>>> Sin privilegios
O todos o ninguno
12 policías procesados por dar golpizas a presos de módulo de máxima seguridad del Comcar
Como
los integrantes del Grupo de Requisa se negaron a individualizar a
quienes propinaron las golpizas, la Justicia decidió procesar a todos.
10.04.2017
Un subcomisario, una operadora penitenciaria y 10 guardias penitenciarios fueron procesados por la Justicia tras comprobarse que practicaban golpizas a internos del Módulo 12 de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez.
A mediados de marzo de este año, la madre de uno de los reclusos que cumplen pena en el Módulo Nº 12 (máxima seguridad) denunció apremios físicos sufridos por su hijo, que le fueran propinados por efectivos del Grupo de Requisa que actúa en dicho módulo. La denunciante aportó fotografías que dieron inicio a la participación del DIAP (Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario) quien informó inmediatamente a la Dra. Julia Staricco de Penal 16º.
La denuncia apuntó a dos efectivos particularmente como los principales instigadores de las golpizas que tuvieron como punto focal el 14 de marzo pasado, ocasión de una requisa en la que se volvió a practicar apremios a los internos allí alojados por parte de efectivos de la guardia penitenciaria, informó el Ministerio del Interior. Los hechos quedaron registrados en el circuito de video cerrado con el que cuenta el módulo de máxima seguridad, constituyendo la prueba principal que permitió el procesamiento de los involucrados.
Con las imágenes como prueba, la Dra. Staricco determinó la veracidad de las denuncias, no obstante "no poder individualizar con claridad la identidad de los principales protagonistas de las mismas, razón por la que requirió el testimonio de los guardias penitenciarios y de una operadora penitenciaria, sin éxito". Ante la negativa general fueron procesados sin prisión todos los miembros del Grupo de Requisa y con prisión el subcomisario H.P.C, principal responsable de las acciones de este grupo.
Los procesados sin prisión deberán cumplir tareas comunitarias por 120 días (4 horas por día), acciones que deberán coordinarse con la Intendencia de su domicilio o con la Oficina de Supervisión para la Libertad Asistida (OSLA). Estos funcionarios no volverán a cumplir funciones en el Grupo de Requisa.
La investigación judicial está cerrada con los procesamientos dictados, no obstante lo cual siguen las investigaciones administrativas sobre los involucrados en los hechos.
A partir de estas actuaciones, la Dirección del INR ha dispuesto -en coordinación con su par de la Guardia Republicana- la instalación de un puesto de revisoría especial para toda persona (funcionario o particular) que ingrese al Módulo 12, integrado por efectivos de la Guardia Republicana.
"El director del Instituto Nacional de Rehabilitación se constituye por estas horas en la Unidad Nº 4 donde informará directamente de estas actuaciones al personal penitenciario y a los privados de libertad del referido módulo. Asimismo, también ha dispuesto que todos los funcionarios penitenciarios que participen de los Grupos de Requisa portarán cámaras personales de filmación para registrar todas las acciones que realicen en esas instancias", indicó el Ministerio del Interior.
Fue procesado con prisión el subcomisario H.P.C. como autor de un "delito de abuso de autoridad contra los detenidos en ocurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de lesiones personales en calidad de autor".
El resto fue procesado sin prisión, entre ellos la operadora penitenciaria L.P.I.S. y los guardias penitenciarios C.R.B.F, A.G.A.D.S., C.A.G.L., O-C.V. y D.G.S.L. como autores de "un delito de abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de lesiones personales en calidad de coautores", imponiendo como medida sustitutiva la obligación de concurrir a la OSLA y/o a la Intendencia Municipal de su domicilio a realizar tareas comunitarias dos veces en la semana que libran o en su defecto en el día franco semanal, totalizando 4 horas a la semana por 120 días.
Los guardias penitenciarios M.L.D.L.R, D.L.M., E.G.V., J.D.M. y J.C.P.B. fueron procesados por la comisión de un "delito de abuso de autoridad contra los detenidos en calidad de autores, imponiendo como medida sustitutiva la obligación de concurrir a la OSLA y/o la Intendencia Municipal de su domicilio a realizar tareas comunitarias dos veces en la semana que libran o en su defecto en el día franco semanal, totalizando 4 horas a la semana por 120 días".
Información del Ministerio del Interior
>>> Con privilegios
.
04 abr 2017
En esa apacible cárcel —no tiene los niveles de
hacinamiento ni la violencia que caracteriza a los módulos 8 y 9 del
Comcar— también fueron alojados en el pasado Pablo Goncálvez, acusado de
cuatro asesinatos; los empresarios argentinos Matías Campiani y
Sebastián Hirsch, exresponsables del consorcio Leadgate que tuvo a su
cargo el control de Pluna y el empresario gastronómico de Maldonado
procesado con prisión por abusos sexuales a menores.
Las autoridades carcelarias niegan que Campanero sea
una "cárcel VIP". Una junta de técnicos del Instituto Nacional de
Rehabilitación decide el destino de cada preso en función de su perfil y
lo fundamenta, dijeron fuentes penitenciarias.
El penal se llama Campanero porque cerca pasa el arroyo
homónimo, de los más caudalosos del departamento de Lavalleja. A poca
distancia del penal se encuentra un cerro que lleva el mismo nombre.
La entrada de la cárcel tiene varios celdarios. Allí se quedan cinco días los reclusos recién llegados.
El penal está subdividido en cuatro sectores: celdas
colectivas cuyas puertas están abiertas durante el día. Los presos
entran y salen de las barracas. Pasean, toman mate. También tienen
derecho al uso de celulares, pero de manera muy regulada.
Los puestos de vigilancia observan a cada uno de los
sectores. En Campanero, hay un sector mejor que los otros tres: cuenta
con gimnasio y sus paredes están pintadas. Al costado del penal funciona
una chacra para presos que están por salir en libertad.
Progresividad.
Los reclusos de Campanero tienen determinado perfil:
no ser violentos y haber cumplido con el sistema de progresividad. En el
penal pueden convivir un delincuente de "guante blanco" con un rapiñero
que pasó por distintas etapas de rehabilitación.
"No calificaría a Campanero como una cárcel VIP.
Está dentro del grupo de cárceles que funcionan correctamente", expresó a
El País el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.
Dentro de ese grupo, se encuentran las cárceles de Cerro Largo, Florida, Durazno y Artigas.
Petit calificó como un "avance" la situación de
estas cárceles. "El sistema no es perfecto. Pero el trabajo de la junta
de clasificación le da transparencia", dijo.
Campanero aloja alrededor de 300 detenidos.
Bonomi defendió reclusión de Sanabria en cárcel de Campanero
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, explicó que el ex
diputado suplente del Partido Colorado y dueño de Cambio Nelson,
Francisco Sanabria, será recluido en la cárcel de Campanero, debido al
peligro de que pueda utilizar su poder económico con otros presos.
"Cuando a determinadas cárceles van personas con recursos, se corren otros riesgos, como que esos recursos estén a disposición de los presos", dijo Bonomi, haciendo referencia al dinero que muchas veces exigen los reclusos a los recién llegados para presionarlos. Aunque según el ministro, muchas veces es el propio recluso que recién entra a la cárcel quien pone a disposición de los demás internos su propio dinero. Para el jerarca, "en cualquiera de los dos casos genera un problema adicional a la cárcel, entonces cuando se resuelve a dónde van, se evitan problemas".
Bonomi también habló de las comodidades de la cárcel de Campanero, y dijo que "salvo el celdario de Punta de Rieles, todos los demás tienen baño privado, en el sentido de que están dentro de la celda". "¡Le regalo el baño privado que hay en las cárceles!", expresó. Respecto de la losa radiante, explicó que con su instalación se busca evitar que suceda lo mismo que lo que ocurrió en la cárcel de Rocha, cuando se incendió en 2010, y produjo la muerte de 12 reclusos.
"Cuando a determinadas cárceles van personas con recursos, se corren otros riesgos, como que esos recursos estén a disposición de los presos", dijo Bonomi, haciendo referencia al dinero que muchas veces exigen los reclusos a los recién llegados para presionarlos. Aunque según el ministro, muchas veces es el propio recluso que recién entra a la cárcel quien pone a disposición de los demás internos su propio dinero. Para el jerarca, "en cualquiera de los dos casos genera un problema adicional a la cárcel, entonces cuando se resuelve a dónde van, se evitan problemas".
Bonomi también habló de las comodidades de la cárcel de Campanero, y dijo que "salvo el celdario de Punta de Rieles, todos los demás tienen baño privado, en el sentido de que están dentro de la celda". "¡Le regalo el baño privado que hay en las cárceles!", expresó. Respecto de la losa radiante, explicó que con su instalación se busca evitar que suceda lo mismo que lo que ocurrió en la cárcel de Rocha, cuando se incendió en 2010, y produjo la muerte de 12 reclusos.
Jueves 06 • Abril • 2017
Los dichos del Bicho
Columna de opinión.
A veces, uno sospecha que lo están agarrando de gil. Otras
veces, está seguro. Tal cosa sucede, por ejemplo (un caso entre muchos),
tras las explicaciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi,
acerca de por qué los presos “con recursos” van a cárceles que podrían
considerarse lujosas (al menos si se las compara con las otras). En
resumen, lo que dijo es que si se los enviara a una cárcel común, parte
de esos recursos podría pasar a manos del resto de los presos, a causa
de “peajes” y presiones diversas. Otros mencionan la seguridad de los
detenidos, pero eso no cambia el fondo de la cosa. Está bien, tal vez no
sea conveniente juntar aleatoriamente a cualquier preso con cualquier
otro, pero el detalle que no se explica es por qué el que tiene
“recursos” tiene que ir a una cárcel de lujo. Si a dos delincuentes
normales se los separa para evitar, pongámosle, que se maten, no se
manda a uno de ellos a una celda con losa radiante e internet, y al otro
a una mazmorra medieval. Sería algo arbitrario, ilógico e
injustificado. Entonces, ¿por qué deberíamos tomarlo como algo normal
cuando se trata de un presidiario rico y otro pobre? Porque de eso
estamos hablando, y no de otra cosa. El eufemismo de los recursos no
camufla demasiado al clasismo que subyace.
Redundando: perfectamente -siguiendo esa lógica- podría haber dos cárceles iguales, una para chorros pobres, y otra para esos chorros ricos que serían injustamente esquilmados por los chorros pobres si se los pusiera a todos juntos, como en los bancos de una escuela. Pero parece que hacerlos pasar frío y prohibirles usar el celular no es aplicable en su caso; esta gente no está acostumbrada a tales penurias. Sería una crueldad.
El colmo del absurdo es cuando Bonomi dice que lo de la losa radiante es para evitar situaciones como el trágico incendio de hace unos años en la cárcel de Rocha. Perfecto: se incendia una cárcel para pobres, y la solución es mejorar el sistema de calefacción en las cárceles para ricos.
Insisto: sé que los términos “pobre” y “rico” suenan medio trasnochados -o a canción de protesta sesentista- en estos tiempos meritocráticos. Pero los elegí adrede, porque para algo están las palabras: para usarlas como corresponde. Se me dirá, con razón, que en esas cárceles de lujo también hay pobres. De hecho, se supone que fueron pensadas para presos con buena conducta, que demostraron merecer estar ahí; aunque en el caso de los delincuentes de cuello blanco no queda claro el mecanismo mediante el cual su condición social suma puntos en la hoja de méritos.
La situación carcelaria, con sus inequidades, es el tema de fondo, nadie lo dude, pero aquí también estoy criticando una forma de comunicar, que parece marcada por el cansancio y la desesperanza. Podría haberse probado con un “Es injusto, pero nos tenemos que manejar con las cárceles que hay, y no tenemos una que no sea de lujo y en la que se pueda ubicar a los delincuentes cuya seguridad debemos proteger”. Ahí la pregunta sería: ¿Y por qué no tenemos? Pero al menos la discusión correría por carriles más sensatos. Igual, ni siquiera se intentó esa explicación.
Los hechos indican que cuando se procesa a un ladrón de cuello blanco (expresión que siempre me hace pensar en algún tratado de ornitología), la gente ya sabe que va a ir a una cárcel de las lindas, y no le erra. Y no digan (porque ya lo he escuchado) que un delito de estafa no es comparable a un asesinato. No hay necesidad de compararlos, ya que en las cárceles tipo colección de depósitos abarrotados, como el Comcar, no sólo hay asesinos. Por otro lado, sí los hay en Domingo Arena, y de los grosos.
El mensaje que se le da a la población es terrible. No importa qué gobierno haya, no importa lo que haya costado ponerlo ahí: algunos siguen teniendo ventajas incluso cuando, habiendo cometido delitos groseros y que tomaron estado público, no hay más remedio que mandarlos presos. Si el hijo de mi vecino asalta un par de verdulerías, recibirá un castigo bastante más severo que si el hijo de los Menéndez Iturriberry de Garompa vacía un banco, o pone un lavadero para narcos.
Se nos pide que no metamos a todos en la misma bolsa y que no estimulemos el descreimiento en la política, porque ya sabemos a dónde conduce. En principio estaría de acuerdo, pero ¿vamos a colaborar un poquito? Sobre todo en estos tiempos, en que andamos tan quisquillosos con las irregularidades de algunas democracias ajenas.
Redundando: perfectamente -siguiendo esa lógica- podría haber dos cárceles iguales, una para chorros pobres, y otra para esos chorros ricos que serían injustamente esquilmados por los chorros pobres si se los pusiera a todos juntos, como en los bancos de una escuela. Pero parece que hacerlos pasar frío y prohibirles usar el celular no es aplicable en su caso; esta gente no está acostumbrada a tales penurias. Sería una crueldad.
El colmo del absurdo es cuando Bonomi dice que lo de la losa radiante es para evitar situaciones como el trágico incendio de hace unos años en la cárcel de Rocha. Perfecto: se incendia una cárcel para pobres, y la solución es mejorar el sistema de calefacción en las cárceles para ricos.
Insisto: sé que los términos “pobre” y “rico” suenan medio trasnochados -o a canción de protesta sesentista- en estos tiempos meritocráticos. Pero los elegí adrede, porque para algo están las palabras: para usarlas como corresponde. Se me dirá, con razón, que en esas cárceles de lujo también hay pobres. De hecho, se supone que fueron pensadas para presos con buena conducta, que demostraron merecer estar ahí; aunque en el caso de los delincuentes de cuello blanco no queda claro el mecanismo mediante el cual su condición social suma puntos en la hoja de méritos.
La situación carcelaria, con sus inequidades, es el tema de fondo, nadie lo dude, pero aquí también estoy criticando una forma de comunicar, que parece marcada por el cansancio y la desesperanza. Podría haberse probado con un “Es injusto, pero nos tenemos que manejar con las cárceles que hay, y no tenemos una que no sea de lujo y en la que se pueda ubicar a los delincuentes cuya seguridad debemos proteger”. Ahí la pregunta sería: ¿Y por qué no tenemos? Pero al menos la discusión correría por carriles más sensatos. Igual, ni siquiera se intentó esa explicación.
Los hechos indican que cuando se procesa a un ladrón de cuello blanco (expresión que siempre me hace pensar en algún tratado de ornitología), la gente ya sabe que va a ir a una cárcel de las lindas, y no le erra. Y no digan (porque ya lo he escuchado) que un delito de estafa no es comparable a un asesinato. No hay necesidad de compararlos, ya que en las cárceles tipo colección de depósitos abarrotados, como el Comcar, no sólo hay asesinos. Por otro lado, sí los hay en Domingo Arena, y de los grosos.
El mensaje que se le da a la población es terrible. No importa qué gobierno haya, no importa lo que haya costado ponerlo ahí: algunos siguen teniendo ventajas incluso cuando, habiendo cometido delitos groseros y que tomaron estado público, no hay más remedio que mandarlos presos. Si el hijo de mi vecino asalta un par de verdulerías, recibirá un castigo bastante más severo que si el hijo de los Menéndez Iturriberry de Garompa vacía un banco, o pone un lavadero para narcos.
Se nos pide que no metamos a todos en la misma bolsa y que no estimulemos el descreimiento en la política, porque ya sabemos a dónde conduce. En principio estaría de acuerdo, pero ¿vamos a colaborar un poquito? Sobre todo en estos tiempos, en que andamos tan quisquillosos con las irregularidades de algunas democracias ajenas.
>>> Viejitos de mierda
El dormitorio-celda de José Sande tiene televisión por
cable, aire acondicionado, computadora, calcomanías de Nacional, flores y
dibujos de su hijo de tres años. Sande está sentado en una de las
cuatro sillas que compró para cuando recibe visitas y sonríe dejando
entrever un perno de metal en la muela, uno de los pocos problemas de
salud que ha tenido desde que está preso. Habla y casi no deja hablar,
pero su discurso se interrumpe por la aparición de una figura en la
puerta. José Arab, otro de los reclusos, pide permiso y pasa, como
vecino que se ha ganado el derecho de molestar cuando lo necesita.
