La maquinaria de la impunidad

Gustavo Salle en canal 4 denunció en vivo La Maquinaria de IMPUNIDAD que armó el Frente Amplio en Uruguay.





El oscuro negocio ANCAP - PDVSA


COSECHANDO AMIGOS ROMPKBZAS   martes 11 de abril del 2017 a las 15:25 hs

Dos correos electrónicos intercambiados entre autoridades venezolanas y publicados por el sitio web argentino Adelanto24.com revelan aspectos desconocidos hasta ahora, sobre los negocios realizados entre Ancap y PDVESA por la compra de petróleo.

Escuchar a Carlos Pelaez 

En 2005, Ancap acordó con PDVSA que pagaría el 75% del crudo que comprara a 90 días y el restante 25% lo abonaría 15 años después, con una tasa de interés anual de 2%. Así fue que, entre agosto de 2005 y marzo de 2012, la empresa estatal uruguaya compró 48 cargamentos de crudo, generando una deuda de US$ 720 millones.
Al tanto de ello, Alejandro Steineck, ex diputado suplente (VA) por el Frente Amplio y representante en Uruguay de la empresa paraguaya Exor Internacional, le presentó a Sendic el negocio de la cancelación anticipada mediante la compra de bonos de PDVSA con vencimiento a 2022, con la intermediación de Exor y el banco europeo Societe Generale.
La propuesta sedujo a Sendic, que para avanzar con ella puso como condición que Exor obtuviera el visto bueno de PDVSA, lo cual ocurrió.
Fue entonces que, el 23 de marzo de 2012, Ancap, representada por Raúl Sendic, y PDVSA firmaron el acuerdo para la cancelación anticipada de la deuda. Las partes convinieron formar para ello el fideicomiso DC Trust, constituido por Exor y el Societe Generale como banco fiduciario, dice Adelanto24.com

Casi seis meses después, el 3 de agosto de 2012, PDVSA le informó a ANCAP que dejaría sin efecto el contrato con Exor y que la firma sería sustituida en su rol de administradora del fideicomiso por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), mediante su filial uruguaya.
Sospechosamente, la arbitraria determinación fue aceptada por Sendic en tiempo récord: apenas 24 horas después, se firmo el nuevo convenio con el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y titular de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño.
Por su parte, Exor amenazó con demandar a Ancap y PDVSA por honorarios no pagados generados por el trabajo destinado a la confección del fideicomiso.
Todos estos temas fueron analizados en la Comisión Investigadora que sobre Ancap funcionó en el Senado de la República.
Sobre la presencia de Exor, el relato de Sendic es diferente. En el 2015, según Presidencia de la República: “ El ex presidente de Ancap mostró el documento que prueba que la firma Exor International fue presentada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) para intermediar en el negocio de cancelación anticipada de deuda de la petrolera uruguaya con esa proveedora. Después, la empresa venezolana “eligió ir por otro camino”, aclaró, y el reclamo de la gestora por esto fue interpuesto contra ambas este año”.
Sin embargo, no fue el temor a un posible conflicto con la intermediaria paraguaya la que amenazó con derrumbar el trato, sino la “comisión exorbitante” que cobraría BANDES, dice la información publicada en Argentina y hoy difundida ampliamente en Venezuela.
Así se lo planteó Sendic a Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien pese a ser venezolano, en los papeles, poco tenía que ver con bancos, petroleras y fideicomisos.
Concretamente, Rodríguez Torres, era un militar retirado que el entonces presidente Hugo Chávez Frías puso al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El dato surge de un correo electrónico que el propio Rodríguez Torres le escribió a Edmée Betancourt, entonces presidenta del BANDES, para ponerla en conocimiento de la situación.
“Me reuní con Raúl Sendic hoy, en resumen me dijo que le habían informado que la operación no se podía hacer con BANDES porque estaba cobrando una comisión exorbitante y en consecuencia lo están presionando para que pidiera volver entonces con Exor y Societe”, advierte el jefe de la inteligencia venezolana en el correo al que Adelanto 24 accedió en exclusiva.
Y detalla: “Le expliqué que los BANDES habían puesto condiciones para hacer la operación las cuales no fueron cumplidas por PDVSA, pero que no era la comisión. Ademas que el ministro [del Poder Popular para la Planificación, Jorge] Giordani tenía el punto de cuenta con los detalles de la operación, y que los BANDES dejaban la libertad para que la operación se hiciera entonces con otros bancos”.
“A mi explicación, Raúl [Sendic] me pidió que quería que a ti como presidenta del BANDES y a mi por la responsabilidad que tengo en Uruguay, que nos quedara claro que él no había seleccionado a los paraguayos, que sabía que tenían dudosa reputación y que le informaría al Pepe [Mujica] sobre la situación para que se comunicara con [Hugo] Chávez, porque prefería no hacer la operación si los BANDES no estaban, ya que él y el ministro [de Economía y Finanzas] Fernando Lorenzo le habían dicho al parlamento uruguayo que la operación era con BANDES y políticamente no podía ir ahora a decir que se hacía con Exor u otro, porque eso le traería consecuencia y el no iba a hipotecar su futuro político en una operación que tiene que mandar el dinero a Bahamas con intermediarios paraguayos y que al “final no sabía a quién le iba a quedar una puta comisión”, pero que “a él no era”, completó.
El mail expone dos datos inquietantes. El primero, la inteligencia venezolana participó activamente de las negociaciones que habilitaron la cancelación anticipada de la deuda. El segundo: Sendic estaba interesado en que se respetaran las condiciones impuestas por el chavismo para garantizarse una “comisión”, que de otra manera “no sabía” a quien le quedaría.
Pero eso no es todo. En otro correo, esta vez del entonces ministro de Estado para la Banca Pública, Rodolfo Clemente Marco Torres al jefe del SEBIN, quien reenvía las condiciones del negocio fijadas por la gerente de Negocios Fiduciarios del Banco del Tesoro venezolano, Milbet Viloria, puede confirmarse una polémica cláusula del acuerdo, que establecía que la compra de los bonos con vencimiento en 2022 no podía quedar documentada, porque “se entendería como una inversión dirigida”.
Esto representa un verdadero escándalo, ya que para activar la oscura ingeniería financiera ANCAP debió recurrir a un préstamo de US$ 517 millones por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, dinero público terminó siendo utilizado para financiar la compra no documentada de bonos venezolanos y cumplir con el pago de comisiones que presuntamente se habrían repartido entre las autoridades uruguayas y venezolanas.

El circuito recorrido por el dinero, finalmente, fue el siguiente: ANCAP le entregó a BANDES Uruguay 517 millones de dólares para la compra de títulos emitidos por PDVSA, cuyo valor nominal era de 828 millones de dólares pero que al momento de cerrar la transacción cotizaban por debajo de ese precio y, tras ello, ANCAP -mediante BANDES- le transfirió los bonos a PDVSA que, a cambio, le extendió un pagaré equivalente a los 828 millones de la deuda.

http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ancap-pdvsa

Uruguay: el pago anticipado de una deuda a PDVSA compromete a Sendic

Fue en 2013, cuando ANCAP, la petrolera estatal uruguaya, canceló un pasivo de US$ 828 millones con su par venezolana mediante una oscura operación que incluyó la compra no documentada de bonos y contó con la intermediación del servicio de inteligencia chavista.

Por Camilo Cagnacci

La cancelación anticipada de una multimillonaria deuda que ANCAP, la petrolera uruguaya, contrajo con su par venezolana, PDVSA, entre agosto de 2005 y marzo de 2012, por la compra de 48 cargamentos de petróleo crudo, coloca al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic en el ojo de la tormenta.
Es que fue él quien, en su calidad de presidente de la compañía, negoció y concretó el pago, en el marco de una compleja y oscura ingeniería financiera que incluyó la conformación de un fideicomiso para la compra no documentada de bonos de PDVSA con vencimiento en 2022, con la intermediación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).
Capítulo aparte merece la intervención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en las tratativas con Sendic, tal como puede acreditarse en dos correos electrónicos a los que Adelanto 24 accedió en exclusiva e involucran -en forma directa- a su entonces jefe: el mayor general (R) Miguel Eduardo Rodríguez Torres.
La deuda
En 2005, Ancap acordó con PDVSA que pagaría el 75% del crudo que comprara a 90 días y el restante 25% lo abonaría 15 años después, con una tasa de interés anual de 2%. Así fue que, entre agosto de 2005 y marzo de 2012, la firma uruguaya compró 48 cargamentos de crudo, generando una deuda de US$ 720 millones.
Al tanto de ello, Alejandro Steineck, ex diputado por el Frente Amplio y representante en Uruguay de la empresa paraguaya Exor Internacional, le presentó a Sendic el negocio de la cancelación anticipada mediante la compra de bonos de PDVSA con vencimiento a 2022, con la intermediación de Exor y el banco Societe Generale.
La propuesta sedujo a Sendic, que para avanzar con ella puso como condición que Exor consiguiera el visto bueno de PDVSA, lo cual ocurrió.
Fue entonces que, el 23 de marzo de 2012, Ancap, representanda por el hoy segundo de Tabaré Vázquez, y PDVSA firmaron el acuerdo para la cancelación anticipada de la deuda. Las partes convinieron formar para ello el fideicomiso DC Trust, constituido por Exor y el Societe Generale como banco fiduciario.
Venezuela se quedó con todo
Casi seis meses después, el 3 de agosto de 2012, PDVSA le informó a ANCAP que dejaría sin efecto el contrato con Exor y que la firma sería sustituida en su rol de administradora del fideicomiso por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), mediante su filial uruguaya.
Sospechosamente, la arbitraria determinación fue aceptada por Sendic en tiempo récord: apenas 24 horas después, el uruguayo protagonizó la firma del nuevo convenio con el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y titular de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño.
Por su parte, Exor amenazó con demandar a Ancap y PDVSA por honorarios no pagados generados por el trabajo destinado a la confección del fideicomiso.
La intervención del SEBIN y las comisiones
Sin embargo, no fue el temor a un posible conflicto con la intermediaria paraguaya la que amenazó con derrumbar el trato, sino la “comisión exorbitante” que cobraría BANDES.
Así se lo planteó Sendic a Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien pese a ser venezolano, en los papeles, poco tenía que ver con bancos, petroleras y fideicomisos. Concretamente, Rodríguez Torres, era un militar retirado que el entonces presidente Hugo Chávez Frías puso al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El dato surge de un correo electrónico que el propio Rodríguez Torres le escribió a Edmée Betancourt, entonces presidenta del BANDES, para ponerla en conocimiento de la situación.
“Me reuní con Raúl Sendic hoy, en resumen me dijo que le habían informado que la operación no se podía hacer con BANDES porque estaba cobrando una comision exorbitante y en consecuencia lo están presionando para que pidiera volver entonces con Exor y Societe”, advierte el jefe de la inteligencia venezolana en el correo al que Adelanto 24 accedió en exclusiva.
Y detalla: “Le expliqué que los BANDES habían puesto condiciones para hacer la operación las cuales no fueron cumplidas por PDVSA, pero que no era la comisión. Ademas que el ministro [del Poder Popular para la Planificación, Jorge] Giordani tenía el punto de cuenta con los detalles de la operacion, y que los BANDES dejaban la libertad para que la operación se hiciera entonces con otros bancos”.
“A mi explicación, Raúl [Sendic] me pidió que quería que a tí como presidenta del BANDES y a mí por la resposabilidad que tengo en Uruguay, que nos quedara claro que él no había seleccionado a los paraguayos, que sabía que tenían dudosa reputación y que le informaría al Pepe [Mujica] sobre la situacion para que se comunicara con [Hugo] Chávez, porque prefería no hacer la operación si los BANDES no estaban, ya que él y el ministro [de Economía y Finanzas] Fernando Lorenzo le habían dicho al parlamento uruguayo que la operación era con BANDES y políticamente no podía ir ahora a decir que se hacía con Exor u otro, porque eso le traeria consecuencia y el no iba a hipotecar su futuro político en una operación que tiene que mandar el dinero a Bahamas con intermediarios paraguayos y que al “final no sabia a quien le iba a quedar una puta comision”, pero que a el no era”, completó.

 Datos inquietantes
El mail expone dos datos inquietantes. El primero, la inteligencia venezolana participó activamente de las negociaciones que habilitaron la cancelación anticipada de la deuda. El segundo: Sendic estaba interesado en que se respetaran las condiciones impuestas por el chavismo para garantizarse una “comisión”, que de otra manera “no sabía” a quien le quedaría.
Pero eso no es todo. En otro correo, esta vez del entonces ministro de Estado para la Banca Pública, Rodolfo Clemente Marco Torres al jefe del SEBIN, quien reenvía las condiciones del negocio fijadas por la gerente de Negocios Fiduciarios del Banco del Tesoro venezolano, Milbet Viloria, puede confirmarse una polémica cláusula del acuerdo, que establecía que la compra de los bonos con vencimiento en 2022 no podía quedar documentada, porque “se entendería como una inversión dirigida”.

Esto representa un verdadero escándalo, ya que para activar la oscura ingenería financiera ANCAP debió recurrir a un préstamo de US$ 517 millones por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, dinero público terminó siendo utilizado para financiar la compra no documentada de bonos venezolanos y cumplir con el pago de comisiones que presuntamente se habrían repartido entre las autoridades uruguayas y venezolanas.
El circuito del dinero
Pese al apuro de las partes por concretar la operación, la misma recién se hizo efectiva en enero de 2013. La demora, explicaron, se debió a la “complejidad de los trámites”.
Eso no privó a ANCAP de calificar de “exitosa” la experiencia de intercambio comercial con PDVSA, ni al gobierno uruguayo de destacar que por el pago anticipado se estaban ahorrando US$ 311 millones en concepto de “intereses y gastos de financiación”. Lo barato sale caro, reza un viejo refrán.
El circuito recorrido por el dinero, finalmente, fue el siguiente: ANCAP le entregó a BANDES Uruguay US$ 517 millones para la compra de títulos emitidos por PDVSA, cuyo valor nominal era de US$ 828 millones pero que al momento de cerrar la transacción cotizaban por debajo de ese precio y, tras ello, ANCAP -mediante BANDES- le transfirió los bonos a PDVSA que, a cambio, le extendió un pagaré equivalente a los US$ 828 millones de la deuda.

Salsipuedes

HOY 11 DE ABRIL, pero de 1831, se produjo la MATANZA DE SALSIPUEDES , exterminio contra indígenas charrúas en Uruguay, por parte de tropas gubernamentales al mando del GENOCIDA FRUCTUOSO RIVERA, a orillas del arroyo Salsipuedes.

Los indígenas prisioneros fueron trasladados a pie hasta Montevideo. La mayor parte de ellos, fundamentalmente mujeres y niños, quedaron a cargo de familias de Montevideo donde sirvieron esclavizados. Cuatro de los sobrevivientes (Vaimaca Pirú, Tacuabé, Senaqué y Guyunusa) fueron entregados a un francés llamado François De Curel, quien los trasladó a París donde fueron exhibidos como ejemplares exóticos de América. Todos ellos murieron en cautiverio. La única excepción fue Laureano Tacuabé que logró huir con la hija de Guyunusa nacida en Francia, y no hubo más registros de su paradero.

La cárcel y los privilegios

Es parte de la impunidad


>>> Sin privilegios 

O todos o ninguno

12 policías procesados por dar golpizas a presos de módulo de máxima seguridad del Comcar

Como los integrantes del Grupo de Requisa se negaron a individualizar a quienes propinaron las golpizas, la Justicia decidió procesar a todos.

10.04.2017

Un subcomisario, una operadora penitenciaria y 10 guardias penitenciarios fueron procesados por la Justicia tras comprobarse que practicaban golpizas a internos del Módulo 12 de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez.
A mediados de marzo de este año, la madre de uno de los reclusos que cumplen pena en el Módulo Nº 12 (máxima seguridad) denunció apremios físicos sufridos por su hijo, que le fueran propinados por efectivos del Grupo de Requisa que actúa en dicho módulo. La denunciante aportó fotografías que dieron inicio a la participación del DIAP (Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario) quien informó inmediatamente a la Dra. Julia Staricco de Penal 16º.
La denuncia apuntó a dos efectivos particularmente como los principales instigadores de las golpizas que tuvieron como punto focal el 14 de marzo pasado, ocasión de una requisa en la que se volvió a practicar apremios a los internos allí alojados por parte de efectivos de la guardia penitenciaria, informó el Ministerio del Interior. Los hechos quedaron registrados en el circuito de video cerrado con el que cuenta el módulo de máxima seguridad, constituyendo la prueba principal que permitió el procesamiento de los involucrados.
Con las imágenes como prueba, la Dra. Staricco determinó la veracidad de las denuncias, no obstante "no poder individualizar con claridad la identidad de los principales protagonistas de las mismas, razón por la que requirió el testimonio de los guardias penitenciarios y de una operadora penitenciaria, sin éxito". Ante la negativa general fueron procesados sin prisión todos los miembros del Grupo de Requisa y con prisión el subcomisario H.P.C, principal responsable de las acciones de este grupo.
Los procesados sin prisión deberán cumplir tareas comunitarias por 120 días (4 horas por día), acciones que deberán coordinarse con la Intendencia de su domicilio o con la Oficina de Supervisión para la Libertad Asistida (OSLA). Estos funcionarios no volverán a cumplir funciones en el Grupo de Requisa.
La investigación judicial está cerrada con los procesamientos dictados, no obstante lo cual siguen las investigaciones administrativas sobre los involucrados en los hechos.
A partir de estas actuaciones, la Dirección del INR ha dispuesto -en coordinación con su par de la Guardia Republicana- la instalación de un puesto de revisoría especial para toda persona (funcionario o particular) que ingrese al Módulo 12, integrado por efectivos de la Guardia Republicana.
"El director del Instituto Nacional de Rehabilitación se constituye por estas horas en la Unidad Nº 4 donde informará directamente de estas actuaciones al personal penitenciario y a los privados de libertad del referido módulo. Asimismo, también ha dispuesto que todos los funcionarios penitenciarios que participen de los Grupos de Requisa portarán cámaras personales de filmación para registrar todas las acciones que realicen en esas instancias", indicó el Ministerio del Interior.
Fue procesado con prisión el subcomisario H.P.C. como autor de un "delito de abuso de autoridad contra los detenidos en ocurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de lesiones personales en calidad de autor".
El resto fue procesado sin prisión, entre ellos la operadora penitenciaria L.P.I.S. y los guardias penitenciarios C.R.B.F, A.G.A.D.S., C.A.G.L., O-C.V. y D.G.S.L. como autores de "un delito de abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de lesiones personales en calidad de coautores", imponiendo como medida sustitutiva la obligación de concurrir a la OSLA y/o a la Intendencia Municipal de su domicilio a realizar tareas comunitarias dos veces en la semana que libran o en su defecto en el día franco semanal, totalizando 4 horas a la semana por 120 días.
Los guardias penitenciarios M.L.D.L.R, D.L.M., E.G.V., J.D.M. y J.C.P.B. fueron procesados por la comisión de un "delito de abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de autores, imponiendo como medida sustitutiva la obligación de concurrir a la OSLA y/o la Intendencia Municipal de su domicilio a realizar tareas comunitarias dos veces en la semana que libran o en su defecto en el día franco semanal, totalizando 4 horas a la semana por 120 días".
Información del Ministerio del Interior

Cárcel de mujeres


>>> Con privilegios
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04 abr 2017

En esa apacible cárcel —no tiene los niveles de hacinamiento ni la violencia que caracteriza a los módulos 8 y 9 del Comcar— también fueron alojados en el pasado Pablo Goncálvez, acusado de cuatro asesinatos; los empresarios argentinos Matías Campiani y Sebastián Hirsch, exresponsables del consorcio Leadgate que tuvo a su cargo el control de Pluna y el empresario gastronómico de Maldonado procesado con prisión por abusos sexuales a menores.

Las autoridades carcelarias niegan que Campanero sea una "cárcel VIP". Una junta de técnicos del Instituto Nacional de Rehabilitación decide el destino de cada preso en función de su perfil y lo fundamenta, dijeron fuentes penitenciarias.

El penal se llama Campanero porque cerca pasa el arroyo homónimo, de los más caudalosos del departamento de Lavalleja. A poca distancia del penal se encuentra un cerro que lleva el mismo nombre.

La entrada de la cárcel tiene varios celdarios. Allí se quedan cinco días los reclusos recién llegados.

El penal está subdividido en cuatro sectores: celdas colectivas cuyas puertas están abiertas durante el día. Los presos entran y salen de las barracas. Pasean, toman mate. También tienen derecho al uso de celulares, pero de manera muy regulada.

Los puestos de vigilancia observan a cada uno de los sectores. En Campanero, hay un sector mejor que los otros tres: cuenta con gimnasio y sus paredes están pintadas. Al costado del penal funciona una chacra para presos que están por salir en libertad.

Progresividad.

Los reclusos de Campanero tienen determinado perfil: no ser violentos y haber cumplido con el sistema de progresividad. En el penal pueden convivir un delincuente de "guante blanco" con un rapiñero que pasó por distintas etapas de rehabilitación.

"No calificaría a Campanero como una cárcel VIP. Está dentro del grupo de cárceles que funcionan correctamente", expresó a El País el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.

Dentro de ese grupo, se encuentran las cárceles de Cerro Largo, Florida, Durazno y Artigas.

Petit calificó como un "avance" la situación de estas cárceles. "El sistema no es perfecto. Pero el trabajo de la junta de clasificación le da transparencia", dijo.

Campanero aloja alrededor de 300 detenidos.

  Miércoles 05 • Abril • 2017

Eduardo Bonomi. Foto: Pablo Nogueira (archivo, setiembre de 2013)

 

Bonomi defendió reclusión de Sanabria en cárcel de Campanero

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el ex diputado suplente del Partido Colorado y dueño de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, será recluido en la cárcel de Campanero, debido al peligro de que pueda utilizar su poder económico con otros presos.
"Cuando a determinadas cárceles van personas con recursos, se corren otros riesgos, como que esos recursos estén a disposición de los presos", dijo Bonomi, haciendo referencia al dinero que muchas veces exigen los reclusos a los recién llegados para presionarlos. Aunque según el ministro, muchas veces es el propio recluso que recién entra a la cárcel quien pone a disposición de los demás internos su propio dinero. Para el jerarca, "en cualquiera de los dos casos genera un problema adicional a la cárcel, entonces cuando se resuelve a dónde van, se evitan problemas".
Bonomi también habló de las comodidades de la cárcel de Campanero, y dijo que "salvo el celdario de Punta de Rieles, todos los demás tienen baño privado, en el sentido de que están dentro de la celda". "¡Le regalo el baño privado que hay en las cárceles!", expresó. Respecto de la losa radiante, explicó que con su instalación se busca evitar que suceda lo mismo que lo que ocurrió en la cárcel de Rocha, cuando se incendió en 2010, y produjo la muerte de 12 reclusos.

Jueves 06 • Abril • 2017

Los dichos del Bicho

Columna de opinión.

A veces, uno sospecha que lo están agarrando de gil. Otras veces, está seguro. Tal cosa sucede, por ejemplo (un caso entre muchos), tras las explicaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acerca de por qué los presos “con recursos” van a cárceles que podrían considerarse lujosas (al menos si se las compara con las otras). En resumen, lo que dijo es que si se los enviara a una cárcel común, parte de esos recursos podría pasar a manos del resto de los presos, a causa de “peajes” y presiones diversas. Otros mencionan la seguridad de los detenidos, pero eso no cambia el fondo de la cosa. Está bien, tal vez no sea conveniente juntar aleatoriamente a cualquier preso con cualquier otro, pero el detalle que no se explica es por qué el que tiene “recursos” tiene que ir a una cárcel de lujo. Si a dos delincuentes normales se los separa para evitar, pongámosle, que se maten, no se manda a uno de ellos a una celda con losa radiante e internet, y al otro a una mazmorra medieval. Sería algo arbitrario, ilógico e injustificado. Entonces, ¿por qué deberíamos tomarlo como algo normal cuando se trata de un presidiario rico y otro pobre? Porque de eso estamos hablando, y no de otra cosa. El eufemismo de los recursos no camufla demasiado al clasismo que subyace.
Redundando: perfectamente -siguiendo esa lógica- podría haber dos cárceles iguales, una para chorros pobres, y otra para esos chorros ricos que serían injustamente esquilmados por los chorros pobres si se los pusiera a todos juntos, como en los bancos de una escuela. Pero parece que hacerlos pasar frío y prohibirles usar el celular no es aplicable en su caso; esta gente no está acostumbrada a tales penurias. Sería una crueldad.
El colmo del absurdo es cuando Bonomi dice que lo de la losa radiante es para evitar situaciones como el trágico incendio de hace unos años en la cárcel de Rocha. Perfecto: se incendia una cárcel para pobres, y la solución es mejorar el sistema de calefacción en las cárceles para ricos.
Insisto: sé que los términos “pobre” y “rico” suenan medio trasnochados -o a canción de protesta sesentista- en estos tiempos meritocráticos. Pero los elegí adrede, porque para algo están las palabras: para usarlas como corresponde. Se me dirá, con razón, que en esas cárceles de lujo también hay pobres. De hecho, se supone que fueron pensadas para presos con buena conducta, que demostraron merecer estar ahí; aunque en el caso de los delincuentes de cuello blanco no queda claro el mecanismo mediante el cual su condición social suma puntos en la hoja de méritos.
La situación carcelaria, con sus inequidades, es el tema de fondo, nadie lo dude, pero aquí también estoy criticando una forma de comunicar, que parece marcada por el cansancio y la desesperanza. Podría haberse probado con un “Es injusto, pero nos tenemos que manejar con las cárceles que hay, y no tenemos una que no sea de lujo y en la que se pueda ubicar a los delincuentes cuya seguridad debemos proteger”. Ahí la pregunta sería: ¿Y por qué no tenemos? Pero al menos la discusión correría por carriles más sensatos. Igual, ni siquiera se intentó esa explicación.
Los hechos indican que cuando se procesa a un ladrón de cuello blanco (expresión que siempre me hace pensar en algún tratado de ornitología), la gente ya sabe que va a ir a una cárcel de las lindas, y no le erra. Y no digan (porque ya lo he escuchado) que un delito de estafa no es comparable a un asesinato. No hay necesidad de compararlos, ya que en las cárceles tipo colección de depósitos abarrotados, como el Comcar, no sólo hay asesinos. Por otro lado, sí los hay en Domingo Arena, y de los grosos.
El mensaje que se le da a la población es terrible. No importa qué gobierno haya, no importa lo que haya costado ponerlo ahí: algunos siguen teniendo ventajas incluso cuando, habiendo cometido delitos groseros y que tomaron estado público, no hay más remedio que mandarlos presos. Si el hijo de mi vecino asalta un par de verdulerías, recibirá un castigo bastante más severo que si el hijo de los Menéndez Iturriberry de Garompa vacía un banco, o pone un lavadero para narcos.
Se nos pide que no metamos a todos en la misma bolsa y que no estimulemos el descreimiento en la política, porque ya sabemos a dónde conduce. En principio estaría de acuerdo, pero ¿vamos a colaborar un poquito? Sobre todo en estos tiempos, en que andamos tan quisquillosos con las irregularidades de algunas democracias ajenas.

Guillermo Lamolle

A. Roizen / C. Tapia

El 20 de septiembre el Ministerio del Interior publicó en su página web una nota, con video incluido, en la que detallaba cómo el cierre de la Cárcel Central ponía fin a los "privilegios" en el sistema carcelario.

"La emblemática edificación -contigua a la sede de la Jefatura de Montevideo, sobre la calle San José- cerró definitivamente como centro de reclusión para privados de libertad, devolviendo la igualdad de tratamiento al sistema", decía el comunicado.

Además, detallaba la manera en la que un preso con influencias económicas o políticas podía acceder a condiciones de reclusión muy superiores a las que tiene la mayoría de las 10.000 personas privadas de libertad en Uruguay.

"Durante años, el edificio fue alojamiento para quienes conseguían, de las autoridades de turno, el privilegio de contar con esa repartición para cumplir la pena impuesta por la Justicia. Un tratamiento desigual que estaba reservado para quienes podían `pagar` su estadía o tenían ese `contacto` para acceder al beneficio de purgar condena en sus instalaciones", explicaba la publicación.

Incluso, el comunicado detallaba que "durante mucho tiempo estuvo presente en el imaginario colectivo que bastaba con tener recursos económicos o alguna `palanca` política, para poder acceder a este centro de reclusión" y aclaraba, además, que ese punto era "algo que los hechos terminarían demostrando".

Ese concepto de cárcel con determinados beneficios también fue manejado a mitad de este año por el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. El jerarca dijo a la prensa que el cierre de Cárcel Central terminaría con "los privilegios" dentro del sistema carcelario.

Mendoza había comentado que la Cárcel Central ya no rehabilitaba a nadie y que se había transformado en un centro destinado a quienes tenían recursos.

