Licencia para la destrucción

 

Por: Daniel Pena
24 diciembre 2021

El 2021 culminó con un hecho poco común en la política uruguaya. El presidente vetó una ley aprobada en el parlamento. Se trataba del primer intento en más de 40 años de reducir la superficie habilitada para la forestación en el país. Daniel Pena analiza la manera en que las sólidas evidencias sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del agronegocio forestal-celulósico comienzan a colarse en la agenda política de Uruguay.

 

El jueves 16 de diciembre del presente año, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou decidió utilizar la herramienta menos democrática que brinda nuestra constitución: el poder de veto presidencial. Más allá de la polémica por el uso del veto como gobierno, lo más tenso se encuentra en los argumentos esgrimidos para desandar la ley que reformaba parte de las reglas de juego forestales en nuestro país: según fue detallado en el Observador “El texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas”.

Según queda expresamente claro, el veto prioriza ante cualquier otro argumento la libertad de los productores a decidir qué y cómo hacer con sus tierras, en primer lugar la defensa de la propiedad privada incluso si esto implica la destrucción del suelo, las cuencas, la capacidad productiva de los vecinos y los ecosistemas. Un veto en defensa de la libertad de destrucción.

Esto desconoce la inmensa bibliografía científica (nacional e internacional) y los relatos de productores de alimentos de nuestro país que fueron presentados ante la comisión del senado correspondiente. Al parecer, la acidificación y salinización de los suelos, la disminución de la capacidad hídrica de las cuencas y la consecuente problemática de falta de agua para productores vecinos y pueblos que encuentran secos sus pozos, la invasión de plagas como jabalí, garrapatas y caranchos, la sistemática pérdida de productores familiares productores de alimentos, la migración rural-urbana intensificada por este modelo, las precarias condiciones del 44% de los trabajadores forestales informales, la destrucción de los tejidos comunitarios rurales y los saberes productivos involucrados, así como la inmensa pérdida de biodiversidad por el avance del monocultivo de eucalyptus en más de un millón de hectáreas; ninguna de esas problemáticas son “razones de interés general”, en un país que prioriza la propiedad privada como máxima absoluta, y fragmenta los ecosistemas en los límites del alambrado. Con su mensaje a la ciudadanía, el presidente nos da a entender que desconoce las evidencias científicas del daño que la forestación está realizando en nuestra fauna, flora y comunidades rurales; y prefiere responder a los intereses de las las multinacionales UPM, Montes del Plata y Lumin (y de paso al puñado de familias uruguayas propietarias de plantaciones, dentro de las cuáles se encuentra su propia familia).

Ahora bien, ¿qué fue lo que vetó el presidente el jueves? El Frente Amplio y Cabildo Abierto (partido de origen militar, integrante de la coalición de gobierno) en el senado, sumados en diputados al Partido Ecologista Radical e Intransigente, aprobaron un ley que reformaba algunos elementos de la Ley Forestal de 1987. Esta reforma no era la ideal claramente, y tenía algunos puntos para corregir y debatir más a fondo, sin embargo significaba algunos cambios relevantes. 

1. Restringía los cultivos forestales a las tierras de prioridad forestal (actualmente se puede plantar en cualquier tierra, mediante la presentación de estudios de impacto ambiental, de hecho el 25% de las plantaciones están por fuera de este tipo de suelos). 

2. Establecía una superficie máxima a nivel nacional del 10% para la forestación, lo que significaba que 1.600.000 podrían ser forestadas, unas 400.000 hectáreas más que las actualmente afectadas¹. 

 3. Obligaba a las plantaciones de entre 40 y 100 hectáreas a realizar estudio de impacto ambiental. 4. Obligaba a las empresas forestales a restaurar la pastura natural o plantar monte nativo una vez que se decida no volver a forestar, haciéndose cargo parcialmente del daño producido en los campos².

La reforma enviaba algunas señales claras a las multinacionales forestal-celulósicas y sus familias uruguayas aliadas: su crecimiento tendría un límite, no se podría evadir controles forestando 98 hectáreas por padrón como sistemáticamente hacen actualmente, y deberían sumar en sus costos al menos algo de lo que externalizan a toda la sociedad: la recuperación de la pastura o monte nativo.

Tanto la alianza CA-FA como el veto presidencial fueron un juego político de ganar-ganar para todos los partidos. Por un lado Cabildo Abierto, con su nacionalismo de derecha extrema quedó posicionado como el defensor de la producción nacional, y dio respuesta a algunas demandas del movimiento de productores rurales Un Solo Uruguay. Al mismo tiempo mostró su capacidad de desobedecer la coalición de gobierno. El Frente Amplio barrió bajo la alfombra su historia de facilidades y negocios con las empresas forestal-celulósicas intentando dar una señal de escucha a los movimientos ambientales y la academia, incluso bajo la vergonzosa alianza con la derecha que se abrió de sus filas. Entre una serie de políticas progresistas en defensa de la forestación, fue el gobierno presidido por José Mujica quien amplió a la medida de Montes del Plata la categorización de los suelos 5.02b³ a prioridad forestal para facilitarles el negocio, mientras que el gobierno presidido por Tabaré Vázquez negoció en secreto el bochornoso contrato ROU-UPM en 2018 para su segunda planta, y que los tres gobiernos progresistas brindaron zonas francas, e incluso gran parte del puerto de Montevideo a estas empresas que ganan más de un millón de dólares por día sin pagar impuestos, ni generar nuevos empleos⁴. El Partido Nacional reafirma su alianza con la élite económica de nuestro país, de la cual es parte, dejando claro su defensa de la propiedad privada como bien supremo.

Los perdedores en la ecuación son los mismos de siempre: las personas de a pie, los productores familiares, los movimientos sociales y ambientales, los ecosistemas de nuestro territorio. Evidencia de esto es la inactividad de la oposición frente a la gravedad que implica una acción de veto: el Frente Amplio no ha generado ni generará ninguna acción de manifestación en defensa de la ley, no fue más que un simulacro mediático del cual prefiere hablar poco para no ser cuestionado por su propia base irritada con la alianza con la ultra derecha.

Como con tantas otras injusticias negadas por la política representativa será necesario defender en la calle y los territorios las transformaciones, seguir sensibilizando a la población con las consecuencias de este modelo extractivista, escuchando la voz de los afectados, y rompiendo las barreras entre las luchas, ya que que las injusticias que las originan operan juntas y superpuestas.

1Este es quizá el punto más polémico de la pretendida reforma, ya que habilitaba la plantación de eucalyptus suficiente como para un cuarta planta de celulosa, y el porcentaje no tenía un trasfondo argumentativo ninguno, sino un número completamente arbitrario.

2 Una síntesis del proceso de discusión parlamentaria puede revisarse en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/148848

3 Se puede consultar al respecto el documento “Riesgos al declarar la Unidad de Suelos 5.02b de prioridad forestal”. REDES-Amigos de la Tierra-Uruguay Sustentable. Montevideo. 2011. Acceso: www.redes.org.uy

4 Pena y Recoba, (2020) Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas.

 

 

 

 

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