26 abril 2019
La calidad de las fuentes de agua en Uruguay, otrora un orgullo para la nación, se encuentra en un estado de fragilidad tal, que hace imposible la aplicación de lo establecido en la Constitución de la República: El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales, según el Artículo 47 de la Carta Magna.
Las causas de esta fragilidad se pueden encontrar en: 1) las contaminaciones puntuales como es el vertido -a los arroyos y ríos- de los desechos de ciudades, el vertido de desechos de industrias, como frigoríficos y tambos, etc. y 2) las llamadas contaminaciones difusas que se refieren al actual modelo productivo con el que el país -y también la región- se han comprometido, fomentando la producción agrícola a gran escala mediante la aplicación de tecnologías de dudosa o nula sustentabilidad.
Para comenzar quizá sea oportuno tener en cuenta que el tema ambiental, como cuestión de Estado, surge en los países de la región recién a partir de las rondas preparatorias de Río ´92 (Agenda 21), período en que se institucionaliza la “autoridad ambiental” a nivel país (ej. Dinama, Canama, Ibama,, SAyDS).
Pero detrás, ¿existe en realidad una política ambiental de Estado? La respuesta es no. La imposición emanada de los acuerdos de estas rondas, se antepusieron al surgimiento de una conciencia ambiental genuina, tanto individual como colectiva. Un reflejo de ello ha sido –y es– los escasos recursos presupuestales asignados, la falta de estímulo a la capacitación de recursos humanos idóneos, la persistencia de vacíos legales en relación con los bienes comunes, el uso de indicadores de desarrollo sesgados como el PIB, entre otros ejemplos.
De ahí, la imperiosa necesidad de subvertir esta realidad que perdura aún casi 30 años después de Río ´92. Un primer y fundamental paso es contabilizar los costos del crecimiento. Los bienes ambientales al ser valores de uso, no están en las cuentas nacionales. El valor de los bienes y servicios producidos (PIB) no incluye, por ejemplo, los servicios ecosistémicos.
No olvidemos que la Naturaleza no tiene recursos. Es la economía quien le asigna tal estatus, al dotar de valor de intercambio a un determinado componente ecosistémico. Pero no se lo asigna al pasivo ambiental (impactos negativos, degradaciones) generado en su extracción-explotación. El discurso no cambia la realidad. Sólo conociendo los costos del crecimiento, podrá avanzarse hacia una política ambiental de Estado.
¿Progreso?
El concepto de progreso o desarrollo ha empañado la toma de decisiones. Intentan confundirnos una y otra vez con fórmulas mágicas para acabar con el hambre en el mundo argumentando que la producción de alimentos no alcanza a la población mundial.
Bajo ese argumento se esconde el hecho que llenan territorios de plantaciones que solo buscan mayores ganancias en dinero para quienes las llevan adelante, pero no consisten en producir para elevar la calidad de vida de los habitantes del territorio donde se llevan adelante o producir alimentos (¿un ejemplo?, nosotros no comemos eucaliptos o pinos y su extensión territorial es cada vez mayor).
La aplicación de este tipo de modelo ha provocado un cambio en el uso del suelo, el que implica – además de transformaciones sociales y culturales- un uso intensivo de fertilizantes y agrotóxicos a los que la escorrentía transporta hacia los cursos de agua, provocando su contaminación.
Extractivismo, ¿a qué nos referimos?
Extractivismo se refiere a una forma de encarar la producción, lo que centra la discusión en el cambio en el uso del suelo y sus impactos. Este cambio trae aparejado un fuerte des-ordenamiento del territorio ya que uno de los razonamientos -impulsado por una arraigada tecnocracia- ha sido que un suelo produce algo de valor económico o no sirve, lo que implica hacer lo que sea para aumentar las toneladas de producto por hectárea, sin medir los daños irreparables en suelos y aguas. En este enfoque, un suelo “sirve” en tanto se puede obtener mucho dinero de su explotación (atendamos al concepto de “explotación” de un suelo, no es mera casualidad).
Es llamativo cómo se ignora la diversidad de servicios ecosistémicos que la naturaleza nos regala: absorción, retención y depuración de agua, captura de carbono, regulación del intercambio energético entre la atmósfera y el suelo, mantenimiento de la biodiversidad, control de los procesos de formación de suelos, etc. Estos “servicios” se cumplen con suelos esponjosos y no con suelos degradados o compactados por las prácticas de esta modernidad.
Agroquímicos/agrotóxicos y globalización
En las últimas décadas, la formación de los profesionales de la ingeniería agronómica se ha apoyado en el uso sistemático de agrotóxicos, dado los modelos agrícolas impuestos desde los centros de poder.
En una alta proporción, el asesoramiento profesional se centra en la aplicación de los llamados “paquetes tecnológicos”, que no son más que la aceptación de las presiones de la poderosa industria química para imponer sus semillas, sus fertilizantes y sus insecticidas/fungicidas.
¿Y el agua?
Los ecosistemas acuáticos, son resultado del material que reciben del exterior, de lo que se produce dentro del ecosistema y de aquello que se descompone y recicla. Por tanto, el incremento de los aportes de material orgánico y nutrientes (especialmente fósforo y nitrógeno) -producto de las actividades humanas en la cuenca- resulta en su acumulación por encima de la capacidad de reciclaje del ambiente. Dicho exceso, se transporta aguas abajo, favoreciendo así el crecimiento de algas y cianobacterias.
Se ha descrito que el aumento del aporte de nutrientes a los cuerpos de agua, fenómeno conocido como eutrofización, ya sea por el vertido directo de efluentes industriales y domésticos así como del aporte indirecto de fertilizantes aportados por escorrentía de campos agrícolas, afecta negativamente la calidad de agua. Por tanto, el control de la eutrofización y de la presencia de organismos nocivos para la salud debe estar focalizado en la disminución de las cargas de fósforo y nitrógeno al ambiente, para lo cual los tomadores de decisiones debieran actuar con urgente firmeza.
* Ingeniera Agrónoma y Docente. Diplomada en Gestión de Políticas Ambientales
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