lunes, 7 de mayo de 2007

El segundo vuelo de la muerte II

Fuente: LA REPUBLICA


El 'segundo vuelo' existió: los secuestraron, los trajeron, los asesinaron y los enterraron. En la Justicia comienza a desmoronarse uno de los grandes secretos de la dictadura.

El juez Luis Charles y la fiscal Mirtha Guianze finalizaron la primera ronda de interrogatorios. Se confirmaron denuncias periodísticas de LA REPUBLICA. Se constató la impune amnesia de varios indagados. Desde mañana, declararán un grupo de soldados del SID y el antropólogo José López Mazz. Comprobada la existencia del segundo vuelo de Orletti, la indagatoria promete derivar hacia los lugares de enterramiento, las implicancias económicas del crimen, los casos conexos y la identificación de responsables.


ROGER RODRIGUEZ –

rogerrodriguez@adinet.com.uy

El ex Comandante Malaquín olvidó llevar al juzgado su carpeta de vuelo, donde constaría un vuelo a Argentina el 5 de octubre de 1976. Días después envió la documentación a la sede judicial. En los primeros 15 días de instrucción sobre el caso del "segundo vuelo" de Orletti, el poder judicial uruguayo ha logrado determinar que, efectivamente, hubo un traslado de 22 secuestrados desde Argentina el 5 de octubre de 1976: los trajo la Fuerza Aérea Uruguaya, se los dio al Ejército y fueron asesinados.


Esa sería la convicción primaria del juez penal de 19º Turno, Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, luego de escuchar la denuncia de tres familiares de las víctimas e interrogar a tres periodistas, un testigo y nueve militares, quienes desfilaron por la sede judicial de la calle Misiones.


Los pasajeros de aquel traslado ilegal de presos políticos fueron militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) secuestrados entre junio y octubre de aquel año y torturados en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde las dictaduras coordinaban la represión del Plan Cóndor.

El segundo vuelo había sido denunciado por LA REPUBLICA en 2002, pero no fue incluido ni como hipótesis en las conclusiones de la CoMisión para la Paz, hasta que terminó por ser admitido en el informe sobre desaparecidos de la Fuerza Aérea en 2005.


Dos años después, el caso finalmente llegó a la Justicia.

La causa, que ya ha llevado ante el despacho judicial a cuatro Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, tiene múltiples casos conexos que la han transformado en una "megacausa" donde se suman secuestros, traslados, torturas, extorsión, robo, apropiación de niños, asesinatos y enterramientos.


Lo interrogado

La primera serie de testimonios por el "segundo vuelo" concluyó el jueves con el interrogatorio del ex dictador Gregorio Alvarez, luego de que declararan el actual Comandante de la aviación, Brigadier General Enrique Bonelli, su antecesor José Pedro Malaquín y el ex Jefe del Ejército General Carlos Díaz.


También comparecieron ante el juzgado los pilotos Walter Pintos y Daniel Muñoz, el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto (ESMACO) General Julio Bonelli y el Coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, requerido para su extradición a Argentina por la desaparición de María Claudia García de Gelman.


Entre los denunciantes declararon María Esther Gatti, Adriana Cabrera e Ignacio Errandonea. Como testigos asistieron LA REPUBLICA, los periodistas Gabriel Pereyra y Alvaro Alfonso, y un testigo que coloca al sindicalista León Duarte como eventual pasajero de aquel traslado ilegal de la dictadura.

La primera fase de interrogación terminó dos días antes de que se cumpliera un año de la detención de ocho militares y policías implicados, quienes inicialmente fueron encarcelados para su extradición a Argentina por el caso Gelman y luego procesados en Uruguay por la desaparición de Adalberto Soba.

Desde este lunes 7 de mayo se realizará una segunda ronda de citaciones, en las que se incluirá a un grupo de soldados que revestían en el Servicio de Información y Defensa (SID), a otros Oficiales militares y al antropólogo José López Mazz, quien podría retomar sus excavaciones por orden de la Justicia.


