Había escuchado que Uruguay era un país que abría sus puertas a los
inmigrantes. "Allá hay mucho trabajo", le dijeron un día en su ciudad.
Tiempo después, otra vez le llegó el rumor de que los dominicanos que
habían viajado a aquella pequeña nación del sur del continente estaban
muy contentos con su nueva vida.
Entonces, decidió arriesgarse y probar suerte. El 7 de febrero de 2014 aterrizó en el aeropuerto de Carrasco.
Pocas horas después estaba en Ciudad Vieja buscando un lugar donde
pasar la noche. Ese fue su primer contacto con las pensiones
montevideanas. La encargada del lugar ubicado en la calle Cerrito le dio
un colchón que debió tirar en el suelo húmedo por la lluvia que se
había filtrado por alguno de los tantos agujeros que tenía el techo. No
pudo pegar un ojo en toda la noche.
"Yo dejé mi casa, dejé todo. ¿Para qué? ¿Para estar en estas condiciones? Me sentí un poco deprimido", contó a El Observador.
Pero
al día siguiente amaneció cargado de optimismo. Pensó que pronto iba a
conseguir un buen trabajo que le permitiera acceder a un lugar mucho más
digno donde vivir. Pasaron más de tres años y Miguel, ese dominicano
que soñó con una mejor vida en Uruguay, sigue viviendo en pensiones. Ha
recorrido varias, pero todas tienen un denominador común: falta de
higiene, pocos baños para la cantidad de gente que hospedan, ratas,
cucarachas y problemas edilicios de todo tipo.
Lejos de ser algo puntual, el caso de Miguel se repite en forma sistemática entre los inmigrantes que llegan a Uruguay. Ellos están condenados a que las pensiones sean la única alternativa donde hospedarse apenas llegan.
A diferencia de lo que puede suceder en un hotel o en una vivienda
de alquiler, no es necesario mostrar recibos de sueldos ni ofrecer
garantías, requisitos que no cumplen muchos de quienes llegan a probar
suerte a Uruguay desde tierras lejanas. Las pensiones son una solución
para los primeros días, pero pronto se convierten en algo permanente.
Una
investigación liderada por académicos y estudiantes de la Facultad de
Humanidades arrojó resultados preocupantes acerca de las condiciones
donde vive esta población migrante. El informe, cuyos resultados fueron
presentados en un seminario realizado el 27 y 28 de abril en la
Institución de Derechos Humanos,
afirma que en los últimos siete años Uruguay ha asistido a un nuevo
fenómeno de movimiento poblacional, caracterizado por el ingreso de
población proveniente de diversos países latinoamericanos,
principalmente del Caribe. Miguel fue, por ejemplo, uno de los 4.000
dominicanos que llegaron a Montevideo en los últimos años. Aunque en
mucho menor número, también ha llegado población desde África, principalmente proveniente de Nigeria, Sierra Leona, Camerún y Ghana. ¿Qué opciones de hospedaje tuvieron en Uruguay?
Durante dos años, los investigadores visitaron varias pensiones y
recogieron testimonios junto a la asociación Idas y Vueltas, que trabaja
en defensa de los derechos de los inmigrantes. No solo vieron cuartos
hacinados por la cantidad de gente, sino también hasta dos personas
durmiendo en la misma cama a raíz de la falta de espacio.
Los
investigadores Leonardo Fossatti, Rafael Ramil y Pilar Uriarte
afirmaron en el seminario que muchas de las pensiones que conocieron no
soportarían la más mínima inspección de habilitación comercial o de
Bomberos. La conclusión a la que arribaron es que "no se puede concebir
la vida digna" en esos sitios. Una de las razones por las que afirman
eso es que las pulgas, chinches, cucarachas y ratas son "cuestiones de
todos los días".
A pesar de las malas condiciones en las que viven, quejarse o reclamar mejores servicios no parece ser una buena idea. Fossatti, un estudiante de la licenciatura de Antropología que está realizando su tesis sobre el tema de las pensiones, señaló que es usual que haya represalias. "Cuando existe algún reclamo, siempre eso se traduce en amenazas o aumentos de la tarifa", dijo a El Observador. Otra situación que se repite es que a los extranjeros les cobren más caro que a los uruguayos.
Miguel contó un ejemplo que ayuda a entender las reacciones que deben enfrentar cuando se quejan por algo. Uno de sus hermanos, que también vivió en Uruguay, enfrentó a la encargada de la pensión debido a que hacía días que estaban sin luz. "En tu país ni luz hay. ¿Qué venís a reclamar acá? Andate a tu país, entonces", le contestó ella.
Algo similar sucede cuando el tema en cuestión son los precios.
Miguel pagaba $ 9.000 mensuales por una habitación en la que él dormía
junto a un amigo. La luz y el agua las pagaban aparte. Esa pensión,
ubicada en la calle Piedras, a pocos metros del Mercado del Puerto,
tiene un solo baño para 31 personas.
Uriarte, antropóloga y docente del departamento de Antropología
Social de Facultad de Humanidades, alertó sobre la falta de garantías
que enfrenta la población migrante, en lugares de hospedaje en los que
los recibos de pago son una verdadera rareza.
"Ante
la falta de regulación y de políticas del Estado, esa oferta queda
completamente desprovista de garantías para las personas que precisan
las pensiones", dijo la docente a El Observador. "Otras ofertas de
soluciones habitacionales que no sea la pensión tampoco existen",
agregó.
Otro profesional que ha estado trabajando el tema es el abogado
Juan Ceretta. El experto, docente de Facultad de Derecho, explicó las
dificultades que enfrenta a la hora de intentar defender los derechos de
los inmigrantes. "En primer lugar, no sabemos quién es el que le
arrendó porque no hay contrato escrito y tampoco sabemos quién es el
propietario de la pensión porque eso no surge en ningún lado", dijo.
"Empezamos a nadar en un mar donde nada está claro, ni siquiera los
caminos para buscar soluciones", agregó.
Comentó,
en cambio, que si un inquilino lo consulta, así sea del apartamento más
humilde, tiene de dónde agarrarse para hacer valer sus derechos, pero
eso no sucede con las pensiones.
"Parecería que
preferimos no mirar. Pero hay una porción importante de gente que
utiliza las pensiones como acceso a la vivienda", dijo Ceretta.
La Intendencia de Montevideo tiene un sector dedicado a fiscalizar a
las pensiones. Se llama Hoteles, Pensiones, Inquilinatos y Afines. Los
jerarcas destacan que hay muchas pensiones que cumplen con toda la
normativa vigente, aunque reconocen que otras tienen carencias de todo
tipo, más que nada desde el punto de vista sanitario.
El
prosecretario de la Intendencia, Christian di Candia, informó a El
Observador que la comuna intenta persuadir a los establecimientos de
adecuarse a las normas, pero cuando eso no sucede llegan incluso a
ordenar la clausura de los locales. En la actualidad, hay en Montevideo
184 pensiones abiertas, 56 que han notificado su cierre y otras 13 que
fueron clausuradas. El último mes, por ejemplo, la Intendencia decretó
el cierre de una, ubicada en la calle Bartolomé Mitre.
"Recibimos bastantes denuncias y las seguimos. Intentamos en menos de 48
horas tomar el primer contacto", informó Di Candia. A la hora de salir a
la calle encuentran varias dificultades. Algunas de las pensiones
irregulares están escondidas detrás de la fachada de una casa de
familia. Con el apoyo del departamento jurídico de la comuna, pueden
hacer allanamientos para observar las condiciones de los lugares.
Cuando las condiciones edilicias y de higiene ameritan que se
proceda a una clausura, muchas veces, a juicio de la intendencia, el
problema pasa a ser más grave. "Empieza un proceso de desalojo que puede
llevar un año o dos y las condiciones se empeoran", dijo Di Candia y
comentó que en muchos casos esas viviendas pasan a ser espacios
ocupados.
Mientras tanto, Miguel sigue
luchando por hacer pesar sus derechos. Tres años después de su llegada a
Uruguay, luce algo decepcionado: "El panorama no era como me lo
pintaban", contó en su pensión de la calle Piedras.
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