Sin embargo, los hechos parecen mostrar que los "privilegios" no se terminaron, sino que siguen bien presentes en el sistema carcelario uruguayo, y que hay presos que cumplen su condena en instalaciones claramente superiores a las destinadas para la mayoría.

Comodidades.

La cárcel de Campanero, a tres kilómetros de Minas, departamento de Lavalleja, cuenta con un edificio central que tiene cuatro sectores, con una capacidad total para 120 presos. En cada sector hay cinco celdas, cada una de estas con lugar para seis personas. A este sitio fue trasladado recientemente, desde Cárcel Central, el asesino serial Pablo Goncálvez.

Al lado de ese edificio hay un sector de chacra, donde están recluidos otros 20 presos, y en el mismo predio penitenciario hay una cárcel de mujeres, que actualmente aloja a unas 10 reclusas.

En la zona de la chacra los presos trabajan y están sueltos, según dijeron fuentes carcelarias a El País. "Es campo abierto, no hay rejas ni alambrados, pero ellos no se van", explicaron. En Campanero los presos pueden trabajar haciendo bloques, se emplean en el aserradero o incluso en una huerta. Algunos, además, salen a trabajar y tienen, por ejemplo, contratos con OSE. En general se registran bajas cifras de reincidentes y no hay casi fugas.

La cárcel tiene losa radiante en todas las celdas, aunque, curiosamente, a la oficina de la guardia policial no llegó ese tipo de calefacción. Los presos también cuentan con un comedor y tienen prohibido alimentarse en las celdas.

Cada celda tiene baño y, aparte, en cada sector hay dos baños más grandes que tienen seis ducheros con agua caliente y están revestidos con azulejos blancos. En horario de patio, de 9 a 17 horas, los presos pueden bañarse cuantas veces quieran. "Si quieren bañarse 10 veces en ese horario, se pueden bañar", dijeron las fuentes carcelarias.

Según supo El País, los reclusos que llegaron recientemente desde Cárcel Central decidieron, con sus propios recursos, pintar de verde claro las paredes de las celdas y de algunos muros de los patios.

Además, mientras el Ministerio del Interior trata de bloquear la comunicación con celulares en el Comcar y el Penal de Libertad, los presos de Campanero pueden utilizar ese tipo de aparatos de forma libre entre las 9 y las 21 horas, sin cámara y tras haber registrado el número de chip; solo les quitan el beneficio en caso de mala conducta. Esa es, claramente, otra diferencia con el común de los presos uruguayos.

A la cárcel va una maestra a dictar clase para quienes no terminaron Primaria, hay un taller de electricidad y hay una clase de manualidades. "Están muy cómodos, eso es un hotel, los presos no pueden no valorar el lugar", dijeron las fuentes.

Mínima seguridad.

Por su parte, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, detalló a El País que no todos los presos de Cárcel Central fueron a Campanero, aunque sí la mayoría de ellos, unos 20 en total.

"Se trata de un establecimiento nuevo, que tiene meses de inaugurado. Es una cárcel de mínima seguridad, tiene las características de las últimas construcciones que se han hecho", describió el jerarca.

Sobre el término manejado por el Ministerio del Interior, Garcé afirmó: "Existen dos tipos de privilegios dentro del sistema carcelario. Uno es el que la ley reconoce a los internos que tienen buena conducta y que van accediendo a condiciones de reclusión más abierta".

Como ejemplo, señaló: "No está en las mismas condiciones un interno de chacra que alguien que está alojado en un módulo del Comcar. Ahora, llegar a la chacra implica un proceso de evaluación, de buena conducta y de trabajo. Entonces, si por privilegio se entiende el hecho de tener mejores condiciones de reclusión porque esto fue ganado legítimamente, esto me parece bien, está de acuerdo con la ley", dijo.

Así, agregó: "La otra clase de privilegio podría ser aquel que es ganado ilegítimamente, por ejemplo, a base de dinero o de un hecho de corrupción. Si esto se da en alguna circunstancia, se trata de algo irregular y está emparentado con un ilícito".

El comisionado parlamentario afirmó: "Yo no puedo, de ninguna manera, presumir que todos los que estuvieran recluidos en Cárcel Central hubiesen obtenido de ese modo su estadía allá. Por lo tanto, creo que hay que distinguir entre lo que es un privilegio legítimo y uno ilegítimo", puntualizó.

Un proyecto ejemplo en el sistema uruguayo, con beneficios para presos con buena conducta

Lavalleja | Fernando Bonhomme

El Complejo de Rehabilitación de Minas fue el primero del interior del país en gestionar un sistema semiabierto de reclusión con procesados que no eran peligrosos y que su conducta dentro de la cárcel denotaba que podían ser alojados en condiciones mínimas de seguridad. En el año 2005 el Jefe de Lavalleja, Erode Ruiz, comenzó el trabajo que concluyó con el cierre definitivo de la cárcel central de Minas. Al principio se fueron trasladando hacia la chacra policial algunos reclusos, que realizaban tareas tales como cuidado de cerdos o labores de aserradero.

En 2011 se trasladó al mismo predio la cárcel de mujeres. Las reclusas también desarrollan actividades, estudian y reciben la visita de una peluquera una vez a la semana. Tal área tiene capacidad para 14 reclusas en siete celdas y un patio común. El sistema de reclusión será progresivo, quienes estudien o trabajen irán generando un estatus que les permitirá gozar de beneficios mientras cumplen la condena.

En su momento, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, destacó que ese proyecto era ejemplo para todo el sistema penitenciario uruguayo.

>>> Viejitos de mierda

El dormitorio-celda de José Sande tiene televisión por cable, aire acondicionado, computadora, calcomanías de Nacional, flores y dibujos de su hijo de tres años. Sande está sentado en una de las cuatro sillas que compró para cuando recibe visitas y sonríe dejando entrever un perno de metal en la muela, uno de los pocos problemas de salud que ha tenido desde que está preso. Habla y casi no deja hablar, pero su discurso se interrumpe por la aparición de una figura en la puerta. José Arab, otro de los reclusos, pide permiso y pasa, como vecino que se ha ganado el derecho de molestar cuando lo necesita.

—Amigo, ¿terminó ya de colocar esa antena?— pregunta Arab.

—En eso ando— responde Sande señalando el serrucho que dejó apoyado en su cama de una plaza— pero por ahora sigo sin agarrar ningún canal.

En el pasado uno era de los azules y el otro de los verdes, pero ahora los une una misma realidad. Sande ofrece un café, de esos que tiene en el mueble junto a las frutas y los chocolates, y su compañero rechaza la invitación. Es miércoles después del mediodía y Arab recién se levanta. Todavía está con el salto de cama blanco, el pijama y las pantuflas; apenas le dio el tiempo de almorzar la pasta casera que su esposa le había llevado cuatro días antes. Nada hace pensar que ese hombre de 76 años, que habla de álgebra y filosofía moderna, cumplirá dentro de dos semanas sus primeros 10 años de reclusión de una condena de 25, por el homicidio de 28 personas durante la última dictadura uruguaya (1973-1985). A Sande le dieron 20 años, también por los asesinatos del llamado "segundo vuelo".

Las celdas de Sande, Arab y los otros cinco reclusos de la cárcel de Domingo Arena no tienen llaves ni horarios para apagar la luz. Si bien hay una guardia militar que custodia el perímetro y unos policías que controlan a quien entra y sale durante las 34 horas de visita que hay por semana, lo más peligroso es un perro salchicha llamado Poli que olfatea a todo recién llegado. El resto tiene la impronta de un residencial de ancianos cercado con alambre de púas.

La Unidad de Internación N° 8, como se llama técnicamente, es una prisión creada hace 10 años para albergar a los militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero a una década de que Tabaré Vázquez haya inaugurado este predio que el Ministerio de Defensa le cedió al de Interior, solo queda claro que es una reclusión con fecha de vencimiento.

La cárcel de Domingo Arena —nombre de la calle en la que está ubicada en Piedras Blancas— cabalga a la par de la biología de quienes la ocupan; acá solo la muerte o la enfermedad la van desocupando. No se reemplazan las ausencias, sino que van contando los días hasta que el público objetivo de ese centro carcelario finalmente se agote y se cierre una etapa en la historia reciente de Uruguay.

Desde hace 10 años fueron procesadas 29 personas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Antes había sido encarcelado el civil Juan Carlos Blanco, por la muerte de la maestra Elena Quinteros. En tres casos la Justicia revocó el procesamiento de quienes no tenían otra causa. Del resto, seis ya fallecieron, cinco están en el hospital, cuatro cumplen prisión domiciliaria, cuatro están encerrados en Coraceros y otros siete en Domingo Arena.

Para mantener la vida en prisión de José Arab, José Sande, Jorge Silveira, Pedro Freitas, Ricardo Medina, Enrique Rivero y Ernesto Soca el Estado invierte en el salario de unas 100 personas, más comida, mantenimiento, traslados y TV cable. Los reclusos cuentan con una enfermera que los visita todos los días —por más que algunos también tienen su seguro privado—, y tienen la posibilidad de ver en vivo los partidos del fútbol uruguayo.

En el comedor hay un televisor LED de 32 pulgadas, en diagonal a la estufa a leña, que siempre está apagado. Los presos miran la TV en sus celdas y los espacios comunes son solo sitios de paso. El patio es el lugar de reunión cuando el día está lindo. Es allí donde Medina aprovecha para caminar, Soca escucha la radio y Rivero mira pasar los aviones de su Fuerza Aérea: "Cómo se extraña volar", dice este aviador sentenciado en 2010 a 19 años de cárcel por la detención y muerte de Ubagesner Chaves Sosa, cuyos restos fueron los primeros hallados de un desaparecido.

Cuando se les da la posibilidad de hablar, todos estos presos dicen que están encerrados "injustamente", que "no hay pruebas contundentes" y que "algún día se sabrá la verdad". Sin embargo, la mayoría ya tiene condena y hasta la confirmación de la Suprema Corte de Justicia, contrario a lo que sucede con el resto de los reclusos.

La gravedad de los delitos por los que fueron sentenciados los hoy prisioneros de Domingo Arena, hace que parte de la sociedad uruguaya se indigne por el tipo de castigo que cumplen en relación a otros presos. Sin embargo, para la exfiscal Mirtha Guianze, que llegó a procesar a 20 personas y que hoy integra la Institución de Derechos Humanos, "no se trata de que estos presos estén en malas condiciones, sino de que todos deberían tener un trato digno".

Según Guianze, el castigo les está llegando a personas mayores, "no es eso lo que se persigue, sino mantener la memoria". Para la exfiscal los presos de Domingo Arena son solo un puñado de los muchos responsables de delitos que dejó la dictadura. Dice que "quedaron enormes expedientes sin resolver", que "apenas se procesó a dos personas laterales por abusos sexuales contra mujeres", y que los procesos judiciales están siendo demasiado "largos y secretos".

Medina es uno de los reclusos que tiene más interés por estos procesos y escribe sobre Derecho como pasatiempo. A diferencia de Arab, que está "cansado de todo" y que prefiere que su hija abogada sea quien se encargue de lo legal, a Medina los casos jurídicos le apasionan. Fue a él quien la Justicia le encontró documentación reservada en su computadora. Y él es una prueba de la información que maneja este tipo particular de presos.

Por eso la exministra de Defensa, Azucena Berruti, justifica que se haya creado una cárcel especial. "Reunir a estos expolicías y militares con los presos comunes podría crear una situación de difícil control, ellos saben de inteligencia y de seguridad", afirma la exjerarca que negoció la creación de este recinto, y que entiende este hecho, 10 años después, como una de las decisiones "más complejas" que le ha tocado sortear en su gestión.

En el terreno.

La cárcel de Domingo Arena ocupa 3.400 metros cuadrados y es la 17ª parte del predio militar que la envuelve, espacio al que también acceden los reclusos bajo custodia. El patio con piso de hormigón ocupa la mitad del centro de reclusión, luego hay un pabellón central con biblioteca, baños, cocina, comedor, aparatos de gimnasia, lavarropas, y unas 15 celdas en donde están alojados seis de los presos.

Jorge "Pajarito Silveira está en una zona aparte. Su habitación, conocida en la interna como "el apartamento", es un espacio más amplio y fue diseñado para albergar a los presos con problemas de conducta. Desde hace unos años, cuando Silveira denunció que Arab lo había amenazado, lo cambiaron para allí. Tiene su huerta propia que, según los compañeros, un soldado es quien la trabaja. No saben si hay dinero de por medio o lo sigue haciendo por jerarquía militar.

No es lo único que los compañeros hablan de Silveira. También comentan que se ha llevado prostitutas a la cárcel en los 10 años que lleva recluido, que desprecia al personal subalterno y que ha encabezado una huelga de hambre, algo "inadmisible" para la disciplina militar. El "Pajarito" no se defiende porque dice que "no habla con la prensa".

Los privilegios de Silveira provocan la mayor tensión que hay en la cárcel Domingo Arena. Hace un año y medio, el semanario Búsqueda relató un encontronazo protagonizado por el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez a la hora de repartir los bizcochos, pero el nonagenario ahora está internado en el Hospital Militar.

Soca (67), el más joven de los presos, fue quien se había peleado con Álvarez. Aquel enfrentamiento dejaba entrever otra fisura que, sin nombrarla, está presente en esta cárcel: las jerarquías. Mientras Álvarez llegó a ser comandante y presidente de facto (1981-1985), Soca era parte del personal subalterno; un simple sargento. Hoy este exsoldado es el único que trabaja en Domingo Arena para redimir la pena.

Desde hace más de un año que Soca sale con un carrito con baldes de agua y jabón a lavar los autos de la dependencia militar, aledaña a la cárcel. Hace ocho horas de trabajo diario, ayuda en el gallinero del establecimiento y en el traslado de la comida. Según sus compañeros eso "le ha hecho muy bien" y lo "despejó" de su afectación psicológica por miedo a ser extraditado a Argentina.

Soca fue acusado de participar en las torturas y matanza de las 28 víctimas de Automotores Orletti. Recibió una condena de 15 años, y por cada dos días de trabajo se le descuenta uno de encierro. El resto de los reclusos prefiere no descontar días de prisión. Hay un motivo de edad y hay razones ideológicas. Para Medina, "redimir la pena es para los delincuentes". A Arab le "daría mucha vergüenza que un soldado le tenga que dar órdenes".

Arab llegó a estudiar Ingeniería y fue mayor en el Ejército. Si bien gran parte de sus charlas en la cárcel rondan en las enfermedades —sus camaradas lo embroman de "hipocondríaco"—, es uno de los presos que pasa más horas leyendo. En su celda tiene una biblioteca con títulos sobre matemáticas —fue profesor—, novelas de Don Brown y literatura religiosa. Desde hace unos meses dejó de ir a la misa de los domingos que ofrecen en la reclusión. Pero su habitación está llena de estampitas, cruces y un póster del papa Francisco, junto a las camisetas de Nacional y Atenas.

