domingo, 3 de abril de 2022

La justicia maltrata a los pobres


 

PODER JUDICIAL EN LA MIRA


 
Por Alfredo Percovich
Caras&Caretas 1 abril 2022

 

 Elizalde dijo que los ataques a la Justicia provenientes de “algunos actores del gobierno” pretenden “desacreditar” al Poder Judicial, del mismo modo que lo hacen con los sindicatos, la Universidad de la República y todas las voces disidentes con el relato oficial”.
Pablo nació en Sayago, vivió en Libertad y Trabajo y al tiempo la vida lo llevó a Ciudad de México en busca de refugio de familia, en tiempos de botas y sables cuando Uruguay fue asaltado por cívicos y militares de apellidos conspicuos y accionar ordinario y delictivo. Padre y madre con riesgo inminente de secuestro, las valijas se armaron casi sin hablar. En su exilio de infancia robada, extrañó el barrio, jugó con otros niños a otros juegos, cantó otras canciones y conoció la historia de otros próceres latinoamericanos. Otra historia que fue la suya. Después buscó pretextos para volver a la casa de los abuelos, al menos por unos días. Y con 11 años se tomó un avión para pasar unos días en Uruguay. Ese niño solo entre tanta gente desconocida buscaba sus raíces acá. Fue en 1980, cuando las radios repetían “te queremos ver campeón” y la ferocidad represiva se ensañaba en cárceles y cuarteles bajo la presidencia del nacionalista Aparicio Méndez, previo al plebiscito de 1980. Pablo sufrió el desgarro de un tío desaparecido, una tía presa y su propia experiencia del exilio difícil de cerrar ya que “allá sos uno de acá y acá te miran como uno que viene de allá”. Luego de idas y vueltas, la democracia y su familia abrieron paso a otra vida acá. Tiempo de echar raíces y redescubrir esquinas, colores y empedrados. Pablo se casó joven con una vecina de la casa de al lado. Fueron felices y tuvieron 8 hijos y ahora es muy feliz con Laura, con quien está aprendiendo tantas cosas. Trabajó en la ochentosa Pumper Nic preparando y repartiendo hamburguesas, después hizo empanadas, trabajó en la emblemática fábrica Alpargatas hasta que cerró, puso un kiosco y se fundió, repartió agua mineral y después de todo eso, desembarcó en el Poder Judicial, como auxiliar y luego concursó para un cargo administrativo. Hoy es el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y trabaja en el proyecto Ajprojumi, referido al archivo judicial de expedientes provenientes de la Justicia militar de la dictadura, que en democracia fueron trasladados al Poder Judicial. Dialoga con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y con todas las gremiales vinculadas a la Justicia. Cuida las palabras, pero es crudo cuando habla de los problemas del sistema. Está convencido de que son distintas las posibilidades de acceso a la Justicia para pobres o ricos.
 
¿Cuál es tu lectura del resultado del referéndum?
Creo que fue una alerta al gobierno que venía con una actitud muy arrogante, hablando insistentemente de un porcentaje de aprobación de la población que no es tal. Quedó patente este domingo que la mitad exactamente de la población dijo que no quiere las cosas tal como las está llevando actualmente. Por tanto, creo que es una victoria. Más allá de que no se llegó a derogar los 135 artículos creo que el movimiento popular volvió a reencontrarse y comenzó a caminar en conjunto, algo que hacía mucho tiempo no pasaba. Cada organización levantaba sus reivindicaciones y daba sus luchas por distintos caminos pero ahora hubo una sinergia como para ponerle un horizonte, un rumbo hacia dónde transitar. También creo que el resultado del domingo puede llegar a ser muy peligroso para el gobierno. Me preocupa que distintos actores políticos de la coalición de gobierno dinamitaron vínculos. No le interesa hablar con la oposición, ni con los sindicatos, ni con las organizaciones sociales. Exclusivamente les interesa avasallar.
 
La postura del presidente Lacalle pareció muy tajante e incluso cortante.

Yo lo vi enojado, también por eso digo que es una victoria. Porque el gobierno sintió el cimbronazo. Al único que escuché en otra sintonía fue al senador [Gustavo] Penadés, que dijo que había que escuchar lo que estaba diciendo la mitad de la población con su respaldo al Sí. Fue al único que vi con una actitud así, en cambio la senadora Bianchi o sus trolls siguieron insultando a todo el que se les ponía adelante.
 
