 URUGUAY: Carta abierta de EL CRUCE - Colectivo por Verdad y Justicia |  |  |  |
| Enviado por EL CRUCE - Colectivo por Verdad y Justicia | |
| viernes, 25 de mayo de 2007 | |
La "Teoría de los Dos Demonios" no cae dividiendo ni maquillando un proyecto de Ley ...Tampoco esto nos libera de la soberbia y la ineptitud presidencial...A veces despierta como César -sin haber conquistado la Galia-, decide sin saber en temas sobre los que siempre descansó en los demás (que no son muchos, y tampoco puede decirse que sean los mejores, son los que él eligió), anuncia sin decir siquiera "ahí voy", y luego: ‘la polvareda'; de uno en uno, ‘casi' todo el mundo comienza a fijar posición; cuidando de no tocarlo, con ‘objetividad' y ‘respeto', hablando de lo que él hizo o lo que él dijo, como si lo hubiese dicho o hecho en estado de trance o poseído. No es él, ni su actitud: es ‘el proyecto'... Doctos , políticos y legos incondicionales, comienzan a hacer contorsiones y alquimias para que lo que dijo o hizo, no sea lo que dijo o hizo, pero tampoco parezca que se lo contradice o se lo corrige. La mesa política del Frente Amplio entra a una reunión en Suárez para manifestarle al presidente su desacuerdo con el proyecto, y sale como vocera de la opinión presidencial ante los medios ... Mal. No se puede remontar un barrilete de plomo, menos si estamos molesta e injustificadamente debajo de él. No hay manera de que este proyecto sea aceptable - separando trigo de paja, multiplicándolo, dividiéndolo, lavándolo, corrigiéndolo-, si parte de una lectura falaz de nuestra historia reciente, si se sienta de traste sobre la Memoria de nuestras víctimas, si convierte a cazadores de brujas y victimarios en víctimas de la "Sedición". Si por "Sedición" pueden procesarnos a todas y a todos, y ya han comenzado. El Estado no puede hacer un ‘gambito' a la verdad y a la historia negando su propia etapa de "Estado Terrorista", trocándola en "enfrentamiento armado contra la sedición" resaltando "el ambiente de violencia extrema reinante en el país y la inquebrantable defensa que hicieron militares y policías de una sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación" .
Entre los ‘militares y policías' que hicieron una ‘inquebrantable defensa de la sociedad' se encuentra el Capitán de la Armada Ernesto Motto, integrante del Escuadrón de la Muerte. Engrosan la lista ‘militares y policías' asesinados por ‘militares y policías'; tal es el caso del Coronel Ramón Trabal, asesinado en Francia por sus pares; el policía Idelfonso Kaulaskas, ajusticiado por su presunta vinculación con el MLN-Tupamaros; el Inspector Antonio Silveira Regalado, el policía Alfredo Pallas, el capitán Wilfredo Busconi (asesinado por la espalda en la masacre de la seccional 20 del Partido Comunista), el capitán Roberto Botti... todos ellos caídos por fuego ‘amigo'... Entre los civiles se incluye a Armando Acosta y Lara, Jefe Civil del Escuadrón de la Muerte; Carlos Abdala, identificado como ideólogo del Escuadrón de la Muerte, embajador uruguayo en Paraguay, que fue asesinado en ese país por error de un sicario croata al confundirlo con un diplomático yugoslavo. Un catálogo de "biblias", arrimado a otro de "calefones"... Quizás esta disección del proyecto, que -confirmando la Teoría de los Dos Demonios- convertirá en dos proyectos, corrija algunas barbaridades, como hablar de "Reparación" en el caso de policías y militares (si además se pretende recalcar que han ‘caído en el cumplimiento de su deber'), dado que el derecho de reparación en la normativa internacional -suscripta por Uruguay- se aplica a personas que fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, es decir, a víctimas de la acción criminal y abusiva por parte del Estado; nunca se puede aplicar a militares y policías caídos en enfrentamientos armados. Al Estado -a cualquier Estado, no sólo al uruguayo- le corresponde asumir la responsabilidad de ‘reparar' a las víctimas de acciones cometidas por el mismo Estado, no a las víctimas de cualquier hecho de violencia cometido por personas o grupos sociales. Siguiendo la lógica del Ejecutivo, ¿por qué razón no reparar también -junto a las ‘víctimas de la guerrilla'- a las víctimas de la violencia doméstica, del narcotráfico, de las muertes por rapiña, de los accidentes de tránsito, o laborales...etc. etc.? Y, por lo tanto, las víctimas del Estado que deben ser reparadas son las víctimas del Terrorismo de Estado practicado por funcionarios civiles y militares. En la carta de elevación del Proyecto al Parlamento, el Poder Ejecutivo reconoce que "Referido a los funcionarios militares y policiales, si bien existen normas que les otorgan un determinado tratamiento en el caso de fallecimiento en acto de servicio,..." (o sea , lo que les correspondía fue otorgado) ..."con el transcurrir del tiempo tal situación se diluye y afecta notoriamente, también económica y espiritualmente a sus descendientes y núcleos familiares". Esto implicaría un resarcimiento económico extra, el ‘regalo' de la figura ‘víctima de la sedición' y el amparo y reconocimiento del Estado por su ‘inquebrantable defensa' de una ‘sociedad que se encontraba conmovida por dicha situación". Es decir, el Terrorismo de Estado no actuó en nuestra contra, sino a favor. Podemos discutirlo largamente desde el lugar que nos cupo a cada una y cada uno de nosotros... El proyecto original incluye a 26 desaparecidos (sólo 26, y sólo casos de desaparición): son aquellos sobre los que arroja luz tenue y tuerta el trabajo de la Comisión para la Paz, admitida por consenso o por silencio. Seguimos buscando a los demás, y seguimos preguntando cómo fueron encontrados en tierra los cuerpos de los Compañeros Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda, cuando, según dicha Comisión, esos restos fueron exhumados de fosas clandestinas y arrojados al Río de la Plata... Seguimos exigiendo Verdad y Justicia también por las y los miles que fueron víctimas de asesinato, tortura, prisión, exilio; por el conjunto de la sociedad rehén de gobiernos fascistoides que prologaron y acogieron a la posterior dictadura para dar lugar a la etapa más pura y cruda de criminalidad y sojuzgamiento. No queremos dos proyectos. El segundo, a ritmo del primero, sumando complementos ‘tranquilizadores' como monumentos, extensión de la lista de beneficiarios, o las variantes en las que este regateo improcedente pueda derivar. Otro grave error de esta iniciativa es que el Ejecutivo parece no conocer la diferencia entre ‘reparación' e ‘indemnización', a pesar de que en Derechos Humanos esa diferencia está claramente establecida. "Reparación integral", como se entiende y se reclama, implica mucho más que una indemnización económica (que puede o no existir): implica ante todo Verdad y Justicia, restitución de la dignidad de las víctimas, políticas públicas, acciones educativas y sociales tendientes a la preservación de la Memoria y a la difusión de la verdad histórica, etc. Ni este Proyecto, ni sus eventuales derivados, responden a un reclamo de familiares de las víctimas ni de los sobrevivientes del Terrorismo de Estado, sino que surge del interés de un puñado de personas y familias de militares y policías representadas por el ex integrante de la JUP Daniel García Pintos, falseando el marco histórico y haciendo foco central en la indemnización. Nosotras y nosotros seguimos exigiendo Verdad y Justicia. Esto implica Justicia para el criminal y Justicia para las víctimas. En más de treinta años de lucha, este episodio implica un retroceso a fojas cero. Al cabo de más de treinta años de lucha no queda mucho tiempo para que las eventuales penas sean cabalmente cumplidas, no queda demasiado tiempo para que muchas de nosotras y nosotros alcancemos a ver el final del camino. Esto no se soluciona -como dice el Ministro Mujica- cuando todos los involucrados estén muertos y se abra paso a la historia. Ese, apenas, será el momento en que los hipócritas se animen a decir lo que debieron decir hoy... Es indudable que vivimos en un país dividido, donde se oculta la verdad y donde la justicia como entidad rectora de los derechos de toda la ciudadanía está seriamente cuestionada. La vida cotidiana se presenta con serias dificultades en este escenario donde la impunidad consagrada en una ley -votada y reafirmada desde la mentira y el miedo- sigue actuando como amparo institucional que preserva el silencio y la libertad de los verdugos genocidas de otros tiempos. No existe pues, ni histórica, ni jurídica, ni políticamente fundamento alguno que pueda ocultar el hecho de que a más de 30 años del golpe de 1973 la sociedad uruguaya continúa esperando que el Estado reconozca su responsabilidad en los hechos y sus consecuencias, que se llegue a una verdad exhaustiva en cada uno de los casos de violación a los Derechos Humanos; y en consecuencia, resulta impostergable para la sociedad toda, en aras de recuperar las garantías para el ejercicio de las libertades, que quienes fueron los responsables de los atropellos a los derechos humanos sean juzgados y paguen sus cuentas. VERDAD Y JUSTICIA, EN SERIO |
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