¿Quién cosecha los beneficios de regar?

HEMISFERIO IZQUIERDO

7 septiembre 2018

El principal impacto de la ley es que establece un mercado de aguas al crear el “operador del sistema de riego”: una figura económica privada, de origen nacional o extranjero, que será la gestora del recurso agua. No solo controla los ríos y arroyos, sino que también implica en los hechos una privatización, tanto de la construcción de los embalses, como de la distribución y la comercialización del agua.
Además, el “operador” será “la persona física o jurídica encargada [...] del cobro del precio de los servicios correspondientes a los usuarios”, dando espacio a la especulación en un bien tan elemental como el agua. Incluso, faculta a que el agua que no se use para regar pueda usarse para la generación de energía hidroeléctrica, a comercializar a nivel mayorista.



En octubre de 2017 se aprobó la “Ley de Riego con Destino Agrario” (N°19553). La misma modifica una ley más antigua, vigente desde 1997 y que tiene como antecedente anterior el Código de Aguas de 1980. La actual ley, última gestión de Aguerre como responsable del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, parte del supuesto de que el agua que escurre y no se embalsa no tiene utilidad, que se duplicará la productividad en algunos rubros agropecuarios, que todos ganarán con esto y que los impactos ambientales son mitigables o minimizables. Además, en sus intervenciones en defensa de las modificaciones al riego, queda en evidencia su compromiso a rajatabla con el modelo de los agronegocios vigente (en particular para soja y maíz).

A pesar de que la nueva ley trata sobre algo tan vital como el agua, la misma no prevé la participación ciudadana en “las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos” previstos en el Art 47 de la Constitución votado en el Plebiscito del 2004. Esta es una de las razones por las que desde diciembre del año pasado, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó una campaña de recolección de firmas para su derogación, contando con el apoyo de varias organizaciones sociales.

Desde Hemisferio Izquierdo, entendemos fundamental poder informarse para decidir y además, consideramos pertinente acompañar con la firma y la recolección de firmas a la campaña por el agua basándonos en cuatro tesis para discutir la “ley de riego”:

1. Mercantiliza el agua, privatiza la gestión

El principal impacto de la ley es que establece un mercado de aguas al crear el “operador del sistema de riego”: una figura económica privada, de origen nacional o extranjero, que será la gestora del recurso agua. No solo controla los ríos y arroyos, sino que también implica en los hechos una privatización, tanto de la construcción de los embalses, como de la distribución y la comercialización del agua.

Además, el “operador” será “la persona física o jurídica encargada [...] del cobro del precio de los servicios correspondientes a los usuarios”, dando espacio a la especulación en un bien tan elemental como el agua. Incluso, faculta a que el agua que no se use para regar pueda usarse para la generación de energía hidroeléctrica, a comercializar a nivel mayorista.

2. Privatizan ganancias, socializan costos

El artículo 14 de la nueva ley de riego incorpora la posibilidad de que las obras hidráulicas para riego se realicen vía Participación Público-Privada (PPP), lo cual otorga garantías a los inversores en detrimento de mayores costos para el Estado. De hecho, se modificó la ya controvertida ley de “PPP” para habilitar la inversión en riego.

Además, el art 15 permite que las empresas inversoras puedan descontar el pago de impuestos de inversiones en otro rubro mediante la Ley de Promoción de Inversiones. Al habilitar la inversión de empresas no agropecuarias, puede llevar a que una cadena de supermercados, un estudio jurídico o hasta un banco puedan invertir en riego y descontar impuestos en sus actividades principales. No solo se favorece con la inversión un nuevo negocio, sino que se verán beneficiados en su negocio original con descuento de impuestos. De esta forma, el riego pasa de ser una necesidad para la producción agropecuaria a convertirse en un negocio en sí mismo, que puede estar desvinculado de los productores: el agua pasa de ser un bien vital y productivo, a ser un medio para capturar rentas.

3. Profundiza la concentración de la riqueza

Al fomentar un negocio en manos de privados, la nueva Ley no garantiza el acceso al agua para todos los productores agropecuarios, en especial para los familiares. Por esto accederán al agua solo los que puedan pagarla: esto profundiza la concentración de los recursos productivos, que en nuestro país es altísima. Según el Censo de 2011, mientras los productores familiares -siendo 25.000-, controlan sólo el 15% de la tierra productiva, las 4.167 empresas con más de 1000 hectáreas controlan el 61,4%. Y entre estas, los 40 grupos empresariales más grandes controlan el 11,7%. Así las cosas, el riego lejos de cortarle el chorro a los privilegiados de siempre, los beneficia.

4. Genera alta incertidumbre ambiental

Existe evidencia de que el problema de la contaminación difusa de nuestros ríos se ha agudizado y los nuevos embalses ciertamente no lo van a solucionar. La tendencia del negocio del agua, al aumentar la escala de los embalses lleva consigo un aumento de los riesgos de accidentes, procesos de eutrofización, emisiones de gases de efecto invernadero y modificación en los ciclos reproductivos de peces y otros seres vivos. Así lo han alertado numerosos investigadores, expertos en las problemáticas ambientales, en una carta pública. La actual propuesta tiene como supuesto de base una confianza desmedida en las soluciones técnicas y en los débiles mecanismos de control vigentes en la actualidad.

Si se aplicase el principio de precaución, debería evitarse llevar adelante aquellos emprendimientos cuyo impacto no puede conocerse a priori según el nivel de desarrollo actual de la investigación científica. A su vez, la ley no prevé la reserva de fuente de agua para consumo humano. No establece especificaciones sobre el modo de evitar los impactos negativos en la dinámica de la hidráulica de las cuencas. Y, por si fuera poco, con el Decreto 115/018 promulgado recientemente, se pone una “mordaza” a la investigación y difusión sobre el estado de situación de las aguas en nuestro país. ¿Ud no desconfiaría?

A ello se suma que el control en nuestras aguas y las prácticas asociadas a las mismas admiten el escepticismo o la incredulidad. Solo para ejemplificar, en 2011 se modificaron las exigencias para considerar el agua apta para consumo humano por parte de la OSE, volviendo la normativa más laxa. Y, en el 2016, ante el aumento de costos en la potabilización de la cuenca del Santa Lucía, el Poder Ejecutivo optó por utilizar 18 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética (financiado por la UTE) y, además, aumentar el cargo fijo a la Tarifa de la OSE. Por tanto, el aumento en la contaminación de la cuenca llevado a cabo por los emprendimientos agropecuarios en la zona vinculada a la cuenca, lo terminamos pagando los usuarios: pagando las familias trabajadoras por la contaminación realizada por los empresarios del campo. ¿Qué nos garantiza que con la ley de Riego será todo distinto?

En definitiva, los defensores de la ley nos proponen un falso antagonismo: “Riego sí/ Riego no”. Pero el problema no es el riego, que es una práctica casi tan milenaria como la agricultura. Sino cómo se riega, en qué escala, a servicio de quiénes y qué tanto contempla las generaciones venideras. O sea, ¿quién cosecha los beneficios de regar?

Con ánimos de contribuir a la respuesta de dicha pregunta, elaboramos este material con académicos y militantes sociales, sumando un pequeño aporte para que el agua sea patrimonio de todos y se respete lo que votamos en el 2004. Por ello convocamos a firmar y juntar firmas para derogar la Ley de Riego.