No es un mero personaje para distraer cuando hay temas pesados, ¿verdad?
Para nada. Es más profundo. Yo creo que es la forma de actuar de la derecha internacional. No es un desquiciado que está opinando libremente en las redes. Es una forma de actuar y creo que ese accionar está armado. Nadie tuitea cada media hora sin importar la hora del día o si es de madrugada, siempre atacando con odio. Creo que esa es la actitud que han tenido las derechas internacionales para poder instalarse y para ello han trabajado específicamente en intentar desacreditar al otro. El problema en las redes es que a vos te desacreditan y no importa si es verdad o mentira lo que dijeron. Ya te desacreditaron. Y hasta opera el “algo habrá hecho”. En este plano tenemos una postura muy clara sobre el valor de la Justicia. Lo que dijo el ministro del Interior es grave. Eso que nadie puede hacerse el distraído no corresponde. Si vos confías en los sistemas democráticos tenés que entender que el Poder Judicial no funciona ‘al grito’. Si yo cuestiono algo tengo que probarlo. Es grave que un ministro se exprese así y el PJ es uno de los garantes del Estado. Yo nunca antes escuché un cuestionamiento tan profundo. Ni bajo los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle Herrera, ni los del FA.
 
¿La SCJ no reaccionó? ¿No cuestionó? ¿Por qué no hubo respuesta?
Nosotros le hemos reclamado a la Corte una respuesta porque creemos que tiene que actuar. El tema es que se dijo ese disparate y quedó ahí. Y como no hubo respuesta, entonces los dichos parecen quedar establecidos como si fueran la verdad. Por eso las y los trabajadores judiciales salimos a combatir eso. Pero todo esto es parte de un entorno peligroso que se está generando. Hay discursos políticos que -por ejemplo- impactan en los aparatos represivos, principalmente en la Policía. Y son discursos arrogantes, que envían el mensaje: “Hacé lo que quieras y de la forma que quieras que yo te respaldo”. Pero el problema no es ese, el problema es que hay un ordenamiento jurídico que dice que esas cosas no las podés hacer. Y si alguien quiere cambiarlo, tiene que ir al Parlamento y cambiarlo. Porque estamos hablando de garantías para todos. Hay que fortalecer y no menoscabar la independencia de los magistrados. Por supuesto que lo podés cuestionar, de hecho hemos cuestionado a muchos magistrados, pero yo tengo que confiar en su criterio. Si me doy cuenta que está mal, tengo todos los elementos para cuestionar. No puedo salir al boleo para que la sociedad les quite respaldo. Porque además, nunca es al barrer y no todo es lo mismo.
 
Se atacan los sindicatos, los feminismos, la Universidad y todo lo que pueda ser una voz disidente del relato oficial. ¿Es casual?
El poder que nos gobierna no quiere disidencias, quiere un pensamiento único, porque es la forma de implementar un modelo económico feroz, que si tiene que pasarle por arriba a mucha gente lo hará. Otro problema que veo pero en la izquierda, es que han legislado sin dar las discusiones necesarias. Y no se le puede pasar por arriba a nadie. Esa es una gran lección que deja la LUC. Pero la izquierda también cometió ciertos errores cuando legisló sin dar las discusiones necesarias.
 
¿Por ejemplo?
Con la ley trans o la ley integral de violencia hacia las mujeres basada en género. Yo cuestiono algunos procedimientos establecidos en la ley. Y esto no se discutió. Para mí es muy peligroso que no se den algunas discusiones antes de aprobar una ley. En este caso, si el juez tiene una visión de género y una postura avanzada, resulta que la 19.580 es una buena ley. ¿Pero si el juez no tiene visión de género? La nueva ley hace competente al juez desde lo civil hasta lo penal y no hay posibilidades que otro juez intervenga. El mismo juez será el que inició el proceso. Si te toca un juez formado en género, es una cosa, pero de lo contrario, será muy distinto. Y acá nadie está formado en género, salvo que haya hecho algo por decisión propia.
En la última Rendición de Cuentas, el Poder Judicial dijo que había realizado un trabajo de formación en género. Habló de 40 horas en formación de género. Pero no por magistrado, sino en total. Es insólito. El sistema político creó juzgados de género pero no otorgaron ni un peso para ello. Abrieron uno en San Carlos y el segundo que se va a abrir será en Salto o Rivera, pero en el centro del país que es donde pueden llegar a tener mayor incidencia no hay ninguno abierto. Otro problema es que se creó una ley que establece la los juzgados de género pero no las defensorías especializadas en género. Creo que es tiempo que el sistema político -y acá incluyo a la izquierda- tiene que discutir sinceramente que se debe legislar con seriedad y no aprobar leyes para la tribuna. ¿Por qué la IVE es inamovible? Porque se discutió. Se generó conciencia, masa crítica. Y ya casi nadie la discute. Hay lecciones que son para todos: cuando vos tenés las mayorías circunstanciales, no podés avasallar. Va para todos los gobiernos.
 
