>>> Entrevista a Gabriel Oyhantçabal
Se extiende el reconocimiento del retraso de la cotización del dólar en Uruguay respecto a los precios de bienes de consumo.
El concepto es
siempre discutible, ya que depende del punto de comparación. Sin embargo
es notorio que los precios medidos en dólares en Uruguay se encuentran
por encima de la mayor parte de los países latinoamericanos y su
incremento se acentúa en los comienzos del 2018.
En una economía
exportadora de productos primarios, absolutamente abierta, cuyos
mercados locales son controlados por poderosos grupos económicos las
emisiones de letras de regulación monetaria del BCU tendientes a reducir
la cotización de la divisa implican enormes dificultades productivas
que se visualizan especialmente en la reducción de fuentes de trabajo.
La historia demuestra además diversos límites a este tipo de estrategias.
Limites económicos.
Los sectores
volcados al mercado interno soportan mayor competencia de productos
importados subsidiados de hecho por el Banco Central del Uruguayi
mediante emisiones constantes de deuda pública en pesos evitando que
moneda local se vuelque a la compra de dólares y aumente su cotización.
En momentos de
fuerte endeudamiento privado y gran concentración de riquezas tienden a
disminuir las ventas locales. Las cadenas exportadoras pierden capacidad
de competencia en mercados internacionales y se reducen sus ingresos en
moneda nacional por el retraso del tipo de cambio. Estos factores
afectan negativamente la actividad económica
Límites financieros y fiscales.
Más allá de
declaraciones oficialistas pretendiendo negar su apuesta al atraso del
tipo de cambio los datos son contundentes. La emisión de deuda pública
en pesos se acelera procurando atraer dólares para evitar su suba, .ii
Los intereses ofrecidos medidos en dólares son muy elevados y el saldo
de las reservas del BCU respecto al tercer trimestre de 2015 muestran
que han sido mayores sus ventas y pagos en dólares que las compras.iii
Estamos
absolutamente convencidos que si cesara la emisión de deuda publica
durante un período razonable el dólar se dispararía al alza. Para
evitarlo el BCU recurre a un enorme costoiv que se torna progresivamente más oneroso para las finanzas públicas.
En síntesis el
“costo país” de los intereses de deuda y los regalos al gran capital
golpea los presupuestos y puede llegar a tornar inviable la continuidad
de estas políticas.
Límites sociales y políticos.
En fases de
descenso de precios internacionales de los productos primos que exporta
Uruguay la presión de los sectores volcados al mercado exterior se hace
más fuerte acentuando contradicciones sociales y políticas incluso al
interior de los grupos dominantes.
En ese contexto las
expectativas de los especuladores financieros que hoy están apostando a
comprar deuda en pesos pueden variar de signo y presionar al alza la
evolución futura del tipo de cambio.
Límites externos.
Las calesitas
financieras que promueven los grandes banqueros y la inestabilidad de
las paridades monetarias generan enormes fluctuaciones de las
cotizaciones de las monedas a nivel mundial y regional. Las dimensiones
del mercado uruguayo determinan una enorme vulnerabilidad al respecto.
La debilidad del
dólar ante el euro y ahora en Brasil compensa la reciente evolución al
alza del dólar en Argentina. Sin embargo todo puede pasar en los casinos
financieros.
En la cornisa.
La cotización del
dólar en Uruguay camina por la cornisa. Los límites mencionados pautan
la posibilidad que su conjunción determinaría la tendencia a su
incremento. La política monetaria local y el contexto regional puede
determinar si se dará un salto o una evolución gradual.
Nuevamente el
neoliberalismo local se encuentra en un dilema de hierro. La continuidad
de la “tablita travestida” significará mayor desocupación e incluso
recesión. Su ruptura significaría mayor capacidad de competencia frente
al exterior pero desataría aumentos de precios en pesos de bienes de
consumo. El neoliberalismo en todas sus variantes es negativo para los
pueblos.
El uso de
mecanismos compensatorios podría atenuar el impacto sobre los precios de
bienes de la canasta familiar. A título de ejemplo la presencia del
estado o gobiernos departamentales en su comercialización, subsidios a
bienes esenciales, tipos de cambio diferenciales según su uso.
Alternativas que están lejos de las intensiones de la conducción
económica.
Estas películas ya
las vimos con diferentes actores. Sus consecuencias son previsibles. En
este marco de política económica, el festín consumista de los poderosos
lo paga el pueblo.
GOTITAS DE ECONOMÍA
-
El BCU acelera la
emisión de letras de regulación monetaria en pesos incentivando a los
inversores a vender dólares en el mercado para prestarle al Estado
moneda local. En consecuencia desciende la cotización del billete verde
promoviendo con ello retraso del tipo de cambio frente a otros precios y
subsidiando así de hecho importaciones de manera indiscriminada.
-
Ancap abre
licitación para transporte de combustible desde La Teja al litoral del
país. El proceso privatizador continúa en todas las áreas.
-
El secretario del
Tesoro de Estados Unidos Steven Mnuchin declaró que recibe con
beneplácito la debilidad del dólar para incentivar la competitividad. El
representante francés en el Banco Central europeo comentó que lo que
menos necesita el mundo es una guerra de divisas.
-
Argentina redujo la
tasa de interés a 27.25% marcando de hecho la voluntad de flexibilizar
el uso de del tipo de cambio como ancla para el IPC. La medida impulsa
al alza la cotización del dólar en dicho país.
-
El congreso de
Estados Unidos asignó 700.000 millones de dólares a las fuerzas
militares. El instituto de estudios estratégicos de londres evalúa que
el el gasto militar del mencionado país representa el 38.3% del total
mundial.
-
La organización humanitaria Oxfam reporta que ocho empresarios concentran tanta riqueza como la mitad de la población mundial.
iAl abaratar artificialmente el dólar abarata el costo de las importaciones.
iiEn
un solo año la deuda pública se incremento en aproximadamente en 4000
millones de dólares, la mayor parte en moneda local incentivando mayor
oferta de dólares y demanda de pesos para comprar bonos del Estado
promoviendo la baja del precio del billete verde. Al quitar pesos del
mercado también disminuye la demanda de la divisa.
iiiPese
al enorme aumento de la deuda pública, las reservas que contabiliza el
BCU eran de 17352 millones de de dólares en el tercer trimestre de 2015 y
cayeron a 15521 en finales del 2017. En ellas incluyen los encajes
bancarios que no constituyen reservas reales del BCU. Sin ellos su
magnitud es de 6518. De todas maneras cuentan la mitad de la historia y
dicen que compran dólares para evitar que descienda.
ivSe
endeuda a tasas del 8% o más medidas en dólares y eventualmente cuando
se le va la mano, las transforma en reservas por las que cobra una
miseria.
2 febrero, 2018
Son mayoría, pero dueños de una parte ínfima de la tierra. Están envejeciendo. Ganaderos, avicultores, granjeros, apicultores, lecheros, cerealeros. Los productores familiares minan el campo uruguayo, y viven –a veces a gatas– del mercado interno y los subsidios estatales. En ocasiones también fungen de asalariados rurales “para compensar”. Autoconvocados o agremiados, partidarios y detractores discuten su lugar en el conflicto del agro.
En las últimas semanas los productores familiares del Interior profundo han visto cómo en su nombre se erigía un movimiento difícil de calificar, se blandían enseñas patrias y se leían proclamas a voz en cuello colmadas de hartazgo, frustración y directrices liberales acerca de políticas macroeconómicas. Vieron cómo parte de la izquierda relativizaba su mal paso, ironizaba sobre la catarsis de sus discursos y entrecomillaba el carácter autoconvocado de las manifestaciones, achacándoles razones desestabilizadoras. Notaron cómo el gobierno buscaba cercanía (sacando a relucir los beneficios de los últimos años otorgados a la producción familiar); y sintieron cómo las gremiales hegemónicas del negocio agrario uruguayo asomaban una vez más buscando imponer sus intereses en la negociación. En el ojo del huracán, se debaten entre una plataforma propia o un lugar bajo el incierto paraguas de “la unidad del campo”.
El carácter de “productor familiar” no es antojadizo. Es, de hecho, una categoría que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) ha definido específicamente, con sus requisitos y sus particularidades. Para alcanzar ese estamento es necesario: explotar un predio menor a 500 hectáreas con índice Coneat 1001 –independientemente del rubro–, residir allí (o a una distancia menor a 50 quilómetros), utilizar mano de obra predominantemente familiar y tener contratados como máximo dos asalariados. Acreditar ser un productor familiar ante el Estado, con todas las de la ley, es garantía para acceder a las llamadas “políticas diferenciadas” que la cartera ha venido instrumentando desde 2008 en todo el territorio, orientadas a ese sector del agro.
Según datos de los últimos años,2 el número de explotaciones familiares en Uruguay asciende a más de 25 mil, ocupando cerca de 2 millones de hectáreas a un promedio de 89 por establecimiento (la gran mayoría sin peones asalariados). Las personas registradas son más de 33 mil: la mayoría hombres (64 por ciento), y la edad promedio es 53 años. Los familiares constituyen el 62 por ciento del total de productores en Uruguay, aunque en la distribución por superficie de tierra ocupada no llegan al 15 por ciento. “En Uruguay el principal rubro de producción familiar es la ganadería”, dijo a Brecha José Olascoaga, director general de Desarrollo Rural: “Son casi el 60 por ciento de los registrados. Después hay rubros importantes, como la lechería o la hortifruticultura. Pero en la producción arrocera, por ejemplo, casi no tenemos registro”.
“Recomiendo que no se hable de pequeños, medianos y grandes productores”, propone el ingeniero agrónomo Luis Piñeiro en conversación con este semanario (véase “La unidad del campo es un verso”). Argumenta: “Eso conduce a confusiones. La diferencia es entre productores familiares y productores empresariales. En unos predomina la mano de obra familiar y en los otros la mano de obra asalariada. Porque yo puedo tener diez o veinte hectáreas y ser un bruto empresario. Porque si tengo un invernáculo estoy ocupando a 40 o 50 trabajadores. O un feed lot (corral de engorde de ganado), donde necesito 20 o 30 hectáreas, pero ahí adentro meto 500 vacunos y ocupo media docena de tipos y una buena inversión. La cantidad de hectáreas no tiene por qué ser un buen indicador”.
RUTA 5. PROGRESO, CANELONES. Atilio Quercini vio frustrada su carrera como enólogo ante lo que considera una debacle de las pequeñas bodegas en los últimos años, debido a una burocracia que obligó a los pequeños vitivinicultores a transitar caminos de papeleos, habilitaciones y gastos estrafalarios. Llegó a estudiar en Francia y a trabajar junto a reconocidos bodegueros de la industria nacional. Ahora vive de la hortifruticultura en un predio de 52 hectáreas en Progreso, y de los relatos de su padre que narran la prosperidad de la zona años atrás, con los tractores rugiendo de sol a sol y el precio del combustible al alcance de la mano. Un territorio que ahora, dice, fue invadido por los pastizales y el silencio.
Quercini fue a Durazno, tomó el micrófono en mitines zonales y paró el tractor en la ruta en cuanta protesta se organizó. Hasta fue invitado por los autoconvocados a colaborar con los documentos que demandan más beneficios para el sector de la hortifruticultura: “Está el riego, que es pura y exclusivamente con bombas eléctricas. Las tarifas son descomunales. También en la parte de la fruticultura está el tema de las cámaras frigoríficas, que es brutal: hay pequeños productores que no tienen acceso a una, entonces pagan el servicio y eso lleva otro costo que les resta una parte de su rentabilidad”.
Dice que la mayoría de los productores de Progreso son hortícolas: “Sobre todo en la zona del Santoral: esa gente al día de hoy está trabajando con un buey, o un tractor que funciona a nafta y arranca con una manija. Precisaríamos para ellos una nafta rural: trabajan también con un motocultor, que es a nafta, y sacan agua de un arroyo para poder regar. Producen verdura, hortalizas de corte. Hoy el mercado está abastecido por ellos, que producen familiarmente (de repente un matrimonio con los hijos); salen a la ruta 11, donde pasa el camión del comisionista a levantar los cajones y los lleva al mercado. Y un muy pequeño productor puede sacar, con suerte, 20 mil pesos por mes, de acelga, chaucha, tomate, arveja, poroto. Lo complementan con algún animal que crían”.
Quercini asegura estar alejado de cualquier gremial e insiste en afirmar que “acá no hay ningún tema político de por medio”. Plantea que los reclamos del sector granjero se vienen repitiendo desde hace muchos años. Aun así, reniega del conflicto entre gremiales grandes y pequeñas: “Somos productores de alimento y tenemos una sintonía en todo el país. Hemos compartido experiencias con productores (agremiados o no) que nos han enriquecido y nos han ayudado a madurar y a entender que esto no se trata de política ni del gobierno de turno. Es un problema coyuntural que alguien debería haber escuchado antes”.
RUTA 45. SAN JOSÉ, A 10 QUILÓMETROS DE LIBERTAD. “Fui a Durazno. Con algunas dudas, porque me apabullan un poco los teléfonos y la libertad de algunos para decir cualquier cosa por Whatsapp. Pero me encantó la propuesta y el análisis. Yo voté a este gobierno, desde chico. Realmente siento que algunas cosas se desvirtuaron, aunque se han logrado otras importantes. Me identifico con los reclamos. Pero creo que hay que ordenar un poco la pelota.”
Se llama Lucas Avondet y trabaja en el tambo. Es propietario con su familia de 70 hectáreas y arrienda cerca de 100. “Me encontré de todo”, responde al ser consultado por su asistencia al acto de Durazno. Productores grandes mezclados con sus vecinos maragatos, dueños o arrendatarios de pocas hectáreas. Pero sobre todo “gente indignada”. “Indignada con que el combustible suba y se haya administrado mal Ancap, por ejemplo” o “con gente desengañada de la política, que le está pasando factura al gobierno pero a la oposición también”.
Actualmente Lucas enfrenta una deuda que se ha ido multiplicado, al no poder cubrirla con la rentabilidad de su producción. Explica que la ganancia de los tambos pequeños (“con todo el esfuerzo familiar”) está por debajo de un jornalero de la industria lechera: “La gran suerte que tenemos los productores es que vivimos en el campo con cosas caseras –asegura–. En la ciudad, salís del laburo y si no pasás por un supermercado con guita sos hombre muerto. Es cierto, los vecinos han avanzado, andan en un vehículo un poco mejor que hace diez años, pero están lejos de tener muy buenos ingresos, un horario adecuado en las explotaciones familiares, una licencia adecuada. Hay un esfuerzo familiar importante y muchos jóvenes se van, quedan los viejos solos”.
Según Lucas, uno de sus empleados, con más de un trabajo, gana 10 mil pesos más de lo que él percibe mensualmente de su tambo. Detalla que tiene cuatro hijos, a los cuales asiste con una parte del alquiler en Libertad: “Y hay gente que además de producir trabaja de asalariado. Hay un jornal muy bueno que es por juntar papas. Tengo conocidos –mucho más jóvenes y guapos que yo– que, mientras su señora y sus hijos ordeñan, van a hacer un jornal y se arman lo suyo”.
Está agremiado en la Asociación Nacional de Productores de Leche (Anpl). No obstante manifiesta: “me represento a mí” a la hora de opinar sobre el tema. “Tengo la impresión de que la asociación tiene un vínculo muy estrecho con el gobierno. Tengo amigos y vecinos que tienen el teléfono directo con el Pepe y con el ex ministro de Agricultura, y comen asados con los del Mpp. Y yo tengo esa discusión, porque nunca nos sentamos a la mesa a hablar de las dificultades. Tiene que haber mucho más trabajo. Se nos pasó una bonanza y no desarrollamos nada. Cargamos la soja en bruto. Nos falta una política de desarrollo. Se les han dado cosas a los productores chicos. Pero tenemos que tener una política de Estado a largo plazo. Hay mucho esfuerzo sin rumbo”.
5a SECCIÓN. CERRO LARGO. En los alrededores de Isidoro Noblía, Mangrullo y San Diego, bordeando el Yaguarón en la frontera con Brasil, Pablo Beck es dueño de 17 hectáreas, y junto a cinco personas comparte un campo de 445, propiedad del Instituto Nacional de Colonización (Inc), por el que pagan un importe menor al valor real. Se dedican mayoritariamente a la ganadería. No tienen peones.
No adhiere al movimiento de autoconvocados. Tampoco la mayoría de los productores familiares de su zona, pues entienden que las protestas son encabezadas por productores de mayores dimensiones que las suyas: “Las reivindicaciones no nos incluyen. Por ejemplo, rebaja de impuestos nosotros ya tenemos, a partir de 2008: el descuento del 50 por ciento en el Bps. Y a partir de 2014 tuvimos el descuento del 1 por ciento en las rentas. Y eso para nosotros es bastante. Y después el impacto del combustible en la producción ganadera es muy poco. Y energía tampoco, salvo que haga pradera. Eso es más para agricultura. La ganadería del país tiene pasturas naturales, la mayor parte, y a lo sumo hacés una siembra en cobertura. No es tampoco como el tambo, que ahí es importante. En general, nosotros no tributamos la mayoría de lo que ellos pedían que bajaran. El lado impositivo no es el talón de Aquiles de un productor ganadero de 200 hectáreas, como es el promedio acá”.
Beck insiste en referirse al nivel de vida de los productores, que no condice con su rentabilidad: “Acá tenemos freezer, heladera (la más grande), televisión, tostadora, cafetera, microondas, lavavajillas, horno eléctrico, aire acondicionado, bomba para el agua, y afuera cinco focos de luz. Y hace 25 años tenías a lo sumo una licuadora y heladera. Y además tenemos celulares, computadoras, todos tenemos moto. Antes el que tenía una bicicleta era el rey. Y sí, tenemos un nivel de vida y de consumo importante. Y después la gente dice: ‘No te da´’, y sí, no te da. Si querés tener todo no te da”.
Sostiene que los productores rechazan vivir en los establecimientos y pretenden lujos alejados de sus posibilidades. “Yo conozco productores que aun siendo colonos no viven en el predio. Productores de 200 hectáreas que tienen peón. ¡Pero con 200 hectáreas no podés tener peón! ¡Tenés que trabajar vos! Ahora, tenés peón, la patrona vive en Melo y vas y venís todos los fines de semana. Ah, no te da. Y quieren tener su auto más o menos, y en verano la playa, empleados, esto y aquello… Ah, no te da. Es lo que yo veo: ninguno de los estancieros de acá en la vuelta vive en el campo. Vienen cada tanto. Y si te viene un año malo, una sequía, si sube el precio del ganado, claro, después no te cierra. Mantener esos niveles de vida no se puede, después andás gateando, de atrás. La cuatro por cuatro (yo tengo una, del año 60), la mayoría no las usan para cargar ración. Las usan para ir a pasear al campo: ¡si no viven ahí, no trabajan, no saben ensillar un caballo! ¡Venga y agache el lomo! Si se trabaja en el campo la cosa es distinta: sabés más de los costos, del laburo que se pasa. Pero no, hay una cultura de mirarla medio de afuera y venir una vez por mes, y claro, después no te cierran los números.”
Asume que los autoconvocados sostienen reclamos legítimos. Aun así, halla contradicciones: “Me quejo de que subsidian a través del Mides los planes sociales. Perfecto. Pero al mismo tiempo estoy pidiendo que me ayuden a mí, porque produzco y tengo un nivel de vida muy superior. Que no ayuden al de al lado que vive en un rancho (y puede ser mi peón), ¿pero a mí que soy el que produzco, que soy el dueño de la tierra, me tienen que ayudar?”.
RUTA 31. KM 146. BASALTO. SALTO. Los pueblos que rodean a los productores de la Sociedad Fomento Rural Basalto son Paso Cementerio, Paso Potrero y Piedras de Arerunguá. Son cerca de cien productores y asalariados rurales dedicados a la cría de ovinos y bovinos. Explotan campos que van de 50 a 1.000 hectáreas con bajos índices de productividad, “donde aflora la piedra”, comenta María Teresa de los Santos, presidenta de la institución. Entre los socios hay propietarios, arrendatarios, colonos y hasta asalariados que tienen su ganado en la calle. Son socios de la Comisión Nacional de Fomento Rural y decidieron no adherir a la convocatoria de Durazno. “Estamos agradecidos a las políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar –dice De los Santos–. Eso se ve en Basalto. Es sólo ir a los campos de los productores socios y mirar que hemos podido hacer reparticiones de campo, comederos, bebederos, tanques australianos, tajamares. Tenemos muchas ayudas. El Inc también se ha preocupado y ha ayudado a los asalariados y a los peones de campo. Por eso también somos agradecidos. Nuestra realidad es esa. La otra realidad que la cuenten otros.”
“Y, no te vamos a pintar todo color de rosa”, advierte, sin embargo, consultada acerca de si se reconoce en alguna de las demandas. “Nosotros también sufrimos cuando sube el combustible, está el tema de la electrificación. Con mi esposo tenemos 200 hectáreas y no tenemos luz eléctrica. Tenemos que pensar en prender el motor para cocinar, y después de la cena limpiar la cocina e irnos rápido a la cama. Los costos son difíciles. No dejamos de reconocer eso. La caminería también puede ser un problema. Somos partidarios de que nuestra comisión a nivel nacional se siente a dialogar. No la protesta ni la cara crispada. No podemos fragmentarnos ni dejar que nos utilicen.”
De los Santos fue vicepresidenta de la Comisión de Fomento años atrás, y reconoce que la organización –que representa a los pequeños productores y adhirió a la manifestación de Durazno– ha sido ignorada en ciertos ámbitos, y opacada por las grandes gremiales. Hoy, como dirigente de una de las sociedades en el Interior, opina: “Las bases a veces nos sentimos un poco ninguneadas. El que se sienta autoconvocado que lo haga, me parece bárbaro. Nosotros no estamos en ese camino”.
RUTA 3. SALTO. COLONIA 18 DE JULIO. Herico Ferreira vive en una chacra de 22 hectáreas que heredó por sucesión, cerca del arroyo Sarandí. Trabaja en conjunto con uno de sus hermanos, produciendo frutillas y morrones.
“Tanto de la movilización de Durazno, como de la concentración anterior en la ruta de entrada a Salto, lo que recibimos fue una enorme cantidad de mensajes de Whatsapp de diferente índole. Algunos rozaban lo violento, otros eran bastante coherentes. A la mayoría no les encontraba sentido. Porque el ministerio nos ha dado enormes ayudas: empezando por los créditos blandos en la helada de 2007, pasando por ayudas en las tormentas de 2013, 2015, el granizo de 2016, los descuentos tributarios. Como productores familiares tenemos la producción asegurada, y la mayoría del costo del seguro la asume el Estado.”
Ferreira pertenece a la Intergremial Hortícola de Salto. Explica que las dificultades del sector pasan principalmente por la baja rentabilidad. Sin embargo, opina que las medidas de los autoconvocados no benefician a los pequeños. “Por eso yo no acompañé –afirma–. Si se llega a disparar el dólar, perjudica al mercado interno, y nosotros dependemos del mercado interno, en el Mercado Modelo.”
Consultado sobre si los productores de lo que él denomina “el cordón hortifrutícola de Salto” adhirieron a la convocatoria de Durazno, manifiesta: “No me consta. Acá todos reconocen que tienen dificultades con la renta. Pero siguen apostando al trabajo y al diálogo. En la zona hay veinte o treinta chacras y pueblos en el medio que viven pura y exclusivamente del trabajo de la horticultura. Vemos con miedo esta situación, de que se trastoque la economía y al final terminemos perjudicados. No veo la solución para nuestro sector con que el dólar suba o se quiten las ayudas sociales, porque nuestro sector también depende del dinero que el pueblo tenga para consumir”.
RINCÓN DEL COLORADO, CANELONES. La Comisión de Fomento es la representante oficial de los productores familiares en el país. Tiene más de cien organizaciones afiliadas. Su presidente actual es Mario Buzzalino, quien participó de las movilizaciones y en las negociaciones con el Ejecutivo. En diálogo con Brecha, explica que –aunque históricamente hubo diferencias– aliarse con el resto de las gremiales fue un movimiento planeado con el objetivo de lograr mejores resultados para su sector. A su vez, asume que en varias etapas del conflicto se quiso utilizar a los pequeños productores como carne de cañón. “Pero a medida que el movimiento se fue aclarando y madurando en la propuesta ahí sí acompañamos y terminó siendo efectivo”, dice en referencia a las medidas ad-hoc del gobierno.
Consultado por la cercanía de la gremial a la administración frenteamplista, opinó: “Nos ven como una organización diferente. Y puede que eso se asocie a simpatías con el gobierno. Sería injusto no reconocer cosas que ha hecho el gobierno por la producción familiar. No podemos perder la memoria, pero es importante centrarnos en las demandas actuales. Lo peor que podemos hacer es partidizar esto, porque herimos sensibilidades y el ambiente está muy crispado”.
Buzzalino vive en Rincón del Colorado, Canelones. Aseveró que en la producción familiar existen problemas de acceso a la tierra, de relevo generacional, de mercado, de financiamiento, de tecnología y más. “Hemos perdido 12 mil productores en poco tiempo –se lamenta–. Hay algunos que dejaron su explotación en frutas y verduras y se fueron a trabajar fuera del predio porque ganan más. Hoy un productor de granja no llega al valor de un cuadrillero, por ejemplo. Además trabajar se convirtió en un tema caro, peso que agarrás lo tenés que meter de nuevo en el trabajo. Incluso muchos productores completan su ingreso anual trabajando fuera del predio, en podas o cosechas. Muchos productores están muy por debajo de los 30 mil pesos. Por algo se van. Ni hablar de los jóvenes. En mi zona no queda un solo joven mayor de 30 trabajando la tierra. Éramos 300 familias y ahora quedamos 30. Y sin jóvenes.”
- Relativo a la capacidad productiva del suelo.
- Datos presentados por el Mgap en el foro internacional “Políticas diferenciadas e institucionalidades para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe”. Noviembre de 2016. San José, Costa Rica.
Paños fríos
“En la web de la Presidencia se ha colgado un montón de información en estos días sobre el impulso a la agricultura familiar, las inversiones y demás”, dicen desde la asesoría de prensa del Mgap, al ser consultados sobre los números de la producción familiar. En el último quinquenio, según la Dirección de Desarrollo Rural (Dgdr) se han desembolsado cerca de 47 millones de dólares en apoyo a la producción familiar, a través de 11 convocatorias públicas.A su vez, 14 millones de dólares se destinaron a apoyar las organizaciones de productores (sociedades de fomento, cooperativas, etcétera), y una cifra menor a planes recientes dirigidos a jóvenes y mujeres rurales. Los números refieren, además, a unos 5 millones de dólares de renuncia fiscal por la exoneración de aportes patronales al Bps (el 50 por ciento para productores familiares). También a una cifra no sistematizada de exoneración del cobro de contribución inmobiliaria, que es manejada por las intendencias departamentales.
¿El gobierno ha perdido su relación con los pequeños productores, teniendo en cuenta la convocatoria de Durazno? “Nos relacionamos principalmente a través de las Mesas de Desarrollo Rural: hay 400 organizaciones de distinta naturaleza de la sociedad civil en todo el país. Con 200 hemos hecho diferentes convenios. No hemos perdido la comunicación con los chicos. Hay 40 mesas en todo el país. Sí hay sectores que entienden que ese no es un ámbito válido para participar”, señaló a Brecha el director de Desarrollo Rural, Jorge Olascoaga.
Respecto de la economía familiar de los pequeños productores, el jerarca opina: “Es posible que el salario de un productor se asemeje a un asalariado. Pero depende de si es propietario o arrendatario, de cuál sea el rubro, y también de cuán integrado esté ese productor a las organizaciones que le brindan apoyo. Lo otro es que en la producción familiar entra una lógica de decisiones que tiene que ver con la economía y la supervivencia familiar. Tiene una característica muy importante: coexiste la unidad familiar con la unidad productiva. A veces hay que decidir en qué se usa la plata, si en los 15 de la nena o en una maquinaria. Se distingue de la lógica empresarial pura y dura. Es la familia viviendo y trabajando”.
“La unidad del campo es un verso”
—¿Hay algo inédito en las movilizaciones de Durazno?—Puede haber. Venimos de un ciclo muy expansivo de la producción agropecuaria, con altos precios. En la movilización de 1999 (muy similar a esta) se venía de un ciclo larguísimo desfavorable desde el año 82, luego hubo un crecimiento en los noventa, pero alcanzó su límite a finales del 90 con la devaluación de Brasil y Argentina y un alto endeudamiento; ahora venimos de un ciclo favorable, por tanto uno podría suponer que habría más reserva. Eso es lo que hizo desconfiar de que por detrás hubiese motivos políticos. Porque si no venís de un período largo de mishiadura, se supone que hay un poco más de espalda. A motivos políticos partidarios me refiero, con el comienzo de la campaña electoral…
—Pero hay demandas legítimas.
—Sí, sobre todo de los pequeños. Pero hay demandas absolutamente contradictorias. Eso de la unidad del campo es un verso, que también lo manifestaron en el 99. Y cuando las cosas empezaron a consolidarse se aprovecharon las gremiales grandes y dejaron a las chicas para atrás.
—Se habla de una realidad en la que la rentabilidad mensual de un productor familiar se equipara a la de un asalariado rural. ¿Esto es así?
—Hay trabajos recientes que manejan esos números. Eso también explica mucho la migración o la venta de campo de productores familiares. Porque los hijos se van a trabajar a otro lado donde ganan más. La media de edad de los productores familiares es 53 años. Muchos ya están cerca de la jubilación y piensan qué hacer con el campo. Simplemente lo venden. Y con la plata que perciben –ahora que el precio de la tierra está muy alto– se compran una casa en el pueblo o alguna otra cosa y se salen de ese trabajo.
—Esta vez las manifestaciones fueron convocadas por productores pequeños, independientes de las gremiales.
—Es cierto. Pero lo que pasa es que a la hora de sentarse a negociar es muy difícil lograr una representatividad de gente que no tiene ninguna organicidad. Ahí vuelven a aparecer las gremiales del agro. Y el gobierno quiere negociar con las gremiales. Porque necesitás que los directivos disciplinen a sus bases sobre el acuerdo al que llegan con el gobierno. En un movimiento autoconvocado no tenés los canales apropiados para disciplinarlos. El gobierno los recibió, pero a la larga –en la historia de este país– siempre se negocia con las gremiales. Atizan a los autoconvocados porque son los que mueven gente. Pero saben que son ellos los que van a negociar.
—También se observan movimientos entre las gremiales: La Comisión de Fomento Rural se mostró satisfecha con las medidas que había anunciado al gobierno, al contrario de las demás.
—Es lógico. La comisión reúne a productores familiares (horticultores, frutícolas, de cerdos, de pollos) dedicados al mercado interno. No tiene mucha incidencia en los lecheros, que están agremiados en la Asociación de Productores de Leche (y en alguna chica). Pero mantiene distancia de las grandes. Su historia es muy distinta a la de la Federación Rural, se creó en 1915 impulsada por el batllismo. Incluso era un escalón para saltar a la política.
—Algunas de sus filiales en el Interior están bastante ligadas al oficialismo, plantean su reconocimiento a las políticas del Mgap, sin embargo, la directiva nacional ha adherido a las manifestaciones de Durazno.
—Las internas de estas organizaciones siempre son difíciles de entender. La comisión reúne con claridad a productores familiares, no a empresarios. Pero dentro de los familiares hay cortes según el tamaño y tipos de producción. No es lo mismo un ganadero que un granjero. Un ganadero puede verse beneficiado por una devaluación, porque produce terneros que son comprados por productores grandes y se venden a frigoríficos. Si el precio internacional está alto, esto termina reflejándose en el precio del ternero.
—Por su parte, el gobierno insiste en resaltar el impulso que se le ha dado a la producción familiar. ¿Es difícil para los productores mantener su independencia?
—La comisión apostó claramente a tener un diálogo con el gobierno del FA. Y se benefició con las llamadas “políticas diferenciadas” de apoyo a la producción familiar: créditos blandos (no reembolsables) y ayudas a las organizaciones de base (para comprar maquinaria, levantar galpones), etcétera. Esto último también ha permitido que se reactiven estas organizaciones, a veces venidas a menos por falta de socios o actividad. Se han invertido decenas de millones de dólares.
—La estrategia del gobierno parece ser resaltar esas políticas y acercarse a los pequeños productores para calmar un poco las aguas.
—Porque sabe que de esa manera también les saca a los productores grandes la base de gente que se moviliza. ¿Pensás que algún productor de 5 mil hectáreas fue a la movilización de Durazno? Va el chiquitaje y los productores medianos. No los grandes: esos después se sientan a negociar.
—Dentro del gobierno, ¿qué lugar ocupa el Mpp como actor que se encarga de vincular a los productores familiares con el Mgap? Conversando con los productores, da la sensación de que mucha.
—Es bastante así. Históricamente el Mpp ha tenido una raíz rural. Tiene mucha inserción a nivel de productores familiares y trabajadores rurales. En ese sentido, también este gobierno les ha dado mucho más a los asalariados rurales que a los productores familiares.
* Decano de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar). Coordinador del Núcleo de Estudios Agrarios y Sociales de esa institución. Ingeniero agrónomo y máster en sociología rural.
>>> A Desalambrar
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