Anular la ley de impunidad y cárcel a torturadores y asesinos

Anular la Ley de Impunidad, está indisolublemente vinculado a luchar por los derechos, las necesidades y los intereses de la clase trabajadora y sus aliados oprimidos del campo popular.

Colectivo Militante - ProUNIR - COMUNA - Partido de los Trabajadores

Las organizaciones firmantes impulsamos la movilización por la anulación inmediata de la ley de impunidad, como parte de la lucha por juzgar y condenar a todos los criminales – militares, policías y civiles – que desde el terrorismo de Estado arrasaron las libertades, asesinaron, torturaron y desaparecieron a cientos de luchadores, y reprimieron al pueblo.

La ley de impunidad no es más que la trinchera más visible de una “cultura de la impunidad” y de una práctica sistemática de violación de los derechos humanos más elementales, que abarcan a múltiples acontecimientos de la vida política nacional. Desde la masacre del Filtro, hasta el infierno de las “peores cárceles del mundo”. Desde los despidos hasta los envíos al seguro de paro. Desde la mentira mediática hasta el procesamiento de luchadores sociales.

A cuatro años de gobierno, el Frente Amplio –pese a contar con mayoría parlamentaria– se ha negado a anular la ley aprobada hace más de 22 años por una infame mayoría de blancos y colorados. Denunciamos el acuerdo de Tabaré Vázquez y demás dirigentes del “progresismo” con la cúpula militar, por el cual un puñado de represores fue a parar a “cárceles VIP” en un cuartel, como “peaje” para evitar las extradiciones a la Argentina, mientras el conjunto del aparato represivo permanece intacto, e incluso fueron ascendidos connotados represores –como los responsables de la masacre del Filtro en 1994.

Primero José Mujica y recientemente el propio Tabaré Vázquez, dieron sorpresivamente apoyo a la reforma constitucional para anular la ley de impunidad, cuando habían rechazado desde un comienzo este movimiento. Denunciamos el planteo de Mujica de “perdonar” a los represores que “aporten información”, como una nueva variante de la impunidad.

El pueblo debe tener en cuenta que estos dirigentes podrían anular la ley mañana mismo si así lo desearan, pero obligan a recorrer el camino de un plebiscito donde se deberá obtener mayoría absoluta, cuando una gran parte de la ciudadanía tal vez no llegue a votar a favor de esta reforma incluso por desconocimiento. De esta manera, se corre el riesgo de una nueva derrota.

Rechazamos la campaña que pretende utilizar la inseguridad que vive el pueblo, con la finalidad de establecer un régimen aún más represivo, dando más poderes a la policía. La inseguridad que vive el pueblo son los bajos salarios, la incertidumbre en el empleo con los crecientes despidos y envíos al seguro de paro, y también la existencia de mafias que tienen contactos evidentes con la policía que inundan los barrios populares con drogas, son “reducidores” de lo que roban los adictos a la pasta base, y lavan el dinero del narcotráfico en los bancos –protegidos por el secreto bancario que defienden blancos, colorados y “progresistas”. “Más policías”, “tolerancia cero”, encerrar a los drogadictos y obligarlos a trabajar, no son soluciones reales sino pura demagogia. La solución son más empleos y salarios, más presupuesto para la educación y la salud públicas, incluidos verdaderos centros de rehabilitación de los adictos a las drogas, hoy inexistentes. La solución es eliminar el secreto bancario.

Nuestro compromiso militante por Anular la Ley de Impunidad, está indisolublemente vinculado al de luchar por los derechos, las necesidades y los intereses de la clase trabajadora y sus aliados oprimidos del campo popular. Esto es, hoy y aquí, la lucha por derrotar el programa capitalista del gobierno que el Frente Amplio acordó con el FMI, el Banco Mundial, y las corporaciones patronales locales, que en los aspectos fundamentales apoyan los partidos burgueses blanco y colorado.

Esto significa luchar todos los días por el salario, el empleo, la salud, la educación, la vivienda. Todos derechos humanos y sociales violados por el gobierno y los empresarios a través de la inflación galopante, el desempleo, la “flexibilización” laboral, la pobreza y la indigencia masivas. Apoyamos incondicionalmente la lucha de los trabajadores del Casmu, del Hospital de Clínicas, y de tantos otros que pelean por sus legítimos derechos.

Declaramos que la lucha contra la impunidad y por las reivindicaciones populares, es incompatible con el apoyo político (y electoral) a un “progresismo” que mantiene el programa económico diseñado desde los centros de poder imperialistas, y que insiste en enfrentar a trabajadores contra trabajadores por la “redistribución” del ingreso. Violando convenios colectivos con los trabajadores estatales, permitiendo despidos y envíos al seguro de paro, mientras que a las patronales se les ofrece todo tipo de exoneraciones tributarias para aumentar sus ganancias.

Anular la ley de impunidad.
Juicio y Castigo. Cárcel a todos los torturadores y asesinos.
Desmantelar el aparato represivo.
Contra la criminalización de la protesta.
Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.

Colectivo Militante - ProUNIR - COMUNA - Partido de los Trabajadores
Montevideo, 20 de mayo de 2009