Demonios de segunda

La República



Uruguay: Justicia para nuestros muertos; un artículo de Antonio Elías





El mensaje y proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo elevó a consideración de la Asamblea General refrenda la iniciativa elaborada por la Asociación de Homenaje Permanente a los Caídos en la Defensa de las Instituciones Democráticas y de la Libertad, presentada por el diputado nacional Daniel García Pintos.

En la exposición de motivos se afirma que la finalidad de la propuesta es "coadyuvar en la consolidación de la paz que todos anhelamos". Sin lugar a dudas, este proyecto, que beneficia a los victimarios, reaviva las heridas de las innumerables víctimas de la dictadura cívico militar; refuerza la posición de los sectores más retardatarios implicados y asociados con la represión y es un "boomerang" contra el propio gobierno en el ámbito de los derechos humanos donde, más allá de matices, no existían cuestionamientos.

El PIT-CNT rechaza el proyecto como "una aberración a tres bandas: política, jurídica y ética". Política, porque retoma el planteo de "los dos demonios", dejando de lado la existencia de un régimen de terrorismo de Estado. Jurídica, porque el Estado no debe hacerse cargo de reparaciones por acciones civiles que le son ajenas. Etica, porque mete en la misma bolsa a luchadores por la libertad, torturados y asesinados, con integrantes del escuadrón de la muerte.

Uno. El 22 de junio de 1971 moría desangrado en la calle Chimborazo, luego de varias horas sin ningún tipo de atención médica, un joven de 23 años, hijo de un obrero del Frigorífico del Cerro y de una lavandera. Pedro Oclides Baez Cerchiara estudiaba de día en la Facultad de Derecho y, en la noche, trabajaba como sereno en una estación de servicio. Minutos antes de ser asesinado había participado en un "comando del hambre" que asaltó una sucursal de Manzanares para distribuir los alimentos en un cantegril cercano.

Pedro era un militante tupamaro y un frenteamplista de la primera hora que entregó su vida por una sociedad democrática en la que los intereses de la nación se impusieran a los intereses del imperio y los del pueblo a los de la oligarquía. Los tiempos de Pacheco eran de represión, de asesinato de estudiantes desarmados en la calle como Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos y Heber Nieto. Eran tiempos del escuadrón de la muerte, que asesinara a Ibero Gutiérrez y Héctor Castagneto, entre tantos otros. Eran tiempos de torturas a los luchadores sociales, de militarización de los sindicatos y de largas detenciones de estudiantes y trabajadores bajo las medidas prontas de seguridad.

Pedro ­"Cristóbal"­ era miembro del MLN desde 1969 y confiaba plenamente en
la dirección de la organización a la que pertenecía y en la potencialidad del Frente Amplio. Pedro, treinta y cinco años después de muerto, no entiende que el primer gobierno nacional del Frente Amplio lo considere un "sedicioso" que atentó contra las instituciones y que los familiares de aquellos que integran el bando de los que lo mataron merecen una cuantiosa indemnización: 150.000 dólares. No entiende por qué Walter Custodio Rodríguez, el policía muerto en ese enfrentamiento en cumplimiento de sus funciones y cuya familia fue amparada desde esa fecha por la institución a la que pertenecía, está en el bando de los "demonios" que merecen reparaciones. En el marco de la teoría de los "dos demonios" ­dos ejércitos enfrentados al margen de la sociedad­ Pedro es un "demonio" de segunda, un delincuente, cuya familia no merece ninguna reparación, al igual que tampoco la merecen los estudiantes asesinados, ni los ejecutados por el escuadrón de la muerte, ni los ocho comunistas asesinados en la seccional 20, ni tantos y tantos otros...

Porque en realidad el "demonio" del terrorismo de Estado no combatió a un ejército sino a los luchadores sociales del pueblo uruguayo, la gran mayoría de ellos desarmados.

"Cristóbal" no comprende cómo un gobierno frenteamplista, donde la fuerza política mayoritaria está encabezada por dirigentes históricos de su organización, es capaz de ignorar y deslegitimar las razones de su lucha.

Tres: Zelmar Michelini, el 30 de marzo de 1974, en Roma, dio testimonio ante el Tribunal Russel: "Sentimos el deber insoslayable de que todos los seres del mundo conozcan la infamia que asola a nuestra Patria. Sólo queremos que nuestra verdad se divulgue, que en todos los rincones del mundo se sepa la maldad y la traición de estos hombres, así también como la sangre, el sacrificio, las viriles lágrimas de quienes han caído y han dado su vida por la causa de la liberación nacional. Los hechos no suceden en vano. Siempre hay una sanción moral, siempre hay un juicio de la historia; a ello nos remitimos, pero no pasivamente. Aspiramos a hacer nosotros mismos la historia de estos años.
En este Tribunal Russell II representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido de la faz de la Tierra, asesinados por el régimen; a los que no pueden llegar porque han sido mutilados; a los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre, víctimas de los tormentos padecidos."

Cómo explicarle a Zelmar, asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, junto a Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, que nuestro gobierno frenteamplista reconoce que los familiares de los miembros del aparato represivo muertos desde 1962 hasta 1976, año de su asesinato, merecen una compensación especial por "la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida (...) por el ambiente de violencia extrema reinante en el país."


Los compañeros muertos, algunos pocos en combate, la mayoría asesinados en forma infame, preguntan cómo pueden erigirse en defensores de las instituciones aquellos que violaron la Constitución mediante el golpe cívico militar de 1973.

¿Cuáles han sido los descubrimientos históricos que explican que los represores muertos entre 1973 y 1976, pleno período dictatorial, sean "demonios buenos" y sus familias indemnizadas?

La memoria de todos nuestros mártires, desde los más destacados dirigentes como Zelmar Michelini a los humildes militantes de base, como Pedro Báez, hacen imprescindible que tanto el Poder Ejecutivo como los legisladores frenteamplistas tomen las medidas necesarias para retirar sin más tramite ese proyecto de ley.

Ciudadano Presidente: si será distinta la izquierda democrática de la derecha que ampara a los terroristas de Estado; ellos piden indemnizaciones cuantiosas, nosotros pedimos para nuestros mártires ¡verdad y justicia! y que nuestro gobierno frenteamplista los honre respetando la concepción emancipadora del programa histórico de la izquierda uruguaya. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)