37 años del segundo vuelo de Orletti

Lunes 05 de octubre de 2009

Tabaré y Condorito Bonelli

Treinta y tres años después de los hechos, a siete años de que el caso fuera denunciado por LA REPUBLICA y a cuatro años de que la Fuerza Aérea Uruguaya admitiera su existencia, el traslado ilegal de uruguayos secuestrados en Buenos Aires, conocido como el “segundo vuelo” de Orletti, sigue sin ser reconocido por el Ejército nacional.
El 5 de octubre de 1976 el Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) viajó a Argentina para trasladar a Montevideo , de forma ilegal, a 22 uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires y torturados en el “pozo” de Automotores Orletti. Fueron entregados a oficiales del Ejército y hoy permanecen desaparecidos.
El C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), tripulado por el mayor Walter Pintos (piloto), el mayor José Pedro Malquín (copiloto) y el capitán Daniel Muñoz (tripulante), arribó a la plataforma de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada y era comandado por el mayor Walter Dopazzo.
Los 22 uruguayos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que, desde Argentina, resistían a la dictadura uruguaya. Fueron secuestrados en sus domicilios en setiembre y octubre por comandos de una coordinación represiva integrada por la Policía Federal, la banda de Aníbal Gordon y militares uruguayos. Los últimos estaban comandados por el mayor José Nino Gavazzo del Servicio de Información y Defensa (SID) y en la coordinación con Argentina operaron los oficiales Manuel Cordero, José Arab, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y Ernesto Ramas; con los policías lo hicieron Ricardo Medina y José Sande, además de un grupo de soldados.

Los traslados

Los operativos contra uruguayos en Buenos Aires fueron parte del denominado “Plan Cóndor”, estructurado por los aparatos represivos de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay, donde la tarea estaba en manos del SID y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
El SID dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el OCOA de la División de Ejército I y de su comandante en jefe. El Vuelo 511 en 1976 fue coordinado por el coronel (av.) José Uruguay Araújo Umpiérrez, entonces en el SID. Los secuestrados sobrevivieron un mes en el centro de torturas “300 Carlos” del OCOA, antes de ser ejecutados.
La dictadura uruguaya ya había realizado traslados de uruguayos en Argentina desde 1974. Aquel febrero trajeron al tupamaro Antonio Viana Acosta y en noviembre a sus compañeros Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Stefanell, cuyos cuerpos aparecieron, habiendo sido fusilados, en Soca en diciembre de ese año.
El traslado más numeroso se había producido el 24 de julio de 1976, cuando otro avión de la Fuerza Aérea trajo un “primer vuelo” de Orletti con otros 23 militantes del PVP, secuestrados entre junio y julio, a quienes “blanquearon” en una falsa detención en el balneario Shangrilá a fines de octubre y fueron procesados por la justicia militar.
Hoy se sabe que la mayoría de los uruguayos secuestrados en el exterior terminaron siendo “repatriados” si no fallecieron cuando su detención o durante la tortura. Hubo traslados en 1975, en los que los detenidos fueron y vinieron a Argentina y también los habría en 1978, cuando se trajo a militantes del GAU, el PCR y otros grupos.

La denuncia

La existencia del “segundo vuelo” de Orletti fue denunciada el 17 de marzo de 2002 en LA REPUBLICA, tras una investigación periodística iniciada en la revista “Posdata”, de donde se obtuvieron los datos con los que el senador Rafael Michelini logró ubicar, en Argentina, a Simón, hijo de Sara Méndez, 26 años después de su desaparición.
Los datos habían sido proporcionados por un represor argentino, miembro de la banda de Aníbal Gordon, quien también informó que todos los uruguayos secuestrados en Buenos Aires y llevados a Automotores Orletti habían sido entregados a los militares uruguayos antes de que el centro clandestino de torturas cerrara en noviembre de 1976.
Con la credibilidad que le daba la aparición de Simón Riquelo, la fuente aportó nueva información, publicada en LA REPUBLICA el 9 de junio de 2002, con la que se denunció que el “segundo vuelo” se concretó el 5 de octubre de 1976, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya viajó al aeropuerto Jorge Newberry de Buenos Aires.
La ratificación del “informante” permitió concluir que el “segundo vuelo” era motivo del “pacto de silencio” de los militares uruguayos, quienes no querían admitir que las 22 personas traídas desaparecieron simultáneamente y no murieron “accidentalmente” en la tortura, sino que habían sido ejecutadas y enterradas en un cementerio clandestino.
La denuncia fue confirmada por una fuente militar uruguaya, presente el día del arribo del “segundo vuelo”. Aportó datos del vuelo 511 y los nombres de sus tripulantes, coordinador y receptor, según publicó LA REPUBLICA el 2 de setiembre de 2002, en una nota donde se explicaba que los detenidos fueron sacados en camiones del Ejército.

