El miedo como arma de dominación

¿Qué es la “inseguridad”?


Editorial correspondiente al CONSTRUYENDO Nº33 de octubre de 2008




Vigilar y castigar. A esto se reduce el “Esquema Integral de Seguridad Ciudadana” presentado por la ministra Daisy Tourné el miércoles 1º de octubre. Habrá más policías en las calles para “desalentar la ilegalidad” y las comisarías tendrán un rol activo en combatir los “delitos menores”. Como parte de la “modernización del Ministerio del Interior”, se incorporará tecnología de última generación (videocámaras, reconocimiento de personas, controles migratorios) mediante “un crédito de China por US$ 13 millones que cambiará el sistema de comunicación de la Policía, incluido el 911.” (El País, 2-10-08) Finalmente, se relevan a varios jerarcas departamentales y se designa un nuevo jefe en Montevideo: el inspector mayor Néstor Artigas Lema, “un oficial altamente capacitado” formado en la escuela de dar palos (Guardia de Coraceros), que ascendió a la Dirección de Seguridad durante el gobierno de Jorge Batlle.
Entre las “prioridades” del nuevo plan, aparece la “intensificación de la represión del tráfico y distribución de drogas”, que para unos y otros (gobierno, partidos tradicionales, medios masivos de comunicación), promueven la “actividad ilícita” y el aumento de los “indicadores violentos”. Aunque no haya una sola estadística científica que lo pruebe. Por el contrario, el “consumo ilegal”, incluido el de “pasta base”, incide en menos de un 7% si se analiza de conjunto el “mapa delictivo” en el país.
Para blancos y colorados la propuesta “es muy poco y llega muy tarde” (Borsari) o “la montaña parió un ratón” (Bordaberry). Ellos hubieran preferido sin más vueltas la “tolerancia cero” (Larrañaga), para que el Estado “asumiera el principio de autoridad”. Esto es, el uso letal de la fuerza policíaca. Sin detenerse en razones baladíes como el “abuso” o el “exceso” represivo.
No obstante, tanto el gobierno del Frente Amplio como los partidos tradicionales, coinciden en un escenario discursivo preciso: la metáfora de la guerra. Donde la existencia de una “lucha contra la inseguridad”, cristaliza la dicotomía entre quienes estando fuera del espacio social de “convivencia ciudadana”, lo atacan y lo desestabilizan; y quienes estando “integrados a las reglas democráticas” deben luchar para oponerse a este embate de los “marginales”. Obviamente, el discurso de la “inseguridad” alimenta la percepción de que es necesario “un nuevo orden interior” que garantice la articulación de la integración física de las personas con la propiedad privada. Como forma de tejer las fisuras políticas, económicas y sociales que se vinculan con el binomio seguridad/inseguridad.
Esto impacta sobre amplias capas sociales. Favoreciendo la pérdida de conciencia democrática y alimentando el conservadurismo político y cultural. Allí están diversos estudios de opinión pública que confirman este retroceso: uno de cada dos uruguayos (49,8%) “está dispuesto a tolerar algún grado de violación al ordenamiento jurídico para capturar delincuentes” (encuesta de Cifra para el Barómetro de las Américas, El País, 27-9-08); o que un 68% de los uruguayos consideran que hay que “proteger la seguridad pública aunque se afecte los derechos y garantías de los delincuentes y de los presos.” (Factum, Radio El Espectador, 18-7-08).
La “inseguridad” pasó a unos de los primeros lugares de la agenda política nacional, sin duda. Un dato de la realidad que la izquierda radical no debería subestimar. Y sobre lo cual se impone una reflexión para mejor contraatacar los argumentos del “progresismo” y la derecha.
¿Qué se quiere decir con “inseguridad”? El mensaje que se reproduce desde el poder es claro y contribuye a reducir el problema a un crecimiento de la maldad y la crueldad de ciertas capas sociales: jóvenes, desempleados, pobres. En fin, todas aquellas personas ubicadas en la categoría de “excluidos” que habitan las “zonas de vulnerabilidad”. Ante esto, suenan voces y se escuchan propuestas reaccionarias de todo tipo, que van desde la “mano dura con los transgresores” (Lacalle), hasta el “control de la natalidad” en las mujeres pobres “que no pueden mantener a cinco hijos” (Héctor Jiménez, dirigente de la Mesa Intersindical de la Policía”). En todos los casos, se apunta a imponer un “orden” social donde persiste (y se refuerza) la idea de una política penal con su correspondiente “selectividad” que, al decir de Michael Foucault, “administra diferencialmente los ilegalismos”. Mientras se dejan impunes los grandes delitos capitalistas.
Nadie de estos profetas “securitarios” -que hipócritamente hablan de contemplar las “demandas genéricas de la sociedad”- tiene la decencia de contar la verdad. Esto es, que la “inseguridad” tiene su base socio-económica y que no se produce por un espasmo de la naturaleza ingobernable e irreductible. Como diría Marx, “la naturaleza no produce por una parte poseedores de dinero o mercancías y por otra, personas que simplemente poseen sus propias fuerzas de trabajo.” (El Capital, Tomo 1). La “inseguridad” se produce, como siempre, por políticas gubernamentales que producen efectos inhumanos a todo nivel y que expanden los miedos sociales que están presentes en la vida diaria de las personas. Por ejemplo, el miedo que producen los salarios de hambre, la falta de empleo, el desamparo en la salud, el deterioro de la educación, la precariedad en la vivienda. Miedo que aumenta no solo el sentimiento de inseguridad social, sino que actúa como principio de desmoralización y “desafiliación social”.
A esta “crisis de la seguridad”, se la quiere conjurar invocando la acción de la “justicia” a través de una institución corporativa (y corrupta) como la policía. Aunque en realidad, como todos sabemos, es la policía quien en los hechos gestiona la “inseguridad ciudadana” y no esa institución subordinada que es el “poder judicial”. No tanto porque esta “justicia” no comparta la misma visión que la policía, sino porque carece de toda capacidad operativa para vigilar, controlar, disciplinar y reprimir las “conductas humanas”…de la fuerza de trabajo. Que ese es, en última instancia, el supremo objetivo de la dominación de clase del capital.
El mismo día en que el gobierno anunciaba su “esquema” de seguridad, la ONG “Un techo para mi país”, presentaba un informe sobre los “asentamientos irregulares” en el país. Es decir, otro muestreo de la geografía de la pobreza. Del informe se desprende que “hay 251.884 uruguayos viviendo en 586 asentamientos en todo el territorio nacional”. Mientras que en 2005-2006, había 190.000 personas viviendo en esas condiciones. El dato, de por si elocuente, se agrega a lo que el Instituto Nacional de Estadística indicó en agosto: alrededor de 800.000 uruguayos están en condiciones de miseria, pobreza, indigencia. Es decir, que viven en la “inseguridad ciudadana” más absoluta, producto de una guerra social que los capitalistas y la política económica del “progresismo” desatan contra los más desposeídos. Todos ellos, según el discurso dominante, son potenciales “infractores de la legalidad”, o sea, una amenaza latente contra la propiedad privada.
Bastaría recordar que Engels, en su estudio sobre “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, ya decía que la primera forma de revuelta del proletariado moderno contra la burguesía era la criminalidad. ¿Es posible entonces hacer una lectura de la “inseguridad” y la “delincuencia” por fuera del orden capitalista que las genera? Será que 150 policías y 25 patrulleros más en las calles podrán reducir esa “violencia social” que se anida en las clases más explotadas y oprimidas?.