La Justicia suspendió el proceso del proyecto Neptuno y ordenó a OSE “no innovar” y que “no suscriba” el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem, Ciemsa, Berkes y Fast, tras el reclamo de distintas organizaciones sociales, con base en la defensa del artículo 47 de la Constitución.
Federico Kreimerman de FFOSE
El tiempo pone las cosas en su lugar, quisieron tapar con el humo un proyecto privatizador y de mala calidad.
La justicia aprobó una medida cautelar que impide a OSE firmar contrato por el proyecto Neptuno. Alejandro Recarey, juez en lo civil de noveno turno, fue el magistrado encargado de tomar la decisión. Según versa la sentencia a la que accedió la diaria, hizo lugar al pedido de las organizaciones socioambientales y ordenó a OSE que «no suscriba contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo» hasta que «no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario».
A lo largo de la sentencia, Recarey reafirma la «legitimación activa» de
las organizaciones socioambientales para presentar la medida cautelar,
habla del agua como un recurso que debe ser entendido en clave de
«defensa nacional» y sobre que existen «bases para suponer que puede
estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público
de agua potable en infracción constitucional».
«Es dable admitir que puede haber elementos que, eventualmente, justifiquen la idea de que podrían estar también vulnerándose las normas atinentes a la Política Nacional de Aguas. Eso por cuanto hay extremos indiciarios serios, que llevan a considerar que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana un agua de menor calidad que la que podría disfrutar (provenientes de otras fuentes más limpias)», indica en el texto.
Casi diez horas insumió la audiencia del viernes pasado en el Juzgado Civil de 10° Turno, a cargo del juez Alejandro Recarey, sobre la medida cautelar de “no innovar”,
es decir de suspender las acciones de OSE en la ejecución del proyecto Neptuno, solicitada por la la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) y el colectivo Tucu-Tucu, patrocinados por el abogado Juan Ceretta, en nombre del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República.
OSE adjudicó el proyecto de extracción de agua del Río de la Plata para proveer agua potable a Montevideo y la región metropolitana al consorcio privado Aguas de la Costa. De esta manera se viola el Artículo 47 de la Constitución, por el cual el abastecimiento de agua potable debe ser prestado “exclusiva y directamente” por el Estado, y la ley N°17.598 de creación de la URSEA por la cual la potabilización del agua incluye “la captación y tratamiento de agua cruda”.
Además de las objeciones jurídicas, Neptuno es cuestionado ambiental y socialmente por elegir la captación de agua del Río de la Plata en la costa de Arazatí, en el departamento de San José. El proyecto incluye una reserva de agua bruta de 240 hectáreas y un depósito de lodos tóxicos de 42 hectáreas sobre tierras fértiles, comprometiendo la integridad de los suelos, las napas freáticas y el acuífero Raigón, así como las actividades sociales y productivas de toda la región.
Por otra parte, desde la academia, los investigadores con mayor experiencia sobre la red hídrica del país, pertenecientes a la Facultad de Ciencias y al Centro Universitario Regional Este de la Udelar cuestionaron la conveniencia del proyecto Neptuno tanto desde el ángulo ambiental como de soberanía nacional y plantearon que la gestión del agua es una emergencia de tal magnitud que requiere un análisis global de un equipo amplio de investigadores y técnicos.
Más allá de los aspectos señalados, el proyecto Neptuno ha tenido un componente político notorio desde su anuncio por el presidente de la República Luis Lacalle Pou, en marzo de 2021, como la mayor inversión de los últimos 150 años en esa área. Esto ha determinado que prevalezcan las mayorías partidarias por encima de normas legales y unas presiones ostensibles desde el Poder Ejecutivo y los empresarios interesados en apurar procedimientos y autorizaciones.
En diciembre de 2022, la Federación de Funcionarios de OSE interpuso un recurso contra la resolución del Directorio de OSE 1144/22 que aprobó el proyecto Neptuno y convocó la licitación internacional para adjudicar las obras, que considera ilegítima y nula por perjudicar y lesionar derechos fundamentales de la población. Este recurso lo tramita el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y se encuentra aún en etapa de diligenciamiento de pruebas.
La medida que suspendería la ejecución del proyecto hasta que se den las garantías necesarias fue presentada en agosto de 2023. La demora en el tratamiento se debió a que el primer juzgado deslindó su atribución para tratar la demanda y un tribunal tuvo que analizar si correspondía a la Justicia Civil o al TCA. Al decidirse por la primera opción, la actuación recayó el 17 de junio en el turno del juez Recarey, que convocó a la audiencia con las partes cuatro días después.
El día previo, OSE planteó la suspensión de la audiencia a la que el juez no hizo lugar. Fue la primera vez que estaban frente a frente en un marco judicial todas las partes, desde el Poder Ejecutivo, los ministerios de Ambiente y de Salud Pública y OSE, que incluyó como testigos a representantes del consorcio privado, hasta las organizaciones de la sociedad civil, la CNDAV y el grupo Tucu-Tucu, que presentaron como testigos a los investigadores universitarios.
Obstáculos y falsedades
La audiencia atravesó momentos de alta tensión, comenzando por la recusación al juez Recarey, por el representante del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la recusación de la propia audiencia judicial, por los abogados del MSP y el Ministerio de Ambiente (MA), pasando por la pretensión del consorcio de intervenir como parte, hasta la recusación como testigo del doctor Marcel Achkar, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias.
Para justificar el pedido de apartamiento del juez, el abogado del MSP recurrió a fragmentos del expediente personal de Recarey en el Poder Judicial alegando su falta de imparcialidad e incluso animosidad contra ese ministerio. Hecho este planteo, el juez podía suspender la audiencia en el acto o proseguirla y definir su posición ante la recusación antes de dictar sentencia. Recarey decidió continuar y que se escucharan todos los testigos presentados por las partes.
La recusación a la propia audiencia planteada por el MSP y el MA alegó que el caso debía tratarse en el Contencioso Administrativo y no en la Justicia Civil. La falta de sustento de este planteo era ostensible ya que sobre ese tema había fallado precisamente el tribunal constituido al presentarse el pedido de la medida cautelar. Por último, la recusación de Achkar tenía como antecedente una recusación similar del Ministerio de Ambiente en el recurso planteado por FFOSE.
En el trámite del recurso de nulidad sobre la decisión de OSE, el TCA convocó a una audiencia para escuchar a los científicos Marcel Achkar y Luis Aubriot. Sin embargo, en una situación sin precedentes, el ministerio se opuso a la convocatoria alegando una falta de imparcialidad de los testigos y el TCA suspendió la audiencia. El juez Recarey en cambio dijo que hablarían todos los testigos y Achkar expresó que sus opiniones se basan en los trabajos científicos.
Sorteados los obstáculos que intentaron impedir u obstaculizar la audiencia, testimoniaron ocho académicos presentados por Ceretta y cuatro citados por Recarey del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos. OSE incluyó como testigos, además del gerente general del organismo Arturo Castagnino, a los ingenieros Ismael Piedracueva, que realizó estudios para Aguas de la Costa, y Francisco Gross, como responsable técnico del proyecto Neptuno.
Según Castagnino, Neptuno dará agua buena a la población de San José que hoy la toma con arsénico y falseó los costos diciendo que resolver las pérdidas en Montevideo es mucho más caro. Gross integró la empresa que tuvo el servicio de agua en Maldonado con las tarifas más altas de la historia y el plebiscito de 2004 obligó a devolver al Estado. El firmante por la OSE de esa concesión fue el mismo Arturo Castagnino. Son viejos socios volviendo por sus fueros.
Los testigos Marcelo Cousillas, Rosario Lucas y Eugenio Lorenzo, explicaron meticulosamente las normas y condiciones de la evaluación ambiental, reiterando que sin la Autorización Ambiental Previa (AAP) no se puede iniciar ninguna actividad del proyecto. Luis Anastasía, que se presentó como experto en el Río de la Plata, contradijo lo expresado por el investigador Marcelo Barreiro para asegurar que las aguas de la costa argentina no llegan nunca al lado uruguayo.
Escuchados todos los testigos, la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el lunes 24 de junio a las 13 horas, en donde se tendrá la resolución del juez Recarey.
Obstáculos para acceder a la audiencia
Al llegar al lugar se encontró un vallado que impedía el paso al espacio existente entre el edificio de la Suprema Corte de Justicia y el edificio de los tribunales controlado por la Policía. A las personas que pretendían pasar, los agentes policiales les requerían un papel o cedulón de citación para permitirles entrar.
En algunos casos, al decir que era una audiencia pública, se les permitió entrar, pero luego se presentó un oficial reiterando que aquellos que no tuvieran citación debían retirarse.
Se le reiteró al policía que no existía papel de citación porque la audiencia era pública, pero el agente repetía que cumplía órdenes, sin revelar de dónde provenía esa orden. El oficial quiso aplicar el mismo procedimiento al abogado patrocinante y los testigos que lo acompañaban.
Ceretta le explicó al policía quienes eran y que no tenían ningún papel. Estas personas luego entraron al edificio, pero el procedimiento policial continuó en los mismos términos.
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