La Sempiterna Impunidad

por Roger Rodriguez

Domingo, 18 de diciembre de 2016

EN 30 AÑOS DE LA LEY 15.848, SOLO 30 REPRESORES FUERON PROCESADOS. DE 304 CAUSAS JUDICIALIZADAS: 23% ARCHIVADAS, 63% EN PRESUMARIOS Y APENAS HUBO 6 SENTENCIAS.

El 22 de diciembre 2016, al cumplirse 30 años de la aprobación de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Uruguay sigue inmerso en la impunidad impuesta desde la salida de la dictadura y, a pesar de las múltiples denuncias por crímenes de lesa humanidad realizadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos, investigaciones periodísticas y a través de familiares o de las propias víctimas, sólo se han judicializado 304 causas y apenas se procesó a 30 militares, policías o civiles, de los cuales nada más que 14 permanecen en una prisión.

SIN IMPUTAR

El 63% de los casos que llegaron a ser judicializados (180 causas), no ha pasado de la etapa del presumario; y en varios de estos casos las indagatorias judiciales recién han comenzado luego de años de "chicanas" jurídicas interpuestas por los abogados defensores de los imputables. Primero, por el reclamo de jurisdicción de la justicia militar, luego por el amparo de la propia Ley de Impunidad, le siguieron inconstitucionalidades de la ley interpretativa, y más tarde los reclamos de prescripción de los delitos. En algunos casos los jueces no han llegado a convocar a testigos y mucho menos a citar a un represor como testigo y mucho menos como imputado.

De 304 denuncias judiciales por crímenes de lesa humanidad, 180 causas (el 63 %) continúan en la etapa presumarial: 126 en los juzgados penales de Montevideo y 54 en los juzgados letrados del interior del país (1 en Carmelo, 3 en Colonia, 2 en Ciudad de la Costa, 2 en Las Piedras, 1 en Florida, 2 en Paysandú, 1 en Salto, 1 en Treinta y Tres, 1 en San José, 2 en Maldonado, 2 en Fray Bentos, 1 en Flores, 32 en Tacuarembó, 1 en Rivera, 1 en Libertad y 1 en Bella Unión). A ellas, hay que agregar 18 causas cuyo estado de situación no es claro, 19 que fueron acumuladas a otras causas, 3 que no figuran registradas y 2 en los que el juez declinó competencia...

Es decir que, luego de tres décadas de judicialización de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de terrorismo de Estado sufrido por Uruguay, durante la represión institucional (1968-1973) y por la dictadura cívico militar (1973-1985), únicamente 82 causas judiciales (menos del 30%) llegaron a algún tipo de definición. Y de ellas, para colmo, 66 denuncias (23 %) fueron archivadas.... Sólo en 10 casos (3 %) se alcanzó la etapa de sumario y apenas en 6 procesos (2 %) la justicia penal uruguaya llegó a establecer una sentencia de primera instancia.

Los datos surgen del seguimiento de causas judiciales que desde hace diez años realiza el Observatorio Luz Ibarburu (OLU), que en un comunicado hecho público en octubre, manifestó su preocupación "por la impunidad de la que goza la enorme mayoría de quienes han sido denunciados como presuntos autores, coautores, cómplices o encubridores de crímenes de lesa humanidad", reclamó que el Poder Judicial "adopte las medidas jurisdiccionales y administrativas" que le competen para amparar a las víctimas y advirtió que "la omisión e ineficiencia judicial hacen incurrir al Estado uruguayo en responsabilidad internacional" por incumplimiento de la Sentencia del Caso Gelman por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que en su dictamen, la CIDH "ordenó al Estado uruguayo que condujera las investigaciones de modo eficaz, en un plazo razonable y asegurando que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondiente ex officio" y expresó que "la obligación del Estado de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte intrínseca de su obligación de cumplir de buena fe con la Convención Americana y vincula a todos sus poderes y órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia..."

El Observatorio Luz Ibarburu denunció que constata la demora en los enjuiciamientos como una clara manifestación de denegación de justicia; que los jueces penales deben establecer mecanismos procesales para evitar que los recursos presentados se transformen en un factor dilatorio y de revictimización de los denunciantes; que para que los denunciados se constituyan judicialmente en "indagados" se requiere un acto de señalización específico, pero cada vez que un juez va a realizar la indagatoria, se ve obstaculizado por una nueva "incidencia" procesal; y la suspensión del proceso penal debe hacerse de manera fundada; por lo que reclamó a todos los jueces (letrados, de apelación y los propios ministros de la Corte) una actuación diligente, seria y eficiente, que no favorezcan la impunidad, la revictimización y el incumplimiento de los deberes del Estado.

En estos 30 años, a pesar de tanta dilatorias y maniobras de los impunes y de sus impunidores, 30 militares, policías y civiles, llegaron a ser procesados con prisión por la justicia penal uruguaya. Sin embargo, solo la mitad de ellos está cumpliendo la disposición judicial de un proceso tras las rejas (aunque ninguna de las cárceles especiales en las que están detenidos tiene en realidad barrotes de hierro). Seis de los procesados fallecieron, a cuatro los "desprocesaron" y liberaron, a uno lo excarcelaron en forma anticipada, a otros cuatro les concedieron el privilegio de la prisión domiciliaria y uno permanece en el Hospital Militar.

SIN PENAS

Al coronel Juan Carlos Gómez, inicialmente procesado por el homicidio de Roberto "Tito" Gomensoro Josman en marzo de 1973, le fueron retirado los cargos luego de un extraño "enroque" por el que una vez sustituidos la jueza (Lilián Elhorriburu por Karen Cuadrado Fernández Chávez) y fiscal (Graciela Peraza Furlán por Fernando Pérez D'auria) en el Juzgado de Paso de los Toros, surgió un testimonio que descalificó al testigo de cargo de la causa e hizo caer la imputación sobre el militar apodado "Carretilla de Plata". Como él, también resultó sobreseído el coronel José Nino Gavazzo y el caso Gomensoro volvió a quedar impune.

Otro tanto sucedió con el coronel Walter Gulla, director del Penal de Libertad en 1981 cuando se produjo la muerte por "suicidio" del recluso Horacio Ramos. El juez penal de 3ª Turno, Ruben Saravia y la fiscal de 2º Turno Mirtha Guianze habían considerado que existía responsabilidad de Gulla en lo que caratularon como "Homicidio", pero el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno (creado especialmente para pronunciarse sobre casos de derechos humanos, e integrado por Ángel Cal Shabán, Alfredo Gómez Tedeschi y Jorge Antonio Catenaccio Alonso), consideró que no había elementos de prueba y Gulla fue liberado.

El propio Tribunal de Apelaciones de 4ª Turno (ahora integrado por Ángel Cal, Jorge Cantenaccio y Luis Charles) también fue el que propició la libertad del policía Juan Ricardo Zabala, imputado por el Juez Penal de 1ª Turno, Juan Fernández Lecchini, como cómplice del homicidio muy especialmente agravado del maestro Julio Castro en agosto de 1977. Sin embargo, el tribunal de alzada, entendió que Zabala solo había cumplido la orden de detención como funcionario del SID. La muerte y desaparición de Julio Castro volvió a quedar impune y el caso sería derivado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Una vez más, fue el Tribunal de Apelaciones de 4ª Turno, integrado por Luis Charles, Ángel Cal y la incorporada Gabriela Merialdo, quien decidió "desprocesar" al ex tupamaro Héctor Amodio Pérez, a quien la jueza penal de 16ª turno, Julia Staricco y la fiscal Estela Llorente, había procesado por su responsabilidad en las detenciones sufridas por varios de sus ex compañeros por la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) luego que el "felón" aceptara "ordenar los papeles" al coronel Armando Méndez durante 1972. Amodio -que pasó casi un año en prisión domiciliaria- quedó libre, pero el caso fue apelado y debe permanecer en el país.

Asesino del estudiante Ramón Peré en julio de 1973, el coronel Tranquilino Machado fue excarcelado anticipadamente en octubre de 2014 en otra polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró que el militar había cumplido los dos tercios de la condena de cuatro años de prisión que por un delito de homicidio le había imputado el juez penal de 3° Turno, Ruben Saravia, a pedido del fiscal Juan Gómez. Lo curioso, es que la propia Corte había admitido poco antes una decisión del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno, que esta vez había rechazado un pedido de prescripción del delito por parte del abogado defensor Miguel Langón (ex Fiscal de Corte), al establecer que no se podía contabilizar los años de vigencia de la Ley de Caducidad. El crimen no prescribió, pero la Suprema Corte terminó liberando al criminal.

A esta serie, se podría agregar el caso de la policía María Lemos, quien venía siendo indagada por el caso de la muerte con vinos envenenados de Cecilia Fontana de Heber en agosto de 1978, pero cuando la jueza penal de 9ª Turno Gabriela Merialdo (ahora el el Tribunal de Apelaciones de 4ª Turno) evaluaba las pruebas caligráficas que la inculpaban, presentadas por el director de Policía Técnica, Inspector Principal Roberto de los Santos, se produjo una extraña intervención del propio sub jefe de Policía de Montevideo, Inspector Washington Curbelo, quien descalificó las pruebas contra la hermana de su ex compañero de trabajo comisario Víctor "Beto" Lemos (ex Director de Hurtos y Rapiñas). Curbelo fue el perito que dio por verdadera la falsa foto del científico chileno Eugenio Berríos en Italia con la que se cerró una interpelación al canciller Sergio Abreu en 1992 y también fue el calígrafo que consideró falsa la firma auténtica de Walter Estellano cuando por el Caso Focoex el parlamento terminó sancionando al denunciante, diputado frenteamplista Leonardo Nicolini.

SIN GLORIA

Efectivamente presos, se encuentran los policías Nelson Bardesio y Pedro Fleitas, integrantes del Escuadrón de la Muerte que en 1971 fue responsable del secuestro y desaparición de Abel Ayala y Héctor Castagnetto, y del homicidio de Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez. Bardesio fue detenido y extraditado desde Argentina (donde lo encontró un equipo periodístico del semanario Brecha) y, como el Inspector Fleitas, terminó procesado por homicidio especialmente agravado según dispuso la jueza penal de 8° Turno, Graciela Eustachio a pedido del fiscal Juan Gómez, quien aceptó lo que había solicitado su antecesor el fiscal Ricardo Perciballe (desplazado a la órbita civil por el Dr. Jorge Díaz apenas llegó a asumir como Fiscal de Corte) quien también había reclamado la cárcel para el policía Jorge Grau Saint Laurent (fallecido) y para el civil Miguel Sofía, hoy prófugo de Interpol.

El coronel Arturo Aguirre también continúa encarcelado, luego de haber sido procesado por el juez penal de 4° Turno, Eduardo Pereyra Suárez, quien le imputó el delito de homicidio especialmente agravado sobre Gerardo Alter durante un interrogatorio en el Batallón Florida en 1973. Junto a él, fue procesado el capitán Alberto Gómez Graña, quien falleció en prisión en 2013, y se pidió la captura internacional del coronel Hermes Tarigo, quien huyó del país. El coronel José Puigvert, es el único de los asesinos de Aldo Perrini que está preso. La muerte del heladero de Carmelo en marzo de 1974 en el Batallón N° 4 de Colonia, también implicaba al general Pedro Barneix, quien se suicidó, y a los coroneles José "el francés" Baudean y Washington Perdomo, que fallecieron antes de que la jueza penal de 7° Turno, Beatriz Larrieu de las Carreras y la fiscal Ana María Telechea tomaran resolución en una causa que había sufrido todo tipo de dilatorias en cada intento de indagatoria de la magistrado antecesora, Mariana Mota, quien sufrió fuertes presiones del sector militar, político y judicial. Mota, finalmente, fue trasladada a un juzgado civil por la Suprema Corte de Justicia antes de poder dar su dictamen sobre el caso.

El coronel aviador Enrique Rivero Ugartemendía cumple la pena de prisión que se le impuso por el homicidio, en julio 1976, de Ubagesner Cháves Sosa, cuyo cuerpo, enterrado en una fosa clandestina en una chacra de Pando, fue recuperado en noviembre de 2005. La jueza actuante, Mariana Mota, también procesó por ese crimen al coronel (av.) José Uruguay Araújo Umpiérrez. Enrique Rivero, había sido procesado por la muerte de Horacio Ramos en 1981, pero fue absuelto de ese crimen por la Suprema Corte de Justicia. También se encuentra preso el coronel Asencio Lucero, procesado por la jueza penal de 1° Turno, Julia Staricco, quien a pedido del fiscal Carlos Negro le imputó reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados por su participación en crímenes de lesa humanidad sobre un grupo de presas políticas que denunció la violencia sexual como práctica de tortura en el Regimiento de Caballería N° 9, donde el reo era capitán a cargo del S2 (Inteligencia).

La cárcel de Domingo Arena fue creada para alojar al primer grupo de militares encarcelados por sus crímenes durante la dictadura. Allí se encuentran los ex coroneles José "el turco" Arab, Luis Maurente, Jorge "Pajarito" Silveira y Gilberto Vázquez, con los ex policías Ricardo "Conejo" Medina y José Sande Lima, y el ex soldado Ernesto "Drácula" Soca. Todos ellos responsables del traslado y desaparición de los uruguayos militantes del partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) secuestrados en Buenos Aires, recluidos en el centro clandestino de detención (CCD) Automotores Orletti y trasladados a Uruguay en el denominado "segundo vuelo", quienes tras permanecer en el "pozo" conocido como "300 Carlos", fueron ejecutados y enterrados en una unidad militar. La "patota" del Servicio de Información y Defensa (SID), procesada por el entonces juez penal de 19° Turno Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze, también incluye a los coroneles José Nino Gavazzo y Ernesto Ramas, quienes hoy gozan de prisión domiciliaria.

El propio juez Charles, con el ministerio público de Guianze, también actuó en la causa de los secuestros en 1977 de otro grupo de uruguayos, militantes del GAU, el PCR y el MLN, quienes recluidos en los "pozos" de Banfield y Quilmes en Buenos Aires, fueron traídos por mar, aire y tierra a Uruguay donde los ejecutaron y desaparecieron. Por ese crimen de lesa humanidad fue procesado y continúa preso el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau, uno de los comandantes de Fusileros Navales (FUSNA), unidad de la Armada uruguaya que participó en esa etapa de la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor. Por el caso, también fue encarcelado el dictador Gregorio "Goyo" Álvarez y se fugó a Italia el capitán de navío Jorge Tróccoli, cuya cadena perpetua fue solicitada por el fiscal Giancarlo Capaldo en el juicio internacional al "Plan Cóndor" que se viene instruyendo en Roma.

Quien ya se encuentra preso en el exterior es el coronel Manuel Cordero Piacentini, quien fue requerido por la justicia uruguaya en 2002 por apología de la tortura y huyó a Brasil donde se radicó hasta que, luego de un largo proceso, la justicia brasileña otorgó su extradición a Argentina, cuya justicia había pedido su captura para enjuiciarlo en el marco de la megacausa contra el Plan Cóndor. Finalmente, Cordero fue sentenciado a 25 años de prisión, castigo que cumple en la Unidad 3, cerca del aeropuerto de Ezeiza. Cordero esta implicado en varias de las causas que se juzgan en Uruguay y particularmente en el homicidio por torturas de Iván Morales Generalli en noviembre de 1974.

Cumplen condena en Chile, luego de ser extraditados en 2006, los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Willington Sarli, implicados en el homicidio del agente chileno Eugenio Berríos, desaparecido en 1992 y cuyo cuerpo fue encontrado en una duna de El Pinar en 1995. Berríos, científico que experimentaba con gas sarín para la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), había sido "escondido" en Uruguay cuando se comenzó a investigar judicialmente el homicidio del ex canciller Orlando Letelier y se había llegado a una conexión con el agente norteamericano Michael Townley, que comprometía a la dictadura del general Augusto Pinochet.

SIN REJAS

El ex comandante en jefe del Ejército, general Gregorio Álvarez se encuentra internado en el Hospital Militar, luego de sufrir un accidente cerebro vascular. Desde 2007 cumplía prisión por reiterados delitos de desaparición forzada que le tipificó el juez Luis Charles en el caso en que fue encarcelado junto al naval Juan Larcebeau. El "Goyo" también había sido procesado por la muerte del tupamaro Roberto Luzardo en 1973, pero el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno, consideró que el ex dictador no era imputable de ese delito. Álvarez permanece impune de otros crímenes. Tampoco está tras las rejas José Uruguay Araújo Umpiérrez, alias "Paleta Quemada", procesado por el homicidio y desaparición de Ubagesner Chávez Sosa. Araújo Umpiérrez, miembro del SID también fue coordinador del "segundo vuelo" de Orletti por el que en 1976 se trasladó ilegalmente a 22 uruguayos desde Argentina para hacerlos desaparecer en nuestro país y cuyos restos aún no han sido encontrados. El aviador fue el primer represor en recibir la prisión domiciliaria.

De similar reclusión hogareña disfrutan los septuagenarios torturadores Ernesto Ramas y José Nino Gavazzo Pereira. Ramas, alias "El Tordillo", implicado en los crímenes de la OCOA y el SID en 1976, hace diez años está "grave" y siempre permaneció en el Hospital Militar sin pasar una noche en la cárcel y ahora logró radicarse en una casita de Piriápolis donde no utiliza tobillera y nadie controla sus movimientos. El delincuente (tiene antecedentes por estafa) Gavazzo, ha sido culpado de los crímenes de Orletti en Argentina y de la desaparición de María Claudia García de Gelman, cuya hija Macarena, nacida en cautiverio en 1976 fue entregada a la familia de un policía hasta recuperar su identidad en el año 2000. Ramas y Gavazzo han sido escrachados en sus domicilios. Por una manifestación ante su casa Gavazzo no pudo asistir al cumpleaños de su nieta, visita a la que había sido autorizado por el juez ejecutante Martín Gesto, quien otorgó a ambos el beneficio de la domiciliaria, pese a lo que establece el Artículo 9 de la Ley 17.897.

Otro que, luego de permanecer preso en Cárcel Central durante varios años, cumple actualmente la pena en su casa es el ex canciller Juan Carlos Blanco Estradé, al que el juez Eduardo Cavalli culpó en el año 2002 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada de los jardines de la embajada de Venezuela en 1976. El ex senador también fue imputado en 2006 por los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires en mayo de 1976. En ese caso, Blanco fue procesado junto al ex dictador Juan María Bordaberry, fallecido en 2011 en su domicilio, quien también había sido encausado por los delitos de atentado a la Constitución, los homicidios de Chavez Sosa y Fernando Miranda, y las desapariciones forzadas de Luis E. González, Juan M. Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermin Montes de Oca, Horacio Gelós Bonilla, José Arpino Vega y Eduardo Pérez Silveira.

Un caso particular es el del coronel Antranig Ohannessian, gerente en seguridad de los bienes de la "princesa" Laetita D'Arengerg (Tambo La Pataia). Fue detenido dos veces para su extradición a Italia y en ambas ocasiones fue liberado por que se cumplieron los plazos y no se confirmó el reclamo judicial. La primera vez fue en marzo de 2008 en Buenos Aires y la justicia argentina terminó soltándolo. La segunda, fue en agosto de 2013, cuando lo arrestaron en un edificio frente al puertito del Buceo. El caso quedó en manos de Penal 20, a cargo del juez Alejandro Guido y tenía el visto bueno de la fiscal Ana María Tellechea, pero la extradición del "turco" no se confirmó. Causas locales lo comprometen. Se desconoce su paradero.

También fallecieron los dos militares procesados por el homicidio por torturas en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray: el general Miguel Dalmao (enjuiciado en actividad) y José Chialanza, ambos estuvieron presos en la cárcel especial construida en la sede de Granaderos. El mismo final tuvo el asesino de Gerardo Alter en 1973, coronel Alberto Gómez Graña; y por enfermedad murió el coronel Carlos Calcagno, quien llegó a estar encarcelado por la desaparición en 1977 de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana a quienes fue a buscar hasta Paraguay donde habían sido detenidos. Otros dos militares que murieron en el proceso de sus juicios por crímenes de lesa humanidad fueron el general Pedro Barneix, responsable de la muerte de Aldo Perrini en 1974, y el coronel Juan Rodríguez Buratti, implicado en los crímenes del SID en 1976. Ambos se suicidaron en sus respectivos domicilios cuando la policía fue a arrestarlos.

Tampoco están tras las rejas un grupo de militares, policías y civiles que se escaparon del país cuando las causas judiciales parecían comprometerlos o fueron públicamente denunciados. Al igual que Jorge Tróccoli y Manuel Cordero, ostentan el rótulo de "prófugos" el coronel Hermes Tarigo, requerido internacionalmente por el homicidio de Gerardo Alter; el coronel Pedro Mato Narbondo, citado como indagado por la muerte bajo torturas de Luis Batalla en 1972; y el empresario Miguel Sofía, implicado en los crímenes del Escuadrón de la Muerte antes de la dictadura cívico militar. Tarigo estaría radicado en España, Mato vive en la ciudad de Livramento (Calle Concesso Cassales 232, Barrio Jardín) y Sofía se refugió en Miami, Florida.

En la misma situación ya se incluye al torturador Jorge "Charleta" Guldenzoph, miembro de la Secta Moon y ex comunista cooptado por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de la Policía, quien al encontrarse denunciado en una causa por torturas desapareció del país. El ex agente y ex director del Ultimas Noticias, es hoy presidente de la Conferencia del Liderazgo del Uruguay, y cuenta con la protección internacional de la Global Peace Foundation y de Misión Presidencial Latinoamericana, organización que integra el ex presidente Luis Alberto Lacalle.

Hay otros dos casos de promitentes prófugos. El del también colaborador de la dictadura, Ariel Horacio Ricci Cabezas, al que denunció judicialmente su propio hijo, Camilo Marabotto, quien logró ubicar a su padre biológico en una playa de Buzios, donde se presenta como maestro de yoga. Y el del comisario Herman Friguerio González, señalado por la prensa como quien entregó las botellas de vinos envenenados que provocaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber. Friguerio, cuyo carné de policía utilizaba el coronel Gilberto Vázquez cuando protagonizó una fuga desde el Hospital Militar en 2006, se mudó a Porto Alegre, donde buscaba trabajo.

SIN JUSTICIA

A 30 años de la Ley de Caducidad, tampoco están presos ni encausados algunos de los más conocidos represores de la dictadura: el coronel Armando Méndez, ex jefe de la OCOA fue señalado por el soldado desertor Hugo García Rivas (actualmente exiliado en Noruega) como responsable de la muerte del sindicalista Humberto Pascaretta en 1974. Por el contrario, devenido en un exitoso empresario del área de seguridad, a Méndez le otorgaron la terciarización de la operativa de tasaciones de vehículos del propio Banco de Seguros del Estado (BSE).

Semejante impunidad también la usufructúan los coroneles Eduardo Ferro (llegó a ser asesor de dirigentes políticos y gerente de un hotel en Punta del Este), Glauco Yannone (es profesor de historia en la Escuela Militar y recibió por Uruguay el Premio Nobel de la Paz otorgado a los cascos azules de la ONU) y Carlos Rossell. Los tres comandaron el famoso secuestro en Porto Alegre de los uruguayos Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez en 1978, caso por el que se conoció la coordinación represiva del Plan Cóndor.

Pero no son los únicos impunes: también lo es el mayor Enrique "El Zapato" Mangini, confirmado partícipe del grupo armado de la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) que asesinó al estudiante Santiago Rodríguez Muela en 1972; como los coroneles Lawrie Rodríguez y Victoriano Vázquez, asesinos del estudiante Hugo Leonardo De los Santos en 1973; o los ex militares Alberto Ballestrino hijo (hoy pastor en Maldonado), Gustavo Mieres Ultra (dirigente del Club Tacuarembó de Fútbol) y Daniel Blanco Fanocchio (posiblemente en el exterior), quienes asesinaron a Oscar Fernández Mendieta en 1973; o el coronel Sergio Coubarrere y el médico Eduardo Saiz, pasean por Fray Bentos pese a matar al médico Vladimir Roslik; como siguen impunes los marinos denunciados por Daniel Rey Piuma y los pilotos de los vuelos que en 1976 trajeron a los uruguayos de Orletti: Enrique Bonelli y Juan Pedro Malaquín, ahora convertido en líder de los militares jubilados que reclaman mantener los beneficios (otra impunidad) de la deficitaria Caja Militar.

También permanecen sin verdad, sin justicia y sin castigo los militares y policías que actuaron en todos los casos denunciados judicialmente, desde el secuestro de Antonio Viana Acosta, el asesinato de las "Pibas de Abril", la desaparición de Washington Barrios, la ejecución de los Fusilados de Soca, la Operación Morgan contra el Partido Comunista y el paradero de todos sus dirigentes desaparecidos, el secuestro de Nibio Melo y Wiston Mazzucchi, las fosas de los ejecutados del segundo vuelo y de los terceros traslados, como del matrimonio Logares-Grispón o de la familia Severo, o las desapariciones de Juan Soca, Félix Ortiz, Omar Paitta, Urano Miranda o Miguel Mato Fagián; y todos los represores denunciados en el Informe Benedetti, elaborado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, que profundiza en los casos de muertes por tortura durante la dictadura de Bordaberry.

Mientras tanto, dos actos de policías y militares retirados evidenciaron en los últimos meses que la falta de verdad y justicia sobre las violaciones de los derechos humanos por el terrorismo de Estado no solo mantiene impunes a los represores, sino que permite la reivindicación de aquellos actos. El Circulo Policial del Uruguay, en su aniversario, hizo un "desagravio" al inspector Víctor Castiglioni y volvió a colocar en su sede una placa recordatoria del torturador que había sido retirada de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII); mientras que en la ciudad de Florida, al cerrar el V Encuentro Nacional de Militares Retirados, el coronel Ruben Hartamnn hizo una afirmación con visos de amenaza: "Firmes y dignos, que esa consigna sea el centinela de nuestro proceder. Ojalá que al terminar esta jornada todos nos vayamos con una sonrisa y la alegría de habernos reencontrado. Muchas gracias y, por ahora, empezamos a volver"...

Treinta años después de su aprobación y aunque nunca fue formalmente derogada, la Ley de Caducidad no se aplica, en la medida en que él único artículo "constitucional" de la llamada "Ley interpretativa" (18.831) devolvió la "pretensión punitiva" al Estado, y a partir de la resolución por la que el presidente José Mujica anuló todos los actos administrativos con los que sus predecesores ampararon causas judiciales a la Ley 15.848. La caducidad ya no existe, pero perdura la cultura de impunidad que generó.

Roger Rodríguez

(Periodista)

(PUBLICADO EN "DERECHOS HUMANOS EN EL URUGUAY - INFORME 2016" DE SERPAJ)

El 22 de diciembre 2016, al cumplirse 30 años de la aprobación de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Uruguay sigue inmerso en la impunidad impuesta desde la salida de la dictadura y, a pesar de las múltiples denuncias por crímenes de lesa humanidad realizadas por organizaciones

Informe en Derechos Humanos 2016 by Alberto Cabrera on Scribd