En Uruguay la información sobre las inversiones que realizan las AFAP con los fondos de pensiones de sus afiliados es de carácter confidencial, según la calificó el Banco Central del Uruguay (organismo encargado de su supervisión, mediante la Superintendencia de Servicios Financieros) en una resolución genérica del año 2016. El BCU se basó en aquella resolución para negarse a responder a un pedido de acceso a la información pública realizado para esta investigación.
La decisión del BCU fue consultada con la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que abrió un expediente con el caso luego de recibir una consulta para este trabajo sobre la posibilidad de exigir mayores niveles de transparencia sobre el manejo de dicha información. Al momento de esta publicación, se había dado vista al BCU para que diera sus explicaciones.
Sin embargo, la intención de transparentar las inversiones de las administradoras es un tema de litigio desde hace tiempo entre las AFAP privadas y República AFAP, de propiedad 100% estatal. Las privadas han presentado cartas en varias oportunidades al Banco Central pidiendo que “abran el portafolios, para evitar el tema de guerra comercial, que lo abran con un delay de un mes, dos meses, para que no se pierda la estrategia”, explicó María Dolores Benavente, gerenta general de Unión Capital.
Sin embargo, dijo Benavente, esta apertura no se realiza por la negativa de República AFAP, la administradora más grande del mercado, que pertenece a capitales estatales. “¿Qué es lo que dice Republica AFAP? que no quiere que le copien la estrategia. Pero es una pena, porque sería fantástico que todo el mundo supiera exactamente en que se ha invertido su plata”, estimó la gerenta de Unión Capital. Así las cosas, según Benavente, mientras la administradora más grande del mercado no acepte revelar cómo se compone su portafolio de inversión, el resto tampoco lo hará, y los afiliados estarán impedidos de conocer información financiera detallada para dilucidar cómo las AFAPs administran sus fondos de pensión.
María Dolores Benavente, gerente de Unión Capital AFAP. Foto: Presidencia.
Sin embargo, esta versión no coincide con la que aporta el economista Martín Larzábal, gerente de Inversiones de República AFAP. “Todo depende de cómo te lo cuenten. Unión Capital te dice que República AFAP no quiere ser transparente y yo lo que planteo es que nosotros no tenemos ningún problema y a nuestros afiliados le contamos en qué proyectos estamos invirtiendo y no tenemos problema de hacer esa apertura. Pero no vengas a preguntar ¿qué bono tenés? porque eso es para un objetivo totalmente distinto, que no tiene nada que ver con la transparencia al afiliado”, aseguró.
Larzábal explicó a Sudestada que ante los planteos que recibieron por este tema por parte del Banco Central, la respuesta fue que no había oposición al hecho de “abrir la cartera del sector privado, que es donde supuestamente está el mayor riesgo”. En cambio, detalló, “lo que Unión Capital estaba planteando al regulador no solamente era la parte de riesgo, era saber toda la cartera, en qué bonos estábamos invirtiendo”.
Comparativamente, Uruguay es de los países de la región con sistemas de capitalización individual donde se publica la menor cantidad de información respecto de las inversiones de las administradoras. “En esos otros países donde existe mayor apertura, eso se da diferido tres meses en el tiempo, y ahí te enterás bono por bono. Eso es porque, de lo contrario, no se fomenta la competencia -dijo Larzábal. Acá más allá de que Unión Capital o Sura tengan miedo de incumplir la rentabilidad mínima y tratan de pegarse al valor de referencia que es República AFAP, en realidad si le querés agregar valor al afiliado tratá por las tuyas de descubrir qué es lo que genera mayor valor y hacé tu propia estrategia de inversión, pero no trates de pegarte al mayor para no tener que pedirle plata a tu accionista”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), Sebastián Peaguda, dijo a Sudestada que ya “hay mucha información” disponible sobre el sistema previsional, al que calificó como “hiper transparente”. Consideró, además, que si se hiciera público en qué invierte cada administradora, “se destruiría el equipo de inversiones (de la AFAP)”. Peaguda, quien también es gerente general de la AFAP Sura, dijo que si bien “el cliente puede decir ‘yo no sé en qué están invirtiendo’, ahí es que entra el regulador, el Banco Central, asegurando que todas las inversiones fueron vistas por él”.