—Amigo, ¿terminó ya de colocar esa antena?— pregunta Arab.
—En eso ando— responde Sande señalando el serrucho que dejó apoyado en su cama de una plaza— pero por ahora sigo sin agarrar ningún canal.
En el pasado uno era de los azules y el otro de los
verdes, pero ahora los une una misma realidad. Sande ofrece un café, de
esos que tiene en el mueble junto a las frutas y los chocolates, y su
compañero rechaza la invitación. Es miércoles después del mediodía y
Arab recién se levanta. Todavía está con el salto de cama blanco, el
pijama y las pantuflas; apenas le dio el tiempo de almorzar la pasta
casera que su esposa le había llevado cuatro días antes. Nada hace
pensar que ese hombre de 76 años, que habla de álgebra y filosofía
moderna, cumplirá dentro de dos semanas sus primeros 10 años de
reclusión de una condena de 25, por el homicidio de 28 personas durante
la última dictadura uruguaya (1973-1985). A Sande le dieron 20 años,
también por los asesinatos del llamado "segundo vuelo".
Las celdas de Sande, Arab y los otros cinco reclusos de
la cárcel de Domingo Arena no tienen llaves ni horarios para apagar la
luz. Si bien hay una guardia militar que custodia el perímetro y unos
policías que controlan a quien entra y sale durante las 34 horas de
visita que hay por semana, lo más peligroso es un perro salchicha
llamado Poli que olfatea a todo recién llegado. El resto tiene la
impronta de un residencial de ancianos cercado con alambre de púas.
La Unidad de Internación N° 8, como se llama
técnicamente, es una prisión creada hace 10 años para albergar a los
militares y policías condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero a
una década de que Tabaré Vázquez haya inaugurado este predio que el
Ministerio de Defensa le cedió al de Interior, solo queda claro que es
una reclusión con fecha de vencimiento.
La cárcel de Domingo Arena —nombre de la calle en la
que está ubicada en Piedras Blancas— cabalga a la par de la biología de
quienes la ocupan; acá solo la muerte o la enfermedad la van
desocupando. No se reemplazan las ausencias, sino que van contando los
días hasta que el público objetivo de ese centro carcelario finalmente
se agote y se cierre una etapa en la historia reciente de Uruguay.
Desde hace 10 años fueron procesadas 29 personas por
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Antes había
sido encarcelado el civil Juan Carlos Blanco, por la muerte de la
maestra Elena Quinteros. En tres casos la Justicia revocó el
procesamiento de quienes no tenían otra causa. Del resto, seis ya
fallecieron, cinco están en el hospital, cuatro cumplen prisión
domiciliaria, cuatro están encerrados en Coraceros y otros siete en
Domingo Arena.
Para mantener la vida en prisión de José Arab, José
Sande, Jorge Silveira, Pedro Freitas, Ricardo Medina, Enrique Rivero y
Ernesto Soca el Estado invierte en el salario de unas 100 personas, más
comida, mantenimiento, traslados y TV cable. Los reclusos cuentan con
una enfermera que los visita todos los días —por más que algunos
también tienen su seguro privado—, y tienen la posibilidad de ver en
vivo los partidos del fútbol uruguayo.
En el comedor hay un televisor LED de 32 pulgadas,
en diagonal a la estufa a leña, que siempre está apagado. Los presos
miran la TV en sus celdas y los espacios comunes son solo sitios de
paso. El patio es el lugar de reunión cuando el día está lindo. Es allí
donde Medina aprovecha para caminar, Soca escucha la radio y Rivero mira
pasar los aviones de su Fuerza Aérea: "Cómo se extraña volar", dice
este aviador sentenciado en 2010 a 19 años de cárcel por la detención y
muerte de Ubagesner Chaves Sosa, cuyos restos fueron los primeros
hallados de un desaparecido.
Cuando se les da la posibilidad de hablar, todos
estos presos dicen que están encerrados "injustamente", que "no hay
pruebas contundentes" y que "algún día se sabrá la verdad". Sin embargo,
la mayoría ya tiene condena y hasta la confirmación de la Suprema Corte
de Justicia, contrario a lo que sucede con el resto de los reclusos.
