lunes, 25 de agosto de 2008

Marcha y Proclama de Crysol

Manifestación de la asociación de ex pres@s polític@s Crysol de Uruguay, el 21 de agosto de 2008, desde la Plaza Libertad de Montevideo, finalizando con lectura de proclama frente al Parlamento.

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Más de un millar de personas, ex presos políticos, exiliados, clandestinos, hijos nacidos en cautiverio, familiares y amigos concurrieron a la marcha convocada por Crysol bajo las consignas de Anular la Ley de Caducidad y por una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado. La marcha partió de la Plaza Libertad a la hora 19 y 30 y transitando por Avda. del Libertador llegó hasta las escalinatas del Palacio Legislativo. En dicho lugar se procedió a la lectura de una proclama que sintetiza las aspiraciones de Crysol en la actual coyuntura. La proclama fue leída por el compañero Jesús Ponce a nombre de la Comisión Directiva.


Dos desafíos ineludibles: anular la ley de caducidad y aprobar una ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de Estado

A 23 años del retorno a la vida institucional y a 16 años de que la Comisión Interamericana de DDHH pronunciara la resolución 29/92 que señala explícitamente la necesidad de anular la Ley de Caducidad y de compensar a las víctimas del Terrorismo de Estado, ambas cuestiones siguen estando en la lista de asuntos pendientes de resolver por el Estado y la sociedad uruguaya.

Ha habido notorios avances.

Desde el 1º de marzo del 2005 los avances en materia de derechos humanos fueron notorios y se logró llevar a cabo lo que durante décadas de cultura de la impunidad se señaló como algo imposible de lograr pues al hacerlo se corría el riesgo del volver al autoritarismo.

Apreciamos el esfuerzo desplegado para encontrar los restos de nuestros compañeros detenidos-desaparecidos ingresando a los cuarteles.

Valoramos la interpretación que el Poder Ejecutivo realizó de la ley de Caducidad en el sentido de que la misma no contempla a los mandos represivos. Valoramos altamente el significado profundo que tiene para la vitalidad y la esperanza republicana que algunos de los principales responsables de la destrucción institucional y de las graves violaciones a los derechos humanos hayan sido juzgados y condenados con todas las garantías del debido proceso que miles de uruguayos no tuvieron.

En todos estos últimos años se ha avanzado.

Anular la ley de Caducidad.

Pero para continuar avanzando hacia un Uruguay justo y democrático hacen falta concretar dos grandes desafíos ineludibles: anular la ley de caducidad y aprobar una ley de reparación integral que contemple a todas las víctimas del Terrorismo de Estado y que efectivice todos los principios básicos y esenciales de ella: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición y prevención.

La ley de caducidad promovida por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional en diciembre del año 1986, es una ley contradictoria e incompatible con una sociedad democrática y con un auténtico estado de derecho. En tanto ella siga vigente, nuestra sociedad no será auténticamente democrática, seguirá teniendo espinas envenenadas de autoritarismo y de visiones propias de la Doctrina de la Seguridad Nacional en su sistema jurídico.

No es admisible en una sociedad democrática que delitos considerados de lesa humanidad, graves e imprescriptibles sean amnistiados aunque el Poder Judicial de otras épocas, viciado y contaminado de complacencia con los poderosos de siempre, haya dictaminado su constitucionalidad.

Al igual que la mayoría del pueblo uruguayo, las ex presas y los ex presos políticos queremos un Uruguay auténticamente democrático y por eso queremos juntar las firmas necesarias para convocar un plebiscito a la mayor brevedad. Queremos que la ley que limita el accionar del Poder Judicial y que amnistía a los violadores, a los torturadores, a los asesinos y secuestradores, sea anulada por medio de la participación masiva del conjunto de la ciudadanía.

La obligación jurídica, política y moral de reparar.

Los estados, todos los estados, tienen la obligación de respetar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Tienen además, no sólo la obligación de respetar, sino de garantizar el pleno ejercicio de ellos a todas las personas sin ninguna clase de excepción tal como lo señala la declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en diciembre cumple 60 años de su proclamación.

Cuando los estados no cumplen con esta obligación, los estados tienen el deber de reparar de manera integral las violaciones que se produzcan a dichos derechos tal como lo estipula el Artículo 61 párrafo 1 de la Convención Americana de DDHH y la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.

En Uruguay, las violaciones a los derechos humanos fueron organizadas de manera sistemática por parte del Estado, por sus órganos, sus poderes, sus instituciones y sus funcionarios civiles y militares. Por lo mismo, es lógico afirmar que es el Estado como tal quien tiene el deber de reparar de manera integral las violaciones cometidas por sus órganos, instituciones y funcionarios durante el largo y doloroso período del Terrorismo de Estado tanto dentro de las fronteras nacionales como las que se cometieron fuera de ellas en el marco del denominado Plan Cóndor.

A veintitrés años del retorno a la vida institucional, el Estado uruguayo aún no ha cumplido en este sentido con sus obligaciones jurídicas, políticas y éticas cabalmente tal como lo establece la normativa internacional que Uruguay ha ratificado y que, incluso, la ley 18 026 aprobada por unanimidad durante la actual legislatura consagra.

El proyecto de Crysol: una auténtica alternativa.

El proyecto de Ley de Reparación Integral que Crysol elaboró junto con el Dr. Oscar López Goldaracena es la única iniciativa que aborda plenamente la reparación integral a quienes el Estado tiene la obligación jurídica, política y moral de reparar: los detenidos desaparecidos, los asesinados, los expresos políticos y sus familiares, los niños nacidos en cautiverio, los despedidos, los exiliados, los clandestinos y todos aquellos que sufrieron violaciones a sus derechos humanos debido a la acción ilegítima del Estado, de sus instituciones, institutos y funcionarios.

Una ley de Reparación Integral que efectivice la normativa de Derechos Humanos vigente en el país y que haga justicia tal como corresponde debe, de manera imprescindible:

1) asegurar que el estado uruguayo como tal, sus instituciones representativas, asuma su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron. El Estado uruguayo debe hacerlo en una ceremonia protocolar, solemne y en una fecha significativa. El estado debe asumir su responsabilidad públicamente y debe presentar disculpas formales a las víctimas directas, a sus familiares, descendientes y a la sociedad toda.

2) institucionalizar un Día Nacional de la Memoria en homenaje a todas las víctimas del terrorismo de Estado. El día Nacional de la Memoria debe rendir homenaje a todas las víctimas de la represión en su perspectiva de luchadores sociales, gremiales y políticos por la libertad, la democracia y también por los cambios que eran necesarios y urgentes en la vida del país. En este sentido proponemos además que el día que se tome a tales efectos, sea el 11 de abril en recordación de las víctimas del genocidio de Salsipuedes tomando como referencia las propias raíces de nuestra historia, en lo que entendemos fue la primera acción terrorista estatal en dicha zona de nuestro país en 1831, con el etnicidio y culturicidio de la comunidad organizada de los charrúas artiguistas, perpetuando la impunidad hasta nuestros días en similitud con el pasado reciente.

3) definir que dos lugares emblemáticos de la etapa represiva que se vivió pasen a ser centros de la memoria histórica y cultural del horror que vivió nuestro país. En este sentido proponemos que el Centro de Altos Estudios Militares (Calem), lugar donde estuvo detenida María Claudia García de Gelman y los detenidos desaparecidos durante el segundo vuelo y el Penal de Punta de Rieles, centro de reclusión y tormento de centenares de ex presas y de ex presos políticos salgan de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional para integrar el patrimonio de la memoria.

4) establecer que el Estado reconocerá la honorabilidad colectiva de todas las víctimas directas de la acción represiva del estado y que se promoverán acciones simbólicas a nivel departamental y nacional de reconocimiento público de ellas,

5) conceder una indemnización pecuniaria proporcional a la gravedad del daño cometido a todas las víctimas del terrorismo de estado sin exclusiones como resarcimiento por el sufrimiento ilegítimo ocasionado, por los daños físicos, mentales y materiales, por los perjuicios, por la pérdida de oportunidades y la destrucción de proyectos de vida tal como lo establece la resolución 60/147 de las Naciones Unidas. En este sentido, los montos que se establezcan a tales efectos deben surgir de la aplicación de los criterios y parámetros establecidos por la jurisprudencia internacional para avanzar en el camino de la justicia y ser razonables y equitativos.

Superar las carencias, insuficiencias y omisiones de la Ley 18 033.

6) promover una mejoría real y efectiva a las insuficiencias y carencias de la ley jubilatoria 18 033 que fuera aprobada por el parlamento en octubre de 2006.

La misma es una ley que hemos valorado, colectivamente como un avance muy importante en la vida del país.

Al mismo tiempo, la implementación de ella ha puesto de manifiesto grandes limitaciones en cuanto al avance de la justicia en el plano de la seguridad social y que deben ser inexcusablemente subsanadas en el marco de la Ley de Reparación Integral que se apruebe.

Por diferentes razones han quedado excluidos de sus beneficios reales los familiares de los compañeros detenidos-desaparecidos, de los asesinados, de los muertos en la tortura, las ex presas y los ex presos liberados antes del 9 de febrero de 1973, los detenidos fuera de las fronteras nacionales en el marco del Plan Cóndor por su lucha en Uruguay, los compañeros ex presos políticos que se ampararon a la ley 15 783, que no fueron efectivamente reparados y tienen hoy jubilaciones totalmente insuficientes.

Además, si la Pensión Especial Reparatoria es lo que su nombre indica, la misma debe ser percibida sin exclusiones de ningún tipo, incluso por aquellos que al día de hoy y por sus propios méritos perciben más de 15 BPC como ingresos y que también fueron víctimas directas del Terrorismo de Estado.

Asimismo, al ser definida como especial reparatoria debe ser acumulable con las legítimas jubilaciones y pensiones que se perciben y trasmitida a los familiares tal como lo propone nuestro proyecto en el Artículo 15 si efectivamente se pretende avanzar en el plano de la legítima justicia a nivel previsional y pensionario.

7) impulsar activamente una acción específica por parte del Estado en materia de salud integral para el conjunto de los afectados por el terrorismo de Estado, abarcando a las víctimas directas como a sus descendientes hasta la tercera generación para afrontar las secuelas que en todos los planos han generado las violaciones a los derechos humanos.

8) crear una Comisión Nacional de Reparación Integral en la cual estén representadas las organizaciones de las víctimas directas y que cuente con las potestades y recursos necesarios para sus cometidos. Dicha comisión, además de implementar la ley, promover la Verdad y la Justicia, tendrá como cometidos identificar a las víctimas de las violaciones beneficiarias de la ley, promover la reparación integral, promover acciones tendientes a determinar las situaciones y circunstancias de las violaciones, ser depositaria de toda la información, apoyar y coordinar acciones de promoción y educación de Derechos Humanos en todas las instituciones públicas y privadas impulsando acciones simbólicas de reparación moral de carácter nacional y formulando propuestas destinadas a fortalecer el estado de derecho, el respeto de los DDHH y que garanticen la no repetición de las violaciones.

Compañeras y compañeros:

Hoy más que nunca debemos estar todas y todos unidos y movilizados. Son meses decisivos para que nuestras aspiraciones puedan concretarse. Unidos y Movilizados es la garantía de que el Uruguay pueda seguir avanzando en el camino de la Justicia y de la Verdad.

Por la Anulación de la Ley de Caducidad, por una Ley de Reparación Integral para todas las víctimas del Terrorismo de estado, a seguir todas y todos movilizados junto a Crysol.

Nunca Más Terrorismo de Estado







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