Para el director del Centro de Investigaciones Económicas, Gonzalo Zunino, en tanto, no queda claro por qué Uruguay tiene niveles menores de transparencia que otros países de la región donde funcionan sistemas similares, aunque consideró que preservar la estrategia de inversión no debería ser un elemento que la justifique. “Es evidente” que las administradoras “se copian porque todas tienen rentabilidades muy parecidas y hay una regulación por la cual no podrías tener una rentabilidad mucho más baja que el promedio del mercado. Eso hace que en el fondo todas se copien, porque si les va mal, les va mal a todas y ninguna queda por debajo del límite de rentabilidad. En la práctica, en el mercado saben dónde invierten y que hay una exposición muy alta a la deuda del sector público”, destacó.
En este contexto de opacidad del sistema, más de la mitad de las inversiones que se realizan con valores del Fondo de Ahorro Previsional (FAP), que reúne el aporte de los trabajadores a las cuatro administradoras, están concentradas en papeles del Estado uruguayo, como bonos, letras de regulación monetaria, notas del tesoro, entre otros instrumentos financieros. Por lo tanto, esto significa que la gran mayoría de la rentabilidad obtenida por las administradoras privadas proviene del mismo Estado, pero restando las comisiones que por ello se paga a las administradoras, destacó el experto Hugo Bai, miembro del Equipo de Representación de los Trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS).
Las AFAP también se quedan con un porcentaje de los aportes para pagar una prima de seguro por invalidez o fallecimiento, que varía entre las diferentes administradoras. Según explicó Bai a Sudestada, esto quiere decir que por cada 100 pesos aportados por los trabajadores, entre 19 y 26 pesos no son invertidos en nada que vaya para el fondo de retiro, sino que se destina a comisiones o seguros, lo cual afecta el monto que percibe al momento de la jubilación.
De acuerdo a la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones (AIOS), la rentabilidad real en los últimos diez años de las AFAP uruguayas fue de 2,7%, mientras que en el año 2019 se ubicó en el 4%. Hay elementos estructurales del sistema que pueden explicar esta baja rentabilidad, según Bai, quien también integra la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS).
En el transcurso de 2020 la coalición de gobierno votó en el parlamento una Ley de Urgente Consideración que incluyó la creación de la CESS, un grupo asesor que reúne a especialistas en el tema y consulta a representantes de empresarios, trabajadores, administradoras, aseguradoras y partidos políticos. Su cometido, entre otros, es “Formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales”, teniendo en cuenta la necesidad de “sustentabilidad a mediano y largo plazo”.
“Uruguay es un país donde las inversiones (de las AFAPs) están muy relacionadas con títulos públicos, con el riesgo país, y Uruguay tiene buena reputación en términos de servir (pagar) su deuda. Por lo tanto, eso puede generar que por ser una inversión más segura sea menos rentable”, estimó Bai.
Por su parte, Zunino (Cinve) evaluó que la rentabilidad de las administradoras uruguayas “ha sido buena”, aunque hay varios factores que impiden que existan tasas superiores. “La consolidación macro de Uruguay en los últimos 15 años, con la obtención del grado inversor, hace que hoy el rendimiento real de los títulos de deuda uruguayos sea muchísimo más bajo que lo que era en esos años y si uno mira la tasa de rentabilidad de las AFAP se ve claramente”, detalló.
Sin embargo, el especialista consideró que si Uruguay se consolida como un país estable y con una deuda grado inversor que tiene baja tasa de interés, en ese caso empieza a ser un “corset apretado” para las administradoras por “estar tan expuestas a esos títulos, y necesitás un grado de apertura mayor para conseguir títulos de mayor riesgo y mayor rentabilidad”.
