Sin políticas de estado

Mariana Mota, integrante del Instituto de Derechos Humanos, dijo que el trabajo es desperdigado y eso dificulta los resultados.

“La impunidad sigue siendo un tema que nos preocupa mucho”, dijo Mariana Mota, quien hasta este lunes ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Mota criticó la inexistencia de una política de Estado para encontrar “verdad y justicia” en las violaciones de derechos humanos registradas durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay.

“La actuación está desperdigada y eso hace bastante difícil tener resultados”, dijo Mota. Quien se desempeñó como jueza durante muchos años señaló que las partes involucradas actúan por separado sin tener resultados rápidos y efectivos. “Por un lado tenés nuestro grupo de trabajo, por el otro a la Fiscalía y por otro a la Justicia y las denuncias de los familiares de cada una de las víctimas”, expresó.

Este lunes se comenzó a excavar un predio en Neptunia, Canelones, en el que hace muchos años se señala como posible lugar donde fueron enterrados cuerpos de detenidos en la dictadura. Esta intervención se suma a la búsqueda con geo-radares realizada en el Batallón N°14 de Infantería el 21 de agosto.

“Ojalá que las excavaciones den resultados. Pero deberían estar enmarcadas en una política de Estado para que se busquen a todos los desaparecidos y con una línea de investigación definida”, sostuvo.

Mota agregó: “Actualmente no hay una actuación uniforme y con una política de Estado que dirija”.

Nelson Villarreal, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, reconoció que existen dificultades en el accionar. “Se han dado algunos avances pero podemos compartir que la lentitud de actores que tienen que responder genera la reacción”.

De todas formas, Villarreal mencionó el compromiso del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y todo el Poder Ejecutivo para que se efectivice este proyecto.

Cambio de autoridades

Como ocurre cada año, se nombraron las nuevas autoridades del INDDHH. En esta ocasión, María Josefina Plá asumió el cargo que deja Mota, quien permanecerá en el equipo de trabajo.

Plá sostuvo que se mantendrá una forma de trabajar y con los temas más importantes que se desprenden de las denuncias recibidas. Señaló que se destacan, justamente, los hechos relativos al pasado reciente y también la situación de los inmigrantes en el país.

“Hay situaciones de vulnerabilidad de los inmigrantes que los lleva a exponerse a la trata de personas”, expresó.

>>>Sin presupuestos


La abogada Josefina Plá asumió este lunes la presidencia del Inddhh hasta setiembre de 2019, en sustitución de la jueza Mariana Mota.
Tras la ceremonia, Plá explicó que Uruguay ostenta una normativa satisfactoria para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos pero, destacó, que es preciso difundir a la sociedad el amparo que la legislación ofrece para evitar la vulneración de sus derechos, especialmente en los contextos más problemáticos.
En este sentido, subrayó la necesidad de realizar permanentemente esta tarea en coordinación con las instituciones y organizaciones civiles presentes en el territorio.


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Por otra parte, reconoció carencias en materia presupuestal para la concreción de esta tarea, considerando especialmente que la nueva legislación le asigna nuevas responsabilidades que deberán ser cubiertas con la redistribución de recursos propios.


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Plá es una de las fundadoras del Servicio Paz y Justicia de Uruguay junto al sacerdote Luis Pérez Aguirre y también en la fundación del Observatorio del Sur.
Su militancia política siempre estuvo vinculada a la democracia y a los derechos humanos, promocionando el voto por el “no” en 1980; también participó en el equipo de redacción de la ley de amnistía de 1985 y trabajó por la derogación de la Ley de Caducidad.
>>> Sin frenos

El Poder Ejecutivo decidió el arresto a rigor por 30 días del Comandante del Ejército, general Guido Manini Ríos.
El tema fue analizado en el Consejo de Ministros de este lunes luego de recibir un informe detallado del Ministerio de Defensa.
Según consignó Subrayado, la sanción fue aplicada debido a diversas manifestaciones públicas de Manini Ríos en las que hizo consideraciones políticas, algo que los mandos castrenses tienen expresamente prohibido en la Constitución, donde se establece que los militares en actividad, cualquiera sea su grado, deberán abstenerse de cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto.
La semana pasada el jefe de la fuerza de tierra cuestionó el proyecto de ley que reforma del sistema de retiros y pensiones militares y criticó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. También pidió que el proyecto no sea aprobado en la Cámara de Diputados, luego de que fuera votado en la Cámara Alta.
Estas y otras opiniones de Manini Ríos se dan en el marco de la reforma de la denominada Caja Militar y la nueva Ley Orgánica Militar, que reduce la cantidad de oficiales y modifica aspectos de la ley aprobada durante la dictadura, basada en la doctrina de seguridad nacional.

El presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva dijo que los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori “le están mintiendo a la gente” y que la sanción de Manini Ríos fortalece la posición favorable de los uruguayos por las Fuerzas Armadas. El diputado Pablo Abdala dijo que la sanción es "absolutamente desproporcionada".

11.09.2018