Leer mas La República 28 de marzo, 2010Grupo de Artillería 105 mm. Nº 1. Ubicado en la intersección de las calles Santín Carlos Rossi y La Boyada de la ciudad de Montevideo. Responsables y efectivos en esta unidad militar: Comandante: Tte. Cnel. Alfredo Anselmo Rubio.
2º Jefe: Mayor Hugo H. Bértola.
Jele del S - 2: Mayor José Nino Gavazzo.
Capitán Rubén Atilio Sosa.
Capitán Mario C. Mouriño.
Capitán Tabaré I. Acuña.
Teniente 1º Jorge Silveira (a Chimichurri).
Desaparecidos que estuvieron detenidos en esta unidad: 1973: Roberto Gomensoro Josman.
Clic para ampliarEL DATO REVELADOR DE VICHADERO En medio de ese empuje de informaciones anónimas surgió el episodio de Vichadero. Es, tal cual, un capítulo de Macondo. La información oficial de la existencia de cadáveres no identificados data de 2002, pero el conocimiento de que el cementerio de Vichadero había sido utilizado por los militares como lugar de entierro de sus víctimas es mucho más antiguo. Vichadero, a 130 quilómetros de la ciudad de Rivera, sobre la ruta 27, tiene alrededor de 1.500 habitantes; su cementerio, a unos tres quilómetros del poblado, tiene 148 sepulturas. En épocas de la dictadura, el sepulturero era despertado en horas de la madrugada por oficiales del Ejército que llegaban en camionetas con matrícula de Montevideo para efectuar enterramientos. No traían documentación, y cuando el sepulturero la reclamó, le contestaron que no insistiera porque le podía pasar lo mismo que al que estaba por enterrar.
¿Es lógico suponer que tales hechos no fueran comentados en el poblado? Sin duda, esas historias eran patrimonio de todo el pago. Por lo menos uno de los hijos del sepulturero, que heredó el cargo, lo comentó con una señora desconocida que hace unos días visitó el cementerio. ¿Qué hay en esos nichos?, le preguntó la señora, y el sepulturero le contó: “Esos son cadáver importantes”, y se los mostró. Así, Caruso pudo confirmar que los militares usaban el cementerio de Vichadero para enterrar sus secretos.
El sepulturero hijo explicó a Caruso que en 2003, después de un pedido de informes realizado por el edil Robinson Silva, del Partido Socialista, desde la Intendencia de Rivera le ordenaron trasladar 35 cuerpos no identificados al osario común. Consciente de la importancia de tales restos, el sepulturero hijo tomó la precaución de envolver los esqueletos en nailon y depositar junto a cada uno de ellos un azulejo en el que consignó todos los datos conocidos; así impidió que se perdiera el rastro de esos cuerpos.
¿Quién dio la orden de pasarlos al osario? No se sabe, pero la documentación oficial de los distintos pedidos de informes –que el actual edil comunista Enrique da Rosa recopiló para reactivar la investigación– luce las firmas del secretario general Rodríguez, en nombre del intendente Tabaré Viera; del director de Higiene, Marne Osorio; del director de Departamento, Juan Emilio Techera; y del director de Necrópolis, Milton Gómez. A ninguno le llamó la atención que en un cementerio de 148 sepulturas hubiera más de 35 nn. ¡Qué cantidad de personas desconocidas vienen a morirse imprevistamente en Vichadero!
Por cierto que hay más nn, pero estos 35 son “especiales”, y eso lo sabe el enterrador, porque se lo contó su padre. Su testimonio sobre la presencia de militares que llegaban con cadáveres es un punto fuerte a favor de la sospecha de que se trata de prisioneros desaparecidos. Hay, además, otros indicios: muchos de los esqueletos aún conservan restos de vestimenta, medias, una camisa de nailon con la grifa y otras prendas con fibras que el tiempo no destruyó; usualmente los cuerpos son enterrados desnudos.
Se ha argumentado que Vichadero queda muy lejos de Montevideo. También queda lejos el lago de Rincón del Bonete y allí fue encontrado el cuerpo flotando de Roberto Gomensoro Josman –con las manos atadas con alambre–, quien había sido detenido en marzo de 1973 en Montevideo y torturado en el Batallón de Artillería 1. La lejanía de Vichadero es quizás un elemento favorable para mantener el secreto. Después de todo, los rumores sobre esos enterramientos clandestinos de los militares se tomaron 30 años para perforar el miedo y salir a luz.
Para saber algo más sobre esos nn es preciso que el juez de Rivera, Federico Álvarez, analice los libros donde se consignan los enterramientos del cementerio de Vichadero. Aunque no hayan datos específicos, se puede establecer, por comparación con las anotaciones precedentes y siguientes, la fecha aproximada de cada enterramiento. Pero para descartar toda duda el juez puede ordenar la realización de análisis de adn, que después deberán ser comparados con los de los familiares de los desaparecidos. Esa diligencia es la que el juez penal Luis Charles eludió realizar cuando recibió la denuncia, en sobre cerrado, de manos de la fiscal Guianze.
Charles entendió que correspondía a la justicia de Rivera la jurisdicción del caso, por más que la demanda había sido presentada en el expediente de la desaparición de Barrios, secuestrado en Buenos Aires. El magistrado ordenó trasladar los antecedentes a Rivera, pero inexplicablemente la comunicación no salió de Montevideo hasta el miércoles 14, después que se produjo la denuncia pública. Recién entonces el sobre fue enviado por correo expreso. Afortunadamente, el juez de Rivera había ordenado vigilancia policial en el cementerio de Vichadero, del cual no podrá sacarse ningún cuerpo.
LA HIPOCRESÍA SE DESMORONA, HAY MÁS DE DOSCIENTOS DESAPARECIDOS Con los 35 esqueletos ubicados en el cementerio de Vichadero –sobre los que hay acumulados fuertes indicios de que pueden corresponder a prisioneros desaparecidos- se desploma definitivamente la pretensión de la Comisión para la Paz de circunscribir los “excesos” de la dictadura a una treintena de desapariciones y reducir la búsqueda a unos 26 cuerpos de prisioneros cuyo asesinato ha sido implícitamente admitido por las Fuerzas Armadas.
La distancia entre 30 y 200 no es sólo cuantitativa. Si la responsabilidad de las Fuerzas Armadas se extiende a todos los uruguayos capturados en Argentina y Paraguay, y si se comprueba que esos prisioneros fueron trasladados a Uruguay y asesinados aquí, entonces los militares deberán abandonar la excusa de que las muertes fueron consecuencias involuntarias de la consciente aplicación de torturas para “salvar a la patria”. Habría que explicar quién los secuestró en Argentina, quién ordenó actuar en el exterior, cómo fueron trasladados al país, en qué lugar permanecieron secuestrados, quién ordenó asesinarlos y quién ejecutó la orden.
de Samuel Blixen
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=24430
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