EL PRESIDENTE DEL REAL MADRID
Florentino Pérez quiere dominar eólica en Uruguay
Grupo inversor que lidera compró parques en Maldonado.
La firma dedicada a energías
renovables Saeta Yield, que tiene como accionistas de control al grupo
ACS (Actividades de Construcción y Servicios) —cuyo presidente es
Florentino Pérez, también mandamás del Real Madrid— adquirió dos parques
eólicos ya operativos en el departamento de Maldonado y apuesta a
ampliar sus activos en este rubro en Uruguay.
La compañía informó el miércoles
del acuerdo con Corporación América y Grupo San José para hacerse de
los parques Carapé I y II, en una operación por unos US$ 65 millones.
Saeta Yield costeará la compra con liquidez disponible y esperar cerrar
el negocio en el primer semestre del año.
Los dos parques eólicos ubicados
en la zona de Carapé, al norte del departamento de Maldonado, tienen
una potencia instalada de 40 y 50 megavatios (MW) y contratos vigentes
por más de 20 años con UTE para la venta de energía.
Hasta ahora eran propiedad de un
consorcio formado por el holding argentino Corporación América
—liderado por el empresario Eduardo Eurnekián, que también posee en
Uruguay la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce— y
el Grupo San José, de origen español y dedicado a la construcción y las
energías renovables.
Mientras que Saeta Yield es
dominada por ACS y el fondo GIP (Global Infrastructure Partners), este
último con oficinas centrales en Nueva York e inversiones en energía,
transporte y residuos de agua. El negocio en Uruguay se trató del
segundo concretado por el consorcio desde su salida al mercado bursátil
en 2015, tras la adquisición el año pasado de dos plantes termosolares
en España.
Según informó el diario ABC de
Madrid, la empresa entiende que la compra de los parques en Maldonado
aportará valor al capital de la compañía y generará flujos de caja desde
el primer año. La operación se enmarca dentro del plan estratégico de
la firma, que planea sumar 450 MW de producción de energía renovable en
los próximos años.
En el marco de este esquema de
inversiones, Saeta Yield podría hacerse con otros dos activos en Uruguay
que suman 100 MW y convertirse así "en uno de los mayores operadores
del sector eólico uruguayo", destacó el medio español.
Según detalla en su web, la
empresa cuenta con 21 activos en España vinculados a energía renovable
que suman 789 MW de capacidad instalada, que se componen de 16 parques
eólicos con una potencia total de 539 MW y cinco plantas termosolares
que suman 250 MW.
Florentino.
ACS surgió en 1997 producto de
la fusión de las constructoras OCP (ex Obras de Construcción e
Instalaciones S.A. conocida por la sigla Ocisa) y Ginés y Navarro. En la
década siguiente se posicionó fuerte en el sector de infraestructura al
tomar el control de la constructora española Dragados y sumar una
participación significativa en la alemana Hochtief.
Actualmente el grupo cuenta con
inversiones diversificadas y presencia en distintos sectores de la
economía a través de participaciones en compañías derivadas. Pérez fue
el director de ACS desde sus inicios y posee una de las diez mayores
fortunas de España, estimada en US$ 1.600 millones por la revista
Forbes.
Aparte de por su actividad
empresarial, este ingeniero de profesión es mundialmente conocido por su
participación en el club Real Madrid, que preside desde 2009 en su
segunda etapa luego de un primer período entre 2000 y 2006. No exento de
polémica por su gestión deportiva con cabeza empresarial, ha sumado
grandes estrellas del fútbol por cifras millonarias (Luis Figo, Ronaldo,
Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, entre otros) y
conquistado cinco ligas españolas y tres Champions League bajo su mando.
La sombra de la corrupción inquieta al emporio de Florentino Pérez
Un pago bajo sospecha en el 'caso del tres per cent' y el pelotazo de una subcontrata sin experiencia en la trama del Canal de Isabel II generan inquietud en el grupo ACS, señalado también por Francisco Correa como presunto pagador de comisiones al PP en un episodio que no puede ser investigado y cuyo presidente ha tenido que declarar como testigo en la Púnica por una contratación del Real Madrid
Las salpicaduras de dos de los casos emblemáticos de tramas de corrupción en España, Lezo y el tres per cent, generan inquietud en ACS, la constructora que preside Florentino Pérez y a la que hace unas semanas el principal acusado de Gürtel, Francisco Correa, señalaba como una de las empresas que, presuntamente, pagaban mordidas al PP para obtener contratas.
Correa aseguró al ser interrogado por la fiscal Anticorrupción en el primer juicio de la Gürtel que "grandes constructoras" como
ACS, OHL y Dragados habían pagado comisiones tras obtener contratas,
aunque no dio más detalles. Nadie se los pidió, y el tribunal concluyó
que "aquí no pintan nada" Pérez, el presidente de la segunda constructora, Juan Miguel Villar Mir, ni los exministros de Fomento y de Medio Ambiente Rafael Arias Salgado, Jaume Matas y Elvira Rodríguez.
En cualquier caso, esa declaración, que llevó a ACS y OHL a anunciar querellas contra Correa, no tiene ninguna entidad para enturbiar el horizonte penal del grupo empresarial ni el de su presidente.
En el hipotético caso de que la Audiencia Nacional
pudiera optar por enviar al juzgado de guardia las palabras del acusado,
las diligencias nacerían condenadas al sobreseimiento, ya que el supuesto trasiego de comisiones estaría prescrito
y no podría ser perseguido: habrían pasado un mínimo de 14 años entre
el final del Gobierno de Aznar y el inicio de las pesquisas, un periodo
que supera con creces el trienio y el quinquenio a los que, de no ser
perseguidos y en función del tipo penal aplicable, prescriben los
delitos de soborno.
Las basuras de Olot y el 'caso 3%'
Por el contrario, el desarrollo de las pesquisas del tres per cent en Catalunya y de la operación Lezo, en torno a los negocios del expresidente madrileño del PP Ignacio González, ya han provocado sobresaltos en la constructora. Y hay indicios de que pueden llegar más.
La reconstrucción por la UCO (Unidad Central
Operativa) de la Guardia Civil de los restos de papeles triturados
intervenidos en una papelera del despacho del extesorero de CDC
(Convergència Democràtica de Catalunya) Andreu Viloca reveló un dato
inesperado sobre la donación de 60.000 euros que la Fundación ACS, presidida por Pérez, hizo al 'think tank' convergente
Catdem el 9 de septiembre de 2011: se produjo un día después de que el
responsable de las finanzas de CDC se hubiera reunido con Jordi Durán,
directivo de Urbaser que sería detenido y encartado en la causa, en
vísperas de que el Ayuntamiento de Olot (Girona) ratificara la
adjudicación del servicio de recogida de basuras a esta firma.
Las investigaciones de la Guardia Civil detectaron
que la Fundación ACS había efectuado otras dos donaciones a Catdem,
antes denominada Fundació Trias Fargas, por valor de 30.000 y 90.000
euros en 2008 y 2009, aunque en este caso las pesquisas no han hallado
rastros de posibles vínculos con adjudicaciones concretas.
La adjudicación del servicio de basuras, una de las
primeras decisiones de calado del equipo de CiU encabezado por Josep
Maria Corominas, que tras las municipales de mayo había relevado al PSC
al frente del consistorio, suponía hacerse con una contrata de 19,7
millones en ocho años (2,46 por ejercicio, prorrogable por dos más), y
resultó ser previa a la de limpieza viaria y recogida de residuos de
gran tamaño, que Urbaser ganó en diciembre de ese año.
Urbaser, especializada en residuos, fue una de las
principales filiales de ACS hasta que ésta la vendió en el otoño de 2016
al grupo chino Firion Investments por 1.200 millones de euros. Gestiona
la recogida de basuras en medio centenar de ciudades españolas y su
volumen de negocio global ronda los 4.000 millones de euros anuales.
El pelotazo de una subcontrata sin experiencia
Los magros beneficios que una subcontrata sin experiencia obtuvo en una de las operaciones que la Audiencia Nacional investiga en el caso Lezo,
el cambiante y polémico proyecto de Canal Golf sobre el solar conocido
como el Tercer Depósito, también han puesto al grupo ACS bajo la lupa de
los investigadores la Guardia Civil.
La empresa es Tecnoconcret, constituida a los doce
días de salir a concurso las obras y controlada por Ignacio González, su
hermano Pablo y otros tres imputados, los cuales, según señala en un auto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, "presuntamente se concertaron para lograr que el contrato para ejecución de las instalaciones deportivas" fuera para ACS "en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad de Madrid".
Según la investigación, ACS subcontrató a
Tecnoconcret para esas obras "por orden del Canal de Isabel II",
controlado por el expresidente madrileño Ignacio González, y "con pleno
conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental y en
cumplimiento del concierto ilícito".
La empresa carecía tanto de experiencia como de
clientes, "contaba exclusivamente con una pequeña oficina" y solo tenía
tres trabajadores, relata el magistrado, quien añade que su aportación
"a la ejecución de la obra fue nula, y no suponía un valor añadido" para
ACS, grupo al que, sin embargo, le facturó 3.257.038,99 euros mientras
subcontrataba a su vez los trabajos con otra a la que pagó 2.678.564,43.
Los 578.474 euros de diferencia "fue la cantidad que
ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la
obra", añade el juez, que concluye que, al final, "el importe total de
comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la Comunidad
de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones
deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de
1.201.537,97 euros".
Un diario digital madridista
El presidente del grupo ACS y de su fundación, Florentino Pérez, tuvo que declarar como testigo
en marzo de 2015 ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco
para explicar por qué el Real Madrid, que también preside, había
contratado a una de las empresas de Alejandro de Pedro, uno de los presuntos conseguidores de la trama Púnica, para que durante un año y con un coste de 300.000 euros promocionara la imagen del club de fútbol a través de las redes sociales y mediante la edición de una web llamada Diariobernabeu.com.
"La fatalidad es que la persona a la que se nos
presenta como experto, pues luego resulta que está implicada en una cosa
que mancha el nombre del Madrid", dijo el empresario, que negó que la
contratación de De Pedro para el proyecto digital tuviera como finalidad
encubierta abrir puertas en ninguna Administración.
Antes de que venciera ese contrato, el Madrid
contactaba con Microsoft, que desde finales de 2014, poco después de
desligarse del equipo de De Pedro, gestiona su área digital con un
acuerdo que le renta al club seis millones de euros por temporada.
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