El enemigo principal

“La pobre dialéctica de las contradicciones principales y las secundarias, su giro infernal, nos ha jugado ya muchas malas pasadas. Y el enemigo secundario, normalmente subestimado en nombre de la lucha contra el enemigo principal, las más de las veces se ha revelado como mortal”. Daniel Bensaid (1)

El 1º de marzo dio comienzo una nueva etapa. La de las “causas comunes como Nación”. Pobreza, seguridad, “reforma del Estado”, educación. (2) Para el presidente de la República, estas “causas comunes” deberán abrazarse patrióticamente. Por encima de los “mezquinos intereses corporativos”. Vale decir, por encima de los antagonismos de clase. No hay nada irreconciliable. Cuando se trata de construir “una patria para todos y con todos, absolutamente con todos”.

En su discurso al asumir, fue enfático al respecto: “Vamos a buscar así el diálogo, no de buenos ni de mansos, sino porque creemos que esta idea de la complementariedad de las piezas sociales es la mejor (…) Nos parece que el diagnóstico de concertación y convergencia es más correcto que el de conflicto”.

En esta perspectiva se caía de madura la reconciliación con los militares. Convocándolos a “una inserción de nuevo tipo en la sociedad”, comprometiéndolos en el plan de “solidaridad e inclusión social” como forma de volver a ganarse el “respeto de la ciudadanía”, aunque “esto es lo más difícil en la lucha por la unidad nacional, ser capaces de generar sentimientos, afectividad en el pueblo por sus Fuerzas Armadas”.

El planteo de Mujica en la base área de Santa Bernandina, no sólo recibió el aplauso entusiasmado de los 350 oficiales presentes en la reunión del 16 de abril. Blancos, colorados, frenteamplistas, salieron en apoyo al presidente. Basta recorrer las notas y los editoriales tanto en la prensa derechista (El País, El Observador, Búsqueda, Últimas Noticias) como en la oficialista (La República, El Popular, Brecha), para comprobar el “amplio consenso”. Unos y otros coinciden con el jefe de Estado: “estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”. Los asesinatos, las desapariciones, las torturas, quedan al “juicio de la historia”. En aras de las “causas comunes” que nos unen.

Evidente, esta reconciliación exige más que gestualidades y simbolismos. Impone decisiones políticas. Principalmente en el asunto de la impunidad del terrorismo de Estado. De allí, la intención manifiesta del presidente (y de los principales dirigentes del Frente Amplio), de empezar de a poco a “dar vuelta la página”. La preocupación por los “viejos presos” (un indulto de hecho) apuntaría en esa dirección. Se busca, según Mujica y su esposa (la senadora Lucia Topolansky), poner fin a ese espíritu de “venganza” que, todavía, anida en sectores de la sociedad “que miran hacia atrás”. En la misma línea que la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti. O sea, destruir toda reserva de memoria democrática.

El rumbo programático del gobierno está trazado. Bajo el cliché de “país agro-inteligente” se adoptarán los “modelos de asociación público-privada” que se aplican en los países de la OCDE (Organización de Cooperación de Desarrollo y Económica, que reúne a los principales países capitalistas del planeta). Es decir, una profundización de la subordinación del país a la lógica de acumulación que ordena el Capital mundializado. Con todas las garantías para empresarios locales e inversores extranjeros. Tal cual se les ofreció en el conclave del Conrad.

El paisaje económico es “tranquilizador” y el PBI volverá a crecer (4%) dice el ministro Fernando Lorenzo, alumno de Astori. A lo mejor y con un poco más de viento a favor, se podrá “reducir la carga impositiva” a los salarios. Sin aumentar, claro está, la de los patrones, que es la más baja del Mercosur (7,5%).

