Empezó el debate

Felipe Michelini. Foto: Victoria Rodríguez

La Diaria, 25 marzo 2010

Nuevo Espacio impulsa proyecto para “erradicar” los primeros cuatro artículos de la Ley de Caducidad.

La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) resolvió ayer crear un grupo de trabajo parlamentario para trabajar en torno a todo lo vinculado con la Ley de Caducidad, incluyendo las iniciativas legales. En carpeta ya están la propuesta del diputado blanco José Carlos Cardoso (Herrerismo) de derogarla en su totalidad y la del Nuevo Espacio (NE), que apunta a declararla inexistente. El diputado Felipe Michelini (NE) adelantó a la diaria los conceptos que promueve ese proyecto.

Se trata del primer proyecto que surge desde el FA con el objetivo de dejar sin efecto la Ley de Caducidad. El propósito es “erradicar de nuestro ordenamiento jurídico” los artículos 1, 2, 3 y 4, indica la exposición de motivos. “El texto del articulado evita la discusión derogación-anulación, ésa es una discusión accesoria. Este proyecto declara la inexistencia de la norma. El paso que tiene que dar el Poder Legislativo es eliminar, erradicar este escollo jurídico ajeno a nuestra tradición nacional”, señaló Michelini.

Mal ahí, Korzeniak

Michelini salió al cruce de la afirmación realizada ayer en Observa por el constitucionalista y ex senador frenteamplista José Korzeniak (Partido Socialista) acerca de que el Parlamento no puede derogar ni anular la Ley de Caducidad porque fue ratificada en dos oportunidades, a saber, en el referéndum de 1989 y en el plebiscito de 2009. “El doctor Korzeniak está profundamente equivocado. No hay argumento jurídico en el texto constitucional que diga que el hecho de que un recurso de referéndum o plebiscito no prospere cristalice una norma como si fuera una ley blindada. Es una paradoja que se pueda reformar la Constitución y no se pueda reformar una ley”, comparó. El diputado añadió que en todo caso “habrá sido refrendada en términos políticos”, pero jurídicamente “no le dieron mayor validez”. Por otra parte, subrayó que “no hay duda” de que el Parlamento “tiene la potestad de declarar cualquier norma con las características de una ley” y por ende puede declarar inexistente la Ley de Caducidad.

La iniciativa introduce un “elemento simbólico” que significa, en palabras del diputado, “derribar la ley más cuestionada y repugnante del ordenamiento jurídico nacional”. Por otra parte, establece un objetivo jurídico que tiene que ver con dejar de obstaculizar “el funcionamiento normal” de la justicia. “Partimos de la base de que una vez que se erradique la Ley de Caducidad considerándola inexistente, el Poder Judicial va a poder trabajar con total libertad, algo que la propia norma está impidiendo”, añadió.

“Ya nos condenaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su protocolo facultativo. Ahora lo va a hacer la Corte Interamericana [por la demanda presentada por Macarena Gelman por denegación de justicia para investigar la desaparición de su madre, María Claudia García]. No vamos a mirar pasivamente cómo se condena al Estado uruguayo cuando tenemos la posibilidad de hacer algo”, alegó Michelini.

Cosa virtual

La semana pasada el diputado herrerista José Carlos Cardoso volvió a presentar el proyecto para derogar la Ley de Caducidad -el mismo que ya había puesto a consideración en la pasada legislatura- aunque no es una propuesta del Partido Nacional. “Lo que yo planteo es lo que siempre hizo el Parlamento. Cuando se entera de que la Suprema Corte de Justicia establece la inconstitucionalidad de una norma, el Poder Legislativo la deroga. Ésa es la historia del Parlamento, no un invento mío”, señaló a la diaria.

“La Ley de Caducidad funcionó para un momento y una circunstancia específica, que yo apruebo. Pero hoy ya no tiene vigencia”, consideró. El diputado blanco entiende que la norma en cuestión contradice los tratados internacionales que Uruguay ha ratificado y que la derogación “nos pondrá de acuerdo con nosotros mismos”. Para Cardoso la “anulación” es una “discusión virtual” y “no es una alternativa” para salvar esa contradicción.

“No es cierto que la derogación no causa ningún efecto jurídico. La derogación elimina la ley y por lo tanto cualquier delito que se presente ante la justicia se puede investigar porque, además, son imprescriptibles”, argumentó. Con respecto a los casos que ya fueron amparados por la norma indicó que como “no hay cosa juzgada” también se pueden investigar. Cardoso sostuvo que la derogación tampoco mantiene el derecho que los militares adquirieron cuando la ley se aprobó. “El derecho al amparo se lo dio el Poder Ejecutivo, pero la norma fue declarada inconstitucional”, alegó.

Cosa incompleta

Para Michelini la derogación es “incompleta”. El diputado considera que si se deroga, aquellos casos que fueron amparados por la norma, así como los recursos de inconstitucionalidad que rechazó la Suprema Corte, en mayo de 1988, “continuarían obstaculizados” porque la derogación sólo tiene efecto “hacia el futuro”. En ese contexto añadió: “Las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial que ampararon a los victimarios no tienen valor y no pueden ser utilizados como defensa legítima”.

“El concepto de anulación parte de la base de declarar que una determinada norma nunca pudo producir efectos jurídicos porque desde el origen tenía un vicio de nulidad absoluto. Pero no entremos en la discusión de si se anula o se deroga, tomemos que la norma es incompatible con el ordenamiento jurídico nacional e internacional: la declaramos inexistente y no reconocemos ningún efecto. Ésa es nuestra propuesta”, precisó. Con respecto a los procesos judiciales que ya están en marcha, Michelini aclaró que “podrán continuar”. “Declarar inexistente la norma que habilitaba la consulta del presidente no invalida los juicios en curso”, enfatizó.

“Este proyecto del NE está a disposición. Hemos decidido transitar el camino largo, es decir, generar una discusión, consultar, promover. La iniciativa tiene que salir con el calor ciudadano, es parte de la reparación integral”, opinó.

En agenda

El diputado frenteamplista Carlos Coitiño informó que a instancias del Partido por la Victoria del Pueblo, que él integra, la bancada de diputados del FA resolvió conformar un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los sectores frenteamplistas.

“Tarde o temprano la discusión va a llegar al Parlamento. Para ese momento deben estar consensuadas y formalizadas las líneas de acción política”, explicó. Coitiño, uno de los principales activistas durante la campaña por el plebiscito rosado del 25 de octubre, consideró que “tiene que existir coherencia entre lo que propongan el Frente Amplio, el Ejecutivo y el Legislativo”. La concreción de este espacio quedó, Semana de Turismo mediante, para la próxima reunión de bancada, fijada para el 6 de abril.

Lourdes Rodríguez