El opaco sistema financiero uruguayo.
Lava Jato Uruguay é "maior lavanderia de dinheiro do mundo"
Seis años después del escándalo Lava Jato-Odebrecht, nadie fue responsabilizado penalmente en Uruguay por su participación en el lavado de dinero y –peor que eso– la Justicia ha preferido archivar denuncias y rechazar pedidos de colaboración, para que uruguayos acusados en otros países pudieran someterse a investigaciones.
Por Fabián Werner / Sudestada.-
Uruguay fue la guarida fiscal ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en la operativa corrupta de la constructora Odebrecht.
Sin embargo, a pesar de las pruebas mostradas por la prensa regional, los pedidos de colaboración enviados por fiscales y jueces de varios países, y la profusa documentación divulgada, nadie fue responsabilizado penalmente en el país por su participación en el escándalo.
Ni los estudios jurídicos que vendieron sus servicios, ni los bancos que escondieron los fondos, ni los testaferros que prestaron sus nombres. Si bien algunos extranjeros fueron detenidos y extraditados por lavar dinero “para la corona” desde Montevideo o Punta del Este, los principales responsables del lavadero uruguayo permanecen libres y sin acusaciones ante la Justicia o habiendo eludido pedidos de extradición.
¿Quiénes fueron los engranajes uruguayos que hicieron funcionar la maquinaria del lavado para Odebrecht? Estos son solo algunos de ellos.
Betingo, el operador clave
Por “lavado de activos” finalmente fue procesado con prisión en Andorra fue un elemento clave en la operativa de la Banca Privada de Andorra durante varios años desde Montevideo, y un hombre de confianza de Odebrecht.
Andrés Norberto Sanguinetti Barros no era un nombre muy conocido para los uruguayos. Sin embargo, cuando se mencionaba su sobrenombre “Betingo”, todo era distinto: mucha gente admitía conocerlo muy bien, y esa fama trascendía fronteras. Betingo se hizo un nombre debido a dos actividades principales: su participación en la directiva del Club Atlético Peñarol, uno de los clubes “grandes” del fútbol uruguayo, y su trabajo como gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias.
Este último empleo fue el que lo llevó a estar en 2018 en una cárcel de aquel pequeño principado europeo, donde fue procesado por el delito de lavado de activos por la jueza Canòlich Mingorance. Estuvo casi dos meses detenido, y pudo volver a Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en libertad.
El cúmulo de pruebas que logró reunir la magistrada muestra cómo Sanguinetti –medio hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti– movió sus influencias personales con el exdirectivo de la empresa Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, para conseguir que la constructora se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como vehículo para el lavado de cientos de millones de dólares entre los años 2006 y 2015.
Da Rocha Soares formó parte del enorme grupo de exdirectivos de Odebrecht que reconoció su participación en el esquema criminal. Además, firmó un acuerdo de colaboración con la Justicia, mediante el cual facilitó información para desentrañar la compleja estructura financiera de sobornos y blanqueo.
Betingo aparecía en los intercambios del sistema Drousys, que Odebrecht montó para garantizar el anonimato de sus transacciones ilícitas, directamente con su correo electrónico de BPA (a.sanguinetti@bpa.ad) y con su nombre completo. No hay dudas de su participación e importancia en el esquema.
Así quedó claro gracias a varios testimonios, entre ellos el de Da Rocha Soares (o “Luisinho”, como le decía Betingo), quien detalló que Odebrecht empezó a trabajar con BPA gracias a su vínculo personal con Sanguinetti.
“Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el (banco suizo) PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, explicó en una de sus declaraciones ante la Justicia de Brasil.
“Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entretanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, relató Da Rocha Soares en otra de sus comparecencias judiciales.
Allí reveló que las dos cuentas creadas en beneficio de Martinelli pertenecían a dos empresas llamadas Pachira y Mengil, y que se transfirieron a su nombre alrededor de 30 millones de dólares gracias a las gestiones de Betingo en BPA.
Sanguinetti también fue útil para facilitar la transferencia de dinero para ministros del gobierno panameño a través de las offshore Westfall, Ralfim y Randalle, confesó Da Rocha Soares, quien mencionó al abogado hispano-brasileño Rodrigo Tacla Durán como uno de los operadores de Odebrecht ante las autoridades de Andorra, a fin de permitir este manejo oscuro.
Betingo Sanguinetti era una pieza del esquema. Importante, pero sólo una. Quizás por eso en la Justicia uruguaya a nadie le pareció que tenía la relevancia suficiente para iniciar una investigación penal sobre su rol en el lavado de dinero que, desde Uruguay, se realizó durante años, ante la inoperancia de las autoridades que debían ejercer el control de sus actividades.
Las huellas de BGL
Fue justamente Rodrigo Tacla Durán quien, desde España, aportó más detalles de la operativa de Betingo y otros uruguayos al servicio de Odebrecht. En concreto, este abogado mencionó a tres empresas holandesas (Convergence Capital Partners, Nailand Financiering y Lion’s Soul Corporation) y a la panameña Vansley International. Las cuatro firmas, según dijo, transfirieron dinero a la firma Klienfeld Services Ltd. (una empresa creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda) utilizando los servicios de BPA.
Los nombres de las empresas tal vez sean anecdóticos. Pero, detrás de esas denominaciones aparecían los beneficiarios de las cuentas bancarias de esas empresas: los uruguayos Juan Carlos González Lerena y Gonzalo Fernández Ameglio, socios del estudio BGL Asesores Legales y Financieros, con sede central en Montevideo.
Tacla Durán también vinculó a los ex socios de estos, Washington Fernando Belhot Fierro y Claudio Marcelo Chakiyian Vázquez, quienes abrieron su propio negocio, el estudio South Capital Partners, que prestó servicios en Holanda y Panamá. Según Tacla Durán, fue Marcelo Odebrecht quien contrató directamente los servicios de Belhot Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca.
En cuanto a la firma panameña Vansley SA, siguió funcionando unos años más, hasta que se disolvió el 22 de diciembre de 2017 en Montevideo, según el acta a la que accedió Sudestada. Estuvieron presentes el presidente de la sociedad, Belhot Fierro, el vicepresidente González Lerena, el secretario Chakiyian y el tesorero Fernández Ameglio.
Ninguno de ellos, a pesar de los testimonios y pruebas que los mencionan directamente, fueron llamados por la Justicia uruguaya para responder por su participación en la estructura de lavado de Odebrecht.
Primer nivel de lavado
Desde el principio de la investigación judicial en Brasil, Uruguay apareció de manera reiterada en los testimonios y documentos que alimentaron la causa “Lava Jato”. Esa acumulación de evidencias llevó a los investigadores del Ministerio Público y Fiscal de Brasil a ubicar a Uruguay, y en especial a dos sociedades anónimas creadas en Montevideo, en el primer nivel (“camada”, según el término empleado por los fiscales) del lavado de dinero.
En esa primera etapa fueron utilizadas cuentas bancarias creadas en el banco PKB Privatbank AG, de Suiza, a nombre de varias offshore cuya beneficiaria económica en casi todos los casos era alguna de las empresas del grupo Odebrecht. Y en ese destacado lugar aparecían dos empresas armadas en suelo uruguayo: Sherkson International SA y Havinsur SA. A su vez, ambas enviaban los fondos a cuentas suizas controladas por los tres ejecutivos principales de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato de Souza Duque, hoy condenados por corrupción y con acuerdos de colaboración judicial.
Las primeras transacciones se realizaron en mayo de 2007 cuando Sherkson recibió de Odebrecht tres depósitos por un monto total de 22,5 millones de dólares, que luego depositó en una cuenta suiza a nombre de Klienfeld Services Ltd, una empresa creada en Antigua y Barbuda. En total, a través de la cuenta N° 1156876, del banco PKB Privatbank AG de Suiza, se realizaron transferencias por al menos 96 millones de dólares por orden de la constructora Odebrecht.
La mencionada Klienfeld operó desde el Meinl Bank, un banco en Antigua y Barbuda que compró Odebrecht para toda su operativa de lavado de dinero y envío de coimas.
Los documentos obtenidos para esta investigación revelan que Sherkson International SA tenía su dirección en la calle 25 de mayo 477, oficina 205, también en el corazón de la Ciudad Vieja, en pleno distrito financiero de Montevideo.
Sherkson fue creada el 2 de agosto de 2006 con un modesto capital de 1,2 millones de pesos (algo menos de 48.200 dólares al cambio de la época), según consta en los registros públicos. El 24 de abril del 2007 se designó como presidente de la sociedad al uruguayo Miguel Angel Ayestarán Rodríguez, quien también aparece en el directorio de otras diez empresas panameñas desde 2007.
El 16 de julio de 2010 la presidencia de Sherkson pasó a manos del uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeiras, quien compartía con Ayestarán el directorio de las empresas panameñas Seguralia, Villevay Real Estates y Pocitos Investment Corp. Mutio Cerdeiras fue mencionado como gestor de Sherkson por el delator Vinicius Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas.
Según su testimonio, el uruguayo Mutio Cerdeiras era la persona asignada por Odebrecht para firmar los documentos a nombre de Sherkson. Pero él era apenas un testaferro, ya que el beneficiario final de estos movimientos era la constructora brasileña.
Después de varios años de funcionar como fachada, esta enigmática firma de papel inició un curioso peregrinaje. El 1° de noviembre de 2011, Sherkson dejó el estudio de la Ciudad Vieja y se mudó al Local 505A Oficina 001 del edificio Quantum, en Zonamérica, una zona franca de servicios que funciona en las afueras de Montevideo. Cuatro años después, cuando Sherkson ya había dejado de funcionar como empresa ficticia para el trasiego de dólares de Odebrecht, inició su proceso de liquidación, en su nuevo domicilio de la calle Juncal 1378 oficina 1406, en plena Plaza Independencia de Montevideo.
La persona que se hizo cargo del cierre fue Daniel Gonzalo García Belhot, quien también figura en el mismo directorio que Ayestarán en tres sociedades panameñas: Swanson Holdings, Valex International y Sevel International. Sherkson registró el fin de sus actividades el 5 de agosto de 2015, poco más de un año después de realizar el último pago por 5.924.644 dólares a la empresa Klienfeld SA. Su misión había sido cumplida.
Una vez más, la impunidad. Ni Mutio Cerdeiras, ni Ayestarán ni García Belhot enfrentaron a la Justicia uruguaya.
La contadora fantasma
La otra empresa uruguaya que aparece en la primera “camada” del lavado de Odebrecht es Havinsur SA. Desde esa firma se realizó una transferencia por 565 mil dólares el 23 de marzo de 2010 a favor de la offshore panameña Millzart, cuyo beneficiario final era el directivo de Petrobras, Renato de Souza Duque.
Los documentos judiciales señalan que Havinsur utilizó para eso “la cuenta número 1154894, del banco PKB Privatbank AG, en Suiza”, mientras mantenía la “dirección en la calle Soriano 1140 bis, apartamento 102, de Montevideo”.
En ese pequeño escritorio funciona una verdadera fábrica de sociedades de papel, nombrada hasta el cansancio en innumerables investigaciones internacionales sobre blanqueo de capitales. Daniel Pérez Blanco es quien figura como el responsable del estudio, pero quien aparece como presidente de Havinsur desde 2 de agosto de 2007 es el uruguayo Gastón María Giovannone Martin.
Havinsur también tenía “como
beneficiaria económica a la constructora Norberto Odebrecht”, según la
investigación del Ministerio Público de Brasil, pero la firma autorizada
a realizar los movimientos de dinero era de la contadora uruguaya Maya Cikurell Spiller. Esta mujer nacida en 1973 tiene antecedentes vinculados a empresas offshore, denuncias de lavado y asesoramiento a empresas que aparecen en la trama del Lava Jato.
La contadora Maya Cikurel Spiller es una de las personas enjuiciadas en
Panamá por participar de la corrupción del expresidente Ricardo
Martinelli.
Cikurel Spiller también funge como la encargada de manejar la cuenta de Arcadex Corp., una offshore con sede en Belice que aparece en los dos primeros niveles del esquema de lavado de la constructora brasileña con transferencias por decenas de millones de dólares.
La contadora estuvo a punto de ser la única persona de nacionalidad uruguaya en enfrentar a la Justicia por sus maniobras, ya que Panamá pidió su extradición en 2018 por su documentada participación en el pago de sobornos a la familia presidencial Martinelli. Sin embargo, también consiguió que los tribunales uruguayos rechazaran el pedido.
A pesar de ello su proceso en la Justicia panameña continúa, y Cikurel figura como una de las personas acusadas en la investigación judicial por el pago de coimas de Odebrecht en la guarida fiscal caribeña. Según la acusación fiscal, Cikurel forma parte de una lista de “imputados que prestaron los servicios o su identidad para elaborar la estructura financiera que le permitiera a la caja 2 de Odebrecht, encubrir, ocultar, transferir la suma de dineros ilícitos hacia los beneficiarios finales”.
Según el texto de la acusación, al que accedió Sudestada, Cikurel “aparece vinculada a la presente investigación, a través de la sociedad Arcadex Corp., la cual la utilizó como intermediaria en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito que posteriormente se deposita en cuenta como Baxley Assets Lnc, Select Engineering Consulting and Services y Constructora Internacional Del Sur, la cual fue utilizada como plataforma para transferir dinero procedente de la caja no contabilizada de Odebrecht”.
Ese dinero, que tenía una “procedencia ilícita”, pertenecía a “los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares (hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli), Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa y Renato De Souza Duque, imputado desde el año 2017 en esta causa, estableciendo relaciones bancarias en las que se transfirieron más de 58 millones a las cuentas 4010177279 ubicada en el Credicorp Bank, a través de la cuenta 4010228962 a nombre de Select Engineering Consulting And Services”.
En el expediente panameño también se consigna que tanto Cikurel como otro uruguayo mencionado en esta trama, Juan Mutio Cerdeiras, fueron “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”. En función de esta conclusión, la fiscalía de Panamá entendió que “esta conducta se entiende como la interpuesta persona dentro de la conducta del blanqueo de capitales, ya que los mismos resultan ser testaferros de la empresa Odebrecht, debido a que su actuar dificultó la identificación del verdadero origen de la transferencia y los verdaderos beneficiarios finales”.
Este proceso judicial fue el que determinó el pedido de extradición de Cikurel por parte de la justicia panameña, lo cual derivó en su detención por algunos días en febrero de 2020. Sin embargo, después de varias instancias judiciales de alto impacto a nivel público la Justicia uruguaya terminó negando la extradición y bloqueó la posibilidad de indagar a la contadora uruguaya que aparece como responsable del manejo de cuentas bancarias que sirvieron para lavar millones de dólares.
El fiscal Ricardo Lackner, encargado de representar al estado requirente de la extradición en este caso, llegó a presentar un recurso de reposición para que la Suprema Corte de Justicia uruguaya revierta su decisión de no extraditar a Cikurel, informó La diaria. Según el fiscal, “se trata de un asunto de cooperación penal internacional que involucra la relación entre estados acordada por un tratado bilateral”, que no fue cumplido por Uruguay.
Además, Lackner consideró “desesperante” que el máximo tribunal judicial de Uruguay no advierta que el país en los hechos le está imponiendo a Panamá de manera unilateral unas condiciones no acordadas por ambos estados, y por lo tanto “conlleva al incumplimiento de las obligaciones asumidas en el tratado” de extradición.
