Son los trabajadores del campo (los simples asalariados zafrales, los pequeños productores-propietaríos rurales arruinados, los que son ambas cosas; la enorme masa de familias cada día más desplazadas del medio rural a la periferia marginal de las ciudades), como a fines de los ´50 y principios de los ´60, los que han vuelto a poner enérgicamente el acento en la cuestión crucial de todo nuestro proceso histórico nacional de Artigas hasta acá y de acá hasta siempre: LA TIERRA, LA LUCHA POR TIERRA PARA EL QUE LA TRABAJA como el principal aspecto estratégico en la dura pelea por el socialismo en Uruguay.
Las más de las veces sin tener clara conciencia de los alcances y las proyecciones político-sociales de esta reivindicación, desde la ocupación, el 15 de enero de 2006, de "Colonia España", en Bella Unión, hasta la muy reciente recuperación de tierras en Tacuarembó, el 14 de junio de 2008 (el mismo día en que se cumplían 80 años del nacimiento de Ernesto Guevara), el trabajador rural organizado y no resignado a la condena de ser un paria sumido en la miseria y la mendicidad, ha colocado otra vez el tema de la tierra en el lugar que debe ocupar y lo viene haciendo de la manera más convincente y entendible para los demás trabajadores del campo y la ciudad y para un pueblo del que inclusive sus organizaciones políticas más avanzadas no han podido aún identificarlo claramente como el tema estratégico de la lucha revolucionaria: lo han hecho a través de la acción directa colectiva y desde abajo, sin esperar promesas demagógicas que nunca se cumplirán y sin atender discursos de ministros progresistas que piden la misma "paciencia y comprensión" que han venido pidiendo durante casi dos siglos los que jamás cumplirán siquiera con los rudimentos de una Reforma Agraria planteada básicamente por el Reglamento de Tierras de Artigas del 10 de setiembre de 1815 y traicionada por ellos mismos en complicidad con los intereses coloniales-imperialistas.
El 15 de enero de 2006 fueron recuperadas en Bella Unión 36 hectáreas pertenecientes al Estado a través del Instituto Nacional de Colonización, cuyo directorio, hace más de 10 años, se las había concedido a un especulador que jamás las trabajó y que las subarrendaba para vivir de rentas. A partir de la acción colectiva y organizada de familias trabajadores de UTAA, SOCA (obreros de la actual ALUR SA) y pequeños productores agremiados en APPARBU, la "justicia" confirmó la existencia de la estafa y obligó a la devolución al INC de las 36 hectáreas fiscales, actualmente trabajadas por la cooperativa que surgió tras la recuperación,
Exactamente un año después, un pequeño grupo de productores lecheros artiguenses, también en Bella Unión, recuperó 400 hectáreas del INC para pastoreo y agricultura en "Colonia Eduardo Acevedo", denunciándose la misma situación de otorgamiento ilícito del predio recuperado a particulares especuladores que jamás cumplieron con las condiciones previstas por la Ley 11.029 de creación del INC, en la primera mitad del siglo pasado. Actualmente producen leche para el abasto industrial cercano, quesos artesanales y horticultura para el autosustento familiar.
El 12 de mayo último, una veintena de aspirantes a colonos de San José, recuperó en la zona de Kiyú alrededor de 120 hectáreas propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas adquirida por vía de deudas del ex Banco de Crédito. Los ocupantes exigen el pasaje del predio a Colonización y que éste, a su vez, se lo arriende a ellos, en el marco de lo establecido por la misma ley 11.029, que, entre otros aspectos, prevé la asignación de tierras priorizándose el asentamiento y reasentamiento en el campo de familias laboriosas pobres. Ya han acondicionado la tierra para su uso diverso en actividades agropecuarias y negocian con el INC su reasentamiento definitivo.
Las tierras recuperadas en Tacuarembó el 14 de junio, presentan el mismo panorama de irregularidades y amiguismo político que en los dos casos del departamento de Artigas. Si bien está en curso una acción judicial para el desalojo de los "acomodados" (entre los que está el principal jerarca regional del INC y algunos familiares suyos), éstos prosiguen con su relativamente pequeño "agro-negocio" político-familiar, mientras al momento de la toma del predio, se seguía sin satisfacer la demanda de tierras del conjunto de aspirantes a colonos nucleados en el Mov. 10 de Setiembre de 1815, en su mayoría pequeños productores lecheros. En estos momentos se pone en práctica el acuerdo provisorio alcanzado días atrás entre ocupantes y el directorio del INC, que consiste en el realojamiento en un predio de Peralta, a 100 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, próximo a Paso de los Toros, adecuado para el pastoreo de unas 200 reses, en principio, y que se ampliaría para el pastoreo de 500.
La organización y movilización del medio rural no se reduce a estos cuatro casos ni tampoco se limita al reclamo de tierras. En todas partes van surgiendo núcleos relativamente pequeños de familias que se unen y se estructuran como aspirantes a colonos, pero también crece la organización incipiente de quienes han sido altamente perjudicados por la forestación salvaje, la creciente escasez de corrientes de agua para el riego y para el alimento de animales, la depredación del suelo, la contaminación tóxica, la pérdida de cosechas afectadas por la invasión de pesticidas, y, naturalmente, la feroz pugna del "agro-negocio" por adueñarse de grandes extensiones para plantación de soja u otros cultivos idóneos para la producción de bio-combustibles o lo que resulte más rentable para las multinacionales y los latifundistas "criollos".
Con serias dificultades de todo orden, con esfuerzos tremendos para preservar una unidad de objetivos y de acción amenazadas por lastres culturales nada propicios a lo colectivo, y por los intentos de penetración y copamientos partidarios oportunistas y electoraleros, una cosa es cierta e indiscutible:
El trabajador rural ha dicho basta nuevamente y con cada nueva acción directa colectiva de recuperación de tierras y de enfrentamiento a los intereses puramente mercantilistas y depredadores de nuestros recursos naturales, sigue aportando al desarrollo de una vertiente clave de la lucha popular revolucionaria: la defensa de la soberanía territorial contra el embate imperialista y la expropiación social de la tierra y sus recursos naturales concebida y concebidos como el principal elemento material requerido para el inicio y el desarrollo del socialismo en un país de las características geográficas e infraestructurales del Uruguay.
Apoyar esta lucha por todos los medios posibles, es, pues -más que un acierto táctico o coyuntural- una necesidad estratégica de primer orden. Intentar la ampliación de esta comprensión a la militancia revolucionaria toda e infundir la idea de la necesidad de sistematización de esta lucha, es, por tanto, lo estratégico a la interna de la fuerza militante revolucionaria en general.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado