La mentira oficial de un asesinato en el infierno

Además del comunicado el Ministerio del Interior publicó en su momento un audio del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Gonzalo Larrosa, en el que decía lo siguiente: 

"Los incidentes comenzaron sobre las 22 horas hubo varios internos llamando a la guardia, supuestamente había un interno que estaba lastimado, que había sido agredido por otro. En eso suben los policías y resulta que había como 8 presos en la vuelta ahí esperándolos, que habían roto la celda y estaban esperando ahí a la Policía. Se intervino, se logra controlar la situación. No hubo policías heridos, en realidad no llegaron nunca a un enfrentamiento, había un interno que tenía una herida por corte de arma blanca y minutos después cuando fue llevado a enfermería, falleció. Se incautaron cortes, se hizo requisa en esa zona, en esas celdas, por la hora de la noche no se hizo todo el sector, pero sí dónde habían roto esas celdas. Se distribuyó a los internos a otros sectores para arreglar lo que habían roto. Se sigue investigando, se dio cuenta a la Fiscalía. Se sigue investigando en el día de hoy porque hay por lo menos tres imputados, aparentemente los que lo lesionaron, pero eso se está estudiando ahora y recabando información para dar con cuál de los tres que son los señalados es en definitiva el matador ¿no? Por momentos eso, que se sigue investigando, trabajando sobre el hecho para investigar a los agresores"

>>> Informe de la muerte ocurrida en la Unidad nr3 del Penal de Libertad

Una investigación del comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit determinó que la guardia del penal de Libertad mató de un escopetazo a un recluso del celdario 1 mientras sofocaba una reyerta generada el 9 de octubre.

Incidente Con Fallecido en Penal de Libertad 9-10-18 by Alberto Cabrera on Scribd

>>> Lo dejaron morir

Venancio Acosta
Betania Núñez
7 diciembre, 2018

Llamaron a las ocho y media de la mañana. Leonor recibió la noticia y sólo atinó a colgar el teléfono. El mismo aviso, a Gustavo lo paralizó; sus compañeros de trabajo lo llevaron de apuro desde el puerto de Montevideo a la ciudad de La Paz, donde vive con su esposa. Sosteniendo el aparato en un temblor, llamó al penal de Libertad y articuló, como pudo, las preguntas necesarias. “Ajuste de cuentas entre reclusos”, fue la explicación que recibió luego de que le dijeran que a su hijo lo había apuñalado otro preso, y que por eso había muerto. Ese mismo día, añadieron del otro lado, trasladarían el cuerpo a la morgue judicial.
En realidad, Carlos Alberto Núñez murió en la madrugada del miércoles 10 de octubre a causa de un tiro que lo alcanzó en la espalda, efectuado a corta distancia por un policía del penal de Libertad. El “Pato” –como lo llamaban– había cumplido 40 años en setiembre. Estuvo preso en Punta de Rieles y luego lo trasladaron al penal, un infierno del que pensaba largarse a fin de mes, al terminar de cumplir su pena. Lo abandonó, en cambio, por el disparo cobarde de la guardia, después de exigir auxilio médico inútilmente, pálido y empapado en sangre, desde el fondo de un calabozo.
Los padres de Carlos, en tanto, supieron esa verdad de boca de los propios presos, que se las arreglaron para hacerles llegar la versión no oficial de lo ocurrido. Ese mismo día el país desayunaba con la noticia de que Núñez había sido apuñalado y tres reclusos eran los sospechosos. El ahora ex director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Gonzalo Larrosa –al repetir la información que recibió desde el penal– trasmitió minuciosamente algo que nunca sucedió. Y el propio Ministerio del Interior (MI) desde su Unidad de Comunicación amplificó a los cuatro vientos una noticia falsa.
Una semana después de la muerte de Carlos, Gustavo y Leonor se pusieron en contacto con el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, que también había sido alertado por los internos de que algo andaba mal con la versión oficial. Y a fines de noviembre lograron presentarse ante Cesare Cingia, fiscal de Libertad, para constituirse como víctimas y ver el expediente judicial. El velo se descorría públicamente, pero el daño ya estaba hecho. Nadie del INR ni del ministerio los volvió a llamar.
UNA FILMACIÓN. Una planchada de 70 metros de largo, y a un lado y otro, las celdas de los 50 presos del sector 3º B. Algunos forzaron los barrotes y 20 lograron salir al pasillo. En los dos extremos, protegidos por rejas, los guardias respondieron con armas de munición de baja letalidad y gases lacrimógenos. La escena fue al comienzo una repetición de lo que ocurre habitualmente en el Celdario 1 del penal. El clima había estado caldeado desde temprano –varios reclamaban en ese momento por un compañero herido en el ojo por un perdigón– y esa era la última represión de la noche. Se dispararon, según reconocieron luego los propios funcionarios, más de cien cartuchos.
La reconstrucción realizada por Petit fue informada a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria, del Parlamento, el jueves 29 de noviembre: “Los gritos, las roturas, los múltiples disparos desde los dos extremos de la planchada, los gases lacrimógenos, el ladrido de los perros de la custodia y el movimiento de personas en la planchada provocaron un caos generalizado”.
Carlos se acercó a uno de los extremos para entregarse. Según contaron otros presos que lo veían desde sus celdas, la guardia le indicó que se diera vuelta, pusiera las manos en la nuca y se hincara. Ahí fue que a Carlos, de espaldas y a corta distancia, le dispararon y cayó al suelo: mientras se retorcía, gritaba que le habían tirado con “una bala de verdad”. En realidad, la munición que le perforó el bazo y fue extraída del cuerpo durante la autopsia era, según el informe de balística, un proyectil de gas lacrimógeno.
La única filmación disponible arranca luego de que Carlos ya estuviera herido y tirado en el piso, y fue hecha por la cámara Go Pro de un oficial del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP). En el registro se ve y escucha al jefe del operativo mientras ordena que se detengan las grabaciones, pero como la cámara Go Pro no fue apagada y continuó filmando otros 40 minutos, también se distingue a dos policías que pasan al lado de Carlos y le pegan, cada uno, una patada. Sin embargo, cuando dos días después fue entrevistado por Petit, el jefe del operativo sostuvo que “recién vieron que había un herido grave cuando en el servicio médico tuvieron noticias de que había un interno fallecido”, tal como lo reprodujo el comisionado en su informe al Parlamento.
Petit redactó que todo indica que Carlos “murió a raíz de un disparo de escopeta con munición no letal pero hecho a muy corta distancia, realizado innecesaria e irregularmente cuando se encontraba indefenso y sin posibilidad alguna de agredir a nadie, ya que una reja lo separaba del personal policial”.
DEL ARMA BLANCA AL PROYECTIL. Carlos llegó al centro médico del penal caminando, aunque había estado casi dos horas desangrándose, primero tirado en el mismo lugar en el que le dispararon, luego en un calabozo de la planta baja al que lo trasladaron. La doctora y los dos enfermeros de guardia intentaron reanimarlo durante media hora, desde que llegó al centro y hasta su muerte. En la historia clínica dejaron documentado que ingresó acompañado de un policía y “empapado de sangre”, “con desasosiego”, “pálido”, “con mal estado en general”; a la herida la describieron “como hecha con un sacabocado”, “profunda” y ubicada “en la fosa lumbar izquierda”. Luego de llevar a los 20 presos que se habían amotinado en el pasillo y requerían “constatación de lesiones”, el último en ser trasladado fue Carlos. A la doctora le dijeron que le llevaban “un pinchado”, y ella en la parte superior de esa hoja de la historia clínica estampó: “Herida de arma blanca”. Si bien la médica de guardia no quiso hacer declaraciones, su coordinadora en el centro médico del penal, Sandra Torrelle, dijo a este semanario que “lo que complicó al paciente fue la espera, se demoró mucho, fue el último en ser llevado”, pero también aclaró que “la médica que estaba de guardia insiste en que era una herida de arma blanca”. El relato de que la herida había sido producida por un arma blanca se asocia automáticamente con un corte carcelario y la agresión de un preso. Sin embargo, Brecha supo que la doctora que lo atendió no insistió en esa versión cuando declaró en la fiscalía.
Pero la conclusión de que la herida había sido producida por un arma blanca se coló en la “información de urgencia” que elevaron el subdirector operativo, Darío Suárez, y el jefe de reclusión, Carlos Díaz, a las autoridades del penal, del INR y del Ministerio del Interior, pese a que, como lo señala el informe de Petit, ya habían pasado nueve días desde la muerte de Carlos. En ese marco, el comisionado aboga por mecanismos independientes en la interna del establecimiento que eviten “los conflictos de interés y subjetividades al valorar los hechos”.
Ese informe derivó en una investigación administrativa, que analiza el caso en paralelo al trabajo de la fiscalía y del comisionado. Consultadas por Brecha, algunas autoridades no quisieron hacer declaraciones, como es el caso del director del penal de Libertad, Assael Arcos, y del director interino del INR, Alberto Gadea, quienes plantearon que hasta que la investigación judicial no avance no habrá novedades en la órbita administrativa. Gadea sostuvo, además, que por el momento no corresponde el desplazamiento preventivo de ningún oficial, y que ni siquiera ha podido ver la filmación disponible del operativo.
Al cierre de esta edición, la fiscalía de Libertad continuaba las actuaciones. Las minucias forenses lograron aclarar los hechos y existen certezas en cuanto a la duración del operativo, a las armas y municiones utilizadas y a la cantidad de guardias que intervinieron. Casi la totalidad de los implicados ya declararon en la sede fiscal, gran parte de las informaciones fueron presentadas y ya se manejen los nombres de algunos policías señalados como responsables por los propios presos. No obstante, todavía no se ha podido individualizar al tirador. El universo de sospechosos se redujo cuando se determinó que el proyectil era de gas lacrimógeno, insumo con el que contaban sólo algunos guardias. De todas formas, es poco probable que haya una formalización de la acusación antes de la feria judicial mayor.
SIN EXPLICACIONES. Desde que lo habían trasladado de Punta de Rieles, Carlos había sido enfático en no recibir visitas. “Él no quería que fuéramos porque en el penal se están matando entre ellos. No quería –cuenta su padre–. Con la madre y la compañera mandábamos una caja de 25 quilos todos los meses, más de eso no se podía. Desde que lo trasladaron, nos dijo rotundamente: ‘No vengan’. Pero estaba haciendo conducta. Ya le habían notificado que salía a fin de mes.” Frente a aquel único y lapidario aviso inicial del INR que daba cuenta de la muerte, la familia se abocó con premura a ordenar lo necesario para realizar el velatorio. Al día siguiente de lo sucedido el cuerpo de Carlos había sido trasladado a la morgue judicial, y un día más tarde se realizó la autopsia. La demora y los horarios reducidos del cementerio local impidieron que lo velaran, tampoco los llamaron a reconocer el cuerpo: “Yo no sé si es mi hijo el que está ahí, yo no lo vi”, narra su madre. Además, los padres cuentan que la compañera de Carlos fue amenazada a los pocos días. Recibió dos llamadas en su celular: un desconocido le advertía que “dejara todo quieto porque le iba a salir caro”.
“Los reclusos están ahí porque algún daño le hicieron a la sociedad. ¡Pero tampoco son animales para que los maten de esa forma!” La frase retumba en la cocina silenciosa de la casa de La Paz, donde la familia aguarda –lejos de los tecnicismos judiciales– explicaciones sensatas y llamadas que nunca llegan. Ahogando los impulsos del llanto y sosteniendo la tensión del cuerpo y de la voz con el humo de un cigarrillo inquieto, su padre reclama: “Después de que se supo la verdad nunca nos llamaron. Yo quiero que el señor Bonomi nos explique él mismo lo que pasó, personalmente. Eso queremos. No queremos plata. La plata no te trae de vuelta la vida de nadie. ¡Queremos explicaciones! Porque fue injustamente muerto. ¡Ellos no están para matar a la gente! Él ya salía, salía a fin de mes. Tenía la ropa pronta para cuando saliera. El ministerio le debe una explicación muy grande a mi familia”.

La violencia en el penal y su cierre

Estructural

En el Penal de Libertad asesinaron a cinco presos desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre. El último muerto no fue el Pelado Roldán, luego de él murió un preso mucho menos mediático, y justo antes, Carlos Núñez. En la estadística que lleva el comisionado, esta es la única muerte que tiene asignada la causa “violencia institucional”.
Ya en su informe anual de 2017 comunicaba que de 1.075 presos trabajaban 272, y de ellos 202 lo hacían sin ningún tipo de remuneración a cambio. Ese año el total de muertes violentas fue de nueve: siete homicidios y dos suicidios. Además, sostenía que “es una unidad totalmente contraindicada para cualquier tipo de actividad de rehabilitación: inhóspita, anómica, impersonal, deprimente y angustiante”.
Más tarde, en agosto de este año, Petit presentó junto con abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República un pedido de hábeas corpus ante el Poder Judicial, a raíz de las pésimas condiciones de reclusión de los calabozos ubicados en el Celdario 1. No había luz, agua, ni baños. No obstante, allí se había alojado a 14 presos que habían solicitado un régimen de seguridad especial, alegando que sus vidas corrían peligro por haber sido amenazados en reiteradas oportunidades. Finalmente, las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación resolvieron su cierre.
Ahora, ante la muerte de Carlos, Petit sostuvo en el informe presentado el 29 de noviembre a la Comisión Especial del Parlamento: “En muchas partes del sistema penitenciario, en particular en el penal de Libertad y más en particular en el Celdario 1, la falta de funcionarios o programas dedicados a tareas socioeducativas provoca una muy mala convivencia, en la que afloran todo tipo de violencias y deshumanizaciones”, por eso apeló a que “el contexto que provocó el hecho ocurrido el 9 de octubre, su desarrollo y lo que pasó luego que ocurriera el incidente, sean ahora una señal inequívoca –por si todavía faltara una– de que es ineludible cerrar el penal de Libertad”.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ya había manifestado en junio de 2017 su intención de cerrar el Celdario 1 del penal y, aunque no puso fecha, argumentó que eso sería posible en los meses siguientes, fundamentalmente gracias a las nuevas plazas que se habilitarían con la nueva cárcel en Punta de Rieles, que fue inaugurada en enero de este año.

La reacción de la comisión especial de seguimiento

Sin explicaciones

“La verdad que me parece muy grave lo que acaba de relatar el señor comisionado. Yo estoy consternado. Lo matamos como a un perro. Reitero: ¡lo matamos como a un perro! Nosotros, el Estado uruguayo, lo mató como a un perro a este señor. Tenemos que hacernos cargo de eso”, dijo en la Comisión Especial de Seguimiento el diputado del Partido Independiente Daniel Radío, luego de la comparecencia de Petit del 29 de noviembre. Y continuó: “Además, hay un intento deliberado de ocultar eso, de esconderlo; un intento deliberado que dice que la causa de la muerte fue otra, y lo que es más triste es que el Ministerio del Interior se hace cómplice de esto, ¡se hace eco de esto! ¡Lo cuelga en la página del ministerio!”.
En la misma línea que la presidenta de la comisión –la senadora del Frente Amplio Ivonne Passada–, el diputado nacionalista Gustavo Penadés dijo sobre el final: “En la tarde de hoy, mucho más que eso –salvo por el grado de indignación y preocupación que hay– no podemos avanzar con el comisionado. Sí lo vamos a poder hacer con las autoridades del Ministerio del Interior el jueves próximo”.
Pero en el correr de la semana el ministro Eduardo Bonomi suspendió su comparecencia ante la comisión, ya que el martes se presentó una moción de censura en su contra, que será considerada el jueves que viene. El argumento para justificar la ausencia no convenció a los legisladores, al menos a los de la oposición que integran la comisión.