La mesa directiva de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) emitió una carta este viernes en donde acusa a la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) de “nunca” convocar a “apoyar” sus medidas.
“Después de varias reuniones donde vimos que la federación iba por un camino distinto y que además lo dejaba claramente expuesto delante de las autoridades del gobierno”, Afuncag decidió dejar de trabajar junto con la FUS; “no pudimos hacerlos entender nuestro punto de vista ni hacer que respetaran la decisión” de “mantener” la fuente laboral “abierta” y “luchar por ella”.
“Parece que si la decisión no es lo que la federación considera que debemos decidir, entonces no solamente nos deja solos en la lucha, sino que la boicotea”, manifestaron.
En este sentido, el gremio de la mutualista sostuvo que las deudas de Casa de Galicia “son importantes, pero el movimiento sindical ha luchado por empresas con muchas más deudas. Aquí estamos hablando de un centro de salud, de trabajadores de la salud, en el medio de una pandemia, con muchos compañeros contagiados y una enorme falta de personal”, expresan en el documento.
“Venimos aquí a pedir el apoyo de esta dirección nacional, a hacer oír nuestra voz, a exigir respeto a las decisiones de nuestra asamblea”, añade el comunicado, en referencia a la dirección de la FUS.
Los funcionarios de la mutualista atraviesan “la peor crisis que le puede pasar a cualquier trabajador”, que es la pérdida de su fuente de trabajo.
“Necesitamos el apoyo de todos ustedes, si no lo tenemos, ¿entonces cuál es el objetivo de tener una federación de sindicatos de la salud privada?”, cuestionaron. Para finalizar, sostuvieron que “el objetivo” es “la unidad, la lucha y la solidaridad. Hoy, aquí y en nombre de nuestros compañeros, venimos a pedirles que cumplan con esos principios”, expresaron.
Montevideo Portal
Este viernes se reunió la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), y aprobó una resolución en la que “avala lo actuado por el Consejo Central en la lucha por la recuperación de todos los puestos de trabajo perdidos ante el cierre judicial decretado el 23 de diciembre sobre esa institución y entiende que la propuesta aprobada por mayoría en el Consejo Central del pasado 10 de enero es un camino que permite alcanzar dichos objetivos”.
Por su parte, la mesa directiva de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) presentó este viernes una carta en la dirección de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) en la que dice que esta organización “nunca” convocó a “apoyar” sus medidas.
“Después de varias reuniones donde vimos que la federación iba por un camino distinto y que además lo dejaba claramente expuesto delante de las autoridades del gobierno”, Afuncag decidió dejar de trabajar junto con la FUS; “no pudimos hacerlos entender nuestro punto de vista ni hacer que respetaran la decisión” de “mantener” la fuente laboral “abierta” y “luchar por ella”.
“Parece que si la decisión no es lo que la federación considera que debemos decidir, entonces no solamente nos deja solos en la lucha, sino que la boicotea”, manifestó el sindicato de Casa de Galicia, que además propuso la realización de una asamblea general de la FUS, propuesta que no contó con los votos necesarios para su aprobación.
El viernes pasado, la mesa interina de Afuncag emitió un comunicado en el que informan que el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, no los representa y solicitan que no sea parte de las negociaciones, charlas o medidas sindicales futuras.
En la resolución de este viernes, “la dirección nacional de FUS [integrada por Bermúdez] expresa su total solidaridad con los gremios de nuestra Federación en conflicto, especialmente con las y los trabajadores de Casa de Galicia, y del Casmu que sufren persecución y despidos arbitrarios”.
Paro y acto
El primer punto de la resolución aprobada este viernes por la dirección nacional de la FUS “reafirma que el objetivo central del actual momento político es conquistar la victoria del sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC en el plebiscito del próximo 27 de marzo”.
“Por ello que compromete todos los esfuerzos de los sindicatos de base de FUS en esa tarea”, agrega en el segundo punto del documento al que accedió Montevideo Portal.
En tercer lugar, resuelve “la realización de un acto a nivel nacional con movilización en Montevideo el próximo martes 22 de febrero en la puerta del MSP y en solidaridad con la lucha de los trabajadores de Casa de Galicia por la recuperación de sus puestos de trabajo, junto a los trabajadores del Casmu que luchan contra una patronal sumamente represora y por el reintegro de los dos dirigentes sindicales despedidos en Asisper Salto”.
En ese sentido, propone “paro de 8 a 15 para Montevideo, con concentración hora 9 en el Obelisco y posterior acto hora 11 en la puerta del MSP”, y agrega que en el interior del país cada sindicato dispondrá las medidas que mejor entienda para participar de dicha movilización”.
En el cuarto punto, “la dirección nacional de la FUS avala lo actuado por el Consejo Central en la lucha por la recuperación de todos los puestos de trabajo perdidos ante el cierre” de Casa de Galicia, y en quinto lugar expresa su “solidaridad”.
En sexto lugar, “la dirección nacional de FUS expresa su enorme preocupación ante la expansión de los contagios de la nueva variante Omicron y reclama al MSP [Ministerio de Salud Pública] extreme las medidas necesarias para enfrentar este nuevo avance de la pandemia”.
Además, reafirma el apoyo de la federación “a la lucha de los trabajadores de Antel en defensa de la empresa pública”: “nos solidarizamos con su sindicato, Sutel, en el camino de enfrentar todo intento de privatizador del actual gobierno”.
“Hacemos un llamado a la unidad de todas y todos los trabajadores de la salud privada para vencer en la campaña por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC, enfrentando un gobierno neoliberal que responde a los intereses de las clases dominantes y por la recuperación de todos los puestos de trabajo para los trabajadores no médicos de Casa de Galicia, en solidaridad con los trabajadores de Casmu que luchan contra una patronal represiva y por el reintegro de los dirigentes sindicales despedidos de Asisper Salto”, concluye la resolución, que cierra con el siguiente mensaje: “El 27 de marzo, el pueblo vencerá”.
Montevideo Portal
La mesa interina de la Asociación de funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) emitió un comunicado este viernes al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez. En la carta, informan que no quieren que Bermúdez sea parte de las negociaciones, charlas o medidas sindicales futuras.
Los funcionarios de Casa de Galicia tomaron esta medida en función de que no se sienten "respaldados" por el secretario general ni por la mayoría del consejo central de la FUS. "Al dejar claros nuestros objetivos, de igual manera se siguió imponiendo un planteamiento que no era el deseo de los trabajadores", manifestaron.
Así, aclararon que la resolución "no fue espontánea ni tomada a la ligera", sino que se resolvió solicitar respaldo al secretariado del PIT-CNT "como consecuencia de todas las razones que mencionamos con anterioridad". Esto se realizó por mayoría en la asamblea del colectivo de trabajadores agremiados, que se realizó el pasado jueves 27.
"Para concluir, desde el día 28 de enero Afuncag realizará las negociaciones pertinentes con respaldo del PIT-CNT y los funcionarios agremiados de Casa de Galicia", aseveraron.
Montevideo Portal
>>> Resistiendo
El Poder Ejecutivo acordó con el Frente_Amplio proyecto de ley sobre futuro de asociados y trabajadores de Casa de Galicia. Trabajadores se reúnen hoy con Ministro Dr Daniel Salinas
La lenta agonía de una de las instituciones mutuales más reconocidas del país se dirime en paralelo en mesas de negociación colectiva, en internas sindicales, en juzgados civiles y en ámbitos legislativos.
Un empresario asediado por los acreedores, que sufrió dos accidentes cerebrovasculares luego de desafiar al ministro de Salud en el Parlamento. Una intervención del Poder Ejecutivo tumbada por un juez. Una brecha en la interna del sindicato de funcionarios de la salud. Una huelga de hambre que lleva diez días sin mayores consecuencias. La situación de Casa de Galicia ha enfrentado varias situaciones límites durante el último año. No es para menos –se dirá– al tratarse de la caída de una de las instituciones mutuales con más historia en el sistema de salud uruguayo. Pero, esta semana, se registraron algunas señales determinantes de lo que –al menos para el gobierno, para los médicos y para la oposición– parece ser una liquidación irreversible.
El lunes 31 de enero una filial del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y una del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) se reunieron con autoridades de los ministerios de Trabajo, Salud y Economía. Los representantes del gobierno reafirmaron allí su intención de terminar con la actividad de la empresa y redistribuir a sus más de 40 mil socios en cuatro mutualistas de Montevideo como única alternativa ante la debacle de la institución. En consecuencia, transmitieron su decisión final de enviar al Parlamento un proyecto de ley con el objetivo de facultar al Poder Ejecutivo para hacer efectiva la medida y se comprometieron a preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.
La salida planteada por el gobierno fue recibida sin mayores crispaciones por el sindicato médico, que se dispone ahora a negociar los términos de la medida en cuanto a las fuentes laborales. Fue acompañada también por la oposición partidaria: el Frente Amplio (FA), si bien propone algunos agregados, acuerda en lo esencial. Incluso, en su momento fue vista con buenos ojos por la dirigencia de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). El gremio madre de los funcionarios de la salud privada, no obstante, se granjeó la antipatía del núcleo de funcionarios sindicalizados de Casa de Galicia por esta actitud. Los trabajadores no médicos de la mutualista juzgan que la posición de la FUS en el conflicto representó una concesión a la decisión gubernamental que no garantiza la permanencia de la totalidad de las fuentes laborales. La presidenta actual de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), Alejandra Mariño, y un representante de los socios de la mutualista se encuentran en huelga de hambre desde el 25 de enero.
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Durante 2020 el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya había determinado la liquidación de la mutualista Comett, de Treinta y Tres. La medida se tomó luego de que la Junta Nacional de Salud (Junasa) evaluara el desempeño de las instituciones mutuales en todo el país. Mediante este proceso se llegó a la conclusión de que existía un núcleo de cuatro empresas en situación crítica. Comett era la que, a juicio de las autoridades, presentaba los peores indicadores. En setiembre de ese año el MSP dispuso su intervención y algunos meses después determinó el cierre de actividades. «No hay ningún riesgo en ninguna institución, exceptuando Comett», había dicho el ministro Daniel Salinas en ocasión de la intervención.
Pero al año siguiente, a partir de inquietudes surgidas en la interna de la Junasa, la cartera colocó veedores en las tres mutualistas restantes (CASMU, Asociación Española y Casa de Galicia), cuyo desempeño económico ha sido catalogado como negativo y que a la vez habían sido beneficiarias del Fondo de Garantía IAMC (Instituciones de Asistencia Médica Colectiva). El ministerio argumentó que la medida estaba orientada a detectar «desvíos» en relación con los planes de reestructura que cada una de esas empresas había proyectado para salir del pozo. Los informes fueron declarados reservados por el ministerio. Más tarde, Brecha publicó el contenido de los documentos (véase «Tres tonos de rojo», 5-X-21), en los que se detallaba que Casa de Galicia presentaba el peor panorama dentro de las instituciones en situación crítica.
A mediados de octubre, la noticia tomó por sorpresa solo a los desprevenidos: Casa de Galicia anunció en un comunicado que se presentaba a concurso de acreedores. En junio de ese año, la institución había solicitado un nuevo préstamo a través del Fondo de Garantía IAMC por 12 millones de dólares, pero las autoridades no respondieron la solicitud; el caudal de socios de la institución continuaba en plena sangría y la deuda acumulada sobrepasaba los 70 millones de dólares. La directiva de la institución en ese momento –encabezada por el empresario colorado Alberto Iglesias– listó una serie de críticas dirigidas al MSP, al que hacían parte responsable del deterioro económico de la empresa.
Hacia fines de octubre –en tren de sorpresas–, el ministerio decretó la intervención de Casa de Galicia. Era la tercera intervención en 20 años. Esta vez se determinó el reemplazo de sus directivos por una comisión interventora de tres miembros, por el plazo máximo de un año. Con información de primera mano respecto a los números rojos de la institución –producto del sigiloso trabajo de los veedores y de un trabajo conjunto con el Ministerio de Economía–, el ministro Salinas dijo en conferencia de prensa que se trataba de una medida «de fuerza mayor», tomada con el objetivo de «evitar que la institución desemboque en el cese de sus prestaciones». La gestión de Iglesias, según dio a entender el ministro, no daba señales de lograr revertir los gigantescos problemas económicos que ponían en peligro «la institución, su identidad, la calidad asistencial a sus socios y la protección de las fuentes laborales». Salinas destacó que tanto la historia de Casa de Galicia como su vínculo con la comunidad gallega y el rol preponderante que juega en la zona noroeste de Montevideo eran de una importancia estratégica dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
La respuesta de Iglesias contra Salinas fue furibunda; sus ataques –en ocasiones fuera del protocolo– llegaron a ámbitos parlamentarios. Pero el empresario no logró mantener su versión a flote: fue desplazado de los ámbitos de decisión y por esos días sufrió severos reveses de salud. El ministro recibió apoyo del FA y del SMU, y la intervención no causó mayores críticas de ninguno de los actores relevantes del sistema. Sin embargo, quedó trunca. La crisis institucional de la mutualista se estaba dirimiendo, en paralelo, en el Juzgado Letrado de Concursos de Primer Turno. Desde ese ámbito, el juez Leonardo Méndez decretó el «concurso voluntario» de la mutualista a mediados de noviembre, lo cual era una medida que se superponía a la decisión del Ejecutivo y significaba que el ministerio debería ceder la titularidad de la intervención a la Liga de Defensa Comercial, competente en estos casos. A principios de diciembre, luego de varias escenas de disconformidad entre el ministerio y el juzgado (en torno a las formas que debería tomar el proceso), el MSP cesó formalmente su intervención y el camino para el concurso de acreedores –solicitado originalmente– quedó despejado.
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Las reacciones a la cada vez más factible liquidación de la mutualista fueron disímiles. Una vez emitida la decisión judicial, tres problemas asomaban en el horizonte: qué pasaría con las fuentes laborales, cuál sería la suerte de los socios de la mutualista y quién se haría cargo de los servicios que la institución dejará de prestar (así como de sus instalaciones). El gobierno comenzó, entonces, una negociación con los gremios médicos (el SMU y el SAQ), los gremios de los funcionarios (la FUS y la Afuncag) y con la bancada de legisladores de la oposición. Más tarde asomarían incluso discrepancias dentro de la propia coalición. La propuesta del Ejecutivo se inclinó, desde el principio, a distribuir tanto a los trabajadores como a los socios en otras instituciones del SNIS y no mostró interés en que el Estado absorbiera los servicios de la mutualista –salvo manifestaciones a favor de esta opción por parte del presidente de la Administración de los Servicios de Salud el Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.
Con relación a las fuentes laborales, el talante de los gremios médicos fue acompañar desde un principio las decisiones del ministerio y de la justicia, siempre y cuando se lograra preservar los puestos. Se estima que hay alrededor de 700 funcionarios médicos en la institución. Habría que recordar que los médicos y practicantes de Casa de Galicia (pertenecientes al SMU) tenían un historial reciente de enfrentamiento con las autoridades del directorio desplazado, en virtud de adeudos salariales. La relación del sindicato médico con Iglesias, en particular, era visiblemente conflictiva.
La Afuncag, por su parte, mantenía una relación cercana con el expresidente del directorio. Inicialmente, la cúpula de la FUS (encabezada por Jorge Bermúdez y Soraya Larrosa) y la dirección de la Afuncag (presidida entonces por Flor Costanzo) adoptaron una postura distante de los planteos del MSP. Los funcionarios destacaban, cada vez que tenían la oportunidad, que sus relaciones con Iglesias eran correctas y que la institución nunca mantuvo deudas con los trabajadores no médicos. Esta posición los distanció de una acción coordinada con el núcleo del SMU. No obstante, a medida que los planteos de Iglesias eran sepultados en el ámbito político, los funcionarios fueron acercando posturas con los planteos del ministerio.
Hacia finales de diciembre del año pasado, la FUS observó que la liquidación era inminente y aceptó la propuesta gubernamental de redistribuir a la mayoría de los trabajadores de Casa de Galicia en otras mutualistas del sistema. El acuerdo se hizo sobre la base de un documento multisectorial que la federación había firmado en 2001 con el Poder Ejecutivo de entonces. Allí se establecía que, ante la situación de desfonde financiero de una institución de salud, los usuarios deberían ser distribuidos en otras instituciones, en función de lo cual un porcentaje de los trabajadores de la empresa quebrada también debería ser contratado por las instituciones en cuestión. Según adelantó el semanario Búsqueda, las instituciones serían el Círculo Católico, la mutualista Universal, el Hospital Evangélico y CUDAM.
El acuerdo, sin embargo, solo garantizaba una contratación segura a 840 de los 1.300 funcionarios no médicos de la mutualista. Para el resto de los 460 trabajadores, el destino aún no era seguro: se habló de una bolsa de trabajo, de un seguro de paro especial y de la compensación provisoria de un cien por ciento del salario. El planteo fue derivado a una asamblea general de la Afuncag el mismo día. En esa instancia, los trabajadores de la mutualista presentaron críticas a los términos del acuerdo y evaluaron que no existían garantías para la totalidad de los funcionarios. Las discrepancias internas fueron creciendo. Según una crónica de la asamblea (La Diaria, 28-IX-21), «varias de las intervenciones […] cuestionaron a las integrantes de la mesa; se mencionaron los errores no advertidos durante este año, la cercanía de Costanzo con el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias y la molestia con la mayoría de la FUS […]. Pidieron, además, apelar la resolución judicial». Aquel día, sin embargo, ganó la posición de la FUS.
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Pero la incertidumbre en cuanto al cobro de los salarios y los aguinaldos de esos meses –que no estaba del todo garantizado, pues la empresa tenía suspendidos los certificados del Banco de Previsión Social– abonó la situación de disidencia. También aportó a esa atmósfera la inquietud de un grupo de socios de la mutualista respecto a qué pasaría con los servicios. En ese ambiente fue que una integrante del sindicato y un socio de la mutualista iniciaron una huelga de hambre. Y, a principios de enero, los marineros resolvieron tomar el barco: una nueva asamblea de la Afuncag revocó la decisión inicial de acompañar la propuesta del Ejecutivo. Posteriormente decidieron desplazar a la directiva del sindicato y llamar a nuevas elecciones. También se le retiró el aval a Bermúdez, principal dirigente de la FUS, para negociar en nombre del gremio, puesto que se consideró que había acordado con el ministerio a puertas cerradas, sin tomar en consideración a la asamblea. El planteo llegó incluso al secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que evitó pronunciarse sobre la interna de un sindicato de base y ratificó la importancia del sindicato de rama en las negociaciones colectivas.
Desde entonces, la Afuncag se convirtió en un núcleo reticente a las propuestas gubernamentales y llevó el conflicto a otra etapa, que todavía está por ser dilucidada. También se convirtió en un espacio de disputa interna entre las distintas corrientes políticas dentro del PIT-CNT. En los últimos días, el gremio planteó dos estrategias paralelas. En primer lugar, volvió a cuestionar la decisión judicial que obliga a liquidar la actividad de la mutualista. En este sentido, incluyó al abogado Juan Ceretta (del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República), quien estudia la posibilidad de litigar en el expediente del juzgado de concursos. Ceretta trajo a colación la decisión del tribunal de apelaciones, difundida este miércoles, de volver a estudiar la decisión del juez Leonardo Méndez (quien había negado la apelación). A la vez, el sindicato mira con buenos ojos algunos aspectos de la propuesta alternativa a la distribución de socios presentada por legisladores del FA. Este viernes fueron convocados a una nueva reunión con las autoridades en la sede del Ministerio de Trabajo.
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Al margen de una posible activación del caso en el ámbito judicial, la discusión se divide en las mesas de negociación colectiva (de los gremios médicos y no médicos) y en una inminente votación de un proyecto de ley en el Parlamento. Este miércoles comenzó a circular informalmente entre los legisladores una primera versión del proyecto de ley que el gobierno enviará al Parlamento, para hacer efectivo su plan de distribución de socios y de trabajadores de lo que algunos ya dan en llamar «la ex Casa de Galicia». El texto tiene un artículo único, que faculta al Ejecutivo «a determinar aquellos prestadores integrales a los cuales se destinarán los afiliados de Casa de Galicia, beneficiarios del Seguro Nacional [Integrado] de Salud […] a los efectos de garantizar la cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de salud, la eficacia en términos económicos y sociales, y el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y la capacidad sanitaria instalada y a instalarse, procurando preservar la mayor cantidad de fuentes de trabajo posible».
Antes de que llegara el proyecto del Ejecutivo, el FA había redactado un proyecto propio, de ocho artículos. Allí se facultaba a ASSE a presentarse ante el juzgado de concursos, «a efectos de que en forma independiente o con otros prestadores de salud presente una o más propuestas tendientes a la adquisición de los bienes inmuebles, muebles y accesorios» de Casa de Galicia. Se proponía también que ASSE presentara un proyecto de inversión, junto con el Ministerio de Economía. Asimismo, planteaba la posibilidad de incluir a ASSE entre las opciones de otras mutualistas brindadas por el gobierno para la distribución de socios, con la ventaja (para los socios) de «mantener la atención sanitaria en los establecimientos que tenían asignados a tales fines». Por último, proponía que los trabajadores médicos y no médicos de Casa de Galicia se distribuyeran entre las mutualistas propuestas por el gobierno (incluyendo ASSE). Y establecía: «Los trabajadores operativos mantendrán idénticas condiciones laborales que tenían en Casa de Galicia, a menos que las condiciones en el nuevo prestador les resulten más favorables».
Los legisladores del FA trabajan para hacer dialogar sus planteos iniciales con el texto del Ejecutivo, incluso ya hicieron circular una versión alternativa. Pero el proyecto del gobierno también recibió observaciones por parte del Partido Colorado. Este miércoles, un grupo de legisladores –encabezados por Nibia Reisch y Carmen Sanguinetti– solicitó al ministro Salinas incluir en el proyecto detalles acerca de las condiciones en las cuales se hará la distribución de los trabajadores. Los parlamentarios esperan arribar a los acuerdos necesarios para aprobar una ley la semana próxima.
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