por Laura Martínez Coronel.
La explotación de menores con fines sexuales no es tema nuevo en el Uruguay ni tampoco en ningún lugar del mundo.
Viví muchos años en la frontera con el Brasil y era asunto de todos los días ver niñas inmersas en soledades varias y no tanto merodeando las paradas de taxis, esperando fuera de baños en la terminal, caminando por avenidas disfrazadas de mujeres, esperando “clientela” en cuartos separados por trapos simulando cortinas, ante la indiferencia social e inclusive el aval de muchos, entre risas y festejos.
El machismo imperante, los victoriosos de boliches y whiskerías narraban sus “conquistas” no considerados enfermos de ningún tipo.
La cantidad de menores de edad en esos lugares asustaba, no era motivo de denuncia, ni de condena. Existía un “negocio” paralelo tremendo, adolescentes que esperaban por ejemplo el día de pagos de los jubilados para pasearse frente a ellos proporcionando favores sexuales que no siempre eran relaciones consumadas, a cambio de dinero.
Así me crie, viendo, escuchando y callando por considerarlo completamente normal. En mi primera juventud tuve muchas amigas que consideraban natural el “trabajo”. Los lugares bailables eran denominados “quilombitos” ,muchachas de quince años promedio provenientes de hogares pobres- económicamente o moralmente hablando- estaban allí con sus “explotadores” de turno. Del mismo modo trabajaban de niñeras, dormían un día en una casa, otro en otra, en carpas, o inclusive en la calle, y festejaban sus cumpleaños de quince con dinero proveniente del “protector”. También era común que se las “contratara” para bailar en algunos lugares a cambio de comida o ropa..
Nunca vi que se penara nada, sí que se las agrediera inclusive en dependencias policiales, donde llegaban a estar encerradas en calabozos y a veces no se les suministraba ni siquiera protectores en la menstruación..
Nunca controladas por médico alguno, muchísimas madres de once, doce años, víctimas de violaciones contrayendo sida así como otras enfermedades venéreas para vivir luego completamente estigmatizadas.
El Inau ya existía, aunque se llamara Iname, las asistentes sociales,los policías y los jueces.
¿Esta situación se ha transformado?.
No.
Se perfectamente que no, al menos lo vi de cerca hasta el año en que me mudé y si aquí no veo nada no es que no exista, simplemente estoy en un lugar bastante apartado.
Hasta el 2012 escuchaba historias de “como cosifiqué a una muchachita, como la usé “a piacere” y cansada la dejé en la carretera ya que yo tenía que irme a laburar”no es literatura de la mala, es la realidad.
Todo es cultural aunque resulte reiterativo.
¿Cuando terminará el machismo gerencial, los aplausos a los conquistadores de niñas por sus pares? Si existe la prostitución hay quien consume, si existe la explotación hay quien es cómplice, pero que pasa cuando esto se ha visto siempre como algo muy natural y ahora parece que se destapó la olla del infierno de Dante?
La situación de las menores explotadas como recientemente sucedió en Melo es compleja, hay organizaciones sociales protestando por un fallo inconcebible a favor de un empresario puntaesteño que cuenta evidentemente con poderío económico pero hay muchos con más o menos poderío en muchas partes del país.
Es terrible si, pero el tema es de fondo. En otros casos de explotación también reciente donde un señor comerciante marchó a la cárcel ante los gritos de horror de varias mujeres que lo consideraban una buena persona,algunas de las niñas estaban en el Inau y parece que ahí tampoco se daban cuenta de lo que sucedía.
Salen de su casa triste en un gris imborrable llámese destino o cualquier otra denominación que quiera dársele, de sus penosas realidades para no ser protegidas por nadie, las terribles muchachas inmorales, maleducadas y siniestras, estafadoras , ladronas, adictas y “culpables de su suerte” por supuesto.
En en una localidad cercana a Tacuarembó desaparece a fines de 2011 una adolescente de tan solo catorce años y a raíz de eso la policía encuentra una red de explotación sexual de menores y pone en prisión a familiares directos.
Tres menores son derivadas al Inau para su protección.
La operación “Exploter” iniciada por la policía de la ciudad terminó con la prisión hace pocos días de tres hombres que usufructuaban de los servicios de las menores .
Un taxista era quien las conducía desde el hogar de aparente amparo del Inau a lugares cercanos a la terminal de ómnibus .Una de las menores que había protagonizado el operativo en Curtina está cerca de cumplir 18 años y su padrastro y madre habían sido procesados hace cuatro años. Su hermana ingresó al hogar del Inau dos años después que ella.
Aparentemente esta menor de catorce años violaba la reglamentación del Inau escapando para prostituir y regresaba a la madrugada.
Parece que habían notado ciertas irregularidades pero no sabían bien que pasaba. Los educadores las encontraban cerca de la terminal pero no estaban muy seguros de lo que hacían allí.
La red incluía taxistas, que las trasladaban, clientes que esperaban y una mujer que oficiaba de mediadora.
Existen clientes involucrados siendo investigados, familias en la mira, y el Inau, parece no poder controlar la situación que es evidentemente delicada y que no debe ser tratada con facilismos. Las menores no se sienten víctimas pero hay que tomar en cuenta que la sociedad no las trata como tal del mismo modo que no se considera aberrante la conducta de clientes o taxistas salvo que entremos en una forma de hipocresía muy seria.
Estos fenómenos no empiezan hoy, tienen que terminar hoy.
Si no se penaliza poderosos, si no se termina de entender que una personalidad en evolución no es culpable de nada, si no se mira también a familias desprotegidas y culturalmente muy dañadas, si no se actúa de forma mucho más comprometida no creo pueda detenerse todo por voluntarismos varios.
Proxenetas, policías, Inau, mujeres mayores, la sociedad en su conjunto, todo conforma un círculo complejo que existe y con el cual debemos terminar no con golpes mágicos sino con políticas serias de educación antes que nada.
Madres judicialmente muy complicadas, padres presos, “clientes en libertad”, instituciones que deben brindar seguridad ignorando como escapan, como se embarazan en la pubertad y quien será que está detrás
En general los pueblos saben y callan. Eso lo aprendí.
“Hay que denunciar”…dicen algunos. Muy pocos lo hacen efectivamente, en las redes sociales se ve como escriben “esto he visto, todos lo sabemos”…pero quien se responsabiliza finalmente de la situación?
Terminamos en lo de siempre. La necesidad de educar, la ruptura de los estereotipos, urge terminar con la explotación de las mujeres hoy niñas, mañana no tan niñas. Mirando con ojo crítico el Uruguay está lleno de empresarios adinerados que andan libres y de niñas abusadas. Las políticas de represión parecen ser las que priman sobre las de educación y protección. Represión de las víctimas por paradójico que parezca.
Observando la terrible realidad que ahora parece destaparse levantando flor de alfombra quizás crezcan las movilizaciones y se haga justicia de una vez en un lugar donde es bien complicado luchar contra la impunidad.
http://www.carasycaretas.com.uy/la-urgente-necesidad-de-decir-basta/
Juez Arsuaga procesó a 4 personas por pagar a menores por sexo en Tacuarembó
23.06.14,
de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de 1º Instancia de Tacuarembó, Dr.
Gonzalo Arsuaga, dictó el procesamiento de cuatro personas por su
vinculación con la explotación sexual y retribución de dinero a personas
menores de edad.
La operativa, descubierta a partir de la
investigación denominada "exploter" y desarrollada por la Dirección de
Investigaciones de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, permitió
determinar que algunas adolescentes internadas en régimen de amparo en
el Hogar Femenino de INAU, de entre 14 y 17 años, mantenían relaciones
sexuales con hombres recibiendo una retribución económica.
Las adolescentes fugaban en las noches en lo que las autoridades del Hogar catalogaron como "salidas no acordadas", y se dirigían al Terminal de Ómnibus. Permanecían allí con personas que trabajan como maleteros de la parada de taxis cercana al edificio. Las menores tenían relaciones sentimentales no muy estables con dichos jóvenes. Así, las adolescentes entraron en contacto con distintos taxistas.
El indagado W.O.V.M. mantuvo relaciones sexuales con dos adolescnetes de 14. En una ocasión, les solicitó que caminaran hacia un lugar, las llevó a un sitio más apartado y mantuvo relaciones sexuales con una de ellas en el auto mientras la otra permanecía fuera del mismo. Le abonó 200 pesos y las dejó en el mismo lugar que se habían encontrado. Pese a que ambas lo reconocieron como el implicado, V.M. negó los hechos ocurridos. En otra oportunidad, las mismas adolescentes concurrieron una noche a un centro C.A.I.F. (Centro de asistencia a la infancia y la familia), cuyo sereno conocían, e ingresando por el fondo para que los vecinos no las vieran, permanecieron en el lugar. El sereno, W.C.S. Llamó a su amigo, H.D.F.F. para avisarle que habìan llegado las jóvenes. Ambos mantuvieron relaciones sexuales con las jóvenes y les brindaron dinero.
Otras adolescentes que también vivían en el Hogar de INAU admitieron haber concurrido al domicilio de C.E.F.A. para mantener contacto sexual.
Por otra parte, otra adolescente del mismo centro, mantuvo relaciones sexuales con otro taxista de iniciales A.D.G. quien admitió haberla invitado a una vivienda que tenía alquilada en forma exclusiva para mantener encuentros amorosos.
De acuerdo a lo expresado, la representante del Ministerio Público solicitó el procesamiento con prisión de W.C.S. y D.F.F., C.E.F.A. por la presunta comisión de un delito de retribución a personas menores de edad para ejecutar actos sexuales de acuerdo a lo previsto por el artículo 4° de la ley 17.815. Asimismo, se solicitó el procesamiento de A.D.G. En todos los casos, la Defensa se opuso al mismo procesamiento y solicitó el archivo de las actuaciones.
El magistrado se acogió el dictamen Fiscal y dispuso el procesamiento con prisión de W.C.S., D.F.F., C.E.F.A, y A.D.G. por un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. El articulo 4º de la ley 17.815, establece que incurre en el mencionado delito quien pague o promete "pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".
Las adolescentes fugaban en las noches en lo que las autoridades del Hogar catalogaron como "salidas no acordadas", y se dirigían al Terminal de Ómnibus. Permanecían allí con personas que trabajan como maleteros de la parada de taxis cercana al edificio. Las menores tenían relaciones sentimentales no muy estables con dichos jóvenes. Así, las adolescentes entraron en contacto con distintos taxistas.
El indagado W.O.V.M. mantuvo relaciones sexuales con dos adolescnetes de 14. En una ocasión, les solicitó que caminaran hacia un lugar, las llevó a un sitio más apartado y mantuvo relaciones sexuales con una de ellas en el auto mientras la otra permanecía fuera del mismo. Le abonó 200 pesos y las dejó en el mismo lugar que se habían encontrado. Pese a que ambas lo reconocieron como el implicado, V.M. negó los hechos ocurridos. En otra oportunidad, las mismas adolescentes concurrieron una noche a un centro C.A.I.F. (Centro de asistencia a la infancia y la familia), cuyo sereno conocían, e ingresando por el fondo para que los vecinos no las vieran, permanecieron en el lugar. El sereno, W.C.S. Llamó a su amigo, H.D.F.F. para avisarle que habìan llegado las jóvenes. Ambos mantuvieron relaciones sexuales con las jóvenes y les brindaron dinero.
Otras adolescentes que también vivían en el Hogar de INAU admitieron haber concurrido al domicilio de C.E.F.A. para mantener contacto sexual.
Por otra parte, otra adolescente del mismo centro, mantuvo relaciones sexuales con otro taxista de iniciales A.D.G. quien admitió haberla invitado a una vivienda que tenía alquilada en forma exclusiva para mantener encuentros amorosos.
De acuerdo a lo expresado, la representante del Ministerio Público solicitó el procesamiento con prisión de W.C.S. y D.F.F., C.E.F.A. por la presunta comisión de un delito de retribución a personas menores de edad para ejecutar actos sexuales de acuerdo a lo previsto por el artículo 4° de la ley 17.815. Asimismo, se solicitó el procesamiento de A.D.G. En todos los casos, la Defensa se opuso al mismo procesamiento y solicitó el archivo de las actuaciones.
El magistrado se acogió el dictamen Fiscal y dispuso el procesamiento con prisión de W.C.S., D.F.F., C.E.F.A, y A.D.G. por un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. El articulo 4º de la ley 17.815, establece que incurre en el mencionado delito quien pague o promete "pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".
Juez Gandini procesó a los padres de una adolescente que era obligada a prostituirse
18.06.14,
de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de
1º Turno, Dr. Pablo J. Gandini, procesó a los padres de una joven que
desde sus once años era explotada sexualmente a cambio de dinero, drogas
y otros bienes materiales.
Según el auto de procesamiento, de la
investigación realizada por la Dirección de Investigaciones del
Ministerio del Interior en el departamento de Cerro Largo, surge que en
2013 fue procesado, entre otros, R.R.M. debido a que otorgaba distintas
ventajas económicas a cambio de sexo a adolescentes que frecuentaban su
domicilio. El mencionado también actuaba como intermediario al ofrecerle
las adolescentes a "clientes" para mantener relaciones sexuales a
cambio de dinero. Una de esas adolescentes era T.C. quien conocía R.R.M.
a través de su padre M. A. C. S.
Éste y la madre de la adolescente, R.A.P., conocían la situación de su hija pero no tomaron los recaudos necesarios para brindarle la asistencia y así satisfacer su pleno desarrollo.
Según surge del auto de procesamiento, ambos padres desde hace años se mantuvieron omisos a sus deberes inherentes a la patria potestad poniendo en peligro la integridad de su hija. La adolescente es adicta a las drogas desde pequeña, no está escolarizada y ha manejado dinero proporcionado por adultos que se relacionan con menores a cambio de sexo. Asimismo, su padre la llevaba al domicilio de R.R.M. propiciando así que éste último la explotara sexualmente. Por otra parte, M.A.C.S. recibía giros a través de distintas empresas del rubro, que uno de los clientes enviaba a la joven desde Maldonado, obteniendo así el dinero para su provecho.
Éste y la madre de la adolescente, R.A.P., conocían la situación de su hija pero no tomaron los recaudos necesarios para brindarle la asistencia y así satisfacer su pleno desarrollo.
Según surge del auto de procesamiento, ambos padres desde hace años se mantuvieron omisos a sus deberes inherentes a la patria potestad poniendo en peligro la integridad de su hija. La adolescente es adicta a las drogas desde pequeña, no está escolarizada y ha manejado dinero proporcionado por adultos que se relacionan con menores a cambio de sexo. Asimismo, su padre la llevaba al domicilio de R.R.M. propiciando así que éste último la explotara sexualmente. Por otra parte, M.A.C.S. recibía giros a través de distintas empresas del rubro, que uno de los clientes enviaba a la joven desde Maldonado, obteniendo así el dinero para su provecho.
El magistrado dispuso el procesamiento
con prisión a M.A.C.S. por la presunta comisión de un delito de omisión
de los deberes inherentes a la patria potestad en concurrencia fuera de
la reiteración con un delito de contribución a la explotación sexual de
personas menores de edad de acuerdo a los artículos 56, 58 y 279 B del
Código Penal y artículo 5 de la ley 17.815. La madre de la adolescente,
R.A.P. fue pocesada por un delito de omisión de los deberes inherentes a
la patria potestad en calidad de autora, aplicándosele como medida
sustitutiva a la prisión el arresto durante el fin de semana (36 hs) en
la seccional policial de su domicilio, en el horario comprendido entre
las 17:00 horas del sábado y las 05:00 horas del lunes siguiente, por el
término de 90 días.
La decisión está basada en lo estipulado
por los artículos 1, 3, 10, 73, 125, 126 del Código del Proceso Penal y
artículos 1, 3, 18, 60 del Código Penal. El artículo 279 B de éste
último establece que comete el delito de omisión de los deberes
inherentes a la patria potestad quien pone "en peligro la salud moral o intelectual del hijo menor".
Movilización en repudio a la liberación del empresario acusado de explotación sexual
UN CASO QUE MOVILIZA
Moya es un empresario de 75 años que reside en Maldonado, donde gestiona importantes emprendimientos hoteleros y gastronómicos, como el restaurant “La Posta del Cangrejo”. En diciembre pasado fue procesado por el juez de Cerro Largo, Javier Gandini, tras admitir que había mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero con una adolescente de 15 años. Sin embargo, una resolución del Tribunal de Apelaciones del 4 de junio revocó este fallo, lo que provocó la inmediata liberación del empresario y la extinción de la causa en su contra.
Este hecho generó repudio a nivel social y movilizó a diversas organizaciones sociales que luchan para erradicar la explotación sexual en Uruguay. La abogada Marina Morelli, quien ofició como oradora de los manifestantes, dijo a Sala de Redacción que los implicados en estos casos “nunca pueden ser declarados inocentes desde el punto de vista jurídico”.
Horas antes de la realización de la marcha, la fiscal del caso, Adriana Umpiérrez, anunció que presentará un recurso de casación sobre la resolución del Tribunal de Apelaciones, lo que deja el futuro del caso en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que deberán definir si el empresario mantiene su libertad o si fue errónea esta decisión.
“No dan confianza las resoluciones judiciales que se apartan de los estándares internacionales y culpabilizan a las víctimas, las califican como hábiles declarantes y toman su historia de explotación sexual como un atenuante de la responsabilidad penal del delincuente”, explicó Morelli. Este reclamo, refiere al fundamento que utilizó el Tribunal de Apelaciones para la liberación de Moya, al entender que fue engañado por la adolescente que le manifestó ante su consulta que sí era mayor de edad.
La representante social agregó que de acuerdo a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es “una prueba ilícita” para la Justicia el testimonio de una menor en situación de sometimiento sexual. Por estas violaciones a la normativa es que las organizaciones sociales no descartan denunciar el hecho ante los organismos internacionales. “Los Derechos Humanos y los pactos internacionales firmados deben cumplirse, no pueden ser un mero discurso para figurar en un ranking internacional, porque su única dimensión de aplicación es la vida real de la gente”, expresó Morelli.
Otra información surgida en las últimas horas, es que el juez Gandini, que continúa investigando el caso, procesó al padre y la madre de la menor de edad implicada por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Ambos progenitores eran conscientes de la situación de explotación a la que estaba sometida su hija y “no tomaron los recaudos necesarios”, explicó el magistrado. El padre fue enviado a prisión dado que poseía antecedentes penales y a la madre se le aplicó una pena sustitutiva, medida que fue celebrada por las organizaciones sociales.
El grito en el cielo. Cuando los manifestantes llegaban sobre la hora 15 a la Plaza Libertad, se encontraban con el Pasaje de los Derechos Humanos -donde se ubica la sede de la Suprema Corte de Justicia- rodeado de vallas y con el tránsito peatonal interrumpido con la presencia de policías. Esto molestó a las organizaciones sociales porque “no queremos que haya un Poder Judicial con vallas reales ni simbólicas”, dijo Morelli.
Tras permanecer cerca de 45 minutos en el lugar, cuatro representantes de los colectivos sociales traspasaron las vallas, tal como había sido acordado previamente, e ingresaron a la sede judicial. Allí entregaron la proclama -que luego leyeron frente al público- junto con un petitorio de reunión a los ministros de la Suprema Corte. “La entrevista que le solicitamos no es sobre un caso concreto, sino que es para expresar nuestra preocupación sobre la temática y para que nos reciban cuando la agenda se los permita”, explicó Morelli.
Durante la protesta se escucharon diversos cánticos repudiando el accionar de la justicia y en particular del empresario. “Moya explotador, ella era menor”, se escuchó a coro; también se cantó “3, 2, 1, impune no hay ninguno; 1,2, 3, justicia otra vez”. Además, se oyeron gritos aislados como “viejo degenerado” y “nunca más impunidad”.
Las organizaciones sociales que convocaron y participaron de la manifestación fueron, entre otras: Agencia Voz y Vos, Aire.Uy, Arcoíris, CAInfo, Centro Interdisciplinario Caminos, CIRE, Cladem, CNS, Colectiva Mujeres, Cotidiano Mujer, El Abrojo, Flacso, Visonair, IACI, MYSU, Mujeres en el Horno, Ovejas Negras, Red Canaria en Movimiento, Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual, Red de Mujeres Afrocaribeñas y Serpaj.
Mathías Da Silva
.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado