5 junio 2019
Agradecemos a la Institución Nacional de Derechos humanos la organización de esta mesa.
Es necesario que el debate que dispararon
los Tribunales de Honor al hacerse públicas sus actas continúe. Porque
precisamos saber más, porque debemos exigir más y no aceptar la idea de
que esto quedó saldado, sino todo lo contrario.
Quedó claramente expuesto qué Fuerzas Armadas tenemos hoy.
El tema nos preocupa y mucho.
Mas aún después de la votación del
senado, negando las venias. De la oscura manera en que todo salió a la
luz y en definitiva del triste e incierto panorama que nos deja.
La alerta pública que estos hechos
desataron y la rotunda respuesta de la inmensa marcha del 20, abrieron
puertas para recorrer un camino que diera respuestas contundentes a esta
grave situación. Pero no lograron aún un cambio drástico de la
voluntad política sobre este tema.
No es la primera vez que esa “tensión”
entre el poder civil y las Fuerzas Armadas se hace visible. Sucedió hace
poco por ejemplo con la iniciativa de modificar la Caja Militar, que
frente a esta presión fue cediendo en los alcances de la reforma.
El tema Fuerzas Armadas no es un tema
más. Representa el corazón de lo vivido durante el Terrorismo de Estado.
La cruda exposición del pensamiento de los generales de hoy, mostró lo
que pervive enquistado y tolerado por los gobiernos durante estos 33
años de democracia.
El erróneo camino de impunidad que
iniciaron los primeros gobiernos post dictadura y la poca voluntad
política que se ha mantenido hasta hoy, no ha hecho más que aumentar
los riesgos futuros de nuestra democracia. Allí es donde radica el
germen potencial de la repetición de un quiebre institucional, bajo las
mismas o diferentes formas que ya vivimos.
Porque, ¿qué podemos esperar de unas
Fuerzas Armadas que dieron el golpe, que ejercieron el terror de
Estado, que controlaron cada aspecto de nuestra vida; si, desde el 85
hasta acá, no se hizo el menor esfuerzo por reformarlas?
Las dejaron continuar intocadas,
manteniendo su formación según su propia versión de la historia, en el
orgullo y la reivindicación de lo que habían realizado; y aceptando su
Ley Orgánica, hecha por ellos mismos, en 1974! Obviamente con
privilegios y ajustada a una situación de dominio total de la sociedad.
Hoy, en el año 2019, se están formando
cadetes en la Doctrina de la Seguridad Nacional. En la misma ideología
sostenida en aquéllos años, en que se autodefinieron como los salvadores
de la patria.
Hoy Manini lo expresa nuevamente con
claridad al decir que la sociedad occidental y cristiana está en crisis y
no la salvará el liberalismo.
Según sus reflotadas ideas, hay que ir a
los fundamentos, a la familia como núcleo, a lo más rancio de la iglesia
y a las Fuerzas Armadas como institución incorruptible destinada a ser
la ultima salvaguarda de esa sociedad.
Defensores acérrimos de la impunidad, su
impunidad, terminan sintiéndose un cuerpo por encima y por fuera de
nuestra institucionalidad, sin obligación de subordinación alguna a los
poderes del Estado y con potestades para, por ejemplo, espiarnos como lo
hicieron por lo menos hasta el 2005 (y nadie asegura que no lo estén
haciendo ahora).
Si además, se les asigna nuevas tareas en
cárceles y fronteras, como se hizo, se les permite opinar sobre temas
ajenos a su incumbencia (sin respetar los límites constitucionales que
tienen) hasta convertirlos en actores políticos naturalizados por los
medios; se les tolera hasta mentir y burlarse descaradamente mientras
afirman colaborar en la recuperación de los restos de nuestros
desaparecidos, es comprensible que hoy estemos ante la posibilidad que
gane el referéndum-Larrañaga y que este mismo Ejército, anquilosado en
su tenebroso pasado, se pueda volcar otra vez a las calles en tareas de
represión.
La situación es grave.
De todas las omisiones cometidas por los
gobiernos, no juzgar sus crímenes en el momento que se recupera la
institucionalidad democrática, fue el peor gesto de complicidad con una
dictadura feroz que destrozó años de la vida de este país. Esa falta de
justicia, blindada por 15 años, no termina de despegar. Es una vergüenza
frente al mundo entero, una afrenta cotidiana que impregna a toda la
sociedad.
No es cierto que era imposible otro
camino, como argumentaron los artífices de la Ley de Caducidad. El
primer parlamento del año 85 votó la amnistía, de la que excluyó
expresamente a los militares, policías y civiles que participaron en el
golpe de estado. Se discutió mucho, tanto que hasta la infame ley de
caducidad tuvo que dejar fuera de su alcance a los civiles y los mandos
militares para tener los votos suficientes.
Los primeros presidentes profundizaron la
impunidad interpretando automáticamente que todo estaba amparado por la
ley. Incluso la desaparición y posterior asesinato de Berrios ocurrido
en el año 93 gozó de una “caducidad implícita”.
Los gobiernos frenteamplistas aunque
interpretaron restrictivamente la ley primero y anularon sus efectos
después (recién en el 2011) prolongaron esta tolerancia manteniendo a
las Fuerzas Armadas tal cual. Pensaron –lo han dicho- que encontrarían
en sus filas militares “amigos, demócratas”, desconociendo la
participación institucional –en los crímenes de la dictadura ampliamente
denunciada y probada.
Apostaron también a dar vuelta la página,
a reconciliarnos, a que la muerte de esta generación por sí misma
generaría una depuración y un cambio. Este atajo escogido nos deja
frente a la grave situación de hoy.
Así por acción u omisión, todos los
gobiernos abonaron, de una u otra forma, a mantenerlas tal cual y a la
naturalización de la impunidad como algo que indefectiblemente tenemos
que tolerar como parte de las reglas de juego de esta democracia post
Terrorismo de Estado.
Resultado: una institución cohesionada,
anclada en su pasado, absurdamente inflada en oficialidad, en prebendas y
objetivos, con el contrapeso de mantener su pacto de omertá cobijando
sus crímenes y ocultando a nuestros desaparecidos.
Fue la movilización social, su labor
persistente y comprometida la que de a poco logra dar forma a los
espacios de memoria, de transmisión, de denuncia. El esfuerzo en pos de
leyes reparatorias, de consagrar delitos de lesa humanidad, de memoria y
hasta el logro del tardío decreto para dejar sin efecto la ley de
caducidad nos fortalecieron en este camino y logramos sostener esta
llama de verdad y justicia que va circulando por nuevas generaciones,
que no aceptan la lógica de la impunidad y reclaman hoy por otras
garantías.
Esas garantías que deberían provenir de
los gobernantes, son las que tenemos que exigir, ya que nadie hasta
ahora ha tenido interés en abordar este problema con seriedad y
responsabilidad.
Las organizaciones sociales que
planteaban desmantelar el aparato represivo no estaban equivocadas pero
eran gotas en el desierto de la impunidad. ¿Cómo es posible que recién
en el último año del tercer periodo de gobierno del Frente Amplio se
reforme la Ley Orgánica Militar del año 74? ¿Y que ésta sea rápidamente
aprobada sin ahondar en la discusión de este tema?
Claro que es mejor la nueva ley, pero
como en el caso de la reforma de los retiros privilegiados los cambios
propuestos, aunque en algunas áreas son importantes, (doctrina, etc.)
parecen por ahora suaves y desparejos.
Lamentablemente se ha perdido la
oportunidad de una discusión más profunda, que defina una política de
Estado al respecto: Eso es lo que necesitamos y es incomprensible que no
se encare. Debemos definir qué Fuerzas Armadas necesita nuestro pequeño
país, si es que las necesita. Reducirlas al máximo, no votar las
misiones de paz, ni darles objetivos que son propios de otros sectores
del Estado. Incidir y verificar realmente su formación. ¿Cómo se va a
llevar adelante? ¿En manos de quién y con qué control? Porque si algo
aprendimos es que no puede quedar en sus propias manos, ni que esta
discusión sea de su ámbito “profesional”. Deberemos estar muy atentos a
la reglamentación de la nueva ley.
Todo esto que debió comenzar hace 30, o por lo menos 15 años, es importante encaminarlo, pero no resuelve la situación actual.
Hoy se necesitan medidas urgentes que
muestren la voluntad política de cortar con ese pasado y que guíe un
camino democratizador de las Fuerzas Armadas y de fortalecimiento de
nuestra institucionalidad.
Esas medidas pasan por responder la consigna que encabezó la Marcha: “¡Que nos digan dónde están!
Medidas que se asientan en un Ejecutivo
que no tolere el mas mínimo desvío a la exigencia de entregar
información, la documentación que todavía esconden y la verdad de todo
lo que hicieron. Y obviamente, los cuerpos de nuestros desaparecidos que
continúan siendo sus rehenes. Un Ejecutivo que responda con firmeza al
no cumplimiento de esa voluntad.
Un Legislativo que respalde una política de Estado que busque esta democratización de las Fuerzas Armadas.
Un Poder Judicial a la altura, dispuesto a frenar todo delito de lesa humanidad.
Y por supuesto que todo esto sea público. Tenemos el derecho de conocer y los gobernantes la obligación de informar.
El secreto, la falta de verdad y
transparencia sólo abona a la impunidad. Tenemos que conocer a fondo lo
sucedido. Por el derecho que tenemos como sociedad y también por un
razonamiento lógico no se puede rechazar lo que no se conoce.
Muchas de las conductas criminales de las
Fuerzas Armadas se han hecho visibles gracias al coraje y persistencia
de los denunciantes, ex presos, familiares de víctimas, abogados,
periodistas, organizaciones sociales, sindicatos y más.
Algunas pocas denuncias han logrado
sentencias firmes e irrevocables en el sistema judicial. Otras veces,
son los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas que las dejan al
descubierto, (como pasó con los Tribunales de Honor) y han quedado tan
evidentes que ni siquiera los políticos que históricamente las han
encubierto se animan a defenderlas.
Hoy hasta el propio Sanguinetti, el paladín de la impunidad habla de la “causa sagrada” de la búsqueda de los desaparecidos.
También hoy tenemos ya un caudal
importante de información proveniente de archivos militares o
policiales, que nos dan un marco histórico, nos muestran protocolos,
actas, legajos, interrogatorios. Así como publicaciones, investigaciones
periodísticas, que muestran el imparable avance en el conocimiento de
la verdad.
Hoy es inadmisible un retroceso que
pretenda negar lo ya conocido (como el cuestionamiento de Feola, actual
Comandante en Jefe): la participación institucional de las Fuerzas
Armadas como ejecutores, de la política represiva llevada adelante en
contra de la ciudadanía. Con la venia de toda la cadena de mandos. Han
quedado demostradas las tomas de decisión de oficiales superiores sobre
las desapariciones y muchos casos de órdenes de homicidios (no todos
logrados como los recientes documentos públicos sobre Wilson y Hugo
Cores).
No existe Estado que vaya a asumir estos
compromisos sin un impulso popular decidido. Lo demuestra la tardanza de
todos estos años. Por eso es imprescindible una sociedad informada,
consciente, atenta, involucrada; que no tolere las debilidades, los
ocultamientos y las demoras en este tema. No más.
Confiamos en la conciencia y
determinación popular que sí crece y demuestra que hace mucho ya que no
estamos solos en esta preocupación y reclamo. La contundente
participación en el pasado 20 de mayo por todo el país, lo demuestra.
Los jóvenes, las nuevas generaciones sumándose activamente.
La lucha por todos los derechos que
atraviesa a la sociedad, confluyen y se potencian en esa demostración:
el derecho al trabajo, educación, vivienda, salud y el respeto a la
libre expresión de todo tipo de diversidad. El derecho a la protesta y a
la lucha, a no aceptar lo inaceptable, que ha sido nuestro camino.
Todo esto está implicado en esta
temática, porque habla del respeto a la vida y la libertad para
desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria, feliz.
Queremos, necesitamos, exigimos mayor
compromiso en este tema, de todos los partidos políticos, mayor
voluntad política de todos los gobernantes, especialmente de los que hoy
conducen el país.
Democratizar las Fuerzas Armadas, y
exigirles cortar con el pasado criminal que siguen reivindicando, es
vital y urgente para una democracia duradera.
No pueden obviar ni trasladar esta
responsabilidad a otras generaciones. Ni esperar los posibles efectos
del nuevo marco legal en una futura camada de oficiales, que los haga
proclives a respetar la constitución y los derechos de las personas y la
vida. Porque HOY los están violando.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