En el caso de Arab la comida es otro de sus pasatiempos. Además de los platos caseros que le lleva su esposa, tiene acumuladas cajas de fábricas de pasta y rotiserías, y en la heladera, al lado de una Sprite Cero, guarda celosamente unos chocolates suizos.

El resto del ocio, aunque confiesa que cada vez le da menos espacio, lo dedica al trabajo en la carpintería. Frente a su cama, atrás del televisor plano, tiene colgados serruchos, destornilladores, cinceles y martillos.

Junto a Freitas, que casi no ve y no escucha, Arab es de los que pasa más horas encerrado y sin ánimo. Medina, en cambio, aprovecha a caminar como también lo hace Rivero. Sande juega a la paleta con los soldados o repara computadoras. Soca trabaja y escucha la radio. Silveira recibe visitas y ve al soldado cultivar la huerta. Son las rutinas que continúan en una cárcel que se está quedando vacía.

Una carrera contra la biología y las demoras.

El 18 de octubre de 2002, el juez Eduardo Cavalli procesó con prisión a Juan Carlos Blanco por el "homicidio especialmente agravado" de Elena Quinteros. Desde entonces ya son 30 las personas procesadas por delitos ocurridos durante la última dictadura, tres de los cuales fueron revocados. La cifra de presos podría ser mayor si "los juzgados no estuvieran tan saturados", reclama Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, que lleva el conteo de los casos. Según Olivera solo el juzgado penal de 7° turno tiene más de 60 expedientes sin resolver. "No es que pidamos un juzgado especializado, pero sí descongestionar para que las causas avancen". La exfiscal Mirtha Guianze cuestiona el que no se haya avanzado "casi nada" en relación a las violaciones a mujeres. Solo hubo dos procesados (Héctor Amodio Pérez y Asencio Lucero). Para Guianze los juicios deberían ser públicos y orales, como en los otros países de la región. "Esto daría más garantías y aceleraría los procesos". El nuevo Código Penal prevé este tipo de juicios, pero no aplica para las causas que ya están en trámite. Por eso Olivera afirma que "no se espera ningún cambio".

Presos que juegan con los beneficios de la edad.

Sobre uno de los muebles de su celda, José Sande tiene cuatro paletas de madera. Casi todos los días aprovecha para pelotear unas horas junto a los militares que custodian la cárcel de Domingo Arena. Antes iba con algunos de sus compañeros reclusos, pero la vejez y la falta de voluntad fue bajando la cantidad de participantes. Cada vez que Sande quiere jugar a la paleta debe pedir permiso, porque la cancha está fuera del cerco que controla el Ministerio del Interior. Es una formalidad, no es que teman su fuga. De hecho los presos de Domingo Arena pueden portar serruchos, tijeras, y elementos que en un centro de reclusión convencional serían objetos peligrosos. "No hay problemas de relación entre estos presos y el exterior, no existe el temor a la fuga o el mal comportamiento", explica Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles.

Según Petit, lo "ideal es que no haya diferencias entre los presos, pero por la edad y por el tipo de reclusos no sería conveniente juntar" a estos privados de libertad con otros. El comisionado no sabe qué será de esta cárcel el día después del cierre.

 

El primero de una gran lista

Primer procesamiento de tortura como crimen de lesa humanidad


>>> Es un sobrino del Goyo Alvarez

07.04.17, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado en lo Penal de 5º Turno, Dr. José María Gómez, dispuso el procesamiento con prisión de un Coronel retirado, perteneciente al Grupo de Artillería Nº 1, por su presunta participación en hechos de tortura y tratos degradantes hacía un integrante de la directiva del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), durante el período dictactorial.

Según surge de las actuaciones, G. R. era perseguido por integrar la dirección sindical del SUNCA y ser el responsable de la propaganda del referido sindicato. El 8 de mayo de 1980, fue detenido por agentes de inteligencia policial militar y llevado a dependencias del Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR), lugar que fuera utilizado como centro de detención, con el propósito de obtener información para desarticular el colectivo al que pertenecía el detenido. Para ello, dicha organización realizaba seguimientos, vigilancia, detención, interrogatorios con apremios psico-físicos, traslados entre países y desaparición o muerte de personas consideradas por dichos regímenes como “subversivas del orden instaurado o contrarias al pensamiento político o ideológico” opuesto o no compatible con las dictaduras militares de la región. Una vez allí, G. R. fue sometido a todo tipo de torturas y tratos degradantes. Posteriormente, fue trasladado a un centro clandestino donde se lo interrogó sobre su vínculo con el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y, días más tarde, fue llevado al Cuartel de La Tablada, donde continuaron las torturas.

El 18 de junio de 1980, G. R. donde fue obligado a declarar y firmar un acta y su ampliación en la que se dejó constancia que durante su interrogatorio no fue objeto de malos tratos, presiones físicas ni psíquicas; que la atención médica y alimentación fueron buenas, hechos que no se correspondían con la realidad.

El 26 de junio de 1980, el entonces capitán R. G. A. Juez Sumariante perteneciente al Grupo de Artillería Nº 1, se hizo presente en el establecimiento La Tablada y fue quien le tomó declaraciones a G.R., bajo presión, en el mismo lugar en que había sido sometido a diversos tipos de torturas.

El magistrado indicó que a que “las torturas y demás tratos inhumanos perpetrados contra personas ilegítimamente privadas de libertad durante la dictadura militar en el período comprendido entre los años 1973 y 1985, constituyen crímenes de lesa humanidad a tenor de lo dispuesto en normas de derecho internacional consuetudinario o convencional, obligatorias y vigentes al año 1980 en que se verificó el delito de marras, a partir de lo establecido en el artículo 6 literal c) del Estatuto de Nuremberg”. Además, agregó que el indagado R.G.A. era “conocedor de los tratos inhumanos que se dispensaba a las personas ilegítimamente privadas de libertad en aquel ámbito”.
En su fallo, el Dr. Gómez decretó el procesamiento con prisión de R.G.A.N. bajo la imputación de un crimen de tortura en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos.

Proc 06-04-17 Tortura Dictadura Drgomez DEPURADO by Alberto Cabrera on Scribd

Marcha contra el decreto antipiquetes

El decreto reaccionario del gobierno de Tabaré Vazquez Nº 076-017 anti protesta 


Entrevistado por "El Muerto", el Dr. Daniel Parrilla en representación de los sindicatos interpuso un recurso jurídico contra el decreto 76/017 del gobierno del Frente Amplio relativo a los cortes de calles, caminos y carreteras. Daniel explica lo perjudicial que es este decreto para l@s trabajadores, el pueblo y los movimientos sociales.








Con los docentes Prof. Marcelo Estévez Rivero y Prof. Nicolás Machado Güida



Lucia Siola de la FEUU, Agrupación Primero de Mayo



Arranca la marcha contra el decreto del gobierno del Frente Amplio Nº 076-017


Producción de los videos: Resonando y blog "El Muerto"


>>Se quedaron cortos (solo 1000?)