Aunque vuelven reaparecer en el horizonte algunos nubarrones. Mejor dicho, una vieja amenaza que trató de esconderse. En los primeros nueve meses de 2009 la deuda bruta uruguaya aumentó 12,8%, ubicándose ahora en US$ 19.943 millones. Lo que significa, por un lado, el 64,7% en términos de Producto Bruto Interno (PBI), por el otro lado, que la deuda por habitante es de US$ 5.942 (la suma que cada uruguayo tendría que pagar para cancelar la deuda del Estado).

A mediados de 2006, el gobierno de Tabaré Vázquez canceló por anticipado los US$ 630 millones que adeudaba al FMI. Era el camino indicado por Lula, Kirchner y Chávez para despegarse del FMI y “romper la dependencia”. La deuda externa, decían, era cuestión del pasado. No obstante, más que reducir el nivel del endeudamiento público en los hechos se vio incrementado por la emisión de nuevos bonos con que cubrir la amortización. Y ahora se reconoce que la deuda continúa siendo un problema acuciante para la economía del país. Entre 2010-2011, el gobierno deberá enfrentar un pico de vencimientos de deuda que implicará el desembolso de US$ 2.881 millones. En el cuadro de una política económica neoliberal como la actual, la “contención del gasto” (inversiones sociales, salarios públicos, infraestructuras, etc.), será una de la prioridades del gobierno. Por lo pronto, ya se anuncia una reducción sustancial del déficit fiscal.

En resumen, los asalariados y las asalariadas pagarán la cuenta. Y los más pobres, destinatarios hoy de toda la filantropía mediática, tendrán que volver a esperar para ser “incluidos”.

La iniciativa política está en manos del “progresismo”. Marca la agenda, señala los temas y describe lo que nos pasa y lo que deja de pasarnos. Hegemoniza la narración. Tiene la capacidad de convencer, elemento clave en política. A tal punto que para los votantes de Mujica (sobre todo trabajadores y capas sociales empobrecidas) un gobierno del Frente Amplio es “mucho mejor” y preferible a cualquiera de la derecha. El juego de la “pobre dialéctica de las contradicciones principales y las secundarias” se reproduce así en el imaginario (y en el accionar) de los “sujetos” de quienes depende todo proceso de emancipación social.

Esta conciencia inmediata (“reformista” dirían los ortodoxos), le da sustento social y político al “progresismo”. Entendido este como una opción programática y estratégica de colaboración de clases en el campo del orden capitalista. Esto es, una opción que defiende el régimen burgués de dominación y, en consecuencia, su sistema de acumulación y explotación. Ahora, desde la cúspide de Estado, gestiona los pilares básicos del sistema: la arquitectura institucional antidemocrática; la apropiación privada capitalista del trabajo social; la subordinación del país a las instituciones financieras de la mundialización imperialista.

Las denominaciones de esta opción “progresista” varían según quien las diga: socialdemócrata, social-liberal, batllismo tardío, neoliberalismo restringido, etc. Las fórmulas importan poco a la hora de (re)pensar una estrategia de lucha de clases y una alternativa programática revolucionaria y socialista. Lo decisivo, sin embargo, es la definición: el gobierno del Frente Amplio es hoy el enemigo principal. En la medida que, como instrumento del Estado capitalista, garantiza las condiciones políticas y materiales (socio-económicas) de la reproducción del poder de clase de la burguesía.

El “progresismo” es una maquinaria político-electoral que convence y también compra, es una formidable barrera que se levanta ante cualquier proceso de transformación social y, por tanto, a toda perspectiva anticapitalista.

Obviamente, esta hegemonía “progresista” no es una maldición divina que cayó del cielo. Es el resultado de un largo proceso objetivo donde, las relaciones de fuerzas se volvieron - por medio de sucesivas derrotas y otras tantas capitulaciones de las direcciones políticas y sindicales del Frente Amplio - cada más a favor de la dominación del Capital. Son estas condiciones concretas de las relaciones de fuerzas entre las clases antagónicas, las que permiten al “progresismo” y al gobierno de Mujica en particular, construir percepciones socio-culturales de “paz social”, de “consenso” y, en definitiva, de “diálogo en la sociedad civil”. Por eso, la idea de “confrontación” pierde adeptos día a día. Está devaluada.

El Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, es una fotografía de esta realidad. En su boletín informativo por internet del 15 de marzo resalta en la portada una noticia: las declaraciones del presidente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, a la revista de negocios América Economía, donde el funcionario destacó el ejemplo de Uruguay en el “manejo del conflicto laboral”. Para el funcionario, el país es un modelo en “creación de consensos”, de “negociación tripartita”, y de “diálogo social”. Factores decisivos que, como sabemos, integran la estrategia de colaboración de clases del PIT-CNT.

El gobierno recién comienza, por lo que hacer una predicción sobre la dinámica futura sería un ejercicio inútil. Mujica asume con un 62% de popularidad (menor que la de Tabaré Vázquez en 2005), y una relativa expectativa. Nadie puede afirmar cuánto durará la “luna de miel”, ni tampoco que habrá un cheque en blanco. Las primeras iniciativas del gobierno (“reforma del Estado”, “plan de solidaridad e inclusión social”, trabajo “voluntario”, reforma de la ley de humanización carcelaria), adquieren ante todo el carácter de globos de ensayo.

Por el momento, las reacciones son tibias. Aunque una cantidad de luchas sindicales muestran sin embargo la existencia de una resistencia que, sobre todo, demanda condiciones dignas de trabajo y de salario. Como la huelga del Sindicato Único de Transporte Obrero de la Leche (Sutol), empresa distribuidora de Conaprole en Salto; la movilización de la Asociación de Funcionarios de la Lucha Antituberculosa; la ocupación de los trabajadores de Bloquera S.A. en San Carlos, Maldonado; la huelga de los trabajadores de la Cooperativa de Funcionarios de Cerámica de Lavalleja, donde los “cooperativistas” financiados por el Fondo Raúl Sendic, convertidos en patrones, explotan y obligan a los asalariados a trabajar en condiciones infrahumanas; la lucha de los trabajadores de la empresa Montes del Planta (fusión de las papeleras sueco-finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco) en Conchillas, Colonia.

Mientras tanto la crisis socio-económica tiñe el paisaje de fondo. La dimensión de la “fractura social” (desempleo, pobreza, marginación, violencia), se mide en la crónica policial. En el barrio Marconi, en Malvín Norte, en el liceo 62; en la polémica sobre los “menores infractores” y en el cómo reprimirlos con “mayor eficacia”; en el drama diario de las “peores cárceles del mundo”; en las muertes de mujeres en el hospital siquiátrico Santín Carlos Rossi de San José.

El gobierno ha hecho del “combate a la pobreza” su buque insignia. Pero en la medida que la política económica continuará bajo la matriz neoliberal, acordada con el FMI y el Banco Mundial en 2005, los “planes asistenciales” seguirán pareciéndose a una puerta giratoria: unos salen, otros entran. Aunque la mayoría de los 650 mil pobres se quedan como tales, por más piruetas que haga el INE (Instituto Nacional de Estadística) para disfrazar las espantosas condiciones de los más desposeídos. Nadie puede aceptar como válidos los topes que el INE marca para determinar quien es ser indigente o pobre. Decir que una persona es indigente sólo cuando tiene un ingreso inferior a $1.636 mensuales, o que una persona es pobre sólo cuando gana menos de $4.899 mensuales es, sencillamente, una vergüenza. Sirve como arma de propaganda política para decir que la pobreza “disminuyó” al 19% de la población. Pero es intolerable para cualquiera con un mínimo de decencia.

Notas

(1) Daniel Bensaid (1946-2010), “Fragments mécréants: Sur les mythes identitaires et la république imaginaire” (Fragmentos incrédulos: sobre los mitos identitarios y la república imaginaria), Lignes, Essais, París 2005.

(2) En próximos editoriales de Agenda Radical iremos tratando estos temas.