Brasil se dispone a publicar en la Red una serie de documentos del principal organismo represor de la última dictadura brasileña (1964-1985), el extinto Departamento Provincial de Orden Político y Social de Sao Paulo (Deops). A partir del 1 de abril cualquier persona podrá acceder al archivo electrónico del cerebro de la represión brasileña que, según la agencia oficial de noticias ABR, consta de un millón de páginas de documentación que han sido digitalizadas en los últimos dos años.
La idea de digitalizar los documentos surgió de la Asociación de Amigos del Archivo Público de Sao Paulo, el Ministerio de la Justicia y la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Fapesp).
Según el Ministerio de Justicia, estos archivos, además de ser un registro histórico, facilitarán el trabajo de reparación de las víctimas de la Comisión de Amnistía, ya que podrán utilizarse como herramienta para que los perseguidos políticos de la época puedan comprobar algunas de las agresiones sufridas.
La fiscalía de Brasil ha abierto en los últimos dos años 170 investigaciones criminales sobre casos de secuestro y homicidio de opositores políticos cometidos por militares y policías en la última dictadura (1964-1985). En su último informe la fiscalía reiteró "la importancia histórica y jurídica" de esclarecer los hechos de "más de 500" casos de muertes bajo tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones.
Brasil abre sus achivos pero no se juzgarán
Los ejemplos indican que la impunidad será barrida
Cuando la valerosa Jueza Mariana Mota planteó muy modestamente que en Argentina los procesos contra los criminales de lesa humanidad estaban mas avanzados que en Uruguay, fué el arranque de una cacería pocas veces vista en el país. Iniciada personal y privadamente por el Presidente Mujica que desde su audición le hizo un llamado a la SCJ a intervenir reunió trás de sí a la unanimidad de la derecha, tanto sus partidos como sus medios y agrupó también a la mayoría del oficialismo del Frente Amplio, ministros, parlamentarios y partidos, incluyendo en la cruzada -de especial manera- el aporte de otros dos "rehenes" de la dictadura: el Ministro de Defensa Huidobro y a Mauricio Rosencof ex-dirigente del MLN.
El resto es conocido, culminando con la decisión de la SCJ de declarar delitos COMUNES y que han prescrito a los crímenes de lesa humanidad. Brasil que parece ser el "modelo" de turno de Mujica y su principal "aliado" acaba de hacer públicos los archivos de la dictadura. Archivos (una parte al menos) para el caso de Uruguay que están bajo custodia del Gobierno y a los que Mujica podría hacer públicos en unas horas, igual que en Brasil. Ahora, fiscales de la región avanzan en la coordinacion de esfuerzos por sobre fronteras para juzgar delitos que revisten carácter de "crimen permanente, como la desaparición forzada, que sigue cometiéndose porque las víctimas continúan desaparecidas" como dijo el brasileño Ivan Marx, a cargo de la unidad de coordinación fiscal de las causas de la dictadura, profundizando así crímenes coordinados regionalmente que ni siquiera se han encarado como tales para el caso uruguayo. La reunión y la coordinación han sido promovidas por el gobierno argentino. En concreto la JUEZA MOTA TENÍA TODA LA RAZÓN DEL MUNDO lo cual constituye una acusación CONCRETA tanto contra Mujica como contra la SCJ.
En el momento actual hay muchos juicios en marcha en Argentina así como muchos condenados, han comenzado en Brasil y lo estamos viendo también en Guatemala. Los principios son los mismos: LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN. Con lo cual lo menos que la SCJ de Uruguay podría hacer sería irse, por IGNORANTE, MALINTENCIONADA, DISTORSIONADORA DE LA HISTORIA Y AÚN DE LOS PRINCIPIOS DE LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL. La presión seguirá y DEBERÁ SEGUIR, sencillamente porque lo que la SCJ ha dictaminado esta en confrontación con el derecho internacional. Al mismo tiempo el Frente Amplio y el Gobierno deberían de INMEDIATO Y POR LAS MISMAS RAZONES ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD (es decir la IMPUNIDAD PARA LOS ASESINOS).
Tanto y tanto que Mujica habla y habla y habla y predica, da lecciones y ordenes, tanto que ha insistido largo tiempo con Argentina como ejemplo y ahora con Brasil, debería - para ser consecuente con su cháchara -, HACER COMO EN ARGENTINA Y EN BRASIL. Como en Argentina ANULAR LA CADUCIDAD Y DEJAR QUE LOS FISCALES Y JUECES SE HAGAN CARGO DE LOS CRIMINALES, SIN FRENOS, AMENAZAS, TRASLADOS, SANCIONES NI PRESIONES POLITIQUERAS DE BAJA ESTOFA. Como en Brasil: ABRIR TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA Y COMENZAR A JUZGAR A LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD.
En este panorama, al día de hoy es el gobierno del Frente Amplio con Mujica al frente, el gobierno de las formaciones políticas que tienen a todos los presos,torturados, asesinados, violados, secuestrados, desaparecidos, bebés robados, etc, etc, ya que fueron sus militantes los que sufrieron esas consecuencias POR CREERLE A LAS DIRECCIONES Y A LOS APARATOS PARTIDARIOS QUE HABIA QUE JUGARSE Y ENFRENTAR A LA DICTADURA, son ellos los que tienen la responsabilidad de que la impunidad siga vigente. Hoy en dia es el Frente Amplio, gobierno y sus legisladores, los que hacen posible la impunidad ya que como es sabido ellos pueden ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD. Además de todo este proceso implementado por el oficialismo que lleva a Uruguay a estar marcado como estado que viola los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, ello es una afrenta a todo el pueblo que sufrió la represión y a la propia militancia que pagó un alto precio en pesares y en vidas por - repetimos - HABER CREIDO QUE ERA CIERTO LO QUE LAS DIRECCIONES Y LOS APARATOS PARTIDARIOS PREDICABAN.
Si se alega que los dirigentes no son los mismos, se debería explicar a todo el pueblo uruguayo y a su militancia en primer lugar LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS por los cuales las nuevas direcciones han dejado de lado aquellos principios y específicamente en que instancias orgánicas se tomaron esas decisiones. Como forma también de ir haciendo un ARCHIVO DE LA INFAMIA que al igual que los que Brasil acaba de hacer públicos también estos sean públicos. No alcanza con alegar supuestas amenazas como pretexto, ni es suficiente con las "tácticas astutas" que a lo único que han llevado es a la impunidad de los criminales y que no se haya hecho ni haga justicia, es necesario que EXPLIQUEN LOS MOTIVOS REALES, una vez más, LOS MOTIVOS REALES, de esta postura que cada día entra en mayores contradicciones con lo que vienen siendo los procesos de verdad y justicia en otros países latinoamericanos. Procesos que se amplificarán sin duda alguna y profundizarán como es el caso de la coordinación para juzgar el Plan Cóndor.
De la misma manera que Mujica salió en su audición privada a reclamarle a la SCJ que echaran a la Jueza Mota, con el mismo procedimiento puede dirigirse públicamente, otra vez , a la SCJ y exigirle que REPONGA A LA JUEZA MOTA PARA QUE PUEDA CULMINAR LOS PROCESOS EN MARCHA EN LOS CONOCIDOS 50 CASOS. Y de la misma manera que fué personalmente al Palacio Legislativo a frenar a los propios legisladores del Frente Amplio para que no derogáran o modificaran la ley de caducidad, ahora debería ir de nuevo al Palacio Legislativo para proponerle al oficialismo el ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD. Como no creemos en milagros dejemos que las presiones de los ejemplos que se van sumando y la continuacion de la lucha popular consecuente por VERDAD Y JUSTICIA más tarde o mas temprano obliguen a anular esa vergonzante ley que ya es una mancha para la democracia en Uruguay.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
ARGENTINA: REPRESENTANTES DE PAISES DE LA REGION IMPULSAN UNA RED PARA INVESTIGAR LA COORDINACION REPRESIVA DE LAS DICTADURAS
La contracara judicial del Plan Cóndor
“La idea es encontrar un mecanismo, seguramente habrá resistencias”, dijo el español Garzón.
Imagen: Agencia D. H.
El proyecto que involucraría a la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay apunta a desarrollar “un mecanismo fluido de acción y de información para el avance de las causas”, explicó Baltasar Garzón, que participa de la iniciativa.
Por Alejandra Dandan
Página 12
Durante la última semana empezó a cobrar forma un proyecto inédito para la región: un protocolo para coordinar una política de investigación y persecución penal contra los actores del Plan Cóndor. Esta política que empieza a pensar la organización represiva de las dictaduras en términos regionales, y a la región en una sola plataforma para articular caminos y estrategias que, a la vez, impulsen los procesos de Justicia en cada uno de los países, tiene entre los impulsores al jurista español Baltasar Garzón. “Hemos estado pensando en fórmulas de cooperación en el ámbito del Plan Cóndor entre los países de la región”, explicó Garzón. “Quizá usando mecanismos que si bien no están expresamente establecidos aún, como ocurre en Europa, permitan que cada uno de los fiscales pueda establecer un mecanismo fluido de acción y de información para el avance de las causas.”