¿Cómo se explica que un gobierno que tuvo a más de 100.000 nuevos pobres comiendo en ollas populares porque el Estado estuvo ausente prácticamente no haya perdido ni un voto?
No habrá perdido votos, pero aprobación vaya que perdió. El presidente tenía un respaldo aproximado del 60% y su buque insignia no llegó al 49%. Algo se les cayó. Y la pandemia les jugó a favor a muchos gobernantes en el mundo. No solo acá. Además, sobre la pobreza está muy instalada la mirada neoliberal de la meritocracia que si trabajabas de changas, ‘jodete’. Y si sos pobre, será porque no te esforzaste y no fuiste a la universidad.
 
¿Cuánto inciden los medios de comunicación en esa construcción de la meritocracia de los exitosos?
Directamente. Siempre fue muy importante su accionar. Pero yo me pregunto por qué nunca pudimos construir modelos informativos alternativos. Una primera respuesta podría ser en que no se destinó financiamiento para ello. No soy experto en el tema, pero claramente no se concretó. Además, en gobiernos progresistas hubo una ley de medios que pasó 4 años en un cajón sin reglamentar. Entonces y más allá de ciertas alternativas que se buscaron, lo cierto es que no se pudo concretar. Por tanto creo que nosotros tenemos que hacer también nuestra autocrítica para ver cuál fue nuestra responsabilidad desde los movimientos populares para no haber logrado concretar esos espacios de comunicación masiva que ofrezcan otras voces y miradas.
 
La izquierda suele cuestionar a los grandes medios pero los necesita, ¿no?
Sí y ese es un gran punto. Hay medios y espacios que te avasallan, pero también debemos discutir cómo nos paramos frente al avasallamiento. La actitud de los grandes medios de comunicación siempre ha sido la misma. De un tiempo para atrás, queríamos estar en esos medios y entramos a jugar con sus reglas. Pero cuando comenzamos a jugar con esas reglas, marchamos. Después cuando la izquierda salió del poder y pensaba que podía tener la misma incidencia o exposición que antes, se dio cuenta de que ya no tenía un tratamiento como antes, tal como pasó en el referéndum. Ahora que no estás más en el gobierno y como sos izquierda, los medios te dejan de lado alevosamente. Pero no sé si la izquierda puede quejarse mucho porque eso es parte de la lógica de los medios. Son sus reglas. Vos quisiste jugar con esas reglas y perdiste. Las imponen ellos, pero el manejo siempre fue el mismo. Entonces la discusión está en cómo generar alternativas. Sinceramente, yo no lo sé. Como tampoco sé cómo captar que venga mucha gente a militar al sindicato. De verdad no lo sé. Sí sé que este sindicato hizo cosas muy importantes por ejemplo en la pandemia, que ni siquiera el Estado las hizo, pero eso no logró convocar a mucha más gente. Nosotros fuimos los primeros que le dimos al Institut Pasteur una donación en la pandemia de US$ 10.000. Antes que el Estado le diera un peso para investigar la covid, nosotros lo hicimos. Pero no siempre hacer cosas por los demás implica que el sindicato crezca. No sé si es por falta de información y problemas de comunicación o por otros motivos. Como sindicato les donamos las caretas a los 3.500 funcionarios -fueran afiliados o no- para su cuidado en la pandemia. Bancamos casi un año y medio una olla popular en el barrio Nuevo París, pero en base al esfuerzo de algunas personas. Entonces pienso y doy vueltas para tratar de entender algunas cosas ¿Cuál es la síntesis? ¿Qué es lo que sucede al día siguiente? A mí lo que siempre me preocupa es cuando las cosas quedan allí, en el fin en sí mismo.
 
Por estos días se volvió a discutir si hay una justicia para ricos y otra para pobres. ¿El sindicato tiene postura sobre este tema?
Nosotros no creemos que haya una justicia para pobres y para ricos, pero claramente sí creemos que hay un acceso a la justicia para pobres y para ricos. Eso determina el fallo porque no todos tienen los mismos elementos. No es lo mismo si yo alguien tiene todas las posibilidades de acceder a la prueba que si no las tiene. Hay gente que puede acceder a abogados de prestigio, que tienen vínculos y canales abiertos en los grandes medios y otros que no. Tampoco es lo mismo sobre situaciones sospechosas, que una persona pueda pagar pericias o que sus abogados estén todo el tiempo con su caso que para el que está limitado a disponer de solamente de los recursos públicos. Y la defensa pública está desbordada, por tanto, no es lo mismo.
 
Los juzgados especializados de familia tienen un entorno de 40.000 denuncias de violencia de género, intrafamiliar o doméstica. ¿También están desbordados?
Ahí, por ejemplo, un mismo equipo técnico tiene que trabajar para dos juzgados distintos. Siempre insisto en que debemos aplicar la ley pero estamos muy lejos, por ejemplo, en este tema de la intervención de los equipos multidisciplinarios. Estamos muy lejos.
 
Están lejos de la justicia pero muy cerca de la vulneración de los derechos. Si un mismo equipo multidisciplinario tiene que responder a dos jueces y tiene que trabajar con una agenda sobrecargada, parece difícil trabajar en esa lógica. ¿Quién los protege?
Esto que nos preocupa sucede en Montevideo. Imaginemos lo que sucede en el interior del país, donde los equipos multidisciplinarios trabajan en los juzgados letrados y la población que tiene que acceder al servicio está a 60 km en la mitad del campo.
 
¿Hay atrasos en la agenda de violencia especializada? ¿Para cuándo se está agendando hoy para concurrir a una pericia?
Debe rondar los seis meses y en algunos casos más.
 
¿Hay oficinas suficientes, computadoras, espacios para entrevistas, personal técnico?
En materia inmobiliaria, con ciertas excepciones, en general sí hay. El organismo nos asegura que la asignación de mobiliario ronda el 80% y lógicamente hay un 20% que se entiende puede fluctuar. Por tanto, el problema no pasa por los medios tecnológicos sino por los recursos humanos. Falta gente.
 
¿Cuántos psiquiatras hay en el PJ?
No lo sé. Sí te puedo decir que hay un psiquiatra pediátrico para todo el país y está acá en la capital.
 
¿Los jueces no se plantan y dicen paremos esto porque no puedo trabajar así para decidir colocar una tobillera o cuidar una vida que está en riesgo?
Yo creo que hay jueces que hacen bien su trabajo y tratan de llevar adelante las mejores condiciones. Hay otros jueces que no y si no se puede, no se puede. Por eso pasan las cosas que pasan. El tema es que cuando nos damos cuenta de las carencias, a veces es demasiado tarde. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que maten a una mujer cuando existió denuncia y comenzó el proceso. O cómo es posible que haya niños abusados cuando existió una denuncia previa. Pero si en el marco del proceso había que realizarle una pericia a una niña y la Justicia demoró meses, entonces las respuestas aparecen de manera dramática. Con nuestra demora para atenderla en el PJ dejamos expuesta a esa niña. Sinceramente, no sé en términos más finos cuánto personal exactamente se necesita para los equipos técnicos. Pero se necesita y de manera inmediata.
 
¿El sindicato ha recibido denuncias de persecuciones, violencia y distintas situaciones irregulares de presiones hacia el trabajo de los funcionarios?
Lo que recibimos son denuncias de acoso laboral o de ciertas presiones en algunas oficinas. Y esas denuncias las tramitamos.
 
¿No han recibido denuncias de que hay que “sacar” expedientes para cumplir metas estadísticas porque no se pueden “seguir amontonando”?
Hay presión para que las cosas salgan, pero las y los funcionarios trabajan como tienen que hacerlo. El tema es que claramente tenemos pocos funcionarios en el PJ.
 
Y el gobierno quiere que cada vez sean menos, que se vayan jubilando y no ingrese personal.
Exactamente. El expresidente de la SCJ, el doctor Tabaré Sosa, tenía una visión muy parecida a la del gobierno y no quería que entraran funcionarios al PJ porque sostenía que no hacemos nada. Una burda mentira. No sé cuál es su criterio de hacer o no hacer cuando él en la pandemia estaba en su casa mientras el resto de los funcionarios de alguna forma estábamos todos trabajando. La Corte estaba en su casa, le llevaban los expedientes a la casa. Los jueces hicieron turnos, pero los ministros de la SCJ se hacían llevar los expedientes a sus casas. Recordemos que un ministro se hacía subir los expedientes con una cuerda hasta su balcón porque tenía miedo al contagio.
 
Hoy hablabas del acceso a la Justicia. Posiblemente el caso de la Operación Océano tal vez fue de los más elocuentes sobre estas inequidades. Fue muy evidente el despliegue en los medios de los bufetes de abogados y la forma en la que se insistió en la culpabilización de las víctimas. Hace poco tuvimos el caso del periodista Ignacio Álvarez, que difundió audios de la mujer que denunció una violación grupal. ¿Creés que es una práctica que llegó para quedarse? ¿Nos tendremos que acostumbrar a que el poder económico marcque las reglas exponiendo en los medios a víctimas y denunciantes?
Yo creo que sí. Es horrible, pero sí. Y la utilización mediática de las cosas determina la opinión del otro. Del mismo modo que cuando querés correr el eje de discusión de algo importante y salís a embarrar la cancha. Es lo mismo que aplica para las acusaciones de la senadora Bianchi. La legisladora lo que hace es desprestigiar para distraer la atención de los temas verdaderamente importantes. Pero en la Operación Océano no solamente hubo quienes actuaron para desprestigiar a las víctimas sino que decididamente hubo un trabajo para desprestigiar a la fiscal, con determinadas acusaciones que nunca se pudieron probar. En el ambiente quedó cierta idea de que se hizo un trabajo desprolijo. Pero si así hubiera sido, correspondía un sumario, una sanción o destitución. Pero no se debería admitir que algunos puedan flechar la cancha -y la opinión de la gente- gracias al poder del dinero y de los medios. Y este es un fenómeno reciente. Porque recordemos que en Uruguay se juzgó a los Peirano, pero no hubo una posterior operación mediática para “limpiar” su imagen. Sin embargo, acá lo que están limpiando es la imagen de tipos que tenían plata y le pagaban a gurisas por sexo. Incluso con chiquilinas que tal como lo explicó la fiscal, en algunos casos ni siquiera se visualizan como víctimas de explotación. Posiblemente la mayoría de los imputados en la Operación Océano tengan hijas de las mismas edades que las de las gurisas a las que les pagaban para que tuvieran relaciones con ellos.
 
¿Si cae la Operación Océano sería un mojón de las debilidades de la Justicia?
Lamentablemente y a título personal, creo que no va a llegar a buen puerto por toda esta presión y maniobra pública y porque se ha puesto en tela de juicio el propio proceso.
 
Saben lo que hacen. En otros casos mucho menos notorios, algunos abogados que trabajan con clientes poderosos han investigado a las profesionales de los equipos multidisciplinarios para intentar desacreditar sus trabajos de peritaje.
Sí, queriendo buscar fotos a ver si les encuentran algo, si están con una remera o tomando una cerveza. Y siempre digo que es como no asumir que todo el mundo después del trabajo tiene su vida propia. Pero es una forma de intentar desacreditar. Te buscan a ver si militás en una causa o para saber tu orientación sexual. Es tremendo. No podés desacreditar a alguien porque se viste o camina de tal o cual manera. Y en nuestro caso, los jueces no nacieron de un repollo. Tienen sus vidas, sus pasiones humanas, como cualquiera de nosotros. Lo que sí se tiene que salvaguardar son los procesos. El problema cuando intentan desacreditar a un juez, a una perito o una fiscal es que se generan dudas en el proceso.
 
¿Pensás que la población cree en la justicia?
Yo creo que sí.
 
¿Es una expresión de deseo o hay datos?
La encuesta dice que la población le tiene más fe a la Policía que a la Justicia, pero el lugar donde siempre se terminan resolviendo los problemas es acá.
 
¿La Justicia maltrata a la gente pobre?
Sí, la maltratamos. Y digo claramente que la maltratamos porque no creo que todo el mundo esté dando todo de sí. Siempre digo que la Justicia no es un servicio, es un derecho. En el Estado está lleno de trámites, acá se trata de derechos. Acá cada trámite puede tener una vida que está en riesgo o depende cómo seguirá. Creo que la gente sí cree en la Justicia y que es muy dañino cuando actores políticos la tratan de desprestigiar. Por eso llamo a la responsabilidad a quienes desde la política atacan al Poder Judicial. Somos perfectibles, cometemos errores, todo lo que vos quieras y todo lo podemos corregir y mejorar, pero creo que hay que tener confianza porque en Uruguay -más allá de todo- tenemos una de las justicias menos corruptas que se conocen. Y eso hay que cuidarlo.

 

 

 

 

 

 

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