dos militantes del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz junto a los dos hijos de Lilián, de sus domicilios en la ciudad de Porto Alegre. Esta familia se salvo de ser asesinada gracias a la movilización y denuncias internacionales realizadas por el abogado Jair Krischke y el Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre. Esa denuncia derivó en el único juicio que finalizó con una condena en Brasil a los participantes de un operativo realizado en el marco del Plan Cóndor.
Pero Ferro demostró luego que su patología era grave. Durante un tiempo el secuestrador persiguió y acosó a Celiberti por todo Montevideo, pretendiendo mantener con ella una relación amorosa. Harta de la situación la valiente mujer citó al militar en un bar y en presencia de muchas personas lo abofeteó reiteradamente provocando la huida del cobarde sujeto.
Luego fue jefe de operaciones de la Compañía de Contrainformación e integrante del Departamento III del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID). Y después de la dictadura perfeccionó su currículo realizando cursos de paracaidismo (1986), de inteligencia en Alemania (1989); de seguridad electrónica (1991); de información ante problemática de drogas; y, ya en 1997, de buzo táctico militar. Ferro reside en la parada 36 del barrio Pinares de Maldonado y se desplaza en una camioneta 4x4 Ford Ranger, gris metalizado, con vidrios polarizados y cuya matrícula es SAD-3871 - Uruguay, registrada en la Intendencia Municipal de Montevideo. Suele acompañarlo un gran perro ovejero-alemán.
Involucrado
en los casos de:
Una investigación realizada en el año 2002 por el periodista Roger Rodríguez - publicada en el matutino La República - sobre las circunstancias en que fue asesinada María Claudia Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, demostró que Ferro fue partícipe en el crimen de la joven argentina.
Después de proporcionar detalles sobre la denominada "base Valparaíso", ubicada en la calle Francisco de Medina 1525 bis, muy cerca del zoológico de Villa Dolores, el periodista reconstruyó en base a sus fuentes, el momento en que la joven mujer ya despojada de su hija recién nacida fue entregada a quienes finalmente, la asesinarían. "La vida de María Claudia y la disposición de su cuerpo quedó en manos de otros cuatro hombres, también presentes. El policía Ricardo "Conejo" Medina y el capitán de Ejército Ricardo Arab. quienes la habrían traído, y los oficiales Ernesto Rama y Eduardo Ferro, quienes ya sabrían qué y dónde hacerlo.
El ex presidente Jorge Batlle tiene detalles sobre lo que ocurrió aquel día en la Base Valparaíso, ya que le confió al senador Rafael Michelini que el
"Conejo" Medina había asesinado a María Claudia. También ha trascendido que su cuerpo fue enterrado en el Batallón de Infantería 13. Allí estaría aún su tumba", relató Rodríguez. Que precisamente es lo que están buscando antropólogos uruguayos y argentinos desde que asumió Tabaré Vázquez como presidente.
EL
VENDEDOR DE IMPUNIDAD
El 4 de diciembre de 1998, el semanario Brecha sostuvo que "tras la austera fachada de una agencia privada de seguridad funciona un "equipo" que vende una amplia gama de servicios. Entre ellos, y para quien pueda pagarla, vende "tranquilidad" al cliente en conflicto con la ley". La agencia a que refiere Brecha era "Federal Seguridad", cuyos socios eran entre otros el empresario radial Miguel Sofía, acusado de integrar "el Escuadrón de la Muerte" que funcionó en Uruguay a principio de los años 70 y asesinara a varias personas. Luego también fue socio el contrabandista Washington Resola, quién tuviera un importante papel en la caída del ex Director de Aduanas, Víctor Lissidini. La investigación de Brecha, a cargo de los periodistas Ivonne Trías y Carlos Amorín, aseguraba que "el grupo está formado por altos oficiales militares y por civiles, algunos de ellos con antecedentes policiales, y funciona como petit comité secreto dentro de la empresa; esto es, no puede afirmarse que todos los integrantes de la misma participen del grupo. Enterado de las dificultades de un empresario con la Dirección General Impositiva (DGI), por ejemplo, el grupo se ofrece a intermediar, cobrando fuertes sumas de dinero y bienes y asegurando la solución al problema. Este modo operativo, similar al de la mafia, tiene la particularidad regional de contar con la participación asesora o ejecutiva de militares que revistaron en las filas de Inteligencia del Ejército". Uno de ellos era el coronel Ferro, quien nuevamente adquiría un papel protagónico en actividades delictivas.
PROMOTOR
DE LA LEY DE CADUCIDAD.
En diciembre de 1986 cuando el Senado de la República discutía el entonces proyecto de Ley de Caducidad, el Senador Luis Senatore dijo a sus pares que al recuperar la democracia uno de los primeros citados por la Justicia Penal fue el coronel Eduardo Ferro, junto a otros militares, para responder por el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. El juez Angel Ruibal los citó en dos oportunidades, pero los militares resistieron la convocatoria. Poco después surgió la frase del entonces Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Hugo Medina : "Las citaciones están guardadas en mi caja fuerte". No es ocioso sostener entonces que la Ley de Caducidad surgió para darle impunidad a Eduardo Ferro, entre otros. Tan importante era en el esquema de represión ilegal que vivió el país. De la condena social NO podrán escapar!!!
Ingresó como Jefe de Vigilancia con un salario de 14.000 pesos y en julio del 2005 pasó a ocupar el cargo de Gerente sustituyendo a Ramón de Izequillas, quien fue contratado como asesor en Turismo del gobierno municipal del momento.
Después de recibir varias denuncias de empleados y ex empleados del hotel, identificando al militar retirado como responsable de "acciones violentas" contra ellos.
En de sus acciones acusó a uno de ellos por robo, pero sin denunciarlo en la Justicia, allanó su casa, lo tomó del cuello y profirió varias amenazas.
Otros funcionarios dijeron "sentirse vigilados" por el ahora ejecutivo hotelero y circula la versión de que "realiza escuchas telefónicas clandestinas".
Debido a todas estas denuncias el Torturador fue obligado a renunciar.
El Sábado 28 de Mayo de 2011 se realizó un escrache a Eduardo Ferro en Maldonado. La Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado, y Plenaria Memoria y Justicia convocaron a movilizarse hacia el barrio Pinares donde vive el torturador.
Se realizó una caravana por la justicia que partió en buses desde Montevideo, para encontrarse en Maldonado con la concentración que partió colocando carteles y pancartas señalando a Eduardo Ferro como torturador impune.
>>> Escrache a Ferro 28 5
.
Se busca
La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, libró el lunes
una orden de captura nacional e internacional para el coronel Eduardo
Ferro, después de que este indagado en la causa que investiga el
secuestro y la desaparición de Óscar Tassino Astiazu no fuera ubicado
por la Policía para ser conducido a declarar ante la magistrada. Según
fuentes de la diaria, la Policía intentó ubicarlo en su último
domicilio conocido, en la zona de Pinares, en Maldonado, pero el militar
retirado no estaba o “se escondió”. El juicio se inició en 1985, pero
quedó comprendido dentro de la ley de caducidad; fue reiniciado el 27 de
noviembre de 2011. Según los testimonios aportados a la causa, Tassino
fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo
Tajes 6632 y luego llevado al centro clandestino de detención y tortura
La Tablada o “300 Carlos”.
El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández explicó a la diaria que Sánchez pidió la conducción de Ferro debido a que “no se había presentado a una audiencia anterior”. “En ese momento Ielsur pidió las medidas cautelares de cierre de fronteras y de conducción, la fiscalía estuvo de acuerdo y la jueza también. Eso se tenía que efectivizar el lunes, pero Ferro no se presentó y no fue ubicado en los lugares habituales, y por consiguiente la doctora Sánchez decretó una orden de captura nacional e internacional”, agregó el representante legal de los denunciantes. Fernández contó que Ferro había comparecido anteriormente sólo por escrito, “presentando recursos de inconstitucionalidad y prescripción, que son los que presentan las defensas de los militares en este tipo de expedientes, y por ese motivo este expediente se había retrasado en su diligenciamiento cerca de dos años”. Pero Ferro nunca se presentó personalmente a declarar. El otro indagado en la causa, Jorge Pajarito Silveira, sí acudió cuando le tocó declarar, también conducido, pero porque está cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena.
El mismo lunes, Ielsur emitió un comunicado en el que informa que, además de la causa citada, Ferro es investigado también “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez, “entre otras”. Ielsur “exige a las autoridades policiales correspondientes la máxima diligencia y esfuerzo para la ubicación, detención y conducción del Coronel (r) Eduardo Ferro ante los estrados judiciales para que sea juzgado de acuerdo con las garantías del estado de derecho” y recuerda “a las autoridades” la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo en el caso Gelman, “teniendo presente además, que han pasado más de 40 años sin que se le brinde a las familias de las víctimas de terrorismo de Estado respuesta a sus casos trágicos”.
Según pudo saber la diaria, Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y la Plenaria Memoria y Justicia realizaron un escrache en su casa de Pinares. Ahora el militar retirado es buscado por Interpol para ser conducido ante la jueza Sánchez.
El espía de la democracia
Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha (24/02/16) de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) a la que accedió el semanario, y que actualmente es analizada en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El archivo de inteligencia militar fue encontrado en un allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni. Según Brecha, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la DGID, lo que está consignado en su legajo personal, un documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército. La nota del semanario también asocia a Ferro con un oficial denominado “Guillermo” que, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID, ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la compleja red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.
El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández explicó a la diaria que Sánchez pidió la conducción de Ferro debido a que “no se había presentado a una audiencia anterior”. “En ese momento Ielsur pidió las medidas cautelares de cierre de fronteras y de conducción, la fiscalía estuvo de acuerdo y la jueza también. Eso se tenía que efectivizar el lunes, pero Ferro no se presentó y no fue ubicado en los lugares habituales, y por consiguiente la doctora Sánchez decretó una orden de captura nacional e internacional”, agregó el representante legal de los denunciantes. Fernández contó que Ferro había comparecido anteriormente sólo por escrito, “presentando recursos de inconstitucionalidad y prescripción, que son los que presentan las defensas de los militares en este tipo de expedientes, y por ese motivo este expediente se había retrasado en su diligenciamiento cerca de dos años”. Pero Ferro nunca se presentó personalmente a declarar. El otro indagado en la causa, Jorge Pajarito Silveira, sí acudió cuando le tocó declarar, también conducido, pero porque está cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena.
El mismo lunes, Ielsur emitió un comunicado en el que informa que, además de la causa citada, Ferro es investigado también “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez, “entre otras”. Ielsur “exige a las autoridades policiales correspondientes la máxima diligencia y esfuerzo para la ubicación, detención y conducción del Coronel (r) Eduardo Ferro ante los estrados judiciales para que sea juzgado de acuerdo con las garantías del estado de derecho” y recuerda “a las autoridades” la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo en el caso Gelman, “teniendo presente además, que han pasado más de 40 años sin que se le brinde a las familias de las víctimas de terrorismo de Estado respuesta a sus casos trágicos”.
Según pudo saber la diaria, Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y la Plenaria Memoria y Justicia realizaron un escrache en su casa de Pinares. Ahora el militar retirado es buscado por Interpol para ser conducido ante la jueza Sánchez.
El espía de la democracia
Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha (24/02/16) de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) a la que accedió el semanario, y que actualmente es analizada en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El archivo de inteligencia militar fue encontrado en un allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni. Según Brecha, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la DGID, lo que está consignado en su legajo personal, un documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército. La nota del semanario también asocia a Ferro con un oficial denominado “Guillermo” que, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID, ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la compleja red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.
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