Asi informa FALSIMEDIA

>>> Empresarios? Donde están?
Desinformación venenosa

Justo lo que no ví, a ningún empresario en la marcha, pero tampoco a ningún dirigente oficialista del PIT-CNT. Por lo visto tampoco Marcelo Abdala dió la orden de reprimir la manifestación al carro blindado de la GEO que custodiaba en la esquina de 18 y Eduardo Acevedo. Por suerte! Se hubiera podrido todo....

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Viernes 07 • Abril • 2017

Ayer hubo una marcha en contra del decreto presidencial “antipiquete”

Un inspector de CUTCSA se mueve más lento que lo que sus piernas quisieran. Le grita al chofer de un 121 que le sirve cualquier calle. “Zafá de acá”. El ómnibus baja por Tristán Narvaja y zafa de 18 de Julio. Lo siguen todos los autos que estaban detrás. Empezó la movilización impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, para protestar contra el decreto que el Poder Ejecutivo largó el 20 de marzo, que dice -sacando toda la perorata leguleya- que el Ministerio del Interior (MI), es decir, la Policía, puede pedir ayuda para despejar cualquier obstáculo que interrumpa la libre circulación de las calles. Como esta marcha.

La mayoría son jóvenes. “No al decreto represivo. Las calles son del pueblo”, dice una pancarta. “Cuando el pueblo está en la calle, no hay policía que lo calle”, se lee en otra. Sí, la palabra “calle” se repite mucho. Pero el decreto también se refiere a los caminos y las carreteras. La marcha parte desde la Facultad de Derecho. Por ahora están todos quietos, en sus marcas, esperando que terminen de doblar los autos. El largo de la gente mide una cuadra. la diaria intenta conversar con uno de los jóvenes que encabezan la manifestación. Sostiene el palo de la pancarta con mucha seriedad. Se niega a hablar. Está concentrado. Como en las carreras, la largada es muy importante.

“Duro, duro, duro / ahora el decreto se lo meten en el culo”. Las canciones indican que arrancó la movilización. Hay para todos los gustos. Unas gurisas con más entusiasmo que años se disponen a arengar. Una tiene una megáfono, como si fuera profesional. “Hay que agitar, hay que agitar; / es una marcha, no un desfile militar”. “En un bosque de la China, un milico se perdió, / ojalá se pierdan todos, la puta que los parió”. Algunos cánticos son verdaderos oldies de la protesta callejera. Será porque los problemas siguen siendo los mismos. Pero justo cuando el cancionero empieza a volver sobre sí mismo, las gurisas sorprenden con una adaptación de “La resaca”, un himno de Supermerk2, inefable banda de cumbia villera argentina: “Encontré la solución al problema del presupuesto: / le sacamo’ a los milicos y se lo damo’ a los maestros”.

Gonzalo Abella, dirigente de Unidad Popular (UP), camina solo entre la multitud, con los brazos detrás de la espalda. Minutos antes de arrancar la marcha, le dijo a la diaria que quería precisar que UP no convocaba la movilización, pero sí acompañaba, y que estaba “muy especialmente feliz” por la cantidad de jóvenes presentes. Su partido presentó formalmente esta mañana un recurso ante el Poder Ejecutivo para impugnar el decreto que motivó esta marcha. En el comunicado de prensa del partido se citaba al diputado Eduardo Rubio, también de UP: “Creemos que esto es inconstitucional, que coarta la libertad de expresión y de reunión y que atenta directamente contra los intereses populares. Nunca he visto a los banqueros, a los dueños de UPM, a los grandes exportadores e importadores hacer manifestaciones de ningún tipo. Ellos presionan de otra manera y el pueblo tiene una única manera de expresarse”.

Antes de iniciar la marcha, Abella dijo que el decreto “está en el contexto de un gobierno que se ha puesto de rodillas ante el imperio en todos los planos, para darles señales a los grandes inversores extranjeros de que acá va a frenar la protesta popular, aunque sea inconstitucional; y así dar señales de tranquilidad a los que nos están saqueando”.

El dirigente también señaló que en época de vacas gordas el gobierno puede “maniobrar en la ambigüedad y mostrar dos caras”, pero cuando viene un momento difícil, incluso desde el punto de vista del contexto internacional, “hay que mostrar para quién se gobierna. En ese caso, caen las máscaras, y cuando se olvidaron los principios, es inevitable pasar a la represión”.

“Al decreto de Vázquez lo vamo’ a sacar, al decreto de Vázquez lo vamo’ a sacar, / con piquete y la huelga general”, canta una barra, acompañada por un muchacho que intenta golpear un bombo siguiendo algo parecido a un patrón rítmico. Por un momento parece que se renovó el cancionero. La movilización está cerca de acariciar la Intendencia de Montevideo (IM). Una joven sostiene una lámina llena de agujeros con formas de palabras que arman una frase. Su colega grafitea a placer. “Las calles son del pueblo” queda estampado en la vereda, en un claro ejemplo de cuando la sustancia de la forma dice lo mismo que la sustancia del contenido. E incluso con más fuerza.

“6% del PBI. ANEP y Udelar. Ya”, grita la remera de una joven, que atrás dice: “No al TISA. Unión de Funcionarios del Codicen”. “UTAA, por la tierra y con Sendic”, reza otra pancarta. También hay proclamas para todos los gustos. “El gobierno del Frente Amplio ha pasado descaradamente al neoliberlismo, extranjerizó la tierra, nos envenenó el agua, nos mató la agricultura, nos mató la apicultura, y puso todo al servicio del capital internacional”, le había comentado Abella a la diaria antes de arrancar a caminar. “Pero, ojo, ¿eh?, que UP no descarta la inversión extranjera; simplemente entiende que hay que negociar de igual a igual y no poniéndose de rodillas”, sentenciaba el dirigente. Rodeada por varias banderas de Plenaria Memoria y Justicia, está, cómo no, Irma Leites. Dice que no da entrevistas porque no tienen voceros. “Nosotros ya sacamos un comunicado sobre el decreto. Entonces, estamos evitando esto, porque en general nos han estigmatizado con que somos una organización vertical, y no lo somos. Han confundido vocero con dirigente”.

“Desde nuestra organización, hace años que venimos sosteniendo que el proceso criminalizador va en aumento y limita cada vez más los medios que tiene el pueblo para manifestarse. Este decreto que da ‘todas las medidas que sean necesarias’ a la policía para evitar los cortes de calles, caminos y rutas, se inscribe en esa misma línea y forma parte de las medidas que amparan el avance represivo y de políticas punitivas del Estado”, decía parte del comunicado de Plenaria.

La marcha sigue. Ya no hay canciones nuevas. “Es reaccionario, coarta la libertad de manifestarnos, y justo en el período de ajuste, en el que vamos a estar luchando contra la crisis que está cayendo sobre el pueblo”, dice una joven a la diaria.

“A los más veteranos esto nos hace recordar a los períodos de las medidas prontas de seguridad. Libertad, más democracia participativa, más movilización; y si hay reflexión, que haya, si no, el pueblo va a decir cuál es el camino”, expresó Luis Diosi, dirigente de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República.

La movilización ya pasó la IM. Más adelante, un inspector de CUCTSA le hace señas a un ómnibus. Probablemente sea el mismo señor del inicio de la marcha. Pero con esa ropa gris, todos se parecen. “Andá para abajo, no se puede por Barrios Amorín”, le grita a un chofer. La marcha sigue. Los desvíos también. Por lo menos hoy, el famoso decreto fue ignorado por el MI. Quizás la marcha surtió efecto. Habrá que ver en el futuro.

Ignacio Martínez