Azul Curdo
Brecha, Montevideo, 17-6-2016Jóvenes en Red y Cercanías son dos programas interinstitucionales que implementa y coordina el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde el año 2012. El primero ha trabajado con 5.600 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años, “desvinculados” del mercado de trabajo y del sistema educativo. Su objetivo es que los jóvenes retomen alguna actividad educativa, conozcan y participen en programas de inclusión socio-laboral, y accedan a los servicios de salud en su comunidad, entre otras opciones.
Cercanías(1) está “dirigido a 30 mil hogares en situación crítica, de pobreza extrema, para garantizarles las prestaciones que les corresponden, a partir de la información recogida por la Dirección de Evaluación y Monitoreo (Dinem) (…) o de las redes territoriales departamentales”, señala la web del Mides. Este programa comenzó con 45 equipos territoriales que deben brindar una “respuesta inmediata que continúa en el tiempo”. Cuatro años atrás, las autoridades del ministerio indicaban que era “necesario ‘rescatar’ a estas familias e incluirlas, pero no con un asistencialismo aislado”.
Bajo este paradigma de transición de las políticas sociales asistencialistas hacia políticas universales de acceso a los derechos es que el ministerio lanzó ambos programas, que suponen acuerdos múltiples con los ministerios de Vivienda, Trabajo y Seguridad Social, Educación y Cultura, de Defensa Nacional, Turismo y Deporte; con Utu, el Consejo de Educación Secundaria, Inau, Anep y Asse.(2)
Para evaluar la implementación de Cercanías y de Jóvenes en Red, la Dinem firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, que indagó sobre las “trayectorias de inclusión de familias y jóvenes” que participaron en ambos programas.
El equipo de investigadores dirigido por Sandra Leopold, docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social (Fcs, Udelar), realizó entrevistas a autoridades nacionales, a operadores territoriales y a participantes de los programas en el Cerro (Montevideo), Colonia Nicolich (Canelones), Melo (Cerro Largo) y Bella Unión (Artigas).
Evaluados
Los principales resultados (3) señalan que los trabajadores “desconocen” qué tipos de acuerdos existen entre las instituciones, “suponen” que debe de haberlos, “pero no parecen conocer su contenido ni los alcances que tienen”, dijo Leopold, por lo que se realizan acuerdos a nivel territorial, y entre las educadoras que integran los diversos equipos implementan las políticas sociales. Esos acuerdos resuelven lo cotidiano, pero “no son potentes para transitar de la asistencia a un acceso universal de prestaciones y servicios”.
“Algunas instituciones no aceptan a sujetos que provienen de programas asistenciales, que se han constituido en ‘población Mides’”, indicó también la investigadora. Por ejemplo, cuando un joven que lleva el “amuleto culpabilizante” –al decir del sociólogo Denis Merklen– de ser un ni-ni, con el que se trabaja su reinserción educativa en el liceo o la Utu de la zona, con quien se diseña un proyecto socioeducativo y se indaga sobre sus gustos y deseos respecto de lo que quiere ser o lo que quiere hacer, vuelve al liceo, es rechazado o estigmatizado por las autoridades, por los docentes, por los adscriptos. Es el problemático que vuelve a las aulas.
Si bien “no hay un patrón homogéneo (de respuesta) en las instituciones” y se supone que los jóvenes de estos programas cuentan con “cupos” y “priorización”, se registra una “carga de estigmatización importante” hacia ellos, además de que muchas veces acaban realizando el curso de formación o estudio en el que hay lugar (generalmente en formación técnica), y no el que habían elegido: “Más que terminar haciendo lo que deseaban, hacen lo que está disponible en el centro educativo más próximo”, describió la investigadora.
A su vez, los sujetos identifican respuestas insuficientes en lo que refiere a servicios de vivienda, salud mental y violencia doméstica (con fuertes carencias en el abordaje y conceptualización en torno a la figura del varón)
.
Por su parte, los efectores de políticas públicas “reconocen que la oferta de políticas sociales se incrementó, pero señalan la distribución desigual, insuficiente y desajustada a la que requieren las poblaciones de cada lugar”, agregó Leopold.
Pareciera entonces que estos “programas puente” resultan una metáfora frustrada. Los equipos acompañan en el territorio, buscando casi a tientas las respuestas interinstitucionales, pero cuando creen haber finalizado el cruce junto al beneficiario del programa, muchas veces se encuentran con abismos, con la interrupción abrupta del proceso de acompañamiento, con dificultades para que las instituciones de alcance universal acojan y continúen apoyando esos trayectos de inclusión social.
Se registran dificultades para el ingreso formal al mercado de trabajo de jóvenes que resultan “poco atractivos para emplearlos” por su “limitada formación y/o habilidades”. “No recogimos procesos reflexivos en los que las instituciones asuman qué grado de responsabilidad tienen sobre esto. Se asumen como eficientes y ordenadas.”
Hay una “distancia institucional” entre la propuesta y la respuesta. Las políticas sociales devienen en “políticas de individuación” que acaban poniendo en la persona toda la carga de responsabilidad por la frustración de la implementación de la política social. La “salida” de la situación de exclusión “recae” en lo que el sujeto pueda hacer. El mensaje que recibe de las instituciones es algo como “te dimos este abanico de oportunidades y no las supiste aprovechar”. “La noción del ‘mal pobre’ vuelve una y otra vez sobre la política asistencial, y el fracaso se desplaza hacia el sujeto, que continuará transitando en una ‘movilidad lateral’”, dice Leopold. Es decir, las personas que viven en la pobreza extrema seguirán teniendo respuestas laborales precarias, en un mercado laboral formal/informal, en situaciones de legalidad/ilegalidad. Aquella valoración positiva de los sujetos sobre los programas en los que se sintieron escuchados, atendidos, reconocidos, se diluye cuando acaba la intervención territorial sobre ellos. “No hay que desechar esta dimensión afectiva de la intervención, pero no es suficiente para propiciar los canales de una efectiva inclusión social”, concluyó Leopold.
La mano derecha del Estado
. “La igualdad debe ser la matriz de nuestros horizontes de intervención”, remarcó Merklen al comenzar su conferencia. El sociólogo de la Sorbona parisina, discípulo de Robert Castel, problematiza en sus trabajos la desinstitucionalización del presente y cómo se cruzan nociones de precariedad con individuación e inseguridad.
“Para que una república sea digna de su nombre debe recibir a sus jóvenes con los brazos abiertos, decirles: ‘Bienvenidos. Este mundo nuestro también es el tuyo’ –sentenció–. Debemos combatir la desconfianza hacia los jóvenes pobres, combatir aquellas políticas que pretenden mantener a la juventud bajo control y que le exigen la adaptación al mercado”.
Retomando los conceptos de Pierre Bourdieu sobre “la mano izquierda y la mano derecha del Estado”, una aplicando políticas de protección social y la otra castigando, Merklen sostuvo que durante años la mano izquierda del Estado uruguayo pensó que redistribuir la riqueza y brindar transferencias monetarias a los más pobres repercutiría en la reducción de la pobreza. “Ahora ya sabemos que las transferencias monetarias son insuficientes y que el mundo del trabajo sigue siendo un espacio de opresión que tritura las formas contemporáneas de integración social.”
Hoy el mundo del trabajo es “intenso, mal pago, ilegal”, caracterizó Merklen. Y cuestionó: “Este trabajo no es factor de integración. ¿Estamos seguros de que el estudio y el empleo son plataformas seguras hacia la integración social de jóvenes sobre quienes recae el estigma de ser vagos y haraganes?”.
Además de subrayar la importancia de recuperar la solidaridad en el barrio, la solidaridad de proximidad entre familias y vecinos, la solidaridad intrafamiliar, Merklen instó a crear instituciones sólidas que reduzcan los márgenes de exposición al riesgo, “crear espacios de socialización más allá de las formas espontáneas de la sociedad civil”, para que la política social no apunte sólo a los vulnerables sino a toda la sociedad.
Enfatizó la necesidad de definir y delimitar el campo de acción de las políticas sociales, qué hace el Estado y qué podemos esperar o no de los sujetos intervenidos por los múltiples programas; además remarcó que “no podemos descargar en los trabajadores sociales la responsabilidad de resolver las situaciones de las familias y jóvenes. Es un trabajo duro y difícil que debemos reconocer y homenajear”, dijo ante el auditorio en el que se mezclaban jerarcas como la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, con decenas de operadores territoriales.
Al cerrar el acto, el titular de la Dinem, Juan Pablo Labat, reconoció que en esa hora y media se había hablado de “grandes promesas incumplidas”. Éstas “son las que producen fragmentación social”, dijo. “Tenemos que pensar cómo seguir. Reflexionar sobre los fundamentos de las políticas sociales y hablar de la dimensión social de las políticas para universalizar los derechos.”
Notas
1) Los equipos de trabajadores sociales están presentes en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Montevideo, San José, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.
2) Se lanzó como la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de las Capacidades Familiares.
3) Presentados el pasado martes 14 por Sandra Leopold y comentados por el sociólogo franco-argentino-uruguayo Denis Merklen.
Denis Merklen nació en Uruguay pero a los ocho años el exilio de sus padres lo hizo recalar en Argentina. Vivió en Ciudad Evita, estudió acá y se graduó como sociólogo en la Universidad de Buenos Aires en 1989. .
Con el sociólogo Denis Merklen
“La política social no puede correr detrás del mercado”
—Tras una década de gobierno frenteamplista estamos en un punto de inflexión y reflexión respecto de las políticas asistencialistas, y en tránsito hacia políticas más universales, a través de programas o dispositivos “puente”, como Jóvenes en Red y Cercanías. ¿Cómo se puede cambiar el abordaje para lograr inclusión social?
—Pensamos mucho en las personas que tienen esos problemas, y pensamos poco en los problemas que hacen que las personas estén en esa situación. No disponemos de recetas, pero hay que mirar un poquito para ese lado. No podemos seguir pensando en resolver el problema del desempleo pensando en los desempleados; hay algo en la estructura del mercado de trabajo, en la evolución de la actividad económica, que produce desempleo. Por supuesto que siempre hay algo que se puede hacer para acompañar a esa persona que está en una situación difícil, pero por eso la política social tiene que ser un espacio de creatividad, de reflexión y de movimiento, de creación de espacios nuevos de socialización. La política social no puede estar corriendo detrás del mercado, tiene que imaginar espacios de vida nuevos.
En Uruguay y en la región se ha intentado reducir todo lo que se ha podido el trabajo “en negro”. Sin embargo, cada tanto aparece una circunstancia como la de Uber, que viene a desestabilizar –en este caso a los taxistas y coches de alquiler– y a mostrarnos que esa legislación y esos dispositivos sociales de protección no son suficientes. Ahora, este no es un problema sólo de Uruguay. Es el problema del final de un modelo de industrialización y la aparición de nuevas condiciones internacionales que están desestabilizando.
Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que el modelo de la sociedad salarial caducó, que hay que tirarlo a la basura o que no sirve más. Es, en realidad, de lo único que disponemos. Pero para acompañarlo debemos hacerlo con nuevos espacios de creación, de protección, de sentimiento, con políticas de inserción y acompañamiento.
No tendremos recetas mágicas, pero tenemos algunas pistas: no todo pasa por el ingreso; la educación y el trabajo son muy importantes; los procesos son más largos de lo que imaginamos; la inestabilidad y el cambio serán intrínsecos, entonces no debemos resignarnos a ellos sino que debemos construir espacios de estabilidad para aquellos que están más expuestos al riesgo de la incertidumbre.
—En su conferencia dijo que quería “homenajear” a los técnicos y trabajadores sociales que llevan adelante las políticas en el territorio, a quienes también hay que cuidar y proteger. ¿No es paradójico que ellos, que trabajan con personas en extrema pobreza para lograr su inclusión sociolaboral, también sufran cierta inestabilidad y precarización laboral, con proyectos que duran ocho o nueve meses, porque no saben si se renovará el convenio de su Ong con el Mides?
—Esto es muy importante. Una parte de la precariedad la genera el propio Estado, con empleos de este tipo para sus trabajadores; no sólo por el contrato de trabajo (de corta duración y mal pago), sino porque la tarea que tienen que realizar es extremadamente dura: es un trabajo penoso, que conlleva sufrimiento, que puede provocar mucho daño.
/> Esta precariedad de los trabajadores sociales debe ser objeto de nuestra reflexión. Tenemos que ser capaces de crear formas de protección social para estos trabajadores precarios que llevan adelante las políticas sociales.
Asimismo tenemos que recordar que muchas de las familias más vulnerables han conseguido empleo, tradicionalmente, a través de trabajos sociales, como enfermeras o trabajadores sociales. En esto hay un fuerte corte de género: jóvenes mujeres que acaban resolviendo problemas de las familias con su empleo, y haciéndose cargo en su hogar de los cuidados de jóvenes, niños y viejos .
—En mayo se conoció el caso de tres policías que se hicieron pasar por trabajadores del Mides para detener a un joven investigado por una rapiña en Delta del Tigre (véase Brecha, 6-V-16). ¿Qué implica que la Policía use la figura de un trabajador social para un arresto?
—Es un modo de atropello que no puede tolerarse. Las políticas sociales sólo se pueden llevar adelante si hay una relación de confianza. Del mismo modo que un enfermero o un médico no puede preguntarle a un paciente si es o no un delincuente antes de atenderlo en forma debida, los trabajadores sociales no están allí para reprimir el delito, ni para perseguir, espiar o condenar. Esa función de control del trabajo social, afortunadamente, ha quedado atrás en la historia de las políticas sociales. Lo que se llamó “la policía de las familias”. Sin dudas debe despegarse una institución de la otra. Pueden colaborar, pero sobre otro terreno: el de la prevención del delito, del acompañamiento. De ninguna manera en el terreno de la represión.
—Programas “de proximidad”, como Cercanías, cuentan con formularios que los trabajadores sociales hacen llenar a los potenciales destinatarios del programa para evaluar si sus condiciones de vida son lo suficientemente precarias o vulnerables como para ser “beneficiarios”. ¿Qué opina de esta modalidad?
—Hemos trabajado sobre esto en Francia. Pedirle al otro que me cuente su vida, que me devele su sufrimiento para ser el beneficiario de un programa es una especie de reedición de la figura de ese inválido que tiene que mostrar su herida, o si no es un estafador.
Es un terreno en el que es muy fácil desplazarse hacia la relación afectiva, invasiva de la privacidad del otro, y ese es un terreno muy delicado. En este tipo de programas, como Cercanías, que se aproximan a la subjetividad de las personas, aplicar estos formularios es parte de la buena intención. Está bien tener la dimensión subjetiva de cada quien, en lugar de tratarlo como si fuera un número, pero con esa intención puede invadirse un espacio personal, y allí hay que poner mucho más cuidado.
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