Silvia SuppoSilvia Suppo, durante el juicio hizo un desgarrador relato de su detención.
La víctima, de 50 años de edad, se encontraba sola al frente del negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, pleno microcentro, a metros de la Avenida Santa Fe y a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la URV.
El hecho ocurrió en apariencia temprano pero ya en horario comercial y a plena luz del día, siendo advertido hacia media mañana por una ocasional clienta, por lo cual la impunidad con la que se movieron los autores es el primer dato que llamó la atención de los pesquisas.
Suppo yacía en sobre un charco de sangre semi-inconciente, por lo cual fue trasladada de urgencia al Hospital "Jaime Ferré" donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas.
El lugar se encontraba con un mínimo desorden y con indicios de faltantes de las mercaderías, pero la saña con la que actuaron el o los asesinos quienes asestaron doce profundas puñaladas en el cuello, tórax y abdomen, también indujeron a los investigadores a relativizar la hipótesis de robo.
La idea de que Suppo fue virtualmente ejecutada en un brutal ajuste de cuentas cobra forma minuto a minuto, debido a las implicancias que tuvo la víctima, primero al ser una de las tantas prisioneras del terrorismo de Estado que se impuso en el país durante la última dictadura militar, sino que además fue una testigo de vital importancia en la denominada "causa Brusa" en la que imputó además a Sixto Camilo Perizotti.
Por si algo faltaba, si bien no volvió a militar en partidos políticos, sí lo venía haciendo en organismos defensores de los DD.HH, y además este hecho ocurre durante "la semana de la memoria".
Testigo en peligro
Silvia Suppo narró uno de los relatos mas contundentes y desgarradores en la causa en la cual se encuentran imputados el ex juez federal Víctor Brusa, el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor Colombini; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada, Juan Perizotti; la ex carcelera policial María Eva Aebi; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría Cuarta, Mario Facino; y el ex policía Eduardo Ramos.
La rafaelina fue la primera testigo en contar los horrores que sufrió durante su cautiverio, entre ellos una violación y, como producto de ello, un aborto "para remendar el error", frase que atribuyó a Juan Calixto Perizotti.
Suppo fue secuestrada por el Ejército en marzo de 1977, cuando tenía 17 años, junto a su hermano y a su actual esposo, Jorge Destéfani (fallecido el año pasado tras cruel enfermedad).
Unos días antes había sido secuestrado su novio de ese momento, Reinaldo Hatemmer, quien continúa como desaparecido.
La mujer contó que estuvo detenida en la comisaría Cuarta de Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada y en el centro clandestino de detención conocido como "La casita", ubicado a las afueras de la ciudad de Santo Tomé.
Suppo fue interrogada encapuchada en la seccional Cuarta, donde el jefe era el acusado Mario Facino, y pasó también por la Guardia de Infantería, donde identificó como jefe a Perizotti y como secretaria de éste a María Eva Aevi.
En la Cuarta recibió la visita del entonces obispo de Rafaela, Jorge Casaretto, a quien le contó de la violación y las torturas.
Entre muchos hechos que le ocurrieron a ella y a otras personas, la mujer habló de su hermano Rogelio Suppo, quien tras ser salvajemente torturado logró escapar de un hospital y luego de varios días de estar prófugo abandonó el país hacia Brasil ayudado por Casaretto y el obispo Justo Laguna.
Por Sonia Tessa
Página12
Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.
Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.
La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.
Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.
Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.
Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.
Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.
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