Garzón se reunió en una mesa de trabajo con el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, y tres fiscales de la región: María Tellechea Reck, de Uruguay, que puso sobre la mesa las dificultades para avanzar en las investigaciones sobre la dictadura en su país tras las últimas disposiciones de la Corte Suprema de Justicia; el brasileño Ivan Marx, a cargo de la unidad de coordinación fiscal de las causas de la dictadura en un país donde la ley de amnistía frena los avances de la mayor parte de las causas, a la par que por otra vía el trabajo de la Comisión por la Verdad mantiene abiertos algunos canales de investigación, y el argentino Miguel Angel Osorio, a cargo de la investigación principal del Plan Cóndor aquí, un proceso abierto a fines de los ’90 –cuando aún estaban en vigencia las leyes de impunidad–, que abarca a unas 350 víctimas, de las cuales hay 106 casos de personas asesinadas o desaparecidas que ahora atraviesan la instancia del juicio oral. La mesa convocó además a Pablo Vassel, encargado de derechos humanos del Consejo de la Magistratura.
Las causas de lesa humanidad impulsadas en España durante la vigencia de las leyes de impunidad en la Argentina no sólo permitieron el acceso a la justicia para las víctimas sino que se convirtieron en una herramienta estratégica para empujar fronteras adentro las investigaciones suspendidas. Bajo ese mismo esquema, Remo Carlotto consideró durante la reunión que es posible pensar que las investigaciones vigentes sobre el Plan Cóndor podrían potenciarse y permitirían activar procesos de Justicia en países de la región que tienen dificultades de avanzar en estas causas. “Nosotros hicimos ya cinco encuentros en la región, donde convocamos a los operadores de los sistemas de Justicia y los organismos de derechos humanos porque vemos que no estamos todos en el mismo cuadro de situación o de voluntad política con respecto al tema”, indicó.
“Vemos una situación de recelo de cada uno de los países, como nos pasó en Uruguay o sucede en Brasil. Nosotros creemos que una propuesta de articulación de políticas puede funcionar, como pasó con tu actuación de juez en España y los efectos que tuvo sobre la situación interna de la Argentina”, le dijo Carlotto a Garzón. “En ese momento encontramos fuera del ámbito nacional un lugar donde podíamos llevar adelante los reclamos de Justicia, con la estructura de impunidad que estaba vigente acá. Uno de los comienzos más simples, en ese sentido, podría ser la articulación de información, pero no hay que olvidar que la causa de Cóndor que ahora está en juicio oral también es un elemento que debería tener impacto en cada uno de los países, para que se produzca esta apertura.”
Las formas
El proyecto, que aún es eso, aparece como la contracara del plan de coordinación de acción represiva que llevaron adelante las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980. Eso que hasta ahora es investigado de forma aislada por algún fiscal, especialmente en nuestro país, podría reunir a la Argentina, Brasil, Uruguay y, tal como quedó dicho, también a Chile, Paraguay y Bolivia, en una articulación para investigar y juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Hasta aquí tendría el carácter de un “protocolo” y, por los acuerdos que surgieron de la reunión, el primer borrador podría estar listo a mitad de año. Uno de los marcos posibles en los que podrá encuadrarse el protocolo es el paraguas del Mercosur, porque prevé mecanismos de articulación jurídica entre los Estados. Pero también se planea apelar a experiencias similares que se llevaron adelante en Europa, al comienzo como iniciativa personal de algunos jueces y fiscales, que luego lograron quedar reglamentadas por el Parlamento Europeo.
“En los ’90, cuando no existían todavía estos mecanismos en Europa, algunos jueces españoles y franceses establecimos –dijo Garzón– modos de generar una comisión rogatoria, por ejemplo. Pero en vez de ser que yo te mandaba a ti y tú la cumplías y listo, establecimos una comisión rogatoria abierta. Eso sirvió para establecer un puente continuo que quedó abierto sin necesidad de estar haciendo una comisión cada vez. A nosotros nos vino muy bien, le llamábamos una autopista de la información porque evitaba la burocracia.”
El modo en el que empieza a pensarse el proyecto tiene dos partes. Un marco en clave política que configure y explique la entidad del Plan Cóndor y, por ende, la pertinencia de pensarlo en función de una vinculación con cada país. Y un aspecto técnico, para el cual será necesario que cada integrante releve la legislación interna para entender cómo y hasta dónde puede pensarse la articulación. “Si tú tienes casos concretos, necesitas un contexto con el cual se pueda elaborar un marco”, dijo Garzón. “Un contexto en el que tal persona haya cometido ese hecho, que no es sólo ese hecho sino que era el contexto del Plan Cóndor, que a su vez era un mecanismo de coordinación delincuencial. Ese contexto puede unir a cada uno de los países para poder hacer fluir la documentación que necesitan. Uno puede decir: ‘Tengo estos datos, necesito tales otros’. O ‘de este testimonio se puede entender tal cuestión’. El mecanismo tendrá la formalidad que permitan los mecanismos de cooperación.”
La zona gris
A ninguno de los integrantes del encuentro se le escapa que este acuerdo, que empieza a ser pensado exclusivamente en términos jurídicos, se puede topar con cuestiones de política doméstica. Los eventuales pedidos de país a país, por ejemplo, deberán a lo mejor pasar por las cancillerías de cada Estado. La Cancillería argentina ya ha dicho que podría resolver ese tipo de pedidos en el mismo día, para que la autopista pueda funcionar. Nadie sabe, en cambio, qué sucederá con el resto de los países, pero quienes estuvieron en la mesa entienden que un protocolo así debería poder ir adelante, y generar ese efecto de vaso comunicante sobre el resto de las causas.
“A todos nosotros nos interesa que haya un contexto para interpretar qué es el Plan Cóndor, partiendo de cada una de las investigaciones de los diferentes países y de la documentación de los diferentes archivos”, dijo Garzón. “La idea es encontrar un mecanismo, seguramente habrá resistencias, Chile no es lo mismo que Uruguay o Brasil, pero si hay un mecanismo de cooperación jurídica interna en Latinoamérica y un marco mucho más avanzado, prácticamente tú estableces un espacio amplio de comunicación y de información, va llegar un momento en el que va a empujar a aquellos estamentos.”
Las otras miradas
Que exista un acuerdo regional fue visto como una necesidad por cada fiscal. En los hechos, a través de la causa Cóndor, el fiscal Osorio, por ejemplo, investigó el despliegue del Plan en Paraguay, Chile y Uruguay, pero en cada país se encontró con dificultades distintas. “Lo que yo veo son dificultades para articular una política de manera común de persecución criminal así como están las cosas en este momento”, dijo. “En un momento dado parece que podemos avanzar con alguna causa en uno de los países y en otro momento todo se diluye; uno se pregunta también cómo hacer con estas cuestiones que tienen que ver con nuestra Patria Grande y con algo que creo muy necesario, porque cuando estamos trabajando con Cóndor, estamos construyendo la Patria Grande sin declamarlo.”
Para la uruguaya Tellechea Reck, el posible protocolo sería extraordinario. “Nosotros no tenemos abierta una causa Cóndor, sabemos quiénes han participado, tenemos casos, entendemos qué se usó, pero no abrimos una causa. En Uruguay tenemos un proceso todavía inquisitorio. El fiscal pide procesamientos, pero no releva las pruebas; si bien tiene algún tipo de participación, no es la verdadera función que tiene que tener. Creo que una articulación como ésta sería extraordinaria y, de hecho, tengo cantidad de elementos del Plan Cóndor”, explicó. Entre otras causas, lleva adelante la de un grupo de fusilados que habían estado secuestrados en Automotores Orletti, los llevaron en avión a Uruguay y luego los asesinaron.
El brasileño Ivan Marx se mostró entusiasmado. “Hemos creado en la fiscalía general un grupo que yo coordino de fiscales que colaboran con los fiscales naturales para los casos de crímenes de lesa humanidad. En este momento está cambiando la Corte Suprema y eso trae alguna esperanza. Nuestro jefe fiscal general es favorable a la amnistía, pero la fiscal que está a cargo de mi área entiende que hay que procesarlos, por eso me nombró. En mayo o junio está previsto que asuma un nuevo fiscal general y tenemos esperanzas de que exista un cambio.”
En Brasil, en este momento hay cuatro causas abiertas a partir de la figura del crimen permanente, como la desaparición forzada, que sigue cometiéndose porque las víctimas continúan desaparecidas. Un resquicio similar permitió aquí, a fines de la década del ’90, la reapertura de la causa por el Plan Cóndor cuando aún estaban en vigencia las leyes de impunidad. “Con las causas así planteadas hemos podido avanzar sin necesidad de discutir la amnistía, pero aun así ponemos en los fundamentos que se trata de crímenes de lesa humanidad y los acusados deben ser procesados, citamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros ejemplos.” Luego de explicar además el rol de la Comisión por la Verdad, propuso hacer una red de información y un taller de trabajo en Brasil para mediados de año.
