“Inexorable” (según la Rae: “que no se deja vencer con ruegos”)
15 diciembre 2017
Reiterar que la reestructura del Banco
República “no tiene marcha atrás” y que el proceso es “inexorable” tiene
un alto costo político, como reveló la asistencia del ministro de
Economía y del directorio del banco a la comisión de Diputados.
En menos de 24 horas el poder político debió inclinarse dos veces ante el criterio del ministro de Economía, pero en ambas el triunfo suena algo pírrico. La solución a la cuestión de los cincuentones –que se analiza en estas páginas– tuvo un alto costo: Astori debió ceder a la mitad de sus pretensiones después de amenazar con la renuncia de todo el equipo económico si no se aceptaba el 100 por ciento de su reclamo. Y en la cuestión del desguace del Banco República –que lo es, por más que lo vistan de seda– el ministro utilizó un adjetivo desafortunado para arrear con el poncho: la reestructura del banco es “inexorable” (según la Rae: “que no se deja vencer con ruegos”) y eso porque, antes que nada –explicó–, es una “cuestión política”; no aclaró qué objetivo político concreto está detrás de la reestructura del Brou.
A partir de esos dos conceptos, la reunión de la Cámara de Diputados, en régimen de comisión general, fue un festival para la oposición. Y si bien la actitud del oficialismo reveló que la coherencia se entiende como acatamiento, el costo para el gobierno y para el eventual candidato a presidente fue altísimo. Por una vez –y hay que saludarlo como un hecho memorable– el recinto parlamentario fue la caja de resonancia de la gente, en este caso la gente más ignorada, los vecinos de los pequeños pueblos, en su mayoría del Interior profundo: Tranqueras, Conchillas, Quebracho, Palmitas, La Paz (Colonia), Corrales, Guichón, Juan Lacaze, Constitución, Vichadero, Baltasar Brum, Vergara…
Los relatos de los diputados del Interior que se erigieron en voceros de los vecinos se sumaron como cuentas de un rosario a lo largo de seis horas de debate. La reiteración de anécdotas y situaciones vividas desmenuzó las miserias evitables de pobladores que se quedan sin cajero automático (porque se rompe o no tiene dinero), que tienen que viajar 30 quilómetros para hacer un depósito, que no encuentran un gerente que autorice determinados trámites, que deben esperar días para que reabra el banco. Los frenteamplistas que siguieron el debate en las barras o por televisión asistieron horrorizados a las intervenciones de algunos diputados oficialistas que apelaron a la retórica cantinflesca para decir que no pero que sí, o que apelaron a “velar por el bien superior”, o que no tuvieron mejor recurso que recordar los viejos escándalos de los bancos fundidos para justificar este desguace, como si, en esencia, aquellos “salvatajes” blancos y colorados y estas “modernizaciones” frenteamplistas no tuvieran una misma raíz privatizadora.
Frente a la reiteración de los testimonios y vivencias de los pobladores del Interior afectados por la “reestructura” –que implica cierres parciales de sucursales, cierres a secas o la degradación a la condición de “microbanca”–, el ministro y el presidente del Banco República, Jorge Polgar, se aferraron a un discurso que los alejaba más de la gente, para beneplácito de los diputados del Interior, principalmente blancos, a los que se les hacía el campo orégano. El ministro, por ejemplo, contrarrestó las críticas afirmando que las finanzas del banco crecían, a modo de bálsamo espiritual para los que sufren la reestructura en los pequeños poblados del Interior. Polgar, por su parte, atajó las críticas diciendo que la tecnología va más rápido que la historia y, al parecer, la sumisión a la tecnología es también inexorable. Un diputado nacionalista que prefirió no enfrentar el credo tecnológico planteó, no obstante, que había que ver si parte de esa tecnología no se podía desarrollar en casa. De ninguna manera: el nuevo core bancario que está en proceso, y que Polgar describió como el nirvana tecnológico, es algo que sólo pueden encarar los más grandes; de todas formas, apuntó la oposición, eso es en los hechos privatizar aspectos esenciales de la operativa bancaria. El ministro descartó el concepto de privatización y explicó someramente que el costado político tiene que ver con la inclusión financiera, otro dogma inexorable.