La SCJ no hizo lugar al recurso interpuesto por el fiscal, por lo que Cikurel no fue extraditada.
El emporio de Posadas
Renato de Souza Duque fue director de Servicios de Petrobras. Luego de permanecer un tiempo en prisión, hoy goza de penas alternativas a la privación de libertad, aunque su condena fue duplicada por los delitos de corrupción y lavado de dinero, por haber aceptado millonarias propinas para beneficiar al cártel de empresas constructoras que esquilmó a la petrolera estatal de Brasil.
Entre las empresas privadas que, según la Justicia, sobornaron a Duque se encuentran la brasileña Odebrecht, la argentina Techint y la italiana Saipem. Y quien fue contactado en 2009 para ayudarlo a montar la estructura de lavado fue el empresario brasileño João Antônio Bernardi, quien colaboró con la Justicia de Brasil para aportar detalles a la historia de corrupción.
En base al testimonio de Bernardi y otros colaboradores, la investigación judicial brasileña obtuvo pruebas de que Uruguay jugó otra vez un rol fundamental en el blanqueo de capitales. Ahora es el estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) -vinculado al exministro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas- el que aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.
En su confesión, Bernardi contó que, a fin de administrar las coimas destinadas a De Souza Duque, contactó al abogado brasileño José Reginaldo Filpi para que lo asesorara en la apertura de una cuenta en el exterior. Así fue que abrió la sociedad anónima uruguaya Hayley (con su correspondiente filial en Brasil, Hayley do Brasil), junto a la cuenta bancaria 0482375100654700001 en el Banque de Commerce et Placement en Ginebra, Suiza. En esa ciudad europea tiene una sucursal el estudio PPV.
Hayley fue usada como vehículo para pagar las coimas que la empresa italiana Saipem ofreció a De Souza Duque, para que éste facilitara la firma de un contrato con Petrobras para la construcción de un gasoducto submarino.
¿Pero Filpi logró abrir una sociedad anónima en Uruguay desde su escritorio de Rio de Janeiro? La respuesta es negativa y aquí es donde opera el famoso estudio uruguayo Posadas, Posadas & Vecino, acusado desde los años noventa de asistir en muchas maniobras de lavado de activos.
Según el informe de la Policía brasileña, el estudio de José Reginado Filpi se dedicaba “a ocultar la titularidad de los propietarios de empresas en Brasil y en el exterior, y consecuentemente ocultar su patrimonio”.
Para llevar adelante este fin, Filpi y sus colaboradores tercerizaban servicios tanto en Brasil como en el exterior, dice el informe, que pone el ejemplo de dos países a los que recurría de manera asidua: Uruguay y Panamá. En el primero, la Policía identifica como asistente de Filpi al “escritorio Posadas, Posadas & Vecino, localizado en la dirección: Mones Roses 6937, Montevideo, Código Postal 11.500, Uruguay”.
En varios de los correos electrónicos registrados entre miembros del estudio del abogado brasileño Filpi y sus pares del uruguayo PPV, queda claro que las tareas que realizaba este último tenían que ver con la “administración” de las empresas de papel y de los fondos que estas manejaban, además de asesorar en el flujo de los fondos entre esas empresas y sus cuentas.
En sus investigaciones, la Policía brasileña concluyó que Hayley SA era usada para el lavado de dinero y apuntó sus esfuerzos a probar ese delito. Cuando estos intentos se hicieron notables, el abogado Bernardi temió verse involucrado y dio directivas para ocultar su participación en las maniobras.
A partir de ese momento “las personas vinculadas a la administración de esta empresa desarrollaron una nueva alternativa para mantener ocultos los recursos financieros que se encontraban bajo su tutela”, dice el informe policial.
Para ello se decidió abrir nuevas empresas y transferir el dinero desde Hayley para ocultar quiénes eran los beneficiarios finales. Así nacieron la panameña Worly International SA y Deepwater Rio Ltda en las Islas Vírgenes Británicas.
Posteriormente aparece una nueva empresa, esta vez en las islas Vírgenes Británicas, que también recibe parte de los fondos que Bernardi -con el asesoramiento de PPV- intenta ocultar de las autoridades brasileñas.
Howard Consolidated Limited es el nombre de la empresa offshore que suscribió junto a Hayley un acuerdo de inversión con DeepWater Rio por un total de 750 mil dólares, el monto de la coima que cobraría De Souza Duque.
En el documento aparece, por un lado, Hayley con el domicilio fijado en Montevideo en el estudio PPV y, por otro, la empresa de Islas Vírgenes Británicas, que también fija un domicilio en Montevideo, pero esta vez en la sede del estudio BGL Asesores. Ese estudio, por aquellos días, estaba integrado por Washington Fernando Belhot Fierro y Juan Carlos González Lerena. Belhot y González son los mismos que el abogado Rodrigo Tacla Durán había mencionado en su confesión al revelar la intervención de la Banca Privada d’Andorra en la trama. Los participantes de la red se reciclan y vuelven a aparecer, una y otra vez.
El acuerdo está firmado por Christina Jorge, en nombre de Hayley, y por DeepWater Rio lo hizo Marcelo Antonio Castro Muller, un exdirectivo de la empresa AEM Sistemas, investigado en la causa Lava Jato por pagar propinas a la empresa constructora Andrade Gutierres.
El acta de directorio de Hayley, que integra únicamente Christina Jorge, fue redactada el 31 de octubre de 2014 en español y en ella consta la decisión de transferir a Worly International la cifra de 750 mil dólares “en concepto de distribución de utilidades definitivas” correspondientes a acciones de la otra offshore involucrada, DeepWater Rio.
El 3 de marzo de 2015 Worly International (y no Hayley, como debería suponerse siendo la empresa que pidió el asesoramiento) ordenó la transferencia de 6.680 dólares de su cuenta a la del estudio PPV por concepto de “servicios jurídicos y contables”.
Por aquellos días, el escándalo mediático ya había trascendido fronteras, y en Uruguay también los titulares de los medios daban cuenta del operativo judicial que perseguía a los lavadores de dinero de Odebrecht y sus cómplices. A pesar de eso, el estudio PPV continuaba enviando correos electrónicos a Christina Jorge, presidenta de Hayley, para decirle cómo tenía que proceder para transferir el dinero a las otras offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
De hecho, en su declaración judicial, la mujer aseguró que la offshore panameña Worly Internacional “fue constituida directamente por Bernardi por indicación de los abogados uruguayos en razón de cuestiones tributarias en Uruguay” y amplió: “Posadas & Vecino es el escritorio de abogados y contabilidad responsable por la empresa Hayley en aquel país”.
Hayley SA también sirvió para pagar otras coimas, como confesó Bernardi en Brasil. Esta vez la empresa involucrada fue Confab, una subsidiaria de Tenaris (una empresa del Grupo Techint), que pagó un soborno de 10,4 millones de dólares a través de su gerente brasileño, Benjamin Sodré Netto, informó La Nación.
Según reveló Bernardi, Hayley fue usada para trasegar esos fondos con fines ilícitos mediante la firma de contratos ficticios, utilizando una cuenta que la empresa controlaba en el Millenium Banque Privé de Ginebra, donde el estudio uruguayo Posadas, Posadas & Vecino tiene una prolífica oficina.
El sospechoso de siempre
La participación en el caso de la offshore uruguaya Hayley SA del estudio Posadas Posadas & Vecino fue señalada especialmente por el Ministerio Público Federal de Brasil, cuando planteó su acusación contra el exdiputado Eduardo Cunha, condenado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.
“Regístrese además que en su actividad criminal Eduardo Cunha fue auxiliado por el escritorio uruguayo Posadas & Vecino Consultores Internacionales (filial panameña del estudio con sede en Uruguay), responsables por la apertura de la cuenta Netherton y por la constitución de sociedades y apertura de diversas otras cuentas utilizadas por criminales para el lavado de dinero, por ejemplo la cuenta Forbal, controlada por Néstor Cerveró, y Hayley, utilizada por Renato Duque”, escribió el fiscal Deltan Dallagnol el 7 de marzo de 2017.
Según ese escrito, Cunha cobró una coima de 1,5 millones de dólares – entre otros delitos- gracias a su participación en las negociaciones que permitieron a Petrobras acceder a un yacimiento en la República de Benin a principios de 2011. Poco después la empresa se retiró del negocio al constatar que en ese sitio no había petróleo.
No había petróleo, pero sí dinero sucio, que fue a parar a cuentas bancarias en Suiza que estaban a nombre de empresas offshore. Algunas de esas transacciones se hicieron a través de una cuenta bancaria en Ginebra, en la sucursal del banco Merril Lynch (que luego cambió su denominación a Julius Baer), a nombre de la empresa Netherton Investments PTE Ltda, con sede en Singapur.
Quien abrió la cuenta en Ginebra a nombre de la offshore de Singapur fue el abogado Luis María Piñeyrúa Pittaluga, del estudio PPV.
Según los datos aportados por el Ministerio Público y Fiscal, en los que se basó el entonces juez Sergio Moro para condenar a Cunha, Piñeyrúa, junto al argentino Jorge Haiek Reggiardo, firmaron los formularios de apertura de la cuenta en Montevideo el 3 de agosto de 2008, aunque fijaron el domicilio en la sucursal del estudio PPV en Ginebra. Los dos quedaron ante el banco como representantes de Cunha, el verdadero titular de la cuenta.
Por estos servicios de asesoría, el estudio PPV recibió al menos 264 mil dólares del exdiputado brasileño. El origen del dinero fue la cuenta Orion SP #481602 que Cunha manejaba en el banco Merryl Lynch y que había sido abierta por el mismo estudio uruguayo. El dinero se transfirió a la cuenta No. 060-439429-001 en el banco HSBC de Nueva York y el documento de transferencia está firmado por Cunha.
En abril de 2016, cuando estalló el escándalo y la vinculación del estudio PPV era todavía un trascendido, la prensa uruguaya le preguntó al exministro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas sobre su vinculación y la de su estudio con este caso. El exministro durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-95) fue parco pero contundente: “es un invento. Ya salió, ya está la Justicia suiza y la Justicia brasileña en eso. Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos, estoy retirado. El estudio sigue con mi nombre porque lleva el nombre de mi padre, pero eso ya está todo aclarado y no tuve ningún vínculo”.
«Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos», dijo De Posadas. Pero no era cierto. Es que no solo su estudio está claramente involucrado según las pruebas aportadas por el Ministerio Público, sino que además existe un dato que resulta esclarecedor: en 2008, Ignacio de Posadas en persona era director de Merril Lynch, Pierce Fenner & Smith Uruguay S.A., la sucursal uruguaya del banco que le abrió la cuenta a Cunha en Suiza.
“Bellfield Investments PTE Ltd” es el nombre de otra empresa offshore que el estudio PPV puso al servicio del esquema, pero esta vez fue usada por el exministro brasileño de Turismo Henrique Eduardo Lyra Alves, un hombre fuerte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del expresidente Michel Temer.
La empresa creada el 30 de junio de 2008 tiene su domicilio en Singapur pero los apoderados son el uruguayo Luis María Piñeyrúa Pittaluga y el argentino Jorge Haiek Reggiardo, funcionarios del estudio Posadas, Posadas & Vecino y directores de decenas de empresas gestionadas desde el escritorio de la calle Mones Roses, en el exclusivo barrio montevideano de Carrasco.
Pero a pesar de todas estas pruebas, no hubo nadie en la Justicia uruguaya que investigara la participación de los integrantes de ese estudio en la corrupción que financió Odebrecht. Donde sí se promovió una investigación sobre este y otros escritorios profesionales fue en la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), una dependencia de la Presidencia de la República que llegó a realizar inspecciones en la sede de varios estudios contables y jurídicos.
La indagatoria, sin embargo, se demoró tanto que cambió el gobierno y el expediente cayó en manos del nuevo director de la Senaclaft, Jorge Chediak, quien no dudó en archivar el caso sin mayores consecuencias, según informó La diaria.
El paraíso de los “doleiros”
En Uruguay hay una lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, que incluye a bancos, abogados, contadores, estudios jurídicos que crean sociedades, entre otros. Pero la mayor parte de las investigaciones por lavado de activos que se realizaron en Uruguay no se originó en este mecanismo.
En cambio, fueron consecuencia de denuncias posteriores, por pedidos de colaboración judicial desde el exterior, investigaciones periodísticas o estudios profesionales que tomaron conocimiento de la situación judicial de alguno de sus clientes fuera del país y decidieron informarlo a las autoridades locales.
“No recuerdo ningún caso proactivo. Eso muestra que el sistema no está maduro, no está funcionando adecuadamente”, dijo a Sudestada Daniel Espinosa, ex responsable de la Senaclaft. Espinosa fue quien había ordenado la investigación contra los estudios profesionales, que luego archivó Chediak.
Esta falta de reportes de operaciones sospechosas fue la que benefició a dos cambistas (“doleiros”) brasileños que se instalaron en Uruguay para prestar sus servicios al esquema de lavado de Odebrecht.
El “doleiro” Vinicius Claret, alias “Juca Bala”, lavó decenas de millones de dólares desde Montevideo y Punta del Este. Hoy está preso en Brasil.
Es que no fue un abogado ni un banco el que denunció la participación de Vinicius Claret Vieira Barreto (alias “Juca Bala”) y Claudio Fernando Barbosa de Souza (alias “Toni”) como los dos encargados de recibir el dinero proveniente de las coimas y enviarlo a una guarida fiscal, para ponerlo a resguardo de las leyes brasileña y uruguaya.
Fue recién cuando sus nombres aparecieron en el diario brasileño O Globo y Sudestada que el cerco sobre ellos comenzó a cerrarse y llegó el pedido de colaboración de la Policía de aquel país para proceder a su detención. Esta vez las operaciones no se realizaban en el distrito financiero de la capital uruguaya sino a 150 kilómetros de ella, en el balneario de Punta del Este.
Allí, un hombre de unos 50 años, calvo y en buena forma física, atendía un local de venta de tablas de “stand up paddle”, un deporte acuático de moda en todos los balnearios latinoamericanos. Este comercio era la fachada perfecta para el negocio realmente lucrativo de “Juca Bala”, quien resultó ser uno de los doleiros más nombrados en las diferentes declaraciones colaborativas de los ex funcionarios de Petrobras y Odebrecht.
La mayoría lo conocía solamente por su apodo Juca, pero otros también tenían presente su seudónimo en la red privada de comunicaciones Drousys. Allí el doleiro era conocido como “Super”, y cumplía un rol fundamental en la operativa: era el encargado de recibir el dinero de la constructora en sus cuentas y derivarlo a las de los receptores de las coimas en diferentes guaridas fiscales.
Para ello, según confesó Olivio Rodrigues, otro doleiro preso en Brasil conocido como “Gigolino”, Juca utilizaba las cuentas bancarias de varias empresas: Candance International Starfine Corporation, K&S International y Seabourn (en el banco Credicorp de Panamá); Biltimore Associates (que tenía cuentas en el Credicorp y en el Antigua Overseas Bank); y Mariwheter Trading (en el Meinl Bank de Antigua).
Hoy Juca y Toni enfrentan una condena judicial por su participación en la trama, luego de haber sido extraditados desde Uruguay a Brasil, en diciembre de 2017.
El abogado inasible
El estudio Algorta & Asociados se ubica todavía hoy frente a la referencia principal de la Ciudad Vieja, la plaza Matriz, en un edificio de los años 60. En la esquina de las calles Ituzaingó y Rincón, está la oficina del abogado Oscar Enrique Algorta Rachetti, uno de los nombres que más aparece en esta trama de blanqueo de capitales.
Su nombre también surge en los documentos que incriminan a Betingo Sanguinetti con el lavado a través de BPA, pero en este caso el vínculo era más profundo. Algorta, además, aparecía como beneficiario de una cuenta con 23 millones de dólares en esa institución, según las pruebas que analizó la Justicia de Andorra.
Dos de las firmas usadas por Odebrecht en esta trama (Klienfeld y la panameña Aeon Group) transfirieron 500 mil dólares a esta cuenta, que Algorta compartía con el empresario brasileño Apolo Santana Vieira, según informó el diario El País de España.
Oscar Algorta es otro de los protagonistas de esta historia, y logró eludir a la Justicia, tanto en Uruguay como en Brasil, a pesar de los intentos de este país de llamarlo a declarar.
Pero este hombre también aparece tejiendo otros hilos de la red, por ejemplo junto a los “cambistas” Juca y Toni, quienes también habían recurrido a sus servicios con el objetivo de blanquear el dinero del exgobernador de Rio de Janeiro, Sergio Cabral.
En este caso, Algorta había sido señalado por los los hermanos Renato y Marcelo Hasson Chebar, los “doleiros” encargados de lavar el dinero de Cabral, hasta que se vieron desbordados por el volumen de dinero ilícito que debía blanquearse. Así fue que se contactaron con Juca, con quien acordaron un sistema de lavado más profesional, que permitió blanquear a través de la plaza financiera uruguaya más de 100 millones de dólares.
El papel de Algorta en este asunto era poner a disposición una cuenta en el banco Pictet de Suiza, que era controlada por la uruguaya María Esther Campa Solares, su secretaria. Era ella quien tenía acceso a los fondos y era su jefe, el abogado uruguayo, quien prestaba a Cabral diferentes servicios como la “compra de un inmueble ya vendido y la apertura y cierre de empresas”.
Por si estos vínculos “comerciales” resultaran escasos para demostrar el vínculo entre el abogado uruguayo y el cambista brasileño, Algorta y Juca compartieron, además, el directorio en dos empresas panameñas: Sabra Holdings y Waterford Assets. Los usos que le dieron a ambas firmas todavía son inciertos.
Pero este abogado, nacido en 1953, también tiene otra empresa offshore que intervino en el trasiego de coimas del esquema Odebrecht. Se trata de Strategic Engineering, en las que aparecía como beneficiario final y compartía su gestión con otros dos operadores: el italiano Guido Verme y el inglés Peter Glazier. Así lo reveló Luiz Augusto França, otro “doleiro” devenido colaborador de la Justicia brasileña, que participó del esquema montado por Odebrecht siendo funcionario del Meinl Bank desde Sao Paulo.
França fue uno de los delatores que explicó el funcionamiento del Departamento de Operaciones Estructuradas y en esa red ubicó a Algorta como beneficiario de la cuenta de la empresa Strategic Engineering, a pesar de que en realidad pertenecía a Odebrecht. “Esa cuenta fue cerrada en 2015 en razón de la operación Lava Jato”, explicó França en su declaración. La cuenta había sido abierta por el doleiro “Gigolino”, quien fue el responsable de crear un total de 19 cuentas para Odebrecht.
Dada su participación en el esquema, el entonces juez Sergio Moro decidió abrir un expediente específico sobre Oscar Algorta y enviar un pedido de colaboración internacional para que prestara declaración, como indagado, por “Lavado y ocultamiento de bienes, derechos o valores oriundos de la corrupción”.
Después de 25 actuaciones en la Justicia de Brasil, que incluyen citaciones, intimaciones y pedidos de colaboración, la última novedad del expediente data del 23 de febrero de 2017 a las 14.40 horas, cuando se deja constancia de que “hasta el momento, no hubo respuesta al mail enviado a Oscar Algorta Rachetti” para que designe abogado en Brasil.
Por supuesto, en Uruguay tampoco hubo un proceso que determinara su participación en toda la estructura de lavado de activos de Odebrecht.
Un Rincón oscuro
En Perú se cobraron coimas a través de la sociedad Wircel, otra empresa fantasma creada en Montevideo, en 2013, presidida por el uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, quien comparte directorio en varias offshore con miembros del estudio Posadas, Posadas & Vecino. Wircel fue utilizada por el exgobernador de Cusco Jorge Acurio Tito para justificar un “Acuerdo de asesoramiento de inversiones inmobiliarias” a fin de cobrar 3 millones dólares de Odebrecht.
Wircel nació a los efectos legales en la enigmática oficina 410 de la calle Rincón 610, aunque en realidad ese departamento no existe. Sin embargo, en el número 402 del mismo edificio tiene su sede la empresa NGC Consultores, cuyo nombre coincide con las iniciales del uruguayo Cardozo García, quien preside la sociedad, según los registros públicos.
Esa misma oficina “fantasma” de la calle Rincón figura como el domicilio de la empresa Pribont Corporation SA, una sociedad de papel que fue usada para pagar coimas en Argentina. Pribont recibió entre el 26 de mayo de 2009 y el 29 de abril de 2010, siete transferencias por un total de 700 mil dólares en la cuenta del First Caribbean International Bank desde la offshore panameña Constructora Internacional del Sur.
En la cuenta de Pribont también se recibieron 80 mil dólares el 19 de octubre de 2010, a partir de la cuenta 1414631 que la conocida Klienfeld tenía por ese entonces en el OAB de Antigua.
Según conversaciones vía correo electrónico citadas por el Ministerio Público Federal de Brasil, ese dinero tenía como destinatario al argentino Manuel Vázquez, asesor del exministro de Transportes argentino Ricardo Raúl Jaime. En ese mismo documento las autoridades consignan la sospecha de que ese dinero fue enviado como soborno por el otorgamiento de la obra de Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, obra que fue concedida a Odebrecht.
Allí también intervino una vez más el uruguayo Betingo Sanguinetti moviendo sus hilos en BPA, a fin de agilizar el pago de coimas. “Se solicita autorización para ejecutar una operación triangular, en la que participan Lion’s Soul y Carday, para pagar a una subcontratista en B”, planteó el 22 de julio de 2011, según actas secretas internas de la banca andorrana, publicadas por El País de Madrid.
Una vez más la coincidencia: Lion’s Soul y Carday son dos de las empresas offshore que aparecen en el pago de sobornos y que usan como puente al abogado uruguayo Algorta, y a los estudios BGL Asesores y South Capital Partners de Montevideo.
Un río para lavar
Pero Odebrecht usó más empresas uruguayas para pagar coimas millonarias a funcionarios y jerarcas argentinos de los ministerios de Planificación Federal y de Transportes, así como de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).
En el primer caso, el de AYSA, lo hizo para asegurarse la obra de un sistema de potabilización en Paraná, utilizando al menos cinco empresas offshore que depositaron 11,2 millones de dólares en un banco panameño y otro de Antigua y Barbuda. Estos, a su vez, trasegaron ese dinero a la sociedad anónima uruguaya Sabrimol Trading, una empresa fantasma que funcionaba en Zonamérica.
Esta sociedad estaba presidida por Carlos Dentone, un abogado uruguayo, jubilado desde 2014, quien admitió al diario argentino La Nación haber integrado su directorio pero sostuvo que en realidad el dueño era el empresario argentino Jorge “Corcho” Rodríguez.
Sabrimol recibió un total de 2.172.675 dólares de Select Engineering Consulting and Services, una offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas. También Klienfeld transfirió 4.858.419 dólares, mientras que Trident Inter Trading Ltd envió 315 mil dólares.
El cuarto origen del dinero que lavó Sabrimol fue Innovation Research Engineering and Development Ltd, que movió 1.537.417,50 dólares hacia allí en nueve entregas. La panameña Magna International Corporation también aportó 251 mil dólares en dos envíos.
No hubo condenas judiciales en Uruguay por la febril actividad de blanqueo de la fantasmagórica sociedad anónima Sabrimol Trading.
Una guarida de impunidad
Uruguay no fue un botín para la corrupción de Odebrecht. No realizó obras que le permitieran sobornar funcionarios públicos, empresarios o dirigentes políticos, pero sí fue una pieza fundamental en el andamiaje que montó la constructora brasileña para ocultar el origen y el destino de su dinero ilícito.
Uruguay puso a disposición su opaco sistema de control del flujo de capitales, lo cual permitió que pasaran cientos de millones de dólares sin que saltaran las alarmas. Y aún después de que muchos países descubrieran que el dinero sucio había tenido una estación de lavado en Montevideo, el país también funcionó como obstáculo para profundizar investigaciones, identificar culpables y atribuir responsabilidades penales.
Es que ninguna de las 17 personas mencionadas en esta nota fue responsabilizada judicialmente en Uruguay por participar de las maniobras de lavado de activos para la constructora brasileña Odebrecht y sus representantes. Algunas de ellas superaron procesos judiciales, otras eludieron investigaciones administrativas, unas pocas evitaron procesos de extradición y muchas ni siquiera fueron objeto de indagatoria.
Al final de cuentas, además de una guarida idónea para ocultar el origen ilícito del dinero, Uruguay resultó también una garantía de impunidad para operadores, intermediarios y testaferros.
Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).
Muchísimas gracias por toda esta información. Tiene que ver además con los daños más profundos que hemos heredado de la dictadura cívico-militar. No hay pobres viejitos, ni civiles ni militares comprometidos con la dictadura que intentaron “salvar a la patria de ingerencias foráneas”, fue terrorismo de Estado y fue vulgar delincuencia, y todo sigue impune. Por las enormes aberraciones cometidas sólo hay unos pocos enjuiciados y encarcelados en condiciones privilegiadas, mientras que en las cárceles comunes aumenta cada vez más el hacinamiento para el pobrerío.
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