El opaco sistema financiero uruguayo.
Lava Jato Uruguay é "maior lavanderia de dinheiro do mundo"
Seis años después del escándalo Lava Jato-Odebrecht, nadie fue responsabilizado penalmente en Uruguay por su participación en el lavado de dinero y –peor que eso– la Justicia ha preferido archivar denuncias y rechazar pedidos de colaboración, para que uruguayos acusados en otros países pudieran someterse a investigaciones.
Por Fabián Werner / Sudestada.-
Uruguay fue la guarida fiscal ideal
para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los
políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de la
constructora Odebrecht.
Sin embargo, a pesar de las pruebas
mostradas por la prensa regional, los pedidos de colaboración enviados
por fiscales y jueces de varios países, y la profusa documentación
divulgada, nadie fue responsabilizado penalmente en el país por su
participación en el escándalo.
Ni los estudios jurídicos que
vendieron sus servicios, ni los bancos que escondieron los fondos, ni
los testaferros que prestaron sus nombres. Si bien algunos extranjeros
fueron detenidos y extraditados por lavar dinero “para la corona” desde
Montevideo o Punta del Este, los principales responsables del lavadero
uruguayo permanecen libres y sin acusaciones ante la Justicia o habiendo
eludido pedidos de extradición.
¿Quiénes fueron los engranajes
uruguayos que hicieron funcionar la maquinaria del lavado para
Odebrecht? Estos son solo algunos de ellos.
Betingo, el operador clave
Andrés Sanguinetti hermano del expresidente Sanguinetti procesado con prisión
Por “lavado de activos” finalmente fue procesado con prisión en Andorra fue un elemento clave en la operativa de la Banca Privada de Andorra durante varios años desde Montevideo, y un hombre de confianza de Odebrecht.
Andrés Norberto Sanguinetti Barros no
era un nombre muy conocido para los uruguayos. Sin embargo, cuando se
mencionaba su sobrenombre “Betingo”, todo era distinto: mucha gente
admitía conocerlo muy bien, y esa fama trascendía fronteras. Betingo se
hizo un nombre debido a dos actividades principales: su participación en
la directiva del Club Atlético Peñarol, uno de los clubes “grandes” del
fútbol uruguayo, y su trabajo como gestor de cuentas en la sede
montevideana de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde llegó a ocupar
una de las vicepresidencias.
Este último empleo fue el que lo
llevó a estar en 2018 en una cárcel de aquel pequeño principado europeo,
donde fue procesado por el delito de lavado de activos por la jueza
Canòlich Mingorance. Estuvo casi dos meses detenido, y pudo volver a
Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en
libertad.
El cúmulo de pruebas que logró reunir
la magistrada muestra cómo Sanguinetti –medio hermano del expresidente
uruguayo Julio María Sanguinetti– movió sus influencias personales con
el exdirectivo de la empresa Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares,
para conseguir que la constructora se convirtiera en cliente del banco y
utilizara la sucursal uruguaya como vehículo para el lavado de cientos
de millones de dólares entre los años 2006 y 2015.
Da Rocha Soares formó parte del
enorme grupo de exdirectivos de Odebrecht que reconoció su participación
en el esquema criminal. Además, firmó un acuerdo de colaboración con la
Justicia, mediante el cual facilitó información para desentrañar la
compleja estructura financiera de sobornos y blanqueo.
Betingo aparecía en los intercambios del sistema Drousys,
que Odebrecht montó para garantizar el anonimato de sus transacciones
ilícitas, directamente con su correo electrónico de BPA (a.sanguinetti@bpa.ad) y con su nombre completo. No hay dudas de su participación e importancia en el esquema.
Así quedó claro gracias a varios
testimonios, entre ellos el de Da Rocha Soares (o “Luisinho”, como le
decía Betingo), quien detalló que Odebrecht empezó a trabajar con BPA
gracias a su vínculo personal con Sanguinetti.
“Andrés Sanguinetti es un uruguayo,
amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el (banco suizo) PKB
también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue
para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una
relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a
trabajar”, explicó en una de sus declaraciones ante la Justicia de
Brasil.
“Indicábamos al BPA, en la persona de
Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de
testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas
políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de
Panamá, Ricardo Martinelli”, relató Da Rocha Soares en otra de sus
comparecencias judiciales.
Allí reveló que las dos cuentas
creadas en beneficio de Martinelli pertenecían a dos empresas llamadas
Pachira y Mengil, y que se transfirieron a su nombre alrededor de 30
millones de dólares gracias a las gestiones de Betingo en BPA.
Sanguinetti también fue útil para facilitar la transferencia de dinero para ministros del gobierno panameño a través de las offshore
Westfall, Ralfim y Randalle, confesó Da Rocha Soares, quien mencionó al
abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla Durán como uno de los
operadores de Odebrecht ante las autoridades de Andorra, a fin de
permitir este manejo oscuro.
Betingo Sanguinetti era una pieza del
esquema. Importante, pero sólo una. Quizás por eso en la Justicia
uruguaya a nadie le pareció que tenía la relevancia suficiente para
iniciar una investigación penal sobre su rol en el lavado de dinero que,
desde Uruguay, se realizó durante años, ante la inoperancia de las
autoridades que debían ejercer el control de sus actividades.
Las huellas de BGL
Fue justamente Rodrigo Tacla Durán
quien, desde España, aportó más detalles de la operativa de Betingo y
otros uruguayos al servicio de Odebrecht. En concreto, este abogado
mencionó a tres empresas holandesas (Convergence Capital Partners,
Nailand Financiering y Lion’s Soul Corporation) y a la panameña Vansley
International. Las cuatro firmas, según dijo, transfirieron dinero a la
firma Klienfeld Services Ltd. (una empresa creada por Odebrecht en
Antigua y Barbuda) utilizando los servicios de BPA.
Los nombres de las empresas tal vez
sean anecdóticos. Pero, detrás de esas denominaciones aparecían los
beneficiarios de las cuentas bancarias de esas empresas: los uruguayos
Juan Carlos González Lerena y Gonzalo Fernández Ameglio, socios del
estudio BGL Asesores Legales y Financieros, con sede central en
Montevideo.
Fernando Belhot brindó servicios legales a varios implicados en el escándalo regional y puso a una de sus empresas panameñas, Vansley SA, al servicio de las maniobras.Tacla Durán también vinculó a los ex
socios de estos, Washington Fernando Belhot Fierro y Claudio Marcelo
Chakiyian Vázquez, quienes abrieron su propio negocio, el estudio South Capital Partners,
que prestó servicios en Holanda y Panamá. Según Tacla Durán, fue
Marcelo Odebrecht quien contrató directamente los servicios de Belhot
Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack
& Fonseca.
En cuanto a la firma panameña Vansley
SA, siguió funcionando unos años más, hasta que se disolvió el 22 de
diciembre de 2017 en Montevideo, según el acta a la que accedió
Sudestada. Estuvieron presentes el presidente de la sociedad, Belhot
Fierro, el vicepresidente González Lerena, el secretario Chakiyian y el
tesorero Fernández Ameglio.
Ninguno de ellos, a pesar de los
testimonios y pruebas que los mencionan directamente, fueron llamados
por la Justicia uruguaya para responder por su participación en la
estructura de lavado de Odebrecht.
Primer nivel de lavado
Desde el principio de la
investigación judicial en Brasil, Uruguay apareció de manera reiterada
en los testimonios y documentos que alimentaron la causa “Lava Jato”.
Esa acumulación de evidencias llevó a los investigadores del Ministerio
Público y Fiscal de Brasil a ubicar a Uruguay, y en especial a dos
sociedades anónimas creadas en Montevideo, en el primer nivel (“camada”,
según el término empleado por los fiscales) del lavado de dinero.
En esa primera etapa fueron utilizadas cuentas bancarias creadas en el banco PKB Privatbank AG, de Suiza, a nombre de varias offshore
cuya beneficiaria económica en casi todos los casos era alguna de las
empresas del grupo Odebrecht. Y en ese destacado lugar aparecían dos
empresas armadas en suelo uruguayo: Sherkson International SA
y Havinsur SA. A su vez, ambas enviaban los fondos a cuentas suizas
controladas por los tres ejecutivos principales de Petrobras: Paulo
Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato de Souza Duque, hoy condenados por
corrupción y con acuerdos de colaboración judicial.
Las primeras transacciones se
realizaron en mayo de 2007 cuando Sherkson recibió de Odebrecht tres
depósitos por un monto total de 22,5 millones de dólares, que luego
depositó en una cuenta suiza a nombre de Klienfeld Services Ltd, una
empresa creada en Antigua y Barbuda. En total, a través de la cuenta N°
1156876, del banco PKB Privatbank AG de Suiza, se realizaron
transferencias por al menos 96 millones de dólares por orden de la
constructora Odebrecht.
Sherkson SA fue una empresa de papel que ocultó millones de dólares de sobornos de Odebrecht, aprovechando el opaco sistema financiero uruguayo.
La mencionada Klienfeld operó desde
el Meinl Bank, un banco en Antigua y Barbuda que compró Odebrecht para
toda su operativa de lavado de dinero y envío de coimas.
Los documentos obtenidos para esta
investigación revelan que Sherkson International SA tenía su dirección
en la calle 25 de mayo 477, oficina 205, también en el corazón de la
Ciudad Vieja, en pleno distrito financiero de Montevideo.
Sherkson fue creada el 2 de agosto de
2006 con un modesto capital de 1,2 millones de pesos (algo menos de
48.200 dólares al cambio de la época), según consta en los registros
públicos. El 24 de abril del 2007 se designó como presidente de la
sociedad al uruguayo Miguel Angel Ayestarán Rodríguez, quien también
aparece en el directorio de otras diez empresas panameñas desde 2007.
El 16 de julio de 2010 la presidencia
de Sherkson pasó a manos del uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeiras,
quien compartía con Ayestarán el directorio de las empresas panameñas
Seguralia, Villevay Real Estates y Pocitos Investment Corp. Mutio
Cerdeiras fue mencionado como gestor de Sherkson por el delator Vinicius
Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas.
Según su testimonio, el uruguayo
Mutio Cerdeiras era la persona asignada por Odebrecht para firmar los
documentos a nombre de Sherkson. Pero él era apenas un testaferro, ya
que el beneficiario final de estos movimientos era la constructora
brasileña.
Después de varios años de funcionar
como fachada, esta enigmática firma de papel inició un curioso
peregrinaje. El 1° de noviembre de 2011, Sherkson dejó el estudio de la
Ciudad Vieja y se mudó al Local 505A Oficina 001 del edificio Quantum,
en Zonamérica, una zona franca de servicios que funciona en las afueras
de Montevideo. Cuatro años después, cuando Sherkson ya había dejado de
funcionar como empresa ficticia para el trasiego de dólares de
Odebrecht, inició su proceso de liquidación, en su nuevo domicilio de la
calle Juncal 1378 oficina 1406, en plena Plaza Independencia de
Montevideo.
La persona que se hizo cargo del
cierre fue Daniel Gonzalo García Belhot, quien también figura en el
mismo directorio que Ayestarán en tres sociedades panameñas: Swanson
Holdings, Valex International y Sevel International. Sherkson registró
el fin de sus actividades el 5 de agosto de 2015, poco más de un año
después de realizar el último pago por 5.924.644 dólares a la empresa
Klienfeld SA. Su misión había sido cumplida.
Una vez más, la impunidad. Ni Mutio Cerdeiras, ni Ayestarán ni García Belhot enfrentaron a la Justicia uruguaya.
La contadora fantasma
La otra empresa uruguaya que aparece
en la primera “camada” del lavado de Odebrecht es Havinsur SA. Desde esa
firma se realizó una transferencia por 565 mil dólares el 23 de marzo
de 2010 a favor de la offshore panameña Millzart, cuyo beneficiario final era el directivo de Petrobras, Renato de Souza Duque.
Los documentos judiciales señalan que
Havinsur utilizó para eso “la cuenta número 1154894, del banco PKB
Privatbank AG, en Suiza”, mientras mantenía la “dirección en la calle
Soriano 1140 bis, apartamento 102, de Montevideo”.
En ese pequeño escritorio funciona
una verdadera fábrica de sociedades de papel, nombrada hasta el
cansancio en innumerables investigaciones internacionales sobre blanqueo
de capitales. Daniel Pérez Blanco es quien figura como el responsable
del estudio, pero quien aparece como presidente de Havinsur desde 2 de
agosto de 2007 es el uruguayo Gastón María Giovannone Martin.
Havinsur también tenía “como
beneficiaria económica a la constructora Norberto Odebrecht”, según la
investigación del Ministerio Público de Brasil, pero la firma autorizada
a realizar los movimientos de dinero era de la contadora uruguaya Maya Cikurell Spiller. Esta mujer nacida en 1973 tiene antecedentes vinculados a empresas offshore, denuncias de lavado y asesoramiento a empresas que aparecen en la trama del Lava Jato.
La contadora Maya Cikurel Spiller es una de las personas enjuiciadas en
Panamá por participar de la corrupción del expresidente Ricardo
Martinelli.
elmuertoquehabla.blogspot.com › 2020/06 › que-suerte-tiene-maya-cikurel
9 jun. 2020 ... “Justicia uruguaya no hizo lugar a la extradición de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura” Pablo da Silveira. A ...
Cikurel Spiller también funge como la encargada de manejar la cuenta de Arcadex Corp., una offshore
con sede en Belice que aparece en los dos primeros niveles del esquema
de lavado de la constructora brasileña con transferencias por decenas de
millones de dólares.
La contadora estuvo a punto de ser la
única persona de nacionalidad uruguaya en enfrentar a la Justicia por
sus maniobras, ya que Panamá pidió su extradición en 2018 por su
documentada participación en el pago de sobornos a la familia
presidencial Martinelli. Sin embargo, también consiguió que los
tribunales uruguayos rechazaran el pedido.
A pesar de ello su proceso en la
Justicia panameña continúa, y Cikurel figura como una de las personas
acusadas en la investigación judicial por el pago de coimas de Odebrecht
en la guarida fiscal caribeña. Según la acusación fiscal, Cikurel forma
parte de una lista de “imputados que prestaron los servicios o su
identidad para elaborar la estructura financiera que le permitiera a la
caja 2 de Odebrecht, encubrir, ocultar, transferir la suma de dineros
ilícitos hacia los beneficiarios finales”.
Según el texto de la acusación, al
que accedió Sudestada, Cikurel “aparece vinculada a la presente
investigación, a través de la sociedad Arcadex Corp., la cual la utilizó
como intermediaria en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito que
posteriormente se deposita en cuenta como Baxley Assets Lnc, Select
Engineering Consulting and Services y Constructora Internacional Del
Sur, la cual fue utilizada como plataforma para transferir dinero
procedente de la caja no contabilizada de Odebrecht”.
Ese dinero, que tenía una
“procedencia ilícita”, pertenecía a “los hermanos Luis Enrique y Ricardo
Alberto Martinelli Linares (hijos del expresidente de Panamá Ricardo
Martinelli), Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa y Renato De Souza Duque,
imputado desde el año 2017 en esta causa, estableciendo relaciones
bancarias en las que se transfirieron más de 58 millones a las cuentas
4010177279 ubicada en el Credicorp Bank, a través de la cuenta
4010228962 a nombre de Select Engineering Consulting And Services”.
En el expediente panameño también se
consigna que tanto Cikurel como otro uruguayo mencionado en esta trama,
Juan Mutio Cerdeiras, fueron “beneficiarios finales de sociedades que
alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron
funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos
estatales”. En función de esta conclusión, la fiscalía de Panamá
entendió que “esta conducta se entiende como la interpuesta persona
dentro de la conducta del blanqueo de capitales, ya que los mismos
resultan ser testaferros de la empresa Odebrecht, debido a que su actuar
dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y
los verdaderos beneficiarios finales”.
Este proceso judicial fue el que
determinó el pedido de extradición de Cikurel por parte de la justicia
panameña, lo cual derivó en su detención por algunos días en febrero de
2020. Sin embargo, después de varias instancias judiciales de alto
impacto a nivel público la Justicia uruguaya terminó negando la
extradición y bloqueó la posibilidad de indagar a la contadora uruguaya
que aparece como responsable del manejo de cuentas bancarias que
sirvieron para lavar millones de dólares.
El fiscal Ricardo Lackner, encargado
de representar al estado requirente de la extradición en este caso,
llegó a presentar un recurso de reposición para que la Suprema Corte de
Justicia uruguaya revierta su decisión de no extraditar a Cikurel,
informó La diaria.
Según el fiscal, “se trata de un asunto de cooperación penal
internacional que involucra la relación entre estados acordada por un
tratado bilateral”, que no fue cumplido por Uruguay.
Además, Lackner consideró
“desesperante” que el máximo tribunal judicial de Uruguay no advierta
que el país en los hechos le está imponiendo a Panamá de manera
unilateral unas condiciones no acordadas por ambos estados, y por lo
tanto “conlleva al incumplimiento de las obligaciones asumidas en el
tratado” de extradición.
La SCJ no hizo lugar al recurso interpuesto por el fiscal, por lo que Cikurel no fue extraditada.
El emporio de Posadas
Renato de Souza Duque fue director de
Servicios de Petrobras. Luego de permanecer un tiempo en prisión, hoy
goza de penas alternativas a la privación de libertad, aunque su condena
fue duplicada por los delitos de corrupción y lavado de dinero, por
haber aceptado millonarias propinas para beneficiar al cártel de
empresas constructoras que esquilmó a la petrolera estatal de Brasil.
Entre las empresas privadas que,
según la Justicia, sobornaron a Duque se encuentran la brasileña
Odebrecht, la argentina Techint y la italiana Saipem. Y quien fue
contactado en 2009 para ayudarlo a montar la estructura de lavado fue el
empresario brasileño João Antônio Bernardi, quien colaboró con la
Justicia de Brasil para aportar detalles a la historia de corrupción.
elmuertoquehabla.blogspot.com › 2017/08 › el-emporio-de-la-coima
2 ago. 2017 ... Exministro y dueño del estudio Posadas & Vecino, Ignacio de Posadas. 01/08/2017. Fabián Werner (*) Lava Jato: estudio De Posadas fue un ...
En base al testimonio de Bernardi y
otros colaboradores, la investigación judicial brasileña obtuvo pruebas
de que Uruguay jugó otra vez un rol fundamental en el blanqueo de
capitales. Ahora es el estudio Posadas, Posadas & Vecino
(PPV) -vinculado al exministro de Economía uruguayo Ignacio de
Posadas- el que aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos
gracias a la corrupción.
En su confesión, Bernardi contó que, a
fin de administrar las coimas destinadas a De Souza Duque, contactó al
abogado brasileño José Reginaldo Filpi para que lo asesorara en la
apertura de una cuenta en el exterior. Así fue que abrió la sociedad
anónima uruguaya Hayley (con su correspondiente filial en Brasil, Hayley
do Brasil), junto a la cuenta bancaria 0482375100654700001 en el Banque
de Commerce et Placement en Ginebra, Suiza. En esa ciudad europea tiene
una sucursal el estudio PPV.
Hayley fue usada como vehículo para
pagar las coimas que la empresa italiana Saipem ofreció a De Souza
Duque, para que éste facilitara la firma de un contrato con Petrobras
para la construcción de un gasoducto submarino.
¿Pero Filpi logró abrir una sociedad
anónima en Uruguay desde su escritorio de Rio de Janeiro? La respuesta
es negativa y aquí es donde opera el famoso estudio uruguayo Posadas,
Posadas & Vecino, acusado desde los años noventa de asistir en
muchas maniobras de lavado de activos.
Según el informe de la Policía
brasileña, el estudio de José Reginado Filpi se dedicaba “a ocultar la
titularidad de los propietarios de empresas en Brasil y en el exterior, y
consecuentemente ocultar su patrimonio”.
Para llevar adelante este fin, Filpi y
sus colaboradores tercerizaban servicios tanto en Brasil como en el
exterior, dice el informe, que pone el ejemplo de dos países a los que
recurría de manera asidua: Uruguay y Panamá. En el primero, la Policía
identifica como asistente de Filpi al “escritorio Posadas, Posadas &
Vecino, localizado en la dirección: Mones Roses 6937, Montevideo,
Código Postal 11.500, Uruguay”.
En varios de los correos electrónicos
registrados entre miembros del estudio del abogado brasileño Filpi y
sus pares del uruguayo PPV, queda claro que las tareas que realizaba
este último tenían que ver con la “administración” de las empresas de
papel y de los fondos que estas manejaban, además de asesorar en el
flujo de los fondos entre esas empresas y sus cuentas.
En sus investigaciones, la Policía
brasileña concluyó que Hayley SA era usada para el lavado de dinero y
apuntó sus esfuerzos a probar ese delito. Cuando estos intentos se
hicieron notables, el abogado Bernardi temió verse involucrado y dio
directivas para ocultar su participación en las maniobras.
A partir de ese momento “las personas
vinculadas a la administración de esta empresa desarrollaron una nueva
alternativa para mantener ocultos los recursos financieros que se
encontraban bajo su tutela”, dice el informe policial.
Para ello se decidió abrir nuevas
empresas y transferir el dinero desde Hayley para ocultar quiénes eran
los beneficiarios finales. Así nacieron la panameña Worly International
SA y Deepwater Rio Ltda en las Islas Vírgenes Británicas.
Posteriormente aparece una nueva
empresa, esta vez en las islas Vírgenes Británicas, que también recibe
parte de los fondos que Bernardi -con el asesoramiento de PPV- intenta
ocultar de las autoridades brasileñas.
Howard Consolidated Limited es el nombre de la empresa offshore
que suscribió junto a Hayley un acuerdo de inversión con DeepWater Rio
por un total de 750 mil dólares, el monto de la coima que cobraría De
Souza Duque.
En el documento aparece, por un lado,
Hayley con el domicilio fijado en Montevideo en el estudio PPV y, por
otro, la empresa de Islas Vírgenes Británicas, que también fija un
domicilio en Montevideo, pero esta vez en la sede del estudio BGL
Asesores. Ese estudio, por aquellos días, estaba integrado por
Washington Fernando Belhot Fierro y Juan Carlos González Lerena. Belhot y
González son los mismos que el abogado Rodrigo Tacla Durán había
mencionado en su confesión al revelar la intervención de la Banca
Privada d’Andorra en la trama. Los participantes de la red se reciclan y
vuelven a aparecer, una y otra vez.
El acuerdo está firmado por Christina
Jorge, en nombre de Hayley, y por DeepWater Rio lo hizo Marcelo Antonio
Castro Muller, un exdirectivo de la empresa AEM Sistemas, investigado
en la causa Lava Jato por pagar propinas a la empresa constructora
Andrade Gutierres.
El acta de directorio de Hayley, que
integra únicamente Christina Jorge, fue redactada el 31 de octubre de
2014 en español y en ella consta la decisión de transferir a Worly
International la cifra de 750 mil dólares “en concepto de distribución
de utilidades definitivas” correspondientes a acciones de la otra offshore involucrada, DeepWater Rio.
El 3 de marzo de 2015 Worly
International (y no Hayley, como debería suponerse siendo la empresa que
pidió el asesoramiento) ordenó la transferencia de 6.680 dólares de su
cuenta a la del estudio PPV por concepto de “servicios jurídicos y
contables”.
Por aquellos días, el escándalo
mediático ya había trascendido fronteras, y en Uruguay también los
titulares de los medios daban cuenta del operativo judicial que
perseguía a los lavadores de dinero de Odebrecht y sus cómplices. A
pesar de eso, el estudio PPV continuaba enviando correos electrónicos a
Christina Jorge, presidenta de Hayley, para decirle cómo tenía que
proceder para transferir el dinero a las otras offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
De hecho, en su declaración judicial, la mujer aseguró que la offshore
panameña Worly Internacional “fue constituida directamente por Bernardi
por indicación de los abogados uruguayos en razón de cuestiones
tributarias en Uruguay” y amplió: “Posadas & Vecino es el escritorio
de abogados y contabilidad responsable por la empresa Hayley en aquel
país”.
Hayley SA también sirvió para pagar
otras coimas, como confesó Bernardi en Brasil. Esta vez la empresa
involucrada fue Confab, una subsidiaria de Tenaris (una empresa del
Grupo Techint), que pagó un soborno de 10,4 millones de dólares a través
de su gerente brasileño, Benjamin Sodré Netto, informó La Nación.
Según reveló Bernardi, Hayley fue
usada para trasegar esos fondos con fines ilícitos mediante la firma de
contratos ficticios, utilizando una cuenta que la empresa controlaba en
el Millenium Banque Privé de Ginebra, donde el estudio uruguayo Posadas,
Posadas & Vecino tiene una prolífica oficina.
El sospechoso de siempre
La participación en el caso de la offshore
uruguaya Hayley SA del estudio Posadas Posadas & Vecino fue
señalada especialmente por el Ministerio Público Federal de Brasil,
cuando planteó su acusación contra el exdiputado Eduardo Cunha,
condenado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de
divisas.
“Regístrese además que en su
actividad criminal Eduardo Cunha fue auxiliado por el escritorio
uruguayo Posadas & Vecino Consultores Internacionales (filial
panameña del estudio con sede en Uruguay), responsables por la apertura
de la cuenta Netherton y por la constitución de sociedades y apertura de
diversas otras cuentas utilizadas por criminales para el lavado de
dinero, por ejemplo la cuenta Forbal, controlada por Néstor Cerveró, y
Hayley, utilizada por Renato Duque”, escribió el fiscal Deltan Dallagnol
el 7 de marzo de 2017.
Según ese escrito, Cunha cobró una
coima de 1,5 millones de dólares – entre otros delitos- gracias a su
participación en las negociaciones que permitieron a Petrobras acceder a
un yacimiento en la República de Benin a principios de 2011. Poco
después la empresa se retiró del negocio al constatar que en ese sitio
no había petróleo.
No había petróleo, pero sí dinero sucio, que fue a parar a cuentas bancarias en Suiza que estaban a nombre de empresas offshore.
Algunas de esas transacciones se hicieron a través de una cuenta
bancaria en Ginebra, en la sucursal del banco Merril Lynch (que luego
cambió su denominación a Julius Baer), a nombre de la empresa Netherton
Investments PTE Ltda, con sede en Singapur.
Quien abrió la cuenta en Ginebra a nombre de la offshore de Singapur fue el abogado Luis María Piñeyrúa Pittaluga, del estudio PPV.
Según los datos aportados por el
Ministerio Público y Fiscal, en los que se basó el entonces juez Sergio
Moro para condenar a Cunha, Piñeyrúa, junto al argentino Jorge Haiek
Reggiardo, firmaron los formularios de apertura de la cuenta en
Montevideo el 3 de agosto de 2008, aunque fijaron el domicilio en la
sucursal del estudio PPV en Ginebra. Los dos quedaron ante el banco como
representantes de Cunha, el verdadero titular de la cuenta.
Por estos servicios de asesoría, el
estudio PPV recibió al menos 264 mil dólares del exdiputado brasileño.
El origen del dinero fue la cuenta Orion SP #481602 que Cunha manejaba
en el banco Merryl Lynch y que había sido abierta por el mismo estudio
uruguayo. El dinero se transfirió a la cuenta No. 060-439429-001 en el
banco HSBC de Nueva York y el documento de transferencia está firmado
por Cunha.
En abril de 2016, cuando estalló el
escándalo y la vinculación del estudio PPV era todavía un trascendido,
la prensa uruguaya le preguntó al exministro de Economía uruguayo
Ignacio de Posadas sobre su vinculación y la de su estudio con este
caso. El exministro durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle
(1990-95) fue parco pero contundente: “es un invento. Ya salió, ya está
la Justicia suiza y la Justicia brasileña en eso. Nosotros no tenemos
nada que ver, y yo menos, estoy retirado. El estudio sigue con mi nombre
porque lleva el nombre de mi padre, pero eso ya está todo aclarado y no
tuve ningún vínculo”.
«Nosotros no tenemos nada que ver, y
yo menos», dijo De Posadas. Pero no era cierto. Es que no solo su
estudio está claramente involucrado según las pruebas aportadas por el
Ministerio Público, sino que además existe un dato que resulta
esclarecedor: en 2008, Ignacio de Posadas en persona era director de
Merril Lynch, Pierce Fenner & Smith Uruguay S.A., la sucursal
uruguaya del banco que le abrió la cuenta a Cunha en Suiza.
“Bellfield Investments PTE Ltd” es el nombre de otra empresa offshore que el estudio PPV puso al servicio del esquema,
pero esta vez fue usada por el exministro brasileño de Turismo Henrique
Eduardo Lyra Alves, un hombre fuerte del Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB) del expresidente Michel Temer.
La empresa creada el 30 de junio de
2008 tiene su domicilio en Singapur pero los apoderados son el uruguayo
Luis María Piñeyrúa Pittaluga y el argentino Jorge Haiek Reggiardo,
funcionarios del estudio Posadas, Posadas & Vecino y directores de
decenas de empresas gestionadas desde el escritorio de la calle Mones
Roses, en el exclusivo barrio montevideano de Carrasco.
Pero a pesar de todas estas pruebas,
no hubo nadie en la Justicia uruguaya que investigara la participación
de los integrantes de ese estudio en la corrupción que financió
Odebrecht. Donde sí se promovió una investigación sobre este y otros
escritorios profesionales fue en la Secretaría Nacional Contra el Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), una dependencia
de la Presidencia de la República que llegó a realizar inspecciones en
la sede de varios estudios contables y jurídicos.
La indagatoria, sin embargo, se
demoró tanto que cambió el gobierno y el expediente cayó en manos del
nuevo director de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dudó en archivar
el caso sin mayores consecuencias, según informó La diaria.
El paraíso de los “doleiros”
En Uruguay hay una lista de sujetos
obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, que
incluye a bancos, abogados, contadores, estudios jurídicos que crean
sociedades, entre otros. Pero la mayor parte de las investigaciones por
lavado de activos que se realizaron en Uruguay no se originó en este
mecanismo.
En cambio, fueron consecuencia de
denuncias posteriores, por pedidos de colaboración judicial desde el
exterior, investigaciones periodísticas o estudios profesionales que
tomaron conocimiento de la situación judicial de alguno de sus clientes
fuera del país y decidieron informarlo a las autoridades locales.
“No recuerdo ningún caso proactivo.
Eso muestra que el sistema no está maduro, no está funcionando
adecuadamente”, dijo a Sudestada Daniel Espinosa, ex responsable de la
Senaclaft. Espinosa fue quien había ordenado la investigación contra los
estudios profesionales, que luego archivó Chediak.
Esta falta de reportes de operaciones
sospechosas fue la que benefició a dos cambistas (“doleiros”)
brasileños que se instalaron en Uruguay para prestar sus servicios al
esquema de lavado de Odebrecht.
El “doleiro” Vinicius Claret, alias “Juca Bala”, lavó decenas de millones de dólares desde Montevideo y Punta del Este. Hoy está preso en Brasil.
Es que no fue un abogado ni un banco
el que denunció la participación de Vinicius Claret Vieira Barreto
(alias “Juca Bala”) y Claudio Fernando Barbosa de Souza (alias “Toni”)
como los dos encargados de recibir el dinero proveniente de las coimas y
enviarlo a una guarida fiscal, para ponerlo a resguardo de las leyes
brasileña y uruguaya.
Fue recién cuando sus nombres
aparecieron en el diario brasileño O Globo y Sudestada que el cerco
sobre ellos comenzó a cerrarse y llegó el pedido de colaboración de la
Policía de aquel país para proceder a su detención. Esta vez las
operaciones no se realizaban en el distrito financiero de la capital
uruguaya sino a 150 kilómetros de ella, en el balneario de Punta del
Este.
Allí, un hombre de unos 50 años,
calvo y en buena forma física, atendía un local de venta de tablas de
“stand up paddle”, un deporte acuático de moda en todos los balnearios
latinoamericanos. Este comercio era la fachada perfecta para el negocio
realmente lucrativo de “Juca Bala”, quien resultó ser uno de los
doleiros más nombrados en las diferentes declaraciones colaborativas de
los ex funcionarios de Petrobras y Odebrecht.
La mayoría lo conocía solamente por
su apodo Juca, pero otros también tenían presente su seudónimo en la red
privada de comunicaciones Drousys. Allí el doleiro era conocido como
“Super”, y cumplía un rol fundamental en la operativa: era el encargado
de recibir el dinero de la constructora en sus cuentas y derivarlo a las
de los receptores de las coimas en diferentes guaridas fiscales.
Para ello, según confesó Olivio
Rodrigues, otro doleiro preso en Brasil conocido como “Gigolino”, Juca
utilizaba las cuentas bancarias de varias empresas: Candance
International Starfine Corporation, K&S International y Seabourn (en
el banco Credicorp de Panamá); Biltimore Associates (que tenía cuentas
en el Credicorp y en el Antigua Overseas Bank); y Mariwheter Trading
(en el Meinl Bank de Antigua).
Hoy Juca y Toni enfrentan una condena
judicial por su participación en la trama, luego de haber sido
extraditados desde Uruguay a Brasil, en diciembre de 2017.
El abogado inasible
Oscar Algorta, un conocido abogado que participó activamente del esquema de Odebrecht pero que consiguió eludir a la Justicia de varios países.
El estudio Algorta & Asociados se
ubica todavía hoy frente a la referencia principal de la Ciudad Vieja,
la plaza Matriz, en un edificio de los años 60. En la esquina de las
calles Ituzaingó y Rincón, está la oficina del abogado Oscar Enrique Algorta Rachetti, uno de los nombres que más aparece en esta trama de blanqueo de capitales.
Su nombre también surge en los
documentos que incriminan a Betingo Sanguinetti con el lavado a través
de BPA, pero en este caso el vínculo era más profundo. Algorta, además,
aparecía como beneficiario de una cuenta con 23 millones de dólares en
esa institución, según las pruebas que analizó la Justicia de Andorra.
Dos de las firmas usadas por
Odebrecht en esta trama (Klienfeld y la panameña Aeon Group)
transfirieron 500 mil dólares a esta cuenta, que Algorta compartía con
el empresario brasileño Apolo Santana Vieira, según informó el diario El País de España.
Oscar Algorta es otro de los
protagonistas de esta historia, y logró eludir a la Justicia, tanto en
Uruguay como en Brasil, a pesar de los intentos de este país de llamarlo
a declarar.
Pero este hombre también aparece
tejiendo otros hilos de la red, por ejemplo junto a los “cambistas” Juca
y Toni, quienes también habían recurrido a sus servicios con el
objetivo de blanquear el dinero del exgobernador de Rio de Janeiro,
Sergio Cabral.
En este caso, Algorta había sido
señalado por los los hermanos Renato y Marcelo Hasson Chebar, los
“doleiros” encargados de lavar el dinero de Cabral, hasta que se vieron
desbordados por el volumen de dinero ilícito que debía blanquearse. Así
fue que se contactaron con Juca, con quien acordaron un sistema de
lavado más profesional, que permitió blanquear a través de la plaza
financiera uruguaya más de 100 millones de dólares.
El papel de Algorta en este asunto
era poner a disposición una cuenta en el banco Pictet de Suiza, que era
controlada por la uruguaya María Esther Campa Solares, su secretaria.
Era ella quien tenía acceso a los fondos y era su jefe, el abogado
uruguayo, quien prestaba a Cabral diferentes servicios como la “compra
de un inmueble ya vendido y la apertura y cierre de empresas”.
Por si estos vínculos “comerciales”
resultaran escasos para demostrar el vínculo entre el abogado uruguayo y
el cambista brasileño, Algorta y Juca compartieron, además, el directorio en dos empresas panameñas: Sabra Holdings y Waterford Assets. Los usos que le dieron a ambas firmas todavía son inciertos.
Pero este abogado, nacido en 1953, también tiene otra empresa offshore
que intervino en el trasiego de coimas del esquema Odebrecht. Se trata
de Strategic Engineering, en las que aparecía como beneficiario final y
compartía su gestión con otros dos operadores: el italiano Guido Verme y
el inglés Peter Glazier. Así lo reveló Luiz Augusto França, otro
“doleiro” devenido colaborador de la Justicia brasileña, que participó
del esquema montado por Odebrecht siendo funcionario del Meinl Bank
desde Sao Paulo.
França fue uno de los delatores que
explicó el funcionamiento del Departamento de Operaciones Estructuradas y
en esa red ubicó a Algorta como beneficiario de la cuenta de la empresa
Strategic Engineering, a pesar de que en realidad pertenecía a
Odebrecht. “Esa cuenta fue cerrada en 2015 en razón de la operación Lava
Jato”, explicó França en su declaración. La cuenta había sido abierta
por el doleiro “Gigolino”, quien fue el responsable de crear un total de
19 cuentas para Odebrecht.
Dada su participación en el esquema,
el entonces juez Sergio Moro decidió abrir un expediente específico
sobre Oscar Algorta y enviar un pedido de colaboración internacional
para que prestara declaración, como indagado, por “Lavado y ocultamiento
de bienes, derechos o valores oriundos de la corrupción”.
Después de 25 actuaciones en la
Justicia de Brasil, que incluyen citaciones, intimaciones y pedidos de
colaboración, la última novedad del expediente data del 23 de febrero de
2017 a las 14.40 horas, cuando se deja constancia de que “hasta el
momento, no hubo respuesta al mail enviado a Oscar Algorta Rachetti”
para que designe abogado en Brasil.
Por supuesto, en Uruguay tampoco hubo
un proceso que determinara su participación en toda la estructura de
lavado de activos de Odebrecht.
Un Rincón oscuro
En Perú se cobraron coimas a través
de la sociedad Wircel, otra empresa fantasma creada en Montevideo, en
2013, presidida por el uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, quien
comparte directorio en varias offshore con miembros del estudio
Posadas, Posadas & Vecino. Wircel fue utilizada por el exgobernador
de Cusco Jorge Acurio Tito para justificar un “Acuerdo de asesoramiento
de inversiones inmobiliarias” a fin de cobrar 3 millones dólares de
Odebrecht.
Wircel nació a los efectos legales en la enigmática oficina 410 de la calle Rincón 610,
aunque en realidad ese departamento no existe. Sin embargo, en el
número 402 del mismo edificio tiene su sede la empresa NGC Consultores,
cuyo nombre coincide con las iniciales del uruguayo Cardozo García,
quien preside la sociedad, según los registros públicos.
Un escritorio ficticio en la calle Rincón, en la Ciudad Vieja de Montevideo, es la sede de empresas de papel que cobraron millones de dólares. Esa misma oficina “fantasma” de la
calle Rincón figura como el domicilio de la empresa Pribont Corporation
SA, una sociedad de papel que fue usada para pagar coimas en Argentina.
Pribont recibió entre el 26 de mayo de 2009 y el 29 de abril de 2010,
siete transferencias por un total de 700 mil dólares en la cuenta del
First Caribbean International Bank desde la offshore panameña Constructora Internacional del Sur.
En la cuenta de Pribont también se
recibieron 80 mil dólares el 19 de octubre de 2010, a partir de la
cuenta 1414631 que la conocida Klienfeld tenía por ese entonces en el
OAB de Antigua.
Según conversaciones vía correo
electrónico citadas por el Ministerio Público Federal de Brasil, ese
dinero tenía como destinatario al argentino Manuel Vázquez, asesor del
exministro de Transportes argentino Ricardo Raúl Jaime. En ese mismo
documento las autoridades consignan la sospecha de que ese dinero fue
enviado como soborno por el otorgamiento de la obra de Soterramiento del
Ferrocarril Sarmiento, obra que fue concedida a Odebrecht.
Allí también intervino una vez más el
uruguayo Betingo Sanguinetti moviendo sus hilos en BPA, a fin de
agilizar el pago de coimas. “Se solicita autorización para ejecutar una
operación triangular, en la que participan Lion’s Soul y Carday, para
pagar a una subcontratista en B”, planteó el 22 de julio de 2011, según
actas secretas internas de la banca andorrana, publicadas por El País de
Madrid.
Una vez más la coincidencia: Lion’s Soul y Carday son dos de las empresas offshore
que aparecen en el pago de sobornos y que usan como puente al abogado
uruguayo Algorta, y a los estudios BGL Asesores y South Capital Partners
de Montevideo.
Un río para lavar
Pero Odebrecht usó más empresas
uruguayas para pagar coimas millonarias a funcionarios y jerarcas
argentinos de los ministerios de Planificación Federal y de Transportes,
así como de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
En el primer caso, el de AYSA, lo
hizo para asegurarse la obra de un sistema de potabilización en Paraná,
utilizando al menos cinco empresas offshore que depositaron
11,2 millones de dólares en un banco panameño y otro de Antigua y
Barbuda. Estos, a su vez, trasegaron ese dinero a la sociedad anónima uruguaya Sabrimol Trading, una empresa fantasma que funcionaba en Zonamérica.
Esta sociedad estaba presidida por
Carlos Dentone, un abogado uruguayo, jubilado desde 2014, quien admitió
al diario argentino La Nación haber integrado su directorio pero sostuvo
que en realidad el dueño era el empresario argentino Jorge “Corcho”
Rodríguez.
Sabrimol recibió un total de 2.172.675 dólares de Select Engineering Consulting and Services, una offshore
con sede en las Islas Vírgenes Británicas. También Klienfeld transfirió
4.858.419 dólares, mientras que Trident Inter Trading Ltd envió 315 mil
dólares.
El cuarto origen del dinero que lavó
Sabrimol fue Innovation Research Engineering and Development Ltd, que
movió 1.537.417,50 dólares hacia allí en nueve entregas. La panameña
Magna International Corporation también aportó 251 mil dólares en dos
envíos.
No hubo condenas judiciales en
Uruguay por la febril actividad de blanqueo de la fantasmagórica
sociedad anónima Sabrimol Trading.
Una guarida de impunidad
Uruguay no fue un botín para la
corrupción de Odebrecht. No realizó obras que le permitieran sobornar
funcionarios públicos, empresarios o dirigentes políticos, pero sí fue
una pieza fundamental en el andamiaje que montó la constructora
brasileña para ocultar el origen y el destino de su dinero ilícito.
Uruguay puso a disposición su opaco
sistema de control del flujo de capitales, lo cual permitió que pasaran
cientos de millones de dólares sin que saltaran las alarmas. Y aún
después de que muchos países descubrieran que el dinero sucio había
tenido una estación de lavado en Montevideo, el país también funcionó
como obstáculo para profundizar investigaciones, identificar culpables y
atribuir responsabilidades penales.
Es que ninguna de las 17 personas
mencionadas en esta nota fue responsabilizada judicialmente en Uruguay
por participar de las maniobras de lavado de activos para la
constructora brasileña Odebrecht y sus representantes. Algunas de ellas
superaron procesos judiciales, otras eludieron investigaciones
administrativas, unas pocas evitaron procesos de extradición y muchas ni
siquiera fueron objeto de indagatoria.
Al final de cuentas, además de una
guarida idónea para ocultar el origen ilícito del dinero, Uruguay
resultó también una garantía de impunidad para operadores,
intermediarios y testaferros.
Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava
Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas
Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación
(Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de
Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto
Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú),
Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
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