Lo constatado

La existencia del "segundo vuelo" de Orletti ya había sido confirmada por el informe sobre desaparecidos que la Fuerza Aérea hizo público el 8 de agosto de 2005, pero desde entonces los mandos militares han mantenido silencio sobre protagonistas y responsables de aquel traslado mortal de 1976.


Frente al juez Charles y la fiscal Guianze, el Mayor Walter Pintos reconoció que había piloteado aquel avión el 5 de octubre de 1976, pero argumentó que no llegó a saber cuál era la carga de la aeronave, aun cuando los DC-47 sólo tienen una puerta trasera que obliga a los tripulantes a recorrer todo el avión.


El ex Comandante Malaquín, por su parte, había olvidado llevar su carpeta personal de vuelo, en la que constan todos sus viajes.


Fue entregada días después y en ella constaría un vuelo aquel 5 de octubre por el mismo lapso que insume un viaje a Buenos Aires. Malaquín tampoco recuerda nada.


El Mayor Daniel Muñoz, en cambio, llevó su carpeta para demostrar que ese día no constaba que hubiera volado, pero por su condición de agente del SID pudo no haber registrado horas de vuelo ya que su tarea de sobrecargo sólo le implicaba atender la "carga" y cerrar la puerta del TAMU 511.


Tampoco el subdirector del SID, el aviador Araújo Umpiérrez, quiso admitir que fue el coordinador de aquel vuelo.


Arguyó que sus tareas eran administrativas y, paradójicamente, de apoyo e infraestructura.

En pasillos judiciales ya gana el concepto de que más que "falta de memoria", existe "exceso de impunidad".

Lo que se viene

A partir de este lunes serán interrogados por el juez Charles y la fiscal Guianze varios de los Soldados de revistieron en el Servicio de Información y Defensa (SID) en 1976 y que, por lo tanto, tuvieron participación o conocimiento de los traslados ilegales de uruguayos desde Argentina.

El listado, proporcionado al juzgado por LA REPUBLICA, también había sido entregado en su oportunidad al juez penal Gustavo Mirabal, quien atendía el Caso Gelman.

La presentación de la lista y la citación de esos testigos aceleró entonces la decisión del fiscal Enrique Moller de cerrar la causa.


El primer grupo de subalternos citados por la Justicia incluye a Ernesto Soca y Julio Casco, detenidos en proceso de extradición a Argentina, a los sargentos Conrado Echeverría y Luis Alberto Larroque, y a los soldados José Ramón Tucci, Ricardo Divenutto y Zenia García.

Esta semana irá al juzgado de la calle Misiones el antropólogo José López Mazz, quien informará al magistrado y el Ministerio público sobre el trabajo de excavaciones realizado en los batallones 13 y 14, así como los datos que quedaron pendientes de investigar al culminar el plazo dado por el gobierno.

También sería citado en forma inminente el aviador Walter José Dopazzo Ghioldi, señalado por los informantes de la investigación de LA REPUBLICA como el Mayor a cargo de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento en la madrugada del 5 de octubre de 1976, cuando se realizó el "segundo vuelo".


Lo que aún falta

Ante las múltiples conexiones que constituyen la "megacausa" del segundo vuelo (ver recuadro adjunto), el proceso judicial iniciado por el juez Luis Charles puede tener importantes derivaciones, en la medida en que los testimonios y pruebas lleven al magistrado a certeza y responsabilidades.


Confirmada la existencia del segundo vuelo y, por lo tanto, del operativo represivo uruguayo que secuestro y torturó a opositores en Automotores Orletti en Argentina en 1976, la indagatoria judicial tiene por delante confirmar quiénes los transportaron e indagar a quiénes se los entregaron.


La constatación de la participación de la OCOA y el SID en el operativo llevaría a identificar el lugar donde los 22 pasajeros del segundo vuelo permanecieron detenidos durante probablemente un mes antes de que alguien adoptara la decisión de ejecutarlos y enterrarlos para dejarlos como desaparecidos.


Una vez que se confirme la investigación de LA REPUBLICA sobre su presencia en el "300 Carlos", donde los identificaban como "los del ómnibus", la instrucción de la Justicia también podrá dirigirse hacia los eventuales lugares de enterramiento y, eventualmente, ordenar nuevas excavaciones.

Paralelamente, la existencia de un "botín de guerra" (confirmado en el marco del inicial caso Soba) le abre a la Justicia la posibilidad de averiguar cuáles fueron las "inversiones" realizadas con el dinero robado al PVP y saber si se produjeron otras desapariciones en locales transformados en centros de tortura.



Los crímenes.

Secuestro


Está confirmado que grupos operativos del Servicio de Información y Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) integrados por efectivos militares y policiales operaron en Buenos Aires en 1976 y secuestraron a militantes del opositor Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), quienes desaparecieron luego de ser torturados en Automotores Orletti.

Traslado


Se ha constatado que un modo operativo de la dictadura en el marco de la coordinación del Plan Cóndor fue el traslado de prisioneros y que la Mayoría de aquellos opositores del PVP fue traída en un primer vuelo el 23 de julio de 1976 y en un segundo vuelo el 5 de octubre del mismo año. Los primeros son testigos vivos de lo ocurrido; los segundos permanecen desaparecidos.


Extorsión


Existen elementos de prueba y testigos suficientes para afirmar que aquellos militantes del PVP fueron extorsionados por los represores de la dictadura. Se pidió dinero en un chantaje por los desaparecidos Gerardo Gatti y León Duarte. Se exigió dinero por la vida de las esposas e hijos de los también desaparecidos Adalberto Soba y Alberto Mechoso.


Robo


En los operativos represivos de 1976, la patota de la OCOA y la banda del argentino Aníbal Gordon robaron por valor de aproximadamente ocho millones de dólares, que repartieron en tercios. Con ese dinero los uruguayos compraron casas para centros de tortura, pusieron una inmobiliaria y construyeron edificios en un proyecto económico para "beneficio propio o de un tercero".


Apropiación


En el "paquete" del segundo vuelo también fue trasladada la joven argentina María Claudia García de Gelman embarazada a término.


Fue recluida en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) hasta que dio a luz en el hospital militar. La beba fue entregada a la familia de un policía y María Claudia llevada a la Base Valparaíso, para darle muerte y hacerla desaparecer.


Asesinato


T
odos los pasajeros del segundo vuelo de Orletti fueron trasladados desde el aeropuerto en camiones del Ejército y, luego, llevados en el micro del Servicio de Material y Armamento (SMA) al centro de torturas "300 Carlos", adjunto al Batallón 13, donde se les conocía como "los del ómnibus". Allí permanecieron vivos un mes antes de ser ejecutados en forma masiva.


Enterramiento

Las víctimas del segundo vuelo habrían sido enterradas en una unidad militar. Es posible que en el llamado Campo de Vidiella, un campo de maniobras militares frente al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo, donde también pudo ser enterrada María Claudia García de Gelman. La tumba del "ómnibus" estaría ubicada detrás de un polígono construido junto al arroyo Meirelles.


Profanación


Es posible que en 1984, poco antes de la asunción del Presidente electo Julio María Sanguinetti, se haya pactado un operativo de exhumación de cadáveres para borrar las pruebas de desapariciones durante la dictadura.

El llamado Plan Zanahoria que se concretó en el Batallón 13; también pudo haberse intentado en el Campo de Vidiella, donde estarían los del segundo vuelo.


Encubrimiento


El "pacto de silencio" de quienes tienen información sobre estos casos constituye a la vez una tipificación delictiva en la medida en que su encubrimiento, bajo las normas y convenios vigentes sobre crímenes de lesa humanidad, también hace responsables del delito de desaparición forzada a los funcionarios del Estado que no aporten datos para su esclarecimiento.


Suboficial que operó en el "300 Carlos" aportó datos sobre desaparecidos

Víctimas del "segundo vuelo" de Orletti estuvieron detenidas en el "300 Carlos"

Les decían los del "ómnibus", porque fueron trasladados desde la Brigada Aérea Nº 1 en el micro del Servicio de Material y Armamento. Fueron sacados del "300 Carlos" en grupos, dentro de una camioneta blanca "Pingo" o "Pony" que la OCOA había robado. La fuente dio detalles sobre el centro de torturas y datos sobre enterramientos que, ante la imposibilidad de confirmarlos, fueron informados a los responsables de la búsqueda de los desaparecidos.

ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy


La veintena de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) que fueron secuestrados en Argentina y traídos a Uruguay en octubre de 1976 en el llamado "segundo vuelo" de Orletti, estuvieron detenidos en el centro clandestino de torturas "300 Carlos", antes de ser masivamente asesinados.

La información fue confiada a LA REPUBLICA por un suboficial que prestó servicio en esa unidad represiva, entonces instalada en uno de los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA), ubicado en la Avenida de las Instrucciones 1325, junto al Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13.

El informante -quien proporcionó una detallada historia y descripción de los lugares donde operó la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas)- explicó que el grupo era identificado como los del "ómnibus" porque habían llegado al lugar en un transporte de pasajeros.

El "segundo vuelo" fue denunciado por LA REPUBLICA en 2002 y confirmado por la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) en su informe sobre desaparecidos en 2005. El grupo de uruguayos fue secuestrado en Buenos Aires, torturado en Automotores Orletti y trasladado a Uruguay, donde fue desaparecido.

Llevados en una camioneta

Según la fuente, lo único que los subalternos sabían del grupo era que habían sido trasladados desde "El Palomar" de Argentina (base militar del Aeroparque Jorge Newbery) y traídos en el ómnibus del SMA desde la Brigada Aérea Nº I, adjunta al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

"La mayoría de los detenidos llegaba siempre en camiones del Ejército y, ocasionalmente, en camionetas o jeeps. La diferencia de esos 'tupas' era que los trajeron en el ómnibus que el Servicio de Material y Armamento usaba para el transporte de su personal", explicó el informante.

La fuente militar indicó que el grupo no fue trasladado en forma masiva para su "disposición final", sino que fue llevado en pequeños grupos dentro de una camioneta blanca tipo "combi" (marca "Pingo" o "Pony"), que la OCOA había "decomisado" en el puerto de Montevideo ese año.

El Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) era una unidad represiva creada por el Comando General del Ejército en cada una de las cuatros Divisiones de Ejército del país, a partir de 1971 (antes del Estado de Guerra Interno), e integrada por efectivos militares y policiales.

Del Cerro a Punta Gorda

Con el nombre de "El 300" se identificó a la base de detención y torturas creada por la OCOA de la División de Ejército I, con el conocimiento del Servicio de Información y Defensa (SID), la cual fue rotando su domicilio con el correr de los años. Su primera sede fue en el Cerro.

En 1974, el "300" se trasladó a una casona ubicada en República de México 5515, Punta Gorda, que había sido "confiscada" a un "subversivo". Allí fueron recluidos los "rehenes" del MLN-Tupamaros y también estuvieron los cinco "fusilados de Soca", asesinados tras la muerte del coronel Ramón Trabal.

El "300 R" o "El Infierno" -como llamaban a la casa de Punta Gorda- permaneció activo hasta 1976, cuando fueron trasladados los 23 pasajeros del "primer vuelo" de Orletti, la mayoría de los cuales fue "blanqueada" en un falso operativo de captura orquestado en un chalé del balneario Shangrilá.

Cuando el "300 R" aún estaba en funciones, se comenzó a utilizar una pequeña casa localizada cerca de la avenida Casavalle, donde hoy se erige el Batallón Nº 15. El lugar, conocido como la "Casa del suboficial Puga", se utilizó por poco tiempo, porque los vecinos escuchaban las torturas, cuenta la fuente.

Del SMA a La Tablada

Entonces, se solicitó al comandante del Servicio de Material y Armamento, coronel Lautaro Mai, la utilización de un galpón vacío (al que iban a trasladar máquinas que se encontraban en 8 de Octubre y Berro), ubicado en "la pera" del SMA. Allí funcionó el "300 Carlos", "La Fábrica" o "El infierno grande".

En el "300 Carlos" del SMA se produjo la desaparición de Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermin Montes de Oca, Julio Escudero y Elena Quinteros. Todos ellos habrían sido enterrados en el Batallón de Infantería Mecanizada Nº 13.

La unidad de represión de la OCOA se trasladó en 1977 a La Casona de la calle Millán 4269 (adquirida con dinero robado a los desaparecidos del "segundo vuelo de Orletti). En el lugar donde hoy se encuentra la cooperativo de viviendas de obreros de Cutcsa, desapareció el maestro Julio Castro.

Finalmente, el "300" se mudó a "La Tablada" de Camino Melilla y Camino de las Tropas, donde operó hasta 1984. En el lugar desaparecieron Luis Arigón, Oscar Baliñas, Oscar Tassino, Amalia Sanjurjo, Ricardo Blanco, Félix Ortiz, Antonio Paitta, y Miguel Matto Fagián.

"300 Carlos": el Infierno

El "300 Carlos", que funcionó desde principios de 1975 hasta abril de 1977, era un amplio galpón, el primero de los cinco que rodean "la pera" del SMA. Tenía dos puertas de ingreso, junto a la primera había una manguera de bomberos con la que se "bañaba" a los presos, según describe el informante.

En el piso de cemento existían varios agujeros que se habían hecho para instalar las máquinas. A la derecha, por una escalera de madera se ascendía a un entrepiso donde estaban las "oficinas" en las que se realizaban los "interrogatorios".

El pasillo tenía una baranda de la que "colgaban" a los presos.

Debajo estaban los baños y una sala de abastecimiento. Los detenidos eran colocados de "plantón" a ambos lados del galpón: las mujeres junto a las puertas, y los hombres del otro lado. "Tendrían que ver si no quedó alguno enterrado entre el 300 y el alambrado que hoy da al 15", sugirió el informante.

La fuente señaló detalles del SMA e identificó las dependencias que el personal subalterno utilizaba dentro del Batallón de Infantería 13, donde almorzaban (en gráfico adjunto se observan el "Cuarto Escalón", el "Dpto. 3 de Abastecimiento", la "Fundición" y la "Recarga de munición", entre otros).

Lugares de "enterramiento"

El informante afirma que el lugar de enterramiento de los que "se morían" era entre la cancha de fútbol del Batallón 13 y el arroyo. "Nosotros lo veíamos desde la Guardia de Prevención, dentro de "la pera", a la izquierda del galpón de enfrente, y desde el "300 Carlos" a la derecha de ese galpón", afirmó.

Ante una fotografía aérea, la fuente marcó una triangulación entre los lugares donde se encontró el cuerpo del escribano Fernando Miranda, el radio no identificado y la arboleda que da al barrio Peñarol. Un sitio donde los arqueólogos que buscan los desaparecidos no han concluido su trabajo.

El militar retirado también señaló una serie de nombres de personal subalterno que estuvo relacionado con los enterramientos, el manejo de una excavadora del SMA color verde y la llamada "Operación Zanahoria" del Batallón 13, en la que se exhumaron cuerpos de desaparecidos en 1984.

La fuente aportó datos sobre eventuales lugares de enterramiento dentro del campo de Vidiella, adjunto al Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Toledo.

La información, en poder de LA REPUBLICA, fue entregada a las autoridades a cargo de la búsqueda de desaparecidos. *


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