Entre paréntesis, todos aquellos aspectos no vinculados al cierre parcial de sucursales fueron abordados muy tangencialmente por la oposición, y sólo se señaló, en una especie de nota al pie, que el pase a privados de la tarea de análisis de créditos era como “trabajar de los dos lados del mostrador”; o bien se señaló que la mención al desvío de ciertas tareas a “corresponsales” (que el banco utiliza desde hace años, aclaró Polgar, como si el pecado se convirtiera en virtud por el mero paso del tiempo) era admitir otra forma de privatización. Y el papel de los corresponsales, a los que se les paga un millón y medio de dólares mensuales, revela la inconsistencia del argumento según el cual los cierres parciales de sucursales obedecen a la poca operativa en ciertos lugares o la supresión de ventanillas de caja. “¿Por qué el privado se instala en un lugar donde no hay negocios?”, apuntaron representantes de la oposición, pero la pregunta quedó como retórica parlamentaria.
Sólo algunos diputados señalaron el hecho de que el conjunto de las medidas de “estrategia 20 20” –como definió Polgar– terminan beneficiando al sector financiero privado. Ni el ministro ni Polgar explicaron por qué el Banco República resignó el negocio de la financiación hipotecaria o la financiación de la compra de vehículos, como reclamó un legislador; y tampoco respondieron a las demandas de una diputada coloniense, quien cuestionó la base de la “buena salud” financiera del banco recordando que la mayor parte de los ingresos provienen de préstamos sociales, utilizados por trabajadores y jubilados que pagan un interés del 30 por ciento cuando la inflación es del 10 por ciento.
Los cuestionamientos de la oposición a la reestructura bancaria quedarán como alimento del canibalismo electoral; no parece haber fuerza parlamentaria para frenarla. Por eso un diputado oficialista señaló, como al pasar, que el problema será resuelto en ese mecanismo “ejemplar a nivel latinoamericano”: la negociación tripartita, en este caso el gobierno, el directorio del Brou y los trabajadores bancarios. Lo que no mencionó el legislador son los esfuerzos conjuntos de Aebu y de la bancada frenteamplista para desplazar el eje de la conducción del conflicto sindical. Este conflicto, protagonizado por los bancarios del Brou, que recrudeció en los últimos meses con ocupaciones de sucursales, enfrentó también la oposición de la mayoría de los dirigentes de Aebu Central y del Consejo de Banca Privada, que insólitamente defendieron a rajatabla al directorio del banco. La consecuencia fue que, en medio del conflicto, los llamados “sectores radicales” conquistaron la mayoría, en elecciones, del Consejo de Banca Oficial. Fue por ello que, para establecer nuevas estrategias, los dirigentes sindicales “frenteamplistas” se reunieron con la bancada oficialista, analizando alternativas; no fueron invitados los dirigentes que se oponen a la reestructura.
El llamado a comisión general transcurrió bajo el paraguas de buenas maneras casi versallescas: el ministro agradeció efusivamente haber sido invitado a exponer, y no hubo diputado que no iniciara su intervención agradeciendo la presencia de los representantes del Ejecutivo. Hubo sólo un timbre discordante, un falsete de mal gusto: un diputado oficialista, el único que se manifestó explícitamente en contra de la reestructura, denunció que uno de los directores del Banco República integra una empresa que había acordado licitaciones con el banco. El ministro dijo “sentirse obligado” a rechazar “de la forma más tajante y enérgica” cualquier insinuación en ese sentido. Y ahí quedó la cosa.
A cierta altura del debate varios diputados de la oposición pidieron, rogaron, al equipo económico que detuviera la reestructura, al menos para el Interior de la República. El ministro volvió a declarar que la reestructura “no tiene marcha atrás”, que es “inexorable”: los legisladores no tenían presente que la inexorabilidad es a prueba de ruegos.
En menos de 24 horas el poder político debió inclinarse dos veces ante el criterio del ministro de Economía, pero en ambas el triunfo suena algo pírrico. La solución a la cuestión de los cincuentones –que se analiza en estas páginas– tuvo un alto costo: Astori debió ceder a la mitad de sus pretensiones después de amenazar con la renuncia de todo el equipo económico si no se aceptaba el 100 por ciento de su reclamo. Y en la cuestión del desguace del Banco República –que lo es, por más que lo vistan de seda– el ministro utilizó un adjetivo desafortunado para arrear con el poncho: la reestructura del banco es “inexorable” (según la Rae: “que no se deja vencer con ruegos”) y eso porque, antes que nada –explicó–, es una “cuestión política”; no aclaró qué objetivo político concreto está detrás de la reestructura del Brou.
A partir de esos dos conceptos, la reunión de la Cámara de Diputados, en régimen de comisión general, fue un festival para la oposición. Y si bien la actitud del oficialismo reveló que la coherencia se entiende como acatamiento, el costo para el gobierno y para el eventual candidato a presidente fue altísimo. Por una vez –y hay que saludarlo como un hecho memorable– el recinto parlamentario fue la caja de resonancia de la gente, en este caso la gente más ignorada, los vecinos de los pequeños pueblos, en su mayoría del Interior profundo: Tranqueras, Conchillas, Quebracho, Palmitas, La Paz (Colonia), Corrales, Guichón, Juan Lacaze, Constitución, Vichadero, Baltasar Brum, Vergara…
Los relatos de los diputados del Interior que se erigieron en voceros de los vecinos se sumaron como cuentas de un rosario a lo largo de seis horas de debate. La reiteración de anécdotas y situaciones vividas desmenuzó las miserias evitables de pobladores que se quedan sin cajero automático (porque se rompe o no tiene dinero), que tienen que viajar 30 quilómetros para hacer un depósito, que no encuentran un gerente que autorice determinados trámites, que deben esperar días para que reabra el banco. Los frenteamplistas que siguieron el debate en las barras o por televisión asistieron horrorizados a las intervenciones de algunos diputados oficialistas que apelaron a la retórica cantinflesca para decir que no pero que sí, o que apelaron a “velar por el bien superior”, o que no tuvieron mejor recurso que recordar los viejos escándalos de los bancos fundidos para justificar este desguace, como si, en esencia, aquellos “salvatajes” blancos y colorados y estas “modernizaciones” frenteamplistas no tuvieran una misma raíz privatizadora.
Frente a la reiteración de los testimonios y vivencias de los pobladores del Interior afectados por la “reestructura” –que implica cierres parciales de sucursales, cierres a secas o la degradación a la condición de “microbanca”–, el ministro y el presidente del Banco República, Jorge Polgar, se aferraron a un discurso que los alejaba más de la gente, para beneplácito de los diputados del Interior, principalmente blancos, a los que se les hacía el campo orégano. El ministro, por ejemplo, contrarrestó las críticas afirmando que las finanzas del banco crecían, a modo de bálsamo espiritual para los que sufren la reestructura en los pequeños poblados del Interior. Polgar, por su parte, atajó las críticas diciendo que la tecnología va más rápido que la historia y, al parecer, la sumisión a la tecnología es también inexorable. Un diputado nacionalista que prefirió no enfrentar el credo tecnológico planteó, no obstante, que había que ver si parte de esa tecnología no se podía desarrollar en casa. De ninguna manera: el nuevo core bancario que está en proceso, y que Polgar describió como el nirvana tecnológico, es algo que sólo pueden encarar los más grandes; de todas formas, apuntó la oposición, eso es en los hechos privatizar aspectos esenciales de la operativa bancaria. El ministro descartó el concepto de privatización y explicó someramente que el costado político tiene que ver con la inclusión financiera, otro dogma inexorable.
Entre paréntesis, todos aquellos aspectos no vinculados al cierre parcial de sucursales fueron abordados muy tangencialmente por la oposición, y sólo se señaló, en una especie de nota al pie, que el pase a privados de la tarea de análisis de créditos era como “trabajar de los dos lados del mostrador”; o bien se señaló que la mención al desvío de ciertas tareas a “corresponsales” (que el banco utiliza desde hace años, aclaró Polgar, como si el pecado se convirtiera en virtud por el mero paso del tiempo) era admitir otra forma de privatización. Y el papel de los corresponsales, a los que se les paga un millón y medio de dólares mensuales, revela la inconsistencia del argumento según el cual los cierres parciales de sucursales obedecen a la poca operativa en ciertos lugares o la supresión de ventanillas de caja. “¿Por qué el privado se instala en un lugar donde no hay negocios?”, apuntaron representantes de la oposición, pero la pregunta quedó como retórica parlamentaria.
Sólo algunos diputados señalaron el hecho de que el conjunto de las medidas de “estrategia 20 20” –como definió Polgar– terminan beneficiando al sector financiero privado. Ni el ministro ni Polgar explicaron por qué el Banco República resignó el negocio de la financiación hipotecaria o la financiación de la compra de vehículos, como reclamó un legislador; y tampoco respondieron a las demandas de una diputada coloniense, quien cuestionó la base de la “buena salud” financiera del banco recordando que la mayor parte de los ingresos provienen de préstamos sociales, utilizados por trabajadores y jubilados que pagan un interés del 30 por ciento cuando la inflación es del 10 por ciento.
Los cuestionamientos de la oposición a la reestructura bancaria quedarán como alimento del canibalismo electoral; no parece haber fuerza parlamentaria para frenarla. Por eso un diputado oficialista señaló, como al pasar, que el problema será resuelto en ese mecanismo “ejemplar a nivel latinoamericano”: la negociación tripartita, en este caso el gobierno, el directorio del Brou y los trabajadores bancarios. Lo que no mencionó el legislador son los esfuerzos conjuntos de Aebu y de la bancada frenteamplista para desplazar el eje de la conducción del conflicto sindical. Este conflicto, protagonizado por los bancarios del Brou, que recrudeció en los últimos meses con ocupaciones de sucursales, enfrentó también la oposición de la mayoría de los dirigentes de Aebu Central y del Consejo de Banca Privada, que insólitamente defendieron a rajatabla al directorio del banco. La consecuencia fue que, en medio del conflicto, los llamados “sectores radicales” conquistaron la mayoría, en elecciones, del Consejo de Banca Oficial. Fue por ello que, para establecer nuevas estrategias, los dirigentes sindicales “frenteamplistas” se reunieron con la bancada oficialista, analizando alternativas; no fueron invitados los dirigentes que se oponen a la reestructura.
El llamado a comisión general transcurrió bajo el paraguas de buenas maneras casi versallescas: el ministro agradeció efusivamente haber sido invitado a exponer, y no hubo diputado que no iniciara su intervención agradeciendo la presencia de los representantes del Ejecutivo. Hubo sólo un timbre discordante, un falsete de mal gusto: un diputado oficialista, el único que se manifestó explícitamente en contra de la reestructura, denunció que uno de los directores del Banco República integra una empresa que había acordado licitaciones con el banco. El ministro dijo “sentirse obligado” a rechazar “de la forma más tajante y enérgica” cualquier insinuación en ese sentido. Y ahí quedó la cosa.
A cierta altura del debate varios diputados de la oposición pidieron, rogaron, al equipo económico que detuviera la reestructura, al menos para el Interior de la República. El ministro volvió a declarar que la reestructura “no tiene marcha atrás”, que es “inexorable”: los legisladores no tenían presente que la inexorabilidad es a prueba de ruegos.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado