CHARLA ABIERTA DE LA COORDINACIÓN
DE VECINOS CON EL Dr. HÉLIOS SARTHOU
SOBRE LA DIFERENCIA ENTRE DEROGAR Y
ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD Y SOBRE
LAS POTESTADES DEL PARLAMENTO PARA
ANULAR POR MAYORÍA SIMPLE DE VOTOS.
Miércoles 24 de marzo a las 19 horas en
Canelones 1330 entre Ejido y Yaguarón.
Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad
Varias ideas, distintas aunque complementarias, fueron volcadas en el encuentro del 13 de marzo de la coordinación de vecinos, todas apuntando a la idea central de poder trazarnos un plan general mínimo de acción que llegue hasta el 20 de mayo por lo menos, coincidiéndose en la necesidad de tratar de infundirle a nuestra lucha un enfoque de la impunidad más general, más profundo y más vinculante con el presente de nuestro pueblo, sin desmerecer en absoluto la histórica aunque puntual lucha por la anulación de la ley de caducidad; al contrario, teniéndose especialmente en cuenta el operativo político-partidario del sistema tendente a “descomprimir” el tema mediante la engañosa derogación de la ley, pero a la vez apuntando a señalar que la impunidad capitalista trasciende lo puntual circunstancial.
Tratando de reunir resumidamente las ideas y sugerencias presentadas con la finalidad de lograr una síntesis y un plan mínimo en las sucesivas próximas reuniones con mayor participación de compañeras y compañeros, trasladamos los apuntes hechos en dicho encuentro:
1).- Se reconoce en la campaña por el voto rosado y en nuestro reflejo procurando atenuar desde los barrios la acción boicoteadora desde las cúpulas, el hecho político real y aglutinante –en medio de un panorama de no muy frecuentes hechos políticos de estas características- que ha dado razón de ser a esta coordinación, posibilitando nuevos vínculos barriales e interbarriales y que hoy permite alentar la esperanza de que ella sobreviva más allá del resultado electoral adverso aunque previsible y del reflujo militante de fines y principios de año;
2).- Se reitera la valoración de que más allá del plebiscito y las manipulaciones distraccionistas actuales, el tema sigue despertando un estado de ánimo popular de gran descontento y bronca, y que muy difícilmente la estructura político institucional podrá alterarlo o neutralizarlo, aspecto en el que, se cree, la coordinación puede incidir si somos capaces de recuperar una impronta de trabajo práctico unitario y dinámico, que llegue a otra gente, que contagie, que multiplique escenarios de lucha y que refuerce nuestra propia certeza de que es posible seguir intentando transformar este estado de ánimo en más y mejor organización y vinculación humano-social en torno a una temática que no se limita a los crímenes del pasado ni se agota en los vaivenes de la la ley de caducidad, sino que es percibida al menos intuitivamente como cuestión del presente y del futuro que nos atañe directamente y que condiciona los avances del movimiento popular en sentido amplio;
3).- En tal sentido, surgieron los siguientes planteos:
a.- Proponerse agitar fuertemente la exigencia de que el parlamento anule ya mismo la ley de caducidad sin más trámite, poniéndose mucho énfasis en esclarecer públicamente la diferencia sustancial entre anular y derogar, y exponiéndose argumentos claros que refuten la falacia de que el parlamento solamente puede derogar. Para ello, más allá de lo que conocemos en titulares, se entendió necesaria la consulta jurídico profesional, y hubo acuerdo en invitar al Compañero Hélios Sarthou a una charla abierta –ya confirmada- para el próximo miércoles 24 de marzo en Canelones 1330, a las 19 horas, sin perjuicio de otras posibles consultas.
b.- Llevar el tema con mucha energía y amplia difusión a todas las movilizaciones en torno al próximo Día Internacional de los Trabajadores, exponiéndoselo de modo tal que resulte de elemental comprensión que la impunidad represiva del sistema es algo natural a él y que en última instancia deviene de su permanente defensa de relaciones sociales basadas en la impunidad madre de la explotación y la opresión, para la que reprimir y amparar a los represores –de uniforme o simples alcahuetes de los patrones- y criminalizar la lucha político-sindical, es también algo “natural” que tiene que ver con la dominación de clase y la prédica de que el capitalismo es “lo correcto” e invulnerable. (ejemplificar también con otras manifestaciones cotidianas de impunidad, como por ejemplo: la estigmatización, discriminación y criminalización de la pobreza, persiguiéndose y castigándose aspectos externos, formas de hablar, de vestirse, de comportarse social y culturalmente, identificables con los más pobres, al punto de que la abrumadora mayoría de quienes son torturados, vejados y hasta asesinados en las cárceles o recluídos en centros tipo INAU, pertenecen a los sectores sociales más castigados por la injusticia del capital y su aparato coercitivo-represivo. Remarcar estos hechos como delitos de lesa humanidad aunque ellos no afecten individuos u organizaciones inmersos en la lucha político-social).
c.- Apuntar todas las baterías al 1º de Mayo y, enseguida, a la jornada del 20 de Mayo, remarcándose lo anterior y demostrando que todas las formas de represión impune, de ayer, de hoy y de siempre, son descargadas invariablemente sobre quienes luchan contra todas las formas de impunidad capitalista, con leyes o decretos, o sin ellos (buscar impactar en la idea de que la impunidad es un componente básico e imprescindible del capitalismo, y que necesariamente deben preverse eventuales repeticiones de hechos extremos como los del pasado “reciente”). Hacer hincapié en la idea de que las víctimas de la represión sistemática y masiva, son “culpables” de luchar.
d.- Hubo propuestas de participar como coordinación de vecinos el 1º de Mayo en la Columna Cerro-Teja y en la movida del 20, también como coordinación, procurando imprimirle a la movilización una impronta distinta a la clásica, sin necesariamente confrontar con otras legítimas expresiones populares, pero sí tratando de distinguir un perfil más activo y cuestionador, cargándose las tintas en la idea de que derogar es trampear la voluntad del pueblo y seguir protegiendo criminales.
4).- Se propuso también alertar sobre los nuevos planes represivos en curso, ampliamente propagandeados desde el gobierno (entrevistas al Ministro del Interior, etc.), fundados en el argumento de la “inseguridad ciudadana” y que preveen la ampliación a escala nacional de las fuerzas policiales entrenadas y especializadas en la más dura represión, con el agravante de que serían incorporados a ellas un número considerable de militares de “élite”, preparados para la represión selectiva y dirigida, como fácilmente puede concluirse, no ya al “delito común”, sino principalmente a la lucha y/o la protesta popular que desde hace mucho tiempo se intenta criminalizar.
5).- En atención a lo expuesto hasta el punto 4), se sugirió la conveniencia de pasar a llamarle a la coordinación de otra manera, como, por ejemplo, “Coordinación de Vecinos contra la Impunidad” o “Coordinación de Vecinos contra la ley de caducidad y contra toda impunidad”.
La idea es que lo apuntado sea más ampliamente considerado el 24 al finalizar la charla y en sucesivas encuentros.
Se adjunta una propuesta de texto para volante que intenta reflejar lo que se entendió apropiado a la actual visión colectiva. Se propone que este texto u otro distinto, sea voluminosamente impreso en papel rosado.
Propuesta de volante: “Gato x liebre” NUNCA MÁS
Casi 1.200.000 orientales hemos reiterado la decisión de impulsar la ANULACIÓN de la Ley de Caducidad. Sin su ANULACIÓN, nunca serían debidamente juzgados y castigados los cientos de culpables de los bestiales delitos de lesa humanidad del período de terrorismo estatal 1968 / 1985.
Esta firme demanda es sostenida también por miles y miles de uruguayas y uruguayos que por su edad no han podido votar, pero que poseen elevados sentimientos humanitarios y la convicción de que la no ANULACIÓN, significa avalar de antemano posibles nuevas violaciones extremas de los DD.HH. en eventuales repeticiones de ataques represivos contra el pueblo.
Los fundamentos de esta sentida decisión son de fácil comprensión y no está demás repetirlos hasta el cansancio:
1).- Es inadmisible que haya criminales con amparos supuestamente legales. Violenta el mentado criterio de que “todos somos iguales ante la ley”, y estimula la idea del encubrimiento y la protección a supuestos individuos de “primera categoría” para los que robar, torturar, matar y secuestrar, no sería delito;
2).- Mientras haya un solo adulto o niño desaparecido y se oculte qué fue de ellos, se está cometiendo delito de lesa humanidad. De hecho, se prolonga en el tiempo el terrorismo de Estado;
3).- La tiranía “cívico-militar” dejó gravísimas secuelas no solo en ex presos, ex secuestrados o perseguidos políticos, sino también en miles y miles de familias diversamente agredidas por representantes e instituciones de un Estado que hoy dice admitir su culpabilidad y a la vez pone trabas a la acción del poder judicial;
4).- Esta “ley” se impuso hace más de 20 años a fuerza de amenazas, y se mantiene, ahora, con el argumento, además, de que los delincuentes son ya “muy viejitos” para estar presos y de que “hay que perdonar y conciliar para vivir en paz”;
5).- Lo cierto es que para “vivir en paz”, debe existir antes que nada, JUSTICIA. La no ANULACIÓN de esta ley, es garantizarle impunidad a cualquier criminal o grupo de criminales al servicio de intereses contrarios a los de la inmensa mayoría de la población. Significa “vivir en paz” únicamente para los criminales de hecho y para los autores intelectuales defendidos por esta ley;
6).- Pretender mantener “vigente” esta ley mediante su no ANULACIÓN, implica, también, desconocer convenios y normas internacionales suscritos por el Estado uruguayo, al punto de que en estos momentos Uruguay está siendo intimado y advertido de ser severamente sancionado por tal motivo.
Nadie ignora lo indefendible de la ley de caducidad. Tan grosera es su INJUSTICIA e INCONSTITUCIO-NALIDAD, que es imposible su defensa política explícita.
Está en marcha, no obstante, un operativo político a espaldas y en contra del pueblo, que significa trampearnos y subestimarnos nuevamente, avalando en forma implícita lo que no hizo el poder judicial en 25 años, disfrazando la impunidad con otra ley encubridora.
Está en marcha, en vez de la ANULACIÓN, la DEROGACIÓN parlamentaria impulsada por Lacalle y sectores históricamente defensores de los culpables, y apoyada bajo cuerdas, por ahora, por el oficialismo.
Debemos denunciar esta maniobra y difundir por todos los medios posibles la diferencia entre DEROGAR y ANULAR :
DEROGAR, es legitimar todo lo que no hizo el poder judicial; es reconocer validez a una ley nula por sí misma. Equivale a decir: “no vale de aquí en adelante”. O, lo que es igual, significa consagrar un cuarto de siglo de impunidad, encubrimiento y aceptación del ocultamiento sistemático de información que debió ser proporcionada por el mismo Estado que hoy se declara culpable solo de palabra.
ANULAR, en cambio, significa declarar nula e inexistente esta ley a partir del mismo momento de su aprobación, en el gobierno de Sanguinetti, en 1986. ANULAR significa que los órganos judiciales deban cumplir con lo incumplido y dar trámite al sinfín de denuncias hechas en 25 años, actuando incluso de oficio en casos que no requieren de denuncias por estar las pruebas a la vista. ANULAR es admitir que por su aberración, la ley de caducidad jamás existió y que por tanto deben ser juzgados todos los criminales y no solo los “pobres viejitos” fascistas procesados para “tapar el ojo”.
Resistir la impunidad barrio a barrio, día a día
Coordinación de Vecinos
coordinaciondevecinos@gmail.com
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www.coordinaciondevecinos.
Leer mas La República, 20 marzo 2010
Es anticonstitucional
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