El Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo ofrece un panorama crítico sobre el estado de situación de los derechos humanos en el mundo, en Uruguay en particular se habla del sistema carcelario, el derecho a la verdad, justicia y reparación, entre otros temas.
El trabajo señala que en Uruguay “la agenda social y política estuvo dominada durante el año por la movilización social que pretendía recoger el número de firmas necesario para activar un referéndum que pudiera dejar sin efecto 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en 2020”. “Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por las consecuencias de la imprecisa formulación de las disposiciones de esta ley, que podría afectar negativamente a los derechos humanos, sobre todo en materia de seguridad pública, derechos de las personas presas y libertad de expresión”, explica el informe.
Por otro lado, con respecto a la situación en las cárceles, Amnistía Internacional consigna datos oficiales aprobados por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, que expresan que “la población de las cárceles aumentaba de forma constante, y en diciembre alcanzó la cifra de 13.852 personas”. “De acuerdo con World Prison Brief, Uruguay presentaba en 2021 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur. En el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento, el número de personas que murieron en prisión por causas naturales en 2021 aumentó un 154% con respecto al año anterior”, informa el trabajo.
En relación al derecho a la verdad, justicia y la reparación, se da cuenta de que “17 miembros del ejército y la policía, retirados o en activo, fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980”. “No se produjeron avances sustanciales en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo porque no se hallaron nuevas pruebas en las zonas de excavación y las personas sospechosas de ser penalmente responsables no aportaron nuevos datos”, dice el informe.
Además, Amnistía señala que el Parlamento inició el debate sobre un proyecto de ley sobre régimen de Prisión Domiciliaria, propuesto por Cabildo Abierto (CA), que “propone que se otorgue esta pena para los imputados o condenados mayores de 65 años”, y entre los beneficiarios se encuentran más de 20 presos en la cárcel de Domingo Arena, juzgados por crímenes de derecho internacional perpetrados en el pasado reciente.
Amnistía Internacional exige que “las autoridades adopten de inmediato todas las medidas necesarias para llevar ante la Justicia a todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, sin importar la fecha en que fueron cometidos”. Asimismo, la organización recuerda al Estado uruguayo que “los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un Estado parte”.
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Jefe del Estado y del gobierno: Luis Alberto Lacalle Pou
Tras sufrir algunos retrasos iniciales, el programa de vacunación contra la COVID-19 avanzó. Sin embargo, las políticas para abordar la pandemia no pudieron revertir la desigualdad estructural que ya existía, y que en 2021 se agravó y afectó especialmente a los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables de la población.
Unas cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron con frecuencia condiciones penitenciarias inhumanas.
En 2021 se produjo el mayor número de muertes en prisión de la historia reciente del país. La violencia contra las mujeres siguió intensificándose y el número de feminicidios denunciados aumentó.
Aunque varios miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985), no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento de la suerte corrida por las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo. Se observaron obstáculos para acceder a la información pública, especialmente sobre salud sexual y reproductiva.
INFORMACIÓN GENERAL
La agenda social y política estuvo dominada durante el año por la movilización social que pretendía recoger el número de firmas necesario para activar un referéndum que pudiera dejar sin efecto 135 artículos de la los estudios académicos que demostraban el impacto de la pandemia en esa reducción.
CONDICIONES PENITENCIARIAS INHUMANAS
Las ya duras condiciones de reclusión empeoraron durante el año. Según datos oficiales aprobados por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumentaba de forma constante, y en diciembre alcanzó la cifra de 13.852 personas.
De acuerdo con World Prison Brief, Uruguay presentaba en 2021 la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur. En el contexto de unas condiciones de enorme insalubridad y hacinamiento, el número de personas que murieron en prisión por causas naturales en 2021 aumentó un 154% con respecto al año anterior.
DERECHO A VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
Diecisiete miembros del ejército y la policía, retirados o en activo, fueron declarados culpables de tortura, secuestro y asesinato cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980.
No se produjeron avances sustanciales en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo porque no se hallaron nuevas pruebas en las zonas de excavación y las personas sospechosas de ser penalmente responsables no aportaron nuevos datos.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Según el Centro de Investigaciones Económicas y la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe, las políticas adoptadas por el gobierno no fueron suficientes para compensar los efectos de la pandemia en la pobreza, el empleo y la actividad económica.
Además, las decisiones sobre los recortes en el gasto público, los sueldos de la función pública y las pensiones provocaron un descenso de los salarios reales; los primeros afectaron de forma significativa al bienestar de la población, discursos para desincentivar el aborto entre las personas que vivían en la pobreza; tales declaraciones discriminatorias podrían ser síntoma de un retroceso enorme para los derechos sexuales y reproductivos en el país.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS
Según el Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia, el número de feminicidios aumentó en 2021: se registraron 30.
Los cambios que introdujo el Ministerio del Interior en la manera de registrar las denuncias de violencia de género afectaron a las estadísticas, puesto que los delitos reiterados cometidos por una misma persona dejaron de figurar como incidentes independientes para agruparse bajo una sola denuncia.
También se observaron obstáculos para poder aplicar la ley sobre violencia de género (Ley 19.580) debido a la falta de asignación de recursos necesarios para crear juzgados multimateria capaces de abordar todos los asuntos relacionados con este tipo de violencia.
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