Gente caliente con Neptuno

 

La audiencia por el proyecto Neptuno Arazatí en el marco del estudio de impacto ambiental que  está obligado a realizar para aprobar su ejecución, se realizó en medio de fuertes manifestaciones de rechazo

 

Un proyecto que aún no termina de contestar las consultas del Ministerio, pero al que se le dejó avanzar a la puesta de manifiesto y ahora la audiencia

Comunicado de prensa

Proyecto de ARAZATI

La audiencia pública convocada es ILEGAL

La autorización ambiental previa de un proyecto tiene etapas claramente definidas en el Decreto
349/2005, estas son:
a) comunicación del proyecto;
b) clasificación del proyecto;
c) solicitud de la Autorización Ambiental Previa;
d) puesta de manifiesto;
e) audiencia pública; y,
f) resolución.
La puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen, previa a la Audiencia Pública debe
contener “en forma sucinta la información contenida en los documentos del proyecto y en el
Estudio de Impacto Ambiental, con las correcciones y complementaciones que se hubieran
realizado en la tramitación.” (Decreto 349/2005 Artículo 14)
La puesta de manifiesto del informe producido en agosto por el consorcio no cumple con lo
anterior, porque durante el análisis del proyecto, el Ministerio de Ambiente continuó solicitando
información que la empresa aún no ha respondido.
Así, en el Observatorio Ambiental Nacional está registrada una solicitud de información
complementaria del 27 de septiembre, referida a aspectos medulares del proyecto, específicamente
las consecuencias sobre los acuíferos del denominado “Polder” y el “monorelleno”.
Evidentemente, la falta de esa información en la puesta de manifiesto del proyecto, hace que la
misma no cumpla con la normativa y viola además el derecho a la libertad expresión porque
impide disponer de la información necesaria para expresarse sobre el proyecto de forma veraz y
responsable.
Desde el MOVUS entendemos y exigimos que, en cumplimiento de nuestro ordenamiento legal, el
Ministerio revise su decisión de citar a la Audiencia Pública, atendiendo a que no se ha
completado la información del proyecto y que cuando el consorcio entregue la información
requerida, ella se agregue en un nuevo Informe Ambiental Resumen y se realice la puesta de
manifiesto del proyecto.
1 de octubre de 2024
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
Contactos de prensa
Raúl Viñas 099 648 685
Ana Filippini 098 407 572
Fernando Moyano 099 142 105https://elmuertoquehabla.blogspot.com/2024/10/gente-caliente-con-neptuno.html

El Ministerio de Ambiente organizó este jueves una audiencia para informar a la ciudadanía acerca del Proyecto Neptuno, que consiste en la instalación de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí para extraer agua del Río de la Plata y sumarla al sistema de abastecimiento de agua potable para Montevideo y la zona metropolitana.

El evento se desarrolló en el Club Social y Deportivo San Rafael, ubicado en la localidad de Rafael Perazza, ubicado a 25 kilómetros de Arazatí. Las autoridades encargadas de defender el proyecto ante representantes de organizaciones sociales, políticos y vecinos fueron, principalmente, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el responsable del proyecto, Francisco Gross, y el gerente general de Obras Santiarias del Estado (OSE), Arturo Castagnino.

En una de las instancias, Gross dijo que el agua que suministrará la planta será “buena” o “muy buena” los “365 días del año”. En tanto, Bouvier aseguró que la audiencia pública es una “instancia muy importante de participación” y que va a ser tenida en cuenta para realizar el informe final, según informó El Observador.

Este proyecto viene causando polémica desde su inicio. Diversos actores manifestaron preocupación por los costos de la obra en sí, por las consecuencias económicas que tendría sobre OSE, la falta de informes sobre las condiciones del agua y los efectos ambientales que podría conllevar, además de que argumentan que viola la Constitución y la ley de Política Nacional de Aguas.

El presidente actual de OSE, Raúl Montero, recalcó en su momento que el proyecto en Arazatí es “importantísimo y fundamental”. En junio, destacó que tanto la sequía del año pasado como las inundaciones y desbordes de este año “indican que necesitamos una fuente alternativa de agua potable”.
Una vez concretado el consorcio y asignado el proyecto a Aguas de Montevideo, el exministro de Ambiente fallecido Adrián Peña celebró el hecho como un “día histórico”. “Se acaba de adjudicar la inversión en agua potable más importante en 150 años”, había escrito en su cuenta de X.

Sin embargo, los detractores volvieron a plantear sus reclamos.
“El pueblo uruguayo dijo hace 20 años que el agua es un derecho humano fundamental y que la gestión del servicio de agua potable y saneamiento tiene que ser prestado directamente por personas jurídicas estatales. Nunca un privado podría estar dando esta solución”, dijo Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, durante la audiencia a MVD Noticias (TV Ciudad).
Además, criticó la inversión y las ganancias que tendría el consorcio privado Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda. “Un privado va a hacer una inversión de U$S 300 millones y va a ganar U$S 900 millones en 17 años. El agua es un bien natural, por lo tanto esto es inconstitucional”, agregó.
“Están hablando de Arazatí y ni pisaron la tierra. Nacimos ahí y la vamos a defender siempre. Estos nos robaron Arazatí”, exclamó Silvana Fernández, del colectivo vecinal Tucu-Tucu de San José, al citado medio.

Dentro y fuera del establecimiento se colgaron banderas en rechazo del proyecto y, según constatan videos publicados en redes sociales, hubo silbidos y abucheos mientras los exponentes defendían el proyecto. La frase “No se vende, el agua se defiende” fue cantada por una gran cantidad de asistentes.

A su vez, Castagnino tuvo un cruce con Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Sustentable. Según constató El Observador, Viñas planteó que OSE no tenía informes para justificar la realización del proyecto y criticó que la administración actual fue la misma que “privatizó” el suministro de agua en Maldonado. Castagnino, quien era gerente del ente en dicho año, defendió su gestión y eso motivó el intercambio entre ambos, que obligó a que la audiencia entrara en un cuarto intermedio.


Sólidos cuestionamientos al Ministerio de Ambiente por el manejo del proyecto Neptuno

 

Vecinos de San José y académicos de Facultad de Ciencias rechazan la autorización ambiental de este emprendimiento porque falta información, estudios apropiados y hay irregularidades

 

Pablo Alfano y Víctor L. Bacchetta /Sudestada, periodismo y transparencia, 28.09.2024

 

Dos rigurosos cuestionamientos formales a la actuación del Ministerio de Ambiente en el proyecto Neptuno surgieron en los últimos días. Por un lado, una petición apoyada por unas 400 firmas de vecinos y pobladores del área afectada demanda el rechazo de la autorización ambiental. Por otra parte, el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) manifestó “su profunda preocupación por la dinámica del proceso que obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnicos-científicos de esta propuesta”.

 

Desde el 24 de julio pasado, la idea de extraer de agua del Río de la Plata en el balneario Arazatí, en el departamento de San José, para el suministro de agua potable a Montevideo y la región metropolitana, conocida como proyecto Neptuno, se encuentra inmersa en un litigio judicial donde se ordenó a OSE no innovar y suspender la firma del contrato con el consorcio privado Aguas de Montevideo, constituido por las empresas Ciemsa, Fast Industria y Comercio Ltda, Saceem y Berkes.

 

A pesar de este juicio que continúa en curso, el Ministerio de Ambiente continuó el procedimiento de evaluación por el cual se decide si otorga o no la Autorización Ambiental Previa (AAP) de este emprendimiento comercial, que plantea potabilizar el agua del Río de la Plata, y en la vía de los hechos constituye una privatización de este recurso natural.

 

De acuerdo con la normativa, esta autorización es requerida para iniciar cualquier actividad relacionada con el proyecto. No obstante, sin contar con la AAP y sin reparos del ministerio, OSE siguió adelante con los trámites de expropiación de los padrones que ocuparía el proyecto en la zona.

 

En forma paralela, el Ministerio de Ambiente dio nuevos pasos en el trámite de evaluación y el 28 de agosto pasado inició la Puesta de Manifiesto del proyecto, que consiste en poner a consideración del público por 20 días hábiles el Informe Ambiental Resumen (IAR). Sin que se haya completado cabalmente esta etapa, el ministerio convocó la audiencia pública para el próximo jueves 3 de octubre, acercándose así, en forma acelerada, a la resolución final de la autorización ambiental.

 

Es en este contexto fue que, en los últimos días, aparecieron estos dos fuertes cuestionamientos formales a la actuación del Ministerio de Ambiente. Por un lado, integrantes de la Facultad de Ciencias manifiesta su profunda preocupación “su profunda preocupación” por el proceso que “obstaculiza la participación efectiva de la academia en el análisis en profundidad de los aspectos técnicos-científicos de esta propuesta”.

 

Los científicos solicitan al “Ministerio de Ambiente actuar con responsabilidad, garantizando los cometidos que le adjudica la Ley Nº 16.466 (la ley de evaluación ambiental)y decretos reglamentarios, y proceda a analizar en profundidad las preguntas, sugerencias y dudas que genera este proyecto en la etapa de manifiesto público, y dé respuesta a todas estas cuestiones como etapa previa a la audiencia pública programada”.

 

Para los académicos “los plazos establecidos por el Ministerio de Ambiente, desvirtúan completamente el sentido de la audiencia pública, donde tanto el proponente como el Estado, deben analizar el conjunto de preguntas planteadas por la población en la etapa de manifiesto y realizar las respuestas para cada una de las observaciones y preguntas realizadas; proceso que enriquece los resultados de la audiencia pública con insumos fundamentales para la posterior evaluación del proyecto y su viabilidad como ha quedado de manifiesto en la reciente audiencia pública de Punta Ballena”.

 

Sin embargo, “el Ministerio de Ambiente en sentido contrario, decidió obstaculizar el normal desempeño del proceso de participación de la ciudadanía en la evaluación de un proyecto que genera muchas críticas e incertidumbres en torno a su viabilidad”, señala la declaración del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA).

 

Los científicos recordaron que “en la década de 1970 para una propuesta similar emplazada en esa zona, los propios técnicos de OSE se habían manifestado contrarios, en épocas en que incluso el deterioro de la fuente de agua bruta no se había manifestado con tanta intensidad”.

 

Propuesta de “alto riesgo”

 

Por otra parte, una petición apoyada por unas 400 firmas de vecinos y pobladores de Arazatí y del área afectada demandan que las autoridades rechacen esta autorización ambiental. Los residentes del departamento de San José señalan en su petición “que resulta insólito que con un juicio y una medida cautelar de no innovar mediante y pendiente de resolución definitiva, igualmente se pretende aprobar este proyecto por el Ministerio de Ambiente quien es el organismo competente y responsable de controlar y proteger nuestro medio ambiente”.

 

“También nos resulta sorprendente y preocupante la información insuficiente, imprecisa, poco clara, de difícil comprensión para la población en general que se publica en el IAR, por tanto, incomprensible para cualquier ciudadano de que se trata el proyecto y cuáles serán sus impactos”, sostienen los vecinos en la misiva presentada por la abogada Carolina Neme.

 

“No se puede apreciar ni visualizar claramente ni las dimensiones totales del proyecto, cuantas hectáreas totales abarca, si bien se hace una lista de los padrones involucrados no se identifican precisamente los propietarios donde se ejecutará el proyecto, como lo exige la normativa de evaluación de impacto ambiental”, señala el escrito, de 44 páginas, al que accedió Sudestada.

 

Los vecinos afirman que “tampoco se informa sobre las dimensiones del área de influencia directa ni indirecta, donde se ubica cada componente, población, categoría de suelo, padrones a expropiar y servidumbres como el sector productivo, no hay datos cuantitativos que nos permitan dimensionar el proyecto en su conjunto”.

 

Los residentes mencionan en la carta varios estudios que muestran la cantidad de cianobacterias existentes en el agua en esa zona del Río de la Plata y también incluyen un trabajo realizado en 2023 por la Asociación de Limnología del Uruguay que consideró que este emprendimiento comercial no cumplirá con el objetivo de reforzar el sistema de abastecimiento metropolitano y demás espacios abastecidos por la planta de Aguas Corrientes.

 

“Por lo tanto, consideramos que esta propuesta no disminuirá la vulnerabilidad del suministro de agua potable ni contribuirá a proteger las fuentes de agua dulce utilizadas actualmente”, señalan.

 

Por estos motivos, los vecinos demandan que “se desestime la Autorización Ambiental Previa solicitada por la empresa consorcio Aguas de Montevideo (…) porque consideramos de alto riesgo la aprobación de este proyecto, riesgos en su emplazamiento y formalidades para su aprobación, principalmente porque se está violando el artículo 47 de la Constitución, ya que como expresamos de forma inconstitucional el proyecto Neptuno-Arazatí confía la operación de la toma de captación de agua bruta y del reservorio de agua, además del mantenimiento de todo el proceso, a empresas privadas”.

 

Los pobladores consideran que “el Ministerio de Ambiente, máxima autoridad nacional con competencias en cuidar nuestro medio ambiente debe aplicar más que nunca el principio precautorio” que “establece que, ante la posibilidad de un daño grave al medio ambiente, se deben tomar medidas preventivas incluso si no existe certeza científica absoluta sobre la ocurrencia de dicho daño”.