El silencio

La denuncia de LA REPUBLICA, pese a su trascendencia, no tuvo repercusión en los grandes medios de comunicación y tampoco fue considerada por la gubernamental Comisión para la Paz que no incluyó el tema ­ni siquiera como hipótesis­ en el informe final sobre los detenidos desaparecidos elaborado durante el gobierno de Jorge Batlle.
El entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, José Pedro Malaquín, hizo silencio ante las acusaciones acerca de que había sido uno de los pilotos del avión quien trajo al grupo de desaparecidos. Tampoco el comandante del Ejército, general Carlos Daners, quiso hacer comentarios sobre los secuestrados entregados a su fuerza.
Sin embargo, el 8 de agosto de 2005, el informe oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya sobre los desaparecidos, en respuesta a una orden del Presidente Tabaré Vázquez, terminó por admitir que el “segundo vuelo” del 5 de octubre había existido, aunque aceptó la participación de la aviación sólo en el traslado.
El informe redactado por el comandante Enrique Bonelli sostenía que la operación había sido ordenada por el comando de la FAU, a pedido del SID, que coordinó el vuelo en el que los pilotos militares sólo se limitaron a permanecer en la cabina de vuelo, sin saber cuántos ni quiénes eran los detenidos transportados desde Argentina.
Bonelli, quien, posteriormente, reconoció haber sido piloto del “primer vuelo” de Orletti, se negaría a informar a la justicia sobre los nombres de sus fuentes en la investigación interna. Ni la entrega de los pasajeros del “segundo vuelo” ni su destino fueron incluidos en el informe sobre desaparecidos del Ejército que aún no ha reconocido su entrega.

La justicia

En 2007, dos años después del informe de la FAU, el caso del “segundo vuelo” de Orletti fue denunciado judicialmente, junto a una serie de causas contra los mandos militares, por un grupo de abogados defensores de los derechos humanos. El tema recayó en el juez de 19º turno, Luis Charles, y la fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze.
El caso se incorporó a otra denuncia conexa: Secuestro y desaparición del uruguayo Adalberto Soba, uno de los secuestrados en Orletti y posible pasajero del “segundo vuelo”, presentada en el juzgado por sus familiares. Ambos casos fueron excluidos de la Ley de Caducidad por el presidente Tabaré Vázquez.
La indagatoria judicial determinó la responsabilidad de seis militares (Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira, Ramas y Mauren) y dos policías (Medina y Sande) en la “privación de libertad” de Soba. Ese grupo de militares ­que ya estaba preso por un pedido de extradición de Argentina­ también fue procesado por el “segundo vuelo”.
El “segundo vuelo” de Orletti mantiene una serie de causas conexas abiertas, entre las que se destacan la
extradición del coronel Manuel Cordero, que había fugado a Brasil, y el caso de María Claudia García de Gelman, trasladada en el marco de ese operativo a Uruguay, donde, antes de desaparecer, tuvo a su hija , Macarena, actualmente recuperada.
También está pendiente el inicio de procesos contra el coronel (av.) Araújo Umpiérrez, quien estuvo preso por un pedido de extradición, no se otorgado, a Argentina y hoy se encuentra en libertad y el soldado Ernesto Soca (detenido para su extradición a Argentina), reconocido como uno de los subalternos que operó en Buenos Aires.
La impunidad
Aunque ocho militares y policías fueron condenados por el “segundo vuelo” de Orletti., el caso evidencia la impunidad que aún rige en Uruguay con la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (Nº 15.848), cuya anulación depende de la reforma constitucional que se plebiscitará el próximo 25 de octubre.
Los militares y policías fueron procesados gracias a la interpretación del artículo 4º de la mencionada ley realizada por la actual administración de gobierno: Se entiende que no se incluyen los casos ocurridos en el exterior, como los que implicaron la desaparición de niños ni los que (como admite el artículo 3º de la norma) implicaron un provecho económico.
En la actualidad, permanece bajo el amparo de la impunidad la tortura, ejecución y enterramiento en Uruguay de los 22 compatriotas que fueron secuestrados en Buenos Aires, torturados en Orletti y trasladados ilegalmente a Uruguay, lo que determina que no se obtenga información sobre el paradero de sus restos óseos.
También permanece impune la “amnesia” de los aviadores Malaquín, Pintos y Muñoz, quienes no recuerdan nada acerca de los pasajeros del Vuelo 511, aunque la puerta del C-47 en que los trajeron se encuentra en el extremo trasero de la aeronave y alguien debió recorrer todo el pasillo para cerrarla al despegar y abrirla al aterrizar.
La impunidad aún cobija como institución al Ejército, cuya investigación sobre los desaparecidos no dio resultados positivos, mantiene escondidos los archivos y sus mandos hacen expresa su voluntad de no continuar indagando, aunque las víctimas estuvieron en su poder en el “300 Carlos” y fueron enterradas en una unidad militar.