La gravedad de los delitos por los que fueron
sentenciados los hoy prisioneros de Domingo Arena, hace que parte de la
sociedad uruguaya se indigne por el tipo de castigo que cumplen en
relación a otros presos. Sin embargo, para la exfiscal Mirtha Guianze,
que llegó a procesar a 20 personas y que hoy integra la Institución de
Derechos Humanos, "no se trata de que estos presos estén en malas
condiciones, sino de que todos deberían tener un trato digno".
Según Guianze, el castigo les está llegando a
personas mayores, "no es eso lo que se persigue, sino mantener la
memoria". Para la exfiscal los presos de Domingo Arena son solo un
puñado de los muchos responsables de delitos que dejó la dictadura. Dice
que "quedaron enormes expedientes sin resolver", que "apenas se procesó
a dos personas laterales por abusos sexuales contra mujeres", y que
los procesos judiciales están siendo demasiado "largos y secretos".
Medina es uno de los reclusos que tiene más interés
por estos procesos y escribe sobre Derecho como pasatiempo. A diferencia
de Arab, que está "cansado de todo" y que prefiere que su hija abogada
sea quien se encargue de lo legal, a Medina los casos jurídicos le
apasionan. Fue a él quien la Justicia le encontró documentación
reservada en su computadora. Y él es una prueba de la información que
maneja este tipo particular de presos.
Por eso la exministra de Defensa, Azucena Berruti,
justifica que se haya creado una cárcel especial. "Reunir a estos
expolicías y militares con los presos comunes podría crear una situación
de difícil control, ellos saben de inteligencia y de seguridad", afirma
la exjerarca que negoció la creación de este recinto, y que entiende
este hecho, 10 años después, como una de las decisiones "más complejas"
que le ha tocado sortear en su gestión.
En el terreno.
La cárcel de Domingo Arena ocupa 3.400 metros
cuadrados y es la 17ª parte del predio militar que la envuelve, espacio
al que también acceden los reclusos bajo custodia. El patio con piso de
hormigón ocupa la mitad del centro de reclusión, luego hay un pabellón
central con biblioteca, baños, cocina, comedor, aparatos de gimnasia,
lavarropas, y unas 15 celdas en donde están alojados seis de los presos.
Jorge "Pajarito Silveira está en una zona aparte. Su
habitación, conocida en la interna como "el apartamento", es un espacio
más amplio y fue diseñado para albergar a los presos con problemas de
conducta. Desde hace unos años, cuando Silveira denunció que Arab lo
había amenazado, lo cambiaron para allí. Tiene su huerta propia que,
según los compañeros, un soldado es quien la trabaja. No saben si hay
dinero de por medio o lo sigue haciendo por jerarquía militar.
No es lo único que los compañeros hablan de
Silveira. También comentan que se ha llevado prostitutas a la cárcel en
los 10 años que lleva recluido, que desprecia al personal subalterno y
que ha encabezado una huelga de hambre, algo "inadmisible" para la
disciplina militar. El "Pajarito" no se defiende porque dice que "no
habla con la prensa".
Los privilegios de Silveira provocan la mayor
tensión que hay en la cárcel Domingo Arena. Hace un año y medio, el
semanario Búsqueda relató un encontronazo protagonizado por el
exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez a la hora de repartir los bizcochos,
pero el nonagenario ahora está internado en el Hospital Militar.
Soca (67), el más joven de los presos, fue quien se
había peleado con Álvarez. Aquel enfrentamiento dejaba entrever otra
fisura que, sin nombrarla, está presente en esta cárcel: las jerarquías.
Mientras Álvarez llegó a ser comandante y presidente de facto
(1981-1985), Soca era parte del personal subalterno; un simple sargento.
Hoy este exsoldado es el único que trabaja en Domingo Arena para
redimir la pena.
Desde hace más de un año que Soca sale con un
carrito con baldes de agua y jabón a lavar los autos de la dependencia
militar, aledaña a la cárcel. Hace ocho horas de trabajo diario, ayuda
en el gallinero del establecimiento y en el traslado de la comida. Según
sus compañeros eso "le ha hecho muy bien" y lo "despejó" de su
afectación psicológica por miedo a ser extraditado a Argentina.
Soca fue acusado de participar en las torturas y
matanza de las 28 víctimas de Automotores Orletti. Recibió una condena
de 15 años, y por cada dos días de trabajo se le descuenta uno de
encierro. El resto de los reclusos prefiere no descontar días de
prisión. Hay un motivo de edad y hay razones ideológicas. Para Medina,
"redimir la pena es para los delincuentes". A Arab le "daría mucha
vergüenza que un soldado le tenga que dar órdenes".
Arab llegó a estudiar Ingeniería y fue mayor en el
Ejército. Si bien gran parte de sus charlas en la cárcel rondan en las
enfermedades —sus camaradas lo embroman de "hipocondríaco"—, es uno de
los presos que pasa más horas leyendo. En su celda tiene una biblioteca
con títulos sobre matemáticas —fue profesor—, novelas de Don Brown y
literatura religiosa. Desde hace unos meses dejó de ir a la misa de los
domingos que ofrecen en la reclusión. Pero su habitación está llena de
estampitas, cruces y un póster del papa Francisco, junto a las camisetas
de Nacional y Atenas.
En el caso de Arab la comida es otro de sus
pasatiempos. Además de los platos caseros que le lleva su esposa, tiene
acumuladas cajas de fábricas de pasta y rotiserías, y en la heladera, al
lado de una Sprite Cero, guarda celosamente unos chocolates suizos.
El resto del ocio, aunque confiesa que cada vez le
da menos espacio, lo dedica al trabajo en la carpintería. Frente a su
cama, atrás del televisor plano, tiene colgados serruchos,
destornilladores, cinceles y martillos.
Junto a Freitas, que casi no ve y no escucha, Arab
es de los que pasa más horas encerrado y sin ánimo. Medina, en cambio,
aprovecha a caminar como también lo hace Rivero. Sande juega a la paleta
con los soldados o repara computadoras. Soca trabaja y escucha la
radio. Silveira recibe visitas y ve al soldado cultivar la huerta. Son
las rutinas que continúan en una cárcel que se está quedando vacía.
Una carrera contra la biología y las demoras.
El 18 de octubre de 2002, el juez Eduardo Cavalli
procesó con prisión a Juan Carlos Blanco por el "homicidio especialmente
agravado" de Elena Quinteros. Desde entonces ya son 30 las personas
procesadas por delitos ocurridos durante la última dictadura, tres de
los cuales fueron revocados. La cifra de presos podría ser mayor si "los
juzgados no estuvieran tan saturados", reclama Raúl Olivera,
coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, que lleva el conteo de los
casos. Según Olivera solo el juzgado penal de 7° turno tiene más de 60
expedientes sin resolver. "No es que pidamos un juzgado especializado,
pero sí descongestionar para que las causas avancen". La exfiscal Mirtha
Guianze cuestiona el que no se haya avanzado "casi nada" en relación a
las violaciones a mujeres. Solo hubo dos procesados (Héctor Amodio
Pérez y Asencio Lucero). Para Guianze los juicios deberían ser públicos y
orales, como en los otros países de la región. "Esto daría más
garantías y aceleraría los procesos". El nuevo Código Penal prevé este
tipo de juicios, pero no aplica para las causas que ya están en trámite.
Por eso Olivera afirma que "no se espera ningún cambio".
Presos que juegan con los beneficios de la edad.
Sobre uno de los muebles de su celda, José Sande
tiene cuatro paletas de madera. Casi todos los días aprovecha para
pelotear unas horas junto a los militares que custodian la cárcel de
Domingo Arena. Antes iba con algunos de sus compañeros reclusos, pero la
vejez y la falta de voluntad fue bajando la cantidad de participantes.
Cada vez que Sande quiere jugar a la paleta debe pedir permiso, porque
la cancha está fuera del cerco que controla el Ministerio del Interior.
Es una formalidad, no es que teman su fuga. De hecho los presos de
Domingo Arena pueden portar serruchos, tijeras, y elementos que en un
centro de reclusión convencional serían objetos peligrosos. "No hay
problemas de relación entre estos presos y el exterior, no existe el
temor a la fuga o el mal comportamiento", explica Juan Miguel Petit,
comisionado parlamentario para las cárceles.
Según Petit, lo "ideal es que no haya diferencias
entre los presos, pero por la edad y por el tipo de reclusos no sería
conveniente juntar" a estos privados de libertad con otros. El
comisionado no sabe qué será de esta cárcel el día después del cierre.
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