Una visión similar aportó Larzábal (República AFAP), quién consideró que la rentabilidad promedio en los 25 años del sistema fue “excelente” si se la mide en relación a la inflación, aunque advirtió que eso no se puede proyectar al futuro porque se debió a factores inusuales, como las crisis de los años 2001 (a nivel local, que implicó una devaluación monetaria del 100%) y 2008 (a nivel mundial). Ese promedio histórico “se dio porque hubo eventos que difícilmente se vuelvan a repetir, y porque ya hoy tenemos un tope regulatorio que nos impide estar 100% en dólares. Si mañana viene otra devaluación del 100% lo máximo que podrán tener las AFAP es un 35% en dólares, y ya no podrías replicar lo que pasó en 2002. Y tampoco ocurriría lo de 2008, porque los inversores no van a salir a desarmar sus posiciones por más que Uruguay perdiera el grado inversor, salvo que vieran riesgo de default”, explicó.
El sistema mixto de seguridad social está vigente en el país desde la reforma aprobada por ley en el año 1995.
Allí aparecieron las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional
(AFAP), replicando el modelo que se inició en Chile en los años 80.
Por ejemplo, además de habilitar la intervención de administradoras controladas por capitales privados, se creó una de propiedad estatal, República AFAP. Esta administradora que pertenece a los bancos República (51%), de Previsión Social (37%) y de Seguros (12%), hasta hoy sigue siendo la principal del mercado, con algo más de un tercio del total de afiliados, según datos de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.
Pérdidas para el Estado
El vínculo de los trabajadores con el sistema mixto de seguridad social tiene dos etapas.
La primera es la de acumulación. Es el período durante el cual los trabajadores realizan los aportes a los fondos de pensión, en base a su salario mensual.
La segunda fase es la de desacumulación. En este período el afiliado se desvincula de la AFAP, elige una aseguradora que recibe el total del fondo generado durante el período de actividad, y que asume el pago de la pensión o renta vitalicia.
Si bien el sistema estaba previsto para que en esta segunda etapa también hubiera competencia entre empresas, esto no se da porque la administración de estos fondos genera pérdidas, por lo tanto solo se encuentra operando el Banco de Seguros del Estado. Las otras tres aseguradoras privadas habilitadas (American Life Cía. de Seguros de Vida S.A., Real Uruguaya de Seguros S.A. y Surco Compañía Cooperativa de Seguros) no están operando.
Recientemente, el presidente del BSE, José Amorín, dijo que las pérdidas actuales del banco por administrar los fondos de renta alcanzaron los 50 millones de dólares en 2019. Sin embargo, en entrevista con Sudestada dijo que no es posible por el momento saber cuánto se acumula de pérdida desde el comienzo del sistema, en 1996. “No te podría decir ahora la cifra pero desde 2018 está mejor y creo que si hacemos algún ajuste más, sin que bajen las rentas vitalicias, estaríamos sin ninguna pérdida. Como no es intención del BSE tener ganancia en este tema tampoco nos preocupa mucho el tema de las utilidades”, indicó.
Consultado sobre los motivos de esas pérdidas, Amorín dijo que la institución tiene “un desfase” entre el dinero que ingresa por cada jubilado y las obligaciones de pago a futuro de su renta vitalicia. “Lo que pasa es que por cada jubilado que entra, que va a recibir su renta, nosotros tenemos que constituir reservas para que sea seguro que esa renta se va a pagar. Nosotros tenemos actualmente cerca de 2 mil millones de dólares en reservas. Que no las tocamos, las invertimos. En caja hay mucho más dinero, pero el negocio lo tenés que pensar hasta el fin de la vida de cada persona. En ese sentido es que nosotros tenemos un desfase, que podemos ir cubriendo”, explicó Amorin.
Esto sucede porque en Uruguay las jubilaciones aumentan en forma anual, desde 1989, al igual que los salarios de los funcionarios públicos. Esto afecta también las rentas vitalicias que paga la aseguradora.
