Semanario Caras y Caretas diciembre 2010
La hermana de Trabal afirma en Francia que el maletín negro se lo llevó el entonces embajador ante Unesco, quien lo habría dejado en un “lugar seguro”. Un sobrino investiga el homicidio del agregado militar. El caso Trabal resurge 36 años después del asesinato en documentos desclasificados por cancillería y ante el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre los “Fusilados de Soca”, donde se planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
ROGER RODRIGUEZ
María Luisa Trabal Usera, hermana del coronel Ramón Trabal, reveló días atrás en Francia que el famoso maletín negro donde el militar asesinado en París en 1974 guardaba importante documentación, fue entregado al entonces embajador uruguayo ante la UNESCO, Mario César Fernández, quien habría dejado la maleta y su contenido en un “lugar seguro”, aunque nunca se ha podido identificar con quién o dónde estaría guardado semejante material.
La confesión de “Cocó” Trabal, a 36 años del homicidio de su hermano, fue realizada a principios de diciembre en Aix en Provence, una comuna francesa del departamento Bocas del Ródano, al sur de Francia, donde actualmente vive, cuando fue entrevistada por su propio hijo, Gonzague Petit Trabal, quien indaga sobre la muerte de su tío con el objetivo de hacer un documental en el que intenta esclarecer aquel impune crimen.
“Cocó” Trabal, quien acaba de cumplir 80 años de edad, recordó a su hijo la noche de la muerte de su hermano y le contó que al día siguiente, con la ayuda de la policía francesa, “Ramoncito” (el hijo de Trabal, entonces alférez, quien viajó a Paris tras la muerte de su padre) fue quien se llevó los papeles del despacho del militar y a las cuatro de la mañana le devolvió a su tía las cartas que le había escrito a su padre.
“Mi madre me dijo que se recordaba que habían entregado la maleta negra de Ramón, donde estaban todos los documentos más calientes, al embajador uruguayo en la UNESCO en Paris en 1974, un tal Mario Fernández, quien después fue nombrado embajador en Brasil y, según mi madre, fue abogado y ministro”, narró Gonzague a este cronista de Caras&Caretas, que viene apoyando la investigación del sobrino de Trabal.
“En un lugar seguro”
María Luisa, nacida en 1930, un año después que su hermano Ramón, es la única mujer de los cuatro hijos que tuvieron María del Carmen Usera y el general José Esteban Trabal Daneri, quien a fines de los años veinte ocupó el mismo cargo de agregado militar ante los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, que ejercía su hijo Ramón desde abril de 1974, luego de ser relegado de un ascenso al generalato en medio de una tensa interna militar en la dictadura.
“Cocó”, que como sus hermanos Ramón, José y Gonzalo, estudió en el British School, fue profesora de inglés en el Sagrado Corazón, hasta que se enamoró de Daniel Petit, un francés que trabajaba en una lanera, a quien conoció en un viaje a Montevideo. Mantuvieron durante un año una relación epistolar, hasta que convenció a sus padres de viajar a Francia donde se casaron en 1958. Vivió en Paris hasta 1974, poco antes del homicidio de su hermano, y se radicó en el sur porque su esposo sufría enfisema y requería un clima mediterráneo.
Gonzague Petit Trabal, quedó entonces viviendo durante semanas con su tío Ramón en París, en los días en que el flamante agregado militar no conseguía casa y habitaba una casona sin luz ni servicios. Desde entonces, Gonzague ha querido investigar la muerte del militar, pero se ha encontrado con un cerrado silencio de parte de su familia. “Mi madre le preguntó muchas veces sobre los papeles a Ramoncito y él la última vez le dijo que estaban en un lugar seguro”, explicó.
La posibilidad de encontrar el maletín de Trabal y su contenido tendría singular importancia cuando la Suprema Corte de Justicia vienen estudiando declarar inconstitucional la Ley de Caducidad para la causa del secuestro en Argentina, traslado a Uruguay y asesinato de cinco militantes tupamaros que fueron ejecutados por la dictadura en las cercanías de la localidad de Soca como supuesta represalia por el homicidio del coronel Trabal en Paris. La apertura del caso derivaría en una indagación judicial sobre la propia muerte del militar.
El embajador Fernández
El Embajador Mario César Fernández, quien se habría llevado el maletín negro de Ramón Trabal, fue un político colorado, periodista y diplomático que ocupó en la dictadura el cargo de representante uruguayo ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) con sede en París. Era junto al embajador Jorge Barreiro y el primer secretario Gonzalo García Lagos, uno de los funcionarios de mayor jerarquía en Francia cuando el homicidio del militar.
Mario César Fernández, se inició en el periodismo político en el vespertino “Acción” junto a Luis Batlle Berres, Maneco Flores Mora y Jorge Batlle, pero terminó constituyéndose en convencional de su partido por el sector Unidad y Reforma, liderado por Julio María Sanguinetti, y fue editor de la publicación “Correo de los Viernes” a la salida de la dictadura militar.
Con una trayectoria de cuarenta años en la cancillería, desde 1985, durante la primera presidencia de Sanguinetti, ocupó la subsecretaría de relaciones exteriores, que encabezaba el Contadorr Enrique Iglesias a quien suplantó como ministro interino. En 1995, durante su segunda gestión, Sanguinetti le designó como embajador en Brasil.
Luego de la dictadura, Mario César Fernández fue protagonista de un episodio de fuerte repercusión periodística cuando el 1º de agosto de 1985, siendo canciller interino, denunció por espionaje al cónsul en Porto Alegre, Raúl Liard, a quien implicó en un “seguimiento” a Wilson Ferreira Aldunate en una visita a la capital gaucha durante la dictadura. Por esa denuncia Liard fue sumariado y finalmente destituido en 1988.
En 1990, escribía en “El País” una columna titulada “Los cuadernos de Tabaré” en los que ejercía una fuerte crítica a la gestión municipal de Tabaré Vázquez; y en 1999, siendo embajador en Brasil, fue acusado de no atender advertencias de Brasil sobre la posibilidad de que desde la frontera se trasmitiera a Uruguay la fiebre aftosa. Se dijo que su posición procuraba evitar el protagonismo del entonces gobernador de Rio Grande do Sul, Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
El enigma a decifrar
La importancia que tendría recuperar los documentos que el coronel Ramón Trabal llevaba siempre en su maletín personal, fue reconocida a Caras&Caretas por el hoy periodista del semanario Búsqueda, Sergio Israel, autor del libro “El enigma Trabal” (Ediciones Trilce, 2002), para el que investigó en Uruguay, Francia, Argentina e Inglaterra y consultó fuentes de Estados Unidos, Bolivia, Cuba e Israel, entre otras.
En su trabajo, Sergio Israel destaca que “el famoso maletín negro, sobre el cual tanto se ha hablado y especulado por su contenido comprometedor, no figura en el parte de la policía judicial” francesa que se hizo cargo de la investigación del homicidio de Trabal., cuyo cuerpo fue encontrado acribillado el 19 de diciembre de 1974 dentro de su Reanault 12 TL, en el garage del edificio que habitaba en el número 15 de la Rue du Recteur Poincaré de París.
En “El enigma Trabal”, Israel recoge amplia información que evidencia la preocupación que el coronel uruguayo tenía sobre la posibilidad de un atentado en su contra, como las diferentes hipótesis que se construyeron sobre la autoría de su muerte: desde el operativo de una supuesta “Brigada Raúl Sendic” (descartada desde un principio), a una acción de sicarios griegos contratados por grupos de extrema izquierda o derecha, a la cada vez más firme posibilidad de que su muerte la ordenara la propia dictadura uruguaya.
La investigación del periodista se inició en 1988 cuando el hoy senador Eleuterio Fernández Huidobro, durante un debate televisivo con el colorado Pablo Millor, afirmó que a Trabal lo habían matado las Fuerzas Armadas. Sus palabras llevaron a que los comandantes de las tres armas le iniciaran un juicio por difamación que encauzó el entonces fiscal Miguel Langón (hoy defensor de represores), donde no se llegó a abrir la prueba solicitada por los abogados defensores, Gonzalo Fernández y Helios Sarthou, quienes solicitaron el desarchivo del expediente sobre los fusilados en Soca.
Archivos que callan
Uno de los testigos en el juicio contra Fernández Huidobro fue el periodista Alberto Silva, quien junto a su colega Nelson Caula, habían indagado sobre la muerte de Trabal. Las actas de aquella instancia judicial muestran al fiscal Langón intentando contradecir la existencia de un “archivo Trabal” en el que existiera documentación que podría comprometer a la dictadura.
Alberto Silva, fue enfático al sostener que “Hay una serie de personas que hablan a propósito del archivo Trabal. Hay que recordar que Trabal estaba al frente de lo que era inteligencia militar, recababa información de la propia inteligencia militar y también de las que eran declaraciones con torturas y sin torturas a los presos políticos. En base a lo que eran todas esas declaraciones conforma el tan mentado archivo (…) Y hay que recordar que en su última actividad aquí en el país, él estuvo al frente de lo que fue la lucha contra los ilícitos económicos…”.
Distintos testimonios dan cuenta de la existencia de documentación importante en poder de Trabal y el hecho de que parte de ella estuviera en su maletín negro. “Con esto algún día haré un libro”, dijo en alguna oportunidad el militar, a quien obsesionaban los temas de seguridad, según confirma un documento desclasificado de la cancillería uruguaya al que accedió Caras&Caretas.
El material, una nota firmada por el propio Ramón Trabal el 26 de abril de 1974 en hoja membretada de la Embajada en Paris, da cuenta de que el coronel había enviado al ministerio de Relaciones Exteriores un documento fechado el 8 de enero “sobre problemas relativos a la seguridad Nacional” que parecía haberse extraviado cuando en realidad el original seguía en poder del militar, quien se excusa por la confusión y lo remite al gobierno a través de la Embajada en Londres. El informe no aparece en los archivos desclasificados.
Entre la documentación de la cancillería también surgen correspondencias del embajador Mario César Fernández, una en la que se evidencian sus diferencias con Trabal por su actuación como agregado militar, y otra, de fecha 6 de febrero de 1975 (dos semanas después del homicidio) en la que informa al Embajador Barreiro que recibió un anónimo (cuyo contenido adjunta, pero no aparece en el material desclasificado) que se niega a dar a la policía francesa en forma directa ya que sin advertencia le habían quitado la custodia policial que le habían puesto tras el asesinato del agregado militar.
Excusa para fusilar
El homicidio del coronel Ramón Trabal en Paris, sirvió de excusa para el fusilamiento de cinco uruguayos que habían sido secuestrados en Buenos Aires en noviembre de aquel 1974, quienes tras ser torturados en varios “pozos” porteños, fueron trasladados en avión a Montevideo y recluidos en la Casona de Punta Gorda hasta que se decidió su ejecución el 21 de diciembre.
Floreal García, su esposa Mirtha Hernández y su hijo Amaral, Héctor Brum y su esposa María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell y Julio Abreu fueron las victimas de lo que ya era una acción coordinada entre las fuerzas represivas de Argentina y Uruguay. Cinco de ellos fueron fusilados. El niño Amaral permaneció desaparecido diez años y Abreu, que no tenía militancia, liberado bajo amenaza para mantenerse callado.
Amaral García fue el primer niño recuperado en 1985 y Abreu rompió su silencio en 2004, para revelar los lugares donde estuvieron en Argentina, su traslado en el “vuelo cero” y las instancias que confirman que aquellas ejecuciones sumarias fueron una excusa de la dictadura para evitar sospechas ante el homicidio de Trabal.
El caso de los fusilados de Soca fue elevado a la Suprema Corte de Justicia por la fiscal Ana María Telechea y la jueza Mariana Motta, quienes piden un pronunciamiento del máximo órgano judicial sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad que les impide continuar las actuaciones judiciales iniciadas en el marco del expediente contra el dictador Juan María Bordaberry.
La declaración de inconstitucionalidad, según supo Caras&Caretas no será dada –como se esperaba- en forma “anticipada”, como ocurrió con la causa sobre 19 muertes por tortura en la que se reiteró la sentencia del caso de Nybia Sabalsagaray. El episodio de los fusilados de Soca contiene dos elementos sobre los que los ministros se pronunciarían para asentar jurisprudencia: el traslado de prisioneros desde el exterior y la desaparición de niños.
.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado