La nueva fiscalía especializada en DDHH que funciona desde el 1 de noviembre esta colapsada con tres funcionarios que deben de procesar 300 causas. Mas impunidad!!!!
¿Y ahora que hacemos?
con Carlos Pelaez
19 diciembre 2017
En el debate presente sobre estos temas se ha señalado por muchos actores políticos que “no hay que vivir con ojos en la nuca” y que “a los jóvenes este tema no les interesa”.
http://audios.espectador.com/2017/12/19/cosechandoamigos171219.mp3
Con la puesta en marcha del Nuevo Código del
Proceso Penal se creó la fiscalía de Derechos Humanos a cargo de la
doctora Ana María Tellechea. Allí fueron a parar unas 300 causas. Dos
meses después todo se empantanó. La fiscal contaba con apenas dos
asistentes y sus reclamos de mayor personal fueron desatendidos. En
pocos días, desalentada por el escaso apoyo, Tellechea se acogerá a los
beneficios jubilatorios.
Transcurridos 32 años del final de la dictadura y 12 de gobierno frenteamplista ya casi es obvio decir que, más allá de rimbombantes declaraciones, comisiones y nombramientos, el país carece de una política adecuada y coherente para investigar y castigar los crímenes cometidos durante los años de terrorismo de Estado.
Recordemos que exactamente un año atrás el periodista Roger Rodriguez escribió sus “Cuentas de la Impunidad” y allí señalaba: “ La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.
Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.
Son 143 familias las que aún esperan obtener alguna información que les posibilite encontrar los restos de sus hijos, desaparecidos en los años de dictadura”.
La teoría de los dos demonios que con tanto éxito levantaron por igual los militares de la dictadura, Julio María Sanguinetti y los Tupamaros, sólo ha servido para generar confusión y sostener a la impunidad.
Confusión entre la mayoría de los uruguayos jóvenes que no logran distinguir los enfrentamientos de los militares con la guerrilla, de todo lo que ocurrió después de junio de 1973 y padecieron de muchas formas compatriotas de todos los partidos políticos. Confusión alentada por falsas historias cuyo motivo era hacerse del poder. Confusión alentada por maniobras de contrainteligencia que hasta ahora sirvieron para mantener impunes a muchos responsables de torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones. Confusión porque no muchos han comprendido todavía que la dictadura uruguaya fue cívico-militar y que los violadores de la Constitución conviven entre nosotros, disfrazados como demócratas.
Enormes son las responsabilidades políticas en este estado de cosas. Pero mayor aún la del Frente Amplio, cuyos militantes fueron el principal objetivo de la persecución dictatorial. Desde el gobierno se han mostrado señales muy contradictorias en cuanto al principal objetivo que es encontrar los restos de los desaparecidos.
Es cierto que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se logró ubicar los restos de Fernando Miranda y Julio Castro y el procesamiento con prisión de varios militares. Pero también es cierto que se les construyó una cárcel especial donde gozan de todo tipo de privilegios.
Con Mujica fue peor y más evidente. Desde pedir clemencia para “los viejitos” hasta ir a visitar a un militar procesado por el asesinato de una detenida política. Los propios Familiares de Detenidos Desaparecidos señalaron el escaso aporte de Eleuterio Fernández Huidobro desde su cargo ministerial. Hombre que hasta calificó como “fascistas” a algunos organismos de DD.HH.
Fue el ex presidente y actual senador quien sostuvo que “la verdad se sabrá cuando estemos todos muertos”. Y si bien no sabemos a qué verdad se refería empiezan a surgir datos que probablemente nos muestren una verdad poco agradable, por decirlo de alguna manera. O llena de traiciones, para ser más explícito.
La Suprema Corte de Justicia también ha mostrado su inoperancia ya que se acostumbró a los recursos de casación escalonados presentados en cada causa por tres abogadas, dos de ellas hijas de represores, que han logrado detener cualquier investigación esperando que los militares mueran en libertad.
Recientemente la Corte alegó la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Y es verdad que los delitos cometidos en dictadura no estaban previstos en el Código Penal uruguayo. Pero si estaban incluidos en el Tratado de Roma, creado hace 60 años, al momento en que los criminales uruguayos los cometieron. “Y como Uruguay forma parte de la comunidad internacional, esos delitos estaban incluidos en su legislación”, sostienen prestigiosos juristas compatriotas.
Por esa razón, y en vista de notorios acontecimientos de actualidad, recordamos lo que Roger Rodríguez denominó “Cuentas de impunidad”.
“Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos “cultura de impunidad”, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay.
La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el “nunca más”), genera una frustración y un descreimiento social, que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el “valor” de la existencia humana.
La impunidad refuerza la frustración que genera un mundo consumista donde el valor del hombre se mide por lo que tiene.
Esa cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura, deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática”.
Y este es el mayor problema contemporáneo. Un país sin Justicia no es viable. Peor aún, porque termina convenciendo a sus ciudadanos que lo mejor es aplicar justicia por mano propia. Situación común en países vecinos y que paulatinamente se instala en Uruguay: la ley de la selva.
Transcurridos 32 años del final de la dictadura y 12 de gobierno frenteamplista ya casi es obvio decir que, más allá de rimbombantes declaraciones, comisiones y nombramientos, el país carece de una política adecuada y coherente para investigar y castigar los crímenes cometidos durante los años de terrorismo de Estado.
Recordemos que exactamente un año atrás el periodista Roger Rodriguez escribió sus “Cuentas de la Impunidad” y allí señalaba: “ La impunidad establecida a la salida de la dictadura sigue rigiendo en la sociedad uruguaya más allá del esfuerzo realizado durante treinta años por la sociedad civil, por los familiares de las víctimas y por las propias víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organismos internacionales, por investigadores independientes y periodistas, por partidos políticos y, aún, por el propio Estado.
Las cuentas son claras… De 167 casos de desaparición denunciados, se recuperaron 24 cuerpos (17 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Chile y solo 5 en Uruguay). También fueron recuperados 10 niños. De 210 expedientes judiciales presentados, el 70% esta aún en la etapa de presumario, sin procesamientos ni condenas. Solo fueron procesados 31 represores en primera instancia.
Son 143 familias las que aún esperan obtener alguna información que les posibilite encontrar los restos de sus hijos, desaparecidos en los años de dictadura”.
La teoría de los dos demonios que con tanto éxito levantaron por igual los militares de la dictadura, Julio María Sanguinetti y los Tupamaros, sólo ha servido para generar confusión y sostener a la impunidad.
Confusión entre la mayoría de los uruguayos jóvenes que no logran distinguir los enfrentamientos de los militares con la guerrilla, de todo lo que ocurrió después de junio de 1973 y padecieron de muchas formas compatriotas de todos los partidos políticos. Confusión alentada por falsas historias cuyo motivo era hacerse del poder. Confusión alentada por maniobras de contrainteligencia que hasta ahora sirvieron para mantener impunes a muchos responsables de torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones. Confusión porque no muchos han comprendido todavía que la dictadura uruguaya fue cívico-militar y que los violadores de la Constitución conviven entre nosotros, disfrazados como demócratas.
Enormes son las responsabilidades políticas en este estado de cosas. Pero mayor aún la del Frente Amplio, cuyos militantes fueron el principal objetivo de la persecución dictatorial. Desde el gobierno se han mostrado señales muy contradictorias en cuanto al principal objetivo que es encontrar los restos de los desaparecidos.
Es cierto que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se logró ubicar los restos de Fernando Miranda y Julio Castro y el procesamiento con prisión de varios militares. Pero también es cierto que se les construyó una cárcel especial donde gozan de todo tipo de privilegios.
Con Mujica fue peor y más evidente. Desde pedir clemencia para “los viejitos” hasta ir a visitar a un militar procesado por el asesinato de una detenida política. Los propios Familiares de Detenidos Desaparecidos señalaron el escaso aporte de Eleuterio Fernández Huidobro desde su cargo ministerial. Hombre que hasta calificó como “fascistas” a algunos organismos de DD.HH.
Fue el ex presidente y actual senador quien sostuvo que “la verdad se sabrá cuando estemos todos muertos”. Y si bien no sabemos a qué verdad se refería empiezan a surgir datos que probablemente nos muestren una verdad poco agradable, por decirlo de alguna manera. O llena de traiciones, para ser más explícito.
La Suprema Corte de Justicia también ha mostrado su inoperancia ya que se acostumbró a los recursos de casación escalonados presentados en cada causa por tres abogadas, dos de ellas hijas de represores, que han logrado detener cualquier investigación esperando que los militares mueran en libertad.
Recientemente la Corte alegó la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Y es verdad que los delitos cometidos en dictadura no estaban previstos en el Código Penal uruguayo. Pero si estaban incluidos en el Tratado de Roma, creado hace 60 años, al momento en que los criminales uruguayos los cometieron. “Y como Uruguay forma parte de la comunidad internacional, esos delitos estaban incluidos en su legislación”, sostienen prestigiosos juristas compatriotas.
Por esa razón, y en vista de notorios acontecimientos de actualidad, recordamos lo que Roger Rodríguez denominó “Cuentas de impunidad”.
“Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos “cultura de impunidad”, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay.
La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el “nunca más”), genera una frustración y un descreimiento social, que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el “valor” de la existencia humana.
La impunidad refuerza la frustración que genera un mundo consumista donde el valor del hombre se mide por lo que tiene.
Esa cultura de impunidad instalada en esta interminable transición desde la salida de la dictadura, deriva en los crímenes de cuello blanco y en la corrupción constatada en este Uruguay desde antes y después de la reinstitucionalización democrática”.
Y este es el mayor problema contemporáneo. Un país sin Justicia no es viable. Peor aún, porque termina convenciendo a sus ciudadanos que lo mejor es aplicar justicia por mano propia. Situación común en países vecinos y que paulatinamente se instala en Uruguay: la ley de la selva.
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