¿NUNCA HABRÁ VERDADERA REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO?
¿ESPERANDO QUE MUERAN TODOS?
¿EL DÍA QUE MUERAN TODOS, LA "SOLUCIÓN FINAL"?
Hace mucho que reclamamos, como voz que clama en el desierto, que los compañeros que lucharon contra la dictadura fascista puedan jubilarse sin que les quiten la pensión reparatoria por haber estado encapuchados, torturados y presos, reparación que debe ser independiente de sueldos y otros ingresos.
Es injusto que no puedan jubilarse porque tengan una reparación por otros motivos.
Se están quedando con sus aportes.
Es injusto que los exiliados,solo porque hayan logrado zafar, tengan menos reparación que los presos.
El exilio es una cárcel un poco más lejos y con algunas puertas y barrotes menos.
Es injusto que los niños del exilio , que crecieron sin patria, no tengan reparación .
Parece que se esperara a que mueran todos para que se "solucione" el problema.
No olviden los que hoy deciden sobre estas cosas, que llegaron en hombros de estos luchadores hoy ancianos , enfermos y sin fuerzas.
Para que estos reclamos se hagan realidad se necesita que más voces se alcen exigiéndolo.
POR UNA VERDADERA LEY REPARATORIA PARA LOS EX -PRESOS POLÍTICOS Y EXILIADOS, NO LA 18033 QUE IMPIDE TRABAJAR O JUBILARSE
>>> Lo que dijo El Muerto
.
Relativo al 9 de febrero de 1973
http://elmuertoquehabla.blogspot.com.uy/2016/05/sectarismo-vulgar.html
>>> Derecho a Respuesta
Estimados responsables del blog "El muerto que habla":
De nuestra mayor consideración. Les enviamos en adjunto una aclaración vinculada a la publicación de Asdrúbal López. Soy integrante de la Comisión de DDHH de Tacuarembó, y se me ha mandatado para hacer esta aclaración cuyo tenor comparte toda la comisión. La Comisión la integran en Tbó, el Colectivo de denunciantes de delitos de lesa humanidad, CRYSOL de Tbó., departamental del FA y plenario dptal. del PIT CNT . La idea no es generar polémicas con el compañero, que no estaba informado y se ve que tampoco se le ocurrió informarse, pero sí aclarar lo que es nuestro trabajo, en razón del respeto que se merecen los lectores del blog. Saludos! Dr. Cley Espinosa
Sres. Responsables del medio de comunicación “El muerto que habla”
Ante un mail remitido por Asdrúbal López, hace un par de semanas, referente a su discrepancia con algunos aspectos de la colocación de una placa en la actual ubicación del Regimiento de Caballería N° 5 sobre Ruta N° 5 en la ciudad de Tacuarembó, titulado “Sectarismo Vulgar”, queremos realizar las siguientes aclaraciones:
1.- La Comisión de Derechos Humanos de Tacuarembó está integrada por personas de diversos sectores y pensamientos políticos, teniendo como unidad de acción la idea de luchar por verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos del terrorismo de Estado, generando y coadyuvando a organizar eventos de concientización sobre el pasado reciente, y acompañando la marcha de las causas judiciales de delitos de lesa humanidad que se ventilan en el departamento.
2.- En la actual ubicación del Regimiento de caballería N° 5, sobre la Ruta Nacional N° 5, se detuvo ilegítimamente y se torturó a trabajadores y estudiantes, a militantes comunistas, socialistas, del MLN, del histórico 26 de marzo, del Frente Amplio, así como otros ciudadanos que se oponían al régimen de facto.
3.- Esta comisión solicitó en el año 2012 la colocación de una placa en la anterior ubicación del Regimiento de Caballería N° 5 (en lo que es la actual Casa de la Cultura), ya que allí se violaron en el año 1972 los derechos humanos de muchos ciudadanos, varios de ellos integrantes activos de nuestra Comisión. Esta placa fue la primera que solicitamos, y pese a sucesivas negativas, nunca abandonamos nuestro reclamo, teniendo actualmente el compromiso de las autoridades de que la misma se concretará a la mayor brevedad.
4.- En este sentido, hemos venido cumpliendo una agenda de reconocimientos (en la ex cárcel de mujeres en Paso de los Toros, en el Club Cerrito de Tacuarembó como lugar de la Resistencia, y en el actual Regimiento 5°). Están pendientes, la colocación de la Placa en la actual Casa de la Cultura, y en el cuartel de Paso de los Toros (como lugares donde se violaron los derechos humanos), y en el Instituto de Formación Docente, el Frigorífico Tacuarembó, y el Club AEBU de Tacuarembó como lugares de Resistencia. Todos los lugares donde se violaron los derechos humanos deben ser señalados, y nos importan por igual. Por verdad y justicia!
Comisión de DDHH de Tacuarembó
Empezar a decir
Estudio concluye que 2005 fue “un punto de inflexión” para la memoria de ex presos políticos.
El objetivo central del estudio realizado por el Instituto de
Ciencia Política de la Universidad de la República y presentado ayer en
el Parlamento fue analizar el impacto de la Ley N° 18.033, de
recuperación de derechos jubilatorios y pensionarios a las víctimas de
la dictadura. Pero en paralelo, se buscó trazar la trayectoria de vida
de los ex presos políticos durante ese régimen y en años posteriores,
según explicó en la presentación Rafael Giambruno, politólogo que tuvo a
su cargo el estudio, ante un auditorio compuesto mayormente por
beneficiarios de la Pensión Especial Reparatoria (PER). La investigación
contó con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos
(INDDHH).
Se realizaron 30 entrevistas en profundidad a 17 hombres y 13 mujeres, entre los que había 22 beneficiarios de la pensión y ocho personas que no la cobran pese a cumplir con las condiciones para hacerlo. 12 de los entrevistados pertenecieron en su momento al Partido Comunista del Uruguay (PCU), diez al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), tres al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), dos a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), dos a la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y uno al Partido Comunista Revolucionario. Giambruno aclaró que el estudio no pretendió tener representatividad estadística pero sí abarcar a un grupo heterogéneo de ex presos políticos y personas que estuvieron en la clandestinidad entre 1968 y 1985.
Las personas entrevistadas caracterizaron el período entre 1968 y 1971 como una etapa de “arbitrariedades y detenciones policiales”, mientras que a partir de 1971 prevalecieron la tortura y la prisión sistemáticas. Las violaciones a los derechos humanos del período no sólo afectaron física y psicológicamente a las víctimas directas, sino que los sistemas de hostigamiento y control incluían a las familias de los ex presos.
Una de las conclusiones de la investigación es que existió una “gran ausencia del Estado” entre 1985 y 2005 en las políticas dirigidas a esta población. Los ex presos consultados no recordaban la aprobación en ese período de normativa o políticas que los hayan beneficiado, aparte de la restitución de los funcionarios públicos destituidos por la dictadura durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Otra normativa que se mencionó fue la denominada “ley Batlle”, que buscó completar la causal jubilatoria pero que finalmente benefició a pocas personas, lo que generó frustración.
Giambruno señaló que la reinserción de los presos tras el encarcelamiento dependió de las redes sociales y políticas que cada uno tuviera, de su nivel socioeconómico, su capital social, su edad y su formación, y que el Estado estuvo totalmente ausente en ese sentido. Uno de los ex presos políticos que asistieron a la presentación contó que era albañil y que después de salir de la cárcel estuvo 20 años viviendo en un asentamiento por las dificultades que tuvo para reinsertarse.
A mediano y largo plazo, el efecto más notorio de la dictadura sobre los ex presos es el silencio sobre el pasado reciente, señaló Giambruno. “No se habla del tema o no se habló durante períodos muy largos”, agregó. En este aspecto, hay diferencias entre hombres y mujeres. Mientras los hombres muestran una tendencia mayor a silenciar lo sucedido o a abordarlo usando un “humor ácido”, las mujeres lograron hablar en mayor medida, sobre todo con sus grupos de pares y expresándose por medio de talleres y obras de teatro. El investigador destacó la presentación de la denuncia colectiva por violaciones que realizaron 28 ex presas como un hito en este sentido.
El año 2005 y la asunción del gobierno por parte del Frente Amplio marcó un “punto de inflexión en la memoria” de los entrevistados, que “empezaron a hablar sobre lo sucedido a partir de ese momento”, indicó Giambruno.
Cambios pendientes
El estudio arrojó que la PER dispuesta por la Ley 18.033 tuvo un impacto material, en el sentido de que modificó la situación de vida de la “gran mayoría de los ex presos políticos”, quienes además consideran en términos generales que el monto es adecuado, señaló Giambruno.
En cambio, el impacto simbólico de la medida es “más difuso”, porque “no hay un discurso que legitime la normativa”, advirtió el investigador. En este sentido, la principal dificultad que se plantea es la existencia de una cláusula en la ley por la cual, si la persona tiene ingresos mayores a los de la pensión, debe optar entre uno u otro. Esto “erosiona la legitimidad de la PER” porque en estos términos “se considera que no es una reparación, o es una reparación parcial”, acotó Giambruno. Tanto los asistentes a la presentación como Ariela Peralta, integrante de la INDDHH que tuvo a su cargo los comentarios sobre la investigación, enfatizaron que no es admisible que se pongan condiciones a la reparación, y que debería darse en todos los casos por el solo hecho de haber sufrido violaciones de derechos por parte del Estado. Peralta advirtió que esta disposición contraría las obligaciones internacionales del Estado uruguayo en materia de reparación, y recordó que la primera resolución de oficio que adoptó la INDDHH fue por este tema, en diciembre de 2012. Giambruno explicó que quienes no se acogen a la PER no lo hacen por opción, sino por la existencia de esta cláusula. Un asistente calificó de “absurdo” que le reclamen a una persona que resigne sus derechos jubilatorios para poder cobrar la pensión.
Otra restricción que dispone la ley y que fue cuestionada ayer por los presentes es que no se considera beneficiarios a quienes estuvieron encarcelados o en la clandestinidad antes del 9 de febrero de 1973. Peralta sostuvo que no se garantiza a los beneficiarios un proceso rápido y eficaz y remarcó que la víctima “no debe probar que es víctima” en estos casos, ya que esto se presume por el solo hecho de que haya estado encarcelada o recluida en determinadas condiciones.
“El Estado ha tenido dificultades en el desarrollo de políticas dirigidas a ex presos políticos, no hubo políticas claras, coherentes y sostenidas”, y el colectivo de ex presos políticos “mantiene vulnerabilidades que no se ha logrado subsanar”, concluyó Rafael Giambruno.
Uno de los asistentes sugirió realizar un estudio de los años de vida de los ex presos políticos, y otra le respondió que, según los datos que contabiliza la organización de ex presos políticos Crysol, el promedio de vida en esta población es de 69,5 años, muy inferior a la media de la población del país.
Se realizaron 30 entrevistas en profundidad a 17 hombres y 13 mujeres, entre los que había 22 beneficiarios de la pensión y ocho personas que no la cobran pese a cumplir con las condiciones para hacerlo. 12 de los entrevistados pertenecieron en su momento al Partido Comunista del Uruguay (PCU), diez al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), tres al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), dos a los Grupos de Acción Unificadora (GAU), dos a la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y uno al Partido Comunista Revolucionario. Giambruno aclaró que el estudio no pretendió tener representatividad estadística pero sí abarcar a un grupo heterogéneo de ex presos políticos y personas que estuvieron en la clandestinidad entre 1968 y 1985.
Las personas entrevistadas caracterizaron el período entre 1968 y 1971 como una etapa de “arbitrariedades y detenciones policiales”, mientras que a partir de 1971 prevalecieron la tortura y la prisión sistemáticas. Las violaciones a los derechos humanos del período no sólo afectaron física y psicológicamente a las víctimas directas, sino que los sistemas de hostigamiento y control incluían a las familias de los ex presos.
Una de las conclusiones de la investigación es que existió una “gran ausencia del Estado” entre 1985 y 2005 en las políticas dirigidas a esta población. Los ex presos consultados no recordaban la aprobación en ese período de normativa o políticas que los hayan beneficiado, aparte de la restitución de los funcionarios públicos destituidos por la dictadura durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Otra normativa que se mencionó fue la denominada “ley Batlle”, que buscó completar la causal jubilatoria pero que finalmente benefició a pocas personas, lo que generó frustración.
Giambruno señaló que la reinserción de los presos tras el encarcelamiento dependió de las redes sociales y políticas que cada uno tuviera, de su nivel socioeconómico, su capital social, su edad y su formación, y que el Estado estuvo totalmente ausente en ese sentido. Uno de los ex presos políticos que asistieron a la presentación contó que era albañil y que después de salir de la cárcel estuvo 20 años viviendo en un asentamiento por las dificultades que tuvo para reinsertarse.
A mediano y largo plazo, el efecto más notorio de la dictadura sobre los ex presos es el silencio sobre el pasado reciente, señaló Giambruno. “No se habla del tema o no se habló durante períodos muy largos”, agregó. En este aspecto, hay diferencias entre hombres y mujeres. Mientras los hombres muestran una tendencia mayor a silenciar lo sucedido o a abordarlo usando un “humor ácido”, las mujeres lograron hablar en mayor medida, sobre todo con sus grupos de pares y expresándose por medio de talleres y obras de teatro. El investigador destacó la presentación de la denuncia colectiva por violaciones que realizaron 28 ex presas como un hito en este sentido.
El año 2005 y la asunción del gobierno por parte del Frente Amplio marcó un “punto de inflexión en la memoria” de los entrevistados, que “empezaron a hablar sobre lo sucedido a partir de ese momento”, indicó Giambruno.
Cambios pendientes
El estudio arrojó que la PER dispuesta por la Ley 18.033 tuvo un impacto material, en el sentido de que modificó la situación de vida de la “gran mayoría de los ex presos políticos”, quienes además consideran en términos generales que el monto es adecuado, señaló Giambruno.
En cambio, el impacto simbólico de la medida es “más difuso”, porque “no hay un discurso que legitime la normativa”, advirtió el investigador. En este sentido, la principal dificultad que se plantea es la existencia de una cláusula en la ley por la cual, si la persona tiene ingresos mayores a los de la pensión, debe optar entre uno u otro. Esto “erosiona la legitimidad de la PER” porque en estos términos “se considera que no es una reparación, o es una reparación parcial”, acotó Giambruno. Tanto los asistentes a la presentación como Ariela Peralta, integrante de la INDDHH que tuvo a su cargo los comentarios sobre la investigación, enfatizaron que no es admisible que se pongan condiciones a la reparación, y que debería darse en todos los casos por el solo hecho de haber sufrido violaciones de derechos por parte del Estado. Peralta advirtió que esta disposición contraría las obligaciones internacionales del Estado uruguayo en materia de reparación, y recordó que la primera resolución de oficio que adoptó la INDDHH fue por este tema, en diciembre de 2012. Giambruno explicó que quienes no se acogen a la PER no lo hacen por opción, sino por la existencia de esta cláusula. Un asistente calificó de “absurdo” que le reclamen a una persona que resigne sus derechos jubilatorios para poder cobrar la pensión.
Otra restricción que dispone la ley y que fue cuestionada ayer por los presentes es que no se considera beneficiarios a quienes estuvieron encarcelados o en la clandestinidad antes del 9 de febrero de 1973. Peralta sostuvo que no se garantiza a los beneficiarios un proceso rápido y eficaz y remarcó que la víctima “no debe probar que es víctima” en estos casos, ya que esto se presume por el solo hecho de que haya estado encarcelada o recluida en determinadas condiciones.
“El Estado ha tenido dificultades en el desarrollo de políticas dirigidas a ex presos políticos, no hubo políticas claras, coherentes y sostenidas”, y el colectivo de ex presos políticos “mantiene vulnerabilidades que no se ha logrado subsanar”, concluyó Rafael Giambruno.
Uno de los asistentes sugirió realizar un estudio de los años de vida de los ex presos políticos, y otra le respondió que, según los datos que contabiliza la organización de ex presos políticos Crysol, el promedio de vida en esta población es de 69,5 años, muy inferior a la media de la población del país.
Recuerdos improbables
Para Samuel, María Esther
y los demás.
Conté los pasos
iguales, fantasmales como un eco
dieciocho siempre, y la llave.
Respiré la sangre
ahogué los gritos
me replegué, enmudecí
como una forma de resistencia.
Pensé en mis hijos
hasta que escuché los tormentos
de otros hijos
Viví con el dolor
como se vive con la peste
siempre pensando
un día más, otro día.
Por eso creo
que mi cédula de identidad miente
que algún burócrata descuidado
confundió las fechas.
Porque sé que estuve ahí
y también sé que salí viva
y que testificaré sobre el horror
aun cuando el horror se haya ido
y ustedes también
más allá del recuerdo del horror
de los lugares donde se esconde
o por si acaso vuelve.
Testificaré
ante cualquier tribunal
hasta irme yo también
y después.
Porque las palabras
no se ahogan,
no se repliegan ni enmudecen.
Respiran.
Ustedes lo saben
compañeros
queridos
compañeros.
NU
>>> Con lic Rafael Giambruno
asi como hay quienes les corresponde y no logran cobrarlo existen algunos que tenian 9 años en ese momento y son beneficiarios ????
ResponderEliminarTambién tenemos que optar por la PER los que tenemos ingresos mensuales mayores que la misma , perdiendo ingresos si queremos cobrarla. Si ganás más de una canasta básica no estuviste preso en la dictadura ni exiliado.
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