“Lo mejor para el sistema sería que compitamos todas, para que el diseño se cumpla y los jubilados puedan tener el beneficio de la competencia entre las aseguradoras”, consideró Amorin. “Yo creo que el monto que manejan hoy las AFAP son 12 mil millones de dólares (en realidad son más de 15 mil millones) y cuando madure el sistema y todos los que están en las AFAP se vayan jubilando el volumen que van a manejar las aseguradoras es el mismo. Con lo cual, con un margen pequeñísimo las aseguradoras pueden tener una utilidad. Y me parece que eso le haría bien al sistema”, estimó.
Amorín también dijo que hay otras medidas que se pueden tomar en el futuro para evitar las pérdidas. “Hay cosas que se pueden hacer, que tienen que ver con temas muy técnicos, respecto a cómo se fija la renta inicial. Eso tiene que ver con la expectativa de vida de quienes van a recibir la renta, de quienes van a recibir una pensión después de la muerte de la persona asegurada, con regímenes especiales de jubilación… Hay que ver todo eso para que el sistema esté más ajustado a la realidad y para que todos puedan competir sin problemas”.
Para la gerenta general de Unión Capital, María Dolores Benavente, “el problema es que el BSE actúa en monopolio de hecho ya que sigue sin haber instrumentos profundos y adecuados para que las compañías de seguros no tengan descalces de moneda entre sus inversiones y las rentas vitalicias que deben servir”.
Por otra parte, la experta opinó que si las rentas vitalicias “se indexaran a la inflación, sería un mercado con más ofertantes” y se mantendría el poder de compra de los pasivos.
El director del Cinve, economista Gonzalo Zunino, estimó por su parte que “hay varios problemas” que explican las pérdidas en la etapa de retiro. “Uno es el tamaño del mercado. Las pasividades en Uruguay a día de hoy son 12 puntos del PIB. Pongamos que en (el régimen de) capitalización es mucho menos que eso. Pero es mucha plata para las empresas aseguradoras privadas y si te embarcas en un negocio de tal volumen, seguramente sea el más grande de su cartera y es un negocio que es muy grande y con mucho riesgo”.
Otro problema, según Zunino, es la confección de las tablas de mortalidad. “Porque la gente cada vez vive más, entonces ahí hay un riesgo de longevidad que si uno calcula una renta vitalicia y después la gente vive 3 o 4 años más, en estos volúmenes tan grandes del negocio puede hacer una diferencia importante”, indicó.
Asimismo, también mencionó que “la gente que termina participando en la capitalización individual tiene un sesgo socioeconómico favorable, vive más que el promedio, pero no está bien medido cuánto más que el promedio, entonces ahí un tema que pasa por confeccionar mejor las tablas de mortalidad. Uruguay no tiene tablas por nivel socioeconómico”, lamentó.
Como forma de afrontar ese problema de las pérdidas, el director del Cinve mencionó la posibilidad de generar nuevos productos, diferentes a las rentas vitalicias, “donde el riesgo queda más repartido entre la aseguradora y el usuario”. Como ejemplo, puso el caso de una renta que se pague por un tiempo máximo. “Yo te pago una renta por 15 años, y después si vivís más, mantenete con tus ahorros. Ahí el riesgo queda más repartido”.
Ante la resistencia o la oposición que podrían generar estos cambios, que afectarían especialmente a las personas que cobren su renta, Zunino estimó que “puede ser socialmente aceptado si convive con otro tipo de pasividad del régimen de reparto, como una renta básica, que también se está estudiando en la CESS, o algún otro tipo de ingreso que permita decir ‘yo acepto un producto que no necesariamente sea una renta vitalicia, y si se me cortan sus beneficios, al menos sé que me queda otra cosa’”.
Con este complejo panorama, está claro que el sistema previsional uruguayo sufrirá cambios importantes en los próximos años. Entre ellos, un aumento del tiempo necesario de vida laboral para alcanzar una jubilación, o una renta en el caso del sistema de capitalización. Pero también disminuirá el monto que las personas que se retiren cobrarán de pensión en los años finales de su vida. Y todo eso sin saber en qué